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Asunto:[paraguainee] =?utf-8?Q?Reclamos_i?= =?utf-8?B?bmTDrWdlbmFzLCA=?= =?utf-8?Q?a_la_ONU?=
Fecha:Jueves, 8 de Diciembre, 2011  11:58:46 (+0000)
Autor:=?utf-8?B?TWlndWVsIMOBbmdlbCBWZXLDs24gR8OzbWV6?= <=?utf-8?B?TWlndWVsIMOBbmdlbCBWZXLDs24gR8OzbWV6?= >

Página/12

< p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-botto m:.0001pt;line-height: normal">Jue 08.12.2011 BUE http://m.pagina12.com.ar/commons/imgs/clima/cle
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UN RELATOR RECORRIO EL PAIS PARA CONOCER LA SITUACION DE LA S COMUNIDADES

Reclamos indígenas, a la ONU

James Anaya es relator especial de Naciones U nidas. Durante diez días se entrevistó con diferentes comunidades y luego presentará un informe en la ONU. Aye r pidió que “el Estado nacional dé mayor prioridad† a los derechos indígenas.

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E l relator especial sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, que pasó diez días en el país pa ra evaluar la situación de las comunidades originarias, expresó ayer su “preocupación” por los desalojos y “la falta de seguridad jurídica” en cuanto a la pr opiedad comunitaria de tierras. El funcionario del Conse jo de Derechos Humanos de la ONU destacó también que la mayoría de los conflictos territoriales se presentan e n el marco de disputas con propietarios privados y empre sas, por lo que llamó a que “el Estado nacional dé ma yor prioridad a garantizar los derechos de los pueblos i ndígenas de Argentina”. Durante su estadía, se entre vistó con referentes indígenas de todo el país y reci bió un informe elaborado por organismos de derechos huma nos.

“El gobierno nacional y los gobiernos provinciales d eben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo e l relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personería jurídica de las comunidades”, recla mó Anaya, en el marco de las observaciones preliminares de su visita, durante la que recorrió desde el 27 de no viembre las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta, J ujuy y Formosa.

Anaya puso énfasis en que existe cantidad de normativa legal para garantizar los derechos de los p ueblos, entre ella la Constitución Nacional y la Ley 26. 160, de 2006, que busca detener los desalojos y emprende r un relevamiento de tierras para contribuir a la regula rización de la propiedad comunitaria. “El problema es la implementación de esas normas”, apuntó. En ese se ntido, Anaya, que afirmó que está al tanto de “los h omicidios contra integrantes de comunidades originarias†, destacó que es “preocupante” la vigencia de un ⠀œorden judicial” que dificulta “el reconocimiento e fectivo de la propiedad comunitaria” y da lugar a la r ealización de desalojos, “en el marco de disputas terr itoriales entre miembros de pueblos indígenas y propiet arios privados o empresas”.

Un caso emblemático analizad o in situ por el relator de la ONU fue el de la comunidad qom La Primavera, en Formosa. El líder de ese pueblo, Félix Díaz, relató que “Anaya estuvo en la zona don de la policía formoseña reprimió y asesinó (el 23 de noviembre de 2010, cuando los qom hacían un corte de ru ta en reclamo de tierras) al hermano Roberto López”. Díaz expresó que esperan que la visita permita abrir e l diálogo en todo el país para que se oigan sus “urge ntes necesidades”.

El relator también se valdrá para su informe de la presentación realizada por la Defensorí a General de la Nación, junto a 18 organizaciones social es –el CELS y el Serpaj, entre ellas–, que informaro n que el asesinato del campesino santiagueño Cristian F erreyra, integrante de la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio, cometido el 16 de noviembre pasado, ocu rrió en un contexto de “inseguridad jurídica”, “ explotación a gran escala” de los recursos naturales y “corrimiento de la frontera agrícola–ganadera”. Para los organismos, el Estado nacional, al “no dar lu gar a la participación real” de los pueblos, “anula toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía”.

Por otra parte, Anaya subra yó que “un problema de la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la e xistencia o promoción de proyectos de industrias extrac tivas dentro o cerca de los territorios y comunidades in dígenas”. En este sentido, pidió que se regule “un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación con las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan”.

Entre los presentes, Néstor Jerez, vo cero del consejo del pueblo Ocloya, Jujuy, relató que s u pueblo sufre “amenazas con armas de fuego, el cerrami ento de caminos ancestrales con portones eléctricos”. “Confiamos en que el informe –que el relator termin ará en ‘no más de cuatro meses’ y presentará a fin es de 2012– sirva como herramienta de visibilización de nuestros reclamos”, señaló.

Informe: Rocío Magnani.

http://m.pag ina12.com.ar/diario/sociedad/3-182915-2011-12-08.html