América, como herencia de su pasado colonial, es el único continente de la Tierra donde hoy, ninguna lengua autóctona americana es usada para regir un estado o para hacer funcionar instituciones interestatales continentales.
En el espacio compartido de las Américas se hallan las lenguas guaraní, quechua y aymara. Son estas tres las tres lenguas americanas que cuentan con mejores condiciones, por su oficialidad en diferentes países, por su peso demográfico y por su vitalidad para ser las primeras idiomas americanos en ser plenamente oficiales en todo y para todo.
Sin embargo, al no formalizarse como idiomas de trabajo de los Estados, se dan notables episodios de discriminación y exclusion de los propios ciudadanos, al ser monolingues guaraní, quechua o aymara y tantos otros, pues los médicos no les comprenden, al ir a juicio no tiene un traductor que le ayude a hacerse entender y/o comprender por el Juez; los niños van a la escuela, pero si bien atiende, entiende lo que dice el o la maestra, no comprende los conceptos y no puede desarrollarse polenamente. Todo lo cual también es una ausencia de efectivización de derechos humanos.
Instamos a los estados miembros de la OEA que adopten una decisión que reconozca la plena, total, irrestricta, íntegra e inmediata oficialidad de los tres idiomas americanos arriba mencionadas en todas las instancias y las instituciones que de ellos dependan, al lado del castellano, del portugués, del francés y del inglés,siendo aprobado por la sociedad civil agregar al párrafo 24 la siguiente coletilla que cambia el sentido del texto: "Lo cual solo puede lograrse con una educación en los idiomas maternos americanos y respeto a la diversidad".
Así mismo en el Párrafo 35 del documento de Puerto España se propone agregar esta nueva redación de párrafo: “La seguridad energética deberá servir para promover justicia energética haciendo llegar energía a las poblaciones económica, geográfica o culturalmente marginalizadas para mejorar su calidad de vida. Esta cooperación internacional tiene que tener en cuenta la responsabilidad social de los Estados y la justicia energética entre los Estados. Los gobiernos nos comprometemos a construir estrategias nacionales transparentes para tratar asuntos relativos a energía y sustentabilidad ambiental”.
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