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Responder a este mensaje
Asunto:Re: Gobiernos y empresas condenadas
Fecha:Viernes, 8 de Septiembre, 2000  06:50:10 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza <vitae @.....net>

 From: "Felix Wing Solis" <fwings@...>
To: <LATINAM-CHAT@...>
Sent: Friday, September 08, 2000 1:30 AM
Subject: Gobiernos y empresas condenadas


> ***REPORTAJE PUBLICADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000***
>
> Gobiernos y empresas condenados por Tribunal
> Centroamericano del Agua
>
> Elizabeth Muñoz de Lao
> El Panamá América
>
> Era la voz de los sin voz. A todas luces se notaba que
> su educación era muy poca y que su vocabulario no
> correspondía a la majestad de un tribunal. Pero supo
> mantener la atención de la audiencia y hasta logró que
> una lágrima furtiva corriera por el rostro de algunos
> de sus compatriotas.
>
> Con voz lastimera desgranaba el dolor que sintió
> cuando su pueblo fue inundado para crear un embalse
> que permitiera la construcción de una hidroeléctrica.
> Eso fue hace más de dos décadas.
>
> Tuvo que huir de su país (El Salvador) hacia la zona
> fronteriza con Honduras. Durmió en el suelo, vivió de
> manera muy precaria y en el interín, dos de sus hijos
> murieron.
>
> Pasados los años, regresó a su país y se instaló en
> sus montañas. Rehizo su vida, y todo ¿para qué? Sólo
> para descubrir que la historia se repite en espiral y
> que el poblado donde ha instalado su hogar, también
> será afectado directamente por la construcción de otra
> hidroeléctrica y otra vez deberá reubicarse, aunque a
> estas alturas ya no hay tierras de donde escoger.
> ¿Coincidencia? Sí y no. Veamos:
>
> El agua es un recurso vital para la vida del hombre,
> los animales y las plantas, pero no llega a todos; no
> porque haya poca, sino porque las inadecuadas
> políticas de los estados, tanto para su manejo, como
> para su distribución, han traído como consecuencia una
> carencia injusta que agobia a millones de
> latinoamericanos y a otros los afecta directa o
> indirectamente.
>
> Eso es lo que plantea el Tribunal Centroamericano del
> Agua, con sede en Costa Rica, y que la semana pasada
> juzgara 11 casos de contaminación de aguas y otros
> impactos sobre ecosistemas hídricos en Centroamérica.
> El tribunal, conformado por nueve jurados y tres
> jueces, es una experiencia que apenas inicia y que
> surgió del Tribunal Latinoamericano del Agua para
> crear instancias de justicia paralela, donde las
> sociedades civiles ponen a prueba su capacidad para
> organizarse y procesar a los responsables del
> deterioro de los recursos hídricos y ambientes
> acuáticos de la región.
>
> Ese tribunal tiene como propósito hacer valer los
> instrumentos de derecho ambiental existentes en cada
> país centroamericano y utiliza la fuerza ética y la
> condena moral para demostrar que la sociedad es capaz
> de reaccionar frente a la inacción de los gobiernos,
> los intereses económicos, las políticas
> contradictorias y la tolerancia a los agresores del
> agua.
>
> Incluso, según documento suministrado por esa
> instancia, el tribunal se ha propuesto interceder para
> que las situaciones denunciadas se reviertan.
> En consecuencia, los jurados y jueces pueden condenar
> a las partes demandadas, pero esa condena es sólo
> moral, por cuanto el tribunal es ético y no tiene
> poder judicial, si se toma en cuenta que sus acciones
> no derivan de ninguna autoridad conferida por Estado
> alguno.
>
> De esta forma, el Tribunal Centroamericano del Agua
> condenó la pasada semana a varios gobiernos del istmo,
> a diversas empresas y hasta a organismos
> internacionales de crédito, que otorgan préstamos sin
> medir el impacto ambiental que pueden causar los
> proyectos que financian.
>
> JUZGAMIENTOS
>
> Costa Rica: El tribunal escuchó las denuncias
> presentadas por la Asociación Administradora del
> Acueducto Rural de Sabanilla, la Asociación de
> Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, la Junta
> Administradora del Acueducto Rural de Dulce Nombre de
> San Isidro y representantes de los cantones de Poás y
> Alajuela en Costa Rica.
>
> Denunciaron que, debido a la producción de helechos en
> unas mil 400 hectáreas, se están afectando de forma
> irreversible las aguas de manantiales, ríos y aguas
> subterráneas. Y lo que es peor: esas son fuentes del
> vital líquido para uso de los pobladores de las zonas
> adyacentes, por lo que su salud se ha visto afectada.
> Además, el contacto con agroquímicos de alta
> toxicidad, prohibidos en los países donde se fabrican,
> también dañan la salud de los habitantes. De igual
> forma, denunciaron que de continuar con la producción
> de helechos utilizando sistemas de riego sin los
> debidos permisos, está comprometiendo la
> disponibilidad futura del recurso agua.
>
> En este caso, el tribunal rechazó el cultivo de esta
> planta en las condiciones denunciadas y conminó a las
> autoridades respectivas a que suspendan de manera
> inmediata toda actividad de producción con tratamiento
> de agroquímicos en las áreas de humedales, cuerpos de
> agua y en las nacientes de los ríos y manantiales.
>
> GUATEMALA
>
> Ambientalistas de este país denunciaron en el tribunal
> el asesinato de dos miembros del Consejo Nacional de
> Areas Protegidas, el pasado 29 de febrero. Ellos son
> el abogado Erwin Ochoa y Julio Vásquez, asistente
> administrativo de esa organización.
> Presuntamente, la causa inmediata de los asesinatos
> está vinculada al papel de las víctimas como
> investigadores en casos de depredación del medio
> ambiente y la gestión de Ochoa, quien había laborado
> en el Ministerio Público donde interpuso una acción de
> antejuicio en contra de un alcalde del Petén por el
> delito de malversación.
>
> Inmediatamente después, estalló una granada en su
> casa, que no le causó daños y luego fue destituido de
> su cargo.
>
> El tribunal exhortó a las autoridades guatemaltecas a
> adoptar la más enérgica investigación de este caso,
> hasta encontrar a los culpables y procesarlos.
>
> PANAMA
>
> La Fundación para el Desarrollo de la Libertad
> Ciudadana denunció a la empresa Ingenieros Civiles y
> Asociados (ICA), al Gobierno de Panamá y la
> Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
> por la construcción de un pedraplén frente a Panamá
> Viejo, Coco del Mar y Boca La Caja, en la Bahía de
> Panamá, como parte del Corredor Sur, además de dos
> islas que forman parte del proyecto inmobiliario Punta
> Pacífica.
>
> Según la demandante, ambas obras son inadecuadas. La
> primera de ellas porque el pedraplén ha disminuido el
> oleaje y efecto dinámico de las mareas, lo que provoca
> la acumulación de sedimentos fecales a lo largo de la
> sección marina del corredor.
>
> La segunda, porque los rellenos para su construcción,
> aunado al pedraplén del Corredor Sur, afectarían de
> tal modo a la Bahía de Panamá, que ésta podría dejar
> de ser un cuerpo de agua para convertirse en un
> pantano de lodo fecal que perjudicaría a un millón de
> panameños.
>
> La Fundación para el Desarrollo de la Libertad
> Ciudadana demandó a ICA por no realizar un Estudio de
> Impacto Ambiental adecuado que tomara en cuenta la
> corriente marina de Colombia, considerada como la
> responsable de la dispersión de las aguas servidas
> provenientes de ríos y quebradas que desembocan en la
> Bahía de Panamá, cuya descarga alcanza las 100 mil
> toneladas diarias, de las cuales el 80% es materia
> fecal en suspensión.
>
> Las autoridades del Gobierno de Panamá fueron
> condenadas por el tribunal, por seguir permitiendo que
> tal situación se dé, a la vez que culpó a ICA por los
> daños y riesgos ambientales causados a las comunidades
> afectadas, y también a la Corporación Financiera
> Internacional del Banco Mundial, por financiar las
> obras sin el correspondiente Estudio de Impacto
> Ambiental adecuado.
>
> Conminó a ICA a que ejecute las medidas de mitigación
> pertinentes, tales como los drenajes que impidan
> inundaciones y sedimentaciones y al Gobierno a que
> renegocie el contrato de concesión para cancelar
> inmediata y definitivamente los rellenos de Punta
> Pacífica.
>
> La parte demandante estuvo representada por su
> director Félix Wing, mientras que fungieron como
> testigos Gloria de Castillo, en representación de
> comunidades de Juan Díaz, afectadas con los rellenos
> contiguos al corredor para la construcción de
> barriadas y quien fustigó al Banco Mundial por dar
> financiamiento a proyectos de este tipo, que
> perjudican a gran cantidad de ciudadanos; Edilma
> González, quien se refirió a la contaminación de la
> barriada Campo Lindberg, por el aumento abrupto del
> tráfico por el área al salir del entronque del
> corredor que conecta con el vecindario, y Aurora de
> Robinson, quien se pronunció contra ICA por la falta
> de drenajes pluviales adecuados, lo que propicia la
> proliferación de chitras que causan Leshmaniasis a los
> residentes en Ciudad Radial y áreas circunvecinas.
> También participó con una exposición técnica el
> hidrólogo argentino, Pablo Bereciartua, consultor de
> Phillip, Williams y Asociados (PWA), empresa que
> estableció que los estudios de Impacto Ambiental
> realizados por ICA no son adecuados.
>
> RIO PACORA
>
> La joven abogada panameña, Susana Serracín Lezcano y
> la presidenta del Comité Pro Defensa del Río Pacora,
> María Eugenia de Guardia, denunciaron en el tribunal
> los daños causados al río y a las poblaciones cercanas
> por la extracción indiscriminada de arena, ripio y
> piedras de esa fuente de agua.
>
> La abogada acusó a las empresas Concreto, S.A., ICA,
> Unicontal, Moliendas Generales (concesionaria de ICA),
> Agregados Nacionales, Canteras Las Vegas, a los
> ministerios de Obras Públicas y de Comercio e
> Industrias, así como a la Autoridad Nacional del
> Ambiente (ANAM), de alterar el cauce y las
> características físicas del río y de su afluente, el
> río Cabobré, lo que causa constantes inundaciones y
> grandes pérdidas a la población.
>
> Además, de causar daños a la única fuente de agua para
> potabilizar del sector, lo que fue debidamente
> certificado por el Instituto de Acueductos y
> Alcantarillados Nacionales (IDAAN), desde 1991.
> En este caso, el tribunal exigió a las empresas y
> entidades que cesen las actividades de extracción de
> materiales del río y tomen las medidas necesarias para
> recuperar las áreas degradadas.
>
> Al mismo tiempo, censuró a las autoridades
> gubernamentales, incluyendo a la presidenta Mireya
> Moscoso y sus predecesores (Guillermo Endara y Ernesto
> Pérez Balladares) por su pasividad, altamente
> perjudicial para sus conciudadanos de la cuenca del
> río.
>
> María Eugenia de Guardia sirvió como testigo y
> presentó ante el jurado fotografías, piedras, agua del
> río y documentos certificados como pruebas del daño
> ocasionado por las extracciones.
>
> EL SALVADOR
>
> Este país, de sólo 20 mil kilómetros cuadrados de
> superficie y más de seis millones de habitantes, casi
> no tiene mantos acuíferos. Sin embargo, el Estado
> pretende construir un proyecto habitacional en una de
> las pocas zonas de San Salvador, su capital, que aún
> tiene una reserva forestal. Esa es la Finca El Espino.
>
> El Salvador es el país centroamericano con la más baja
> disponibilidad de agua per cápita, el nivel de
> deforestación más alto de América y la densidad de
> población más alta del istmo centroamericano.
> En consecuencia, el Comité Pro Defensa de la Finca El
> Espino, interpuso una demanda en el tribunal ante las
> pretensiones del Estado, que amenazan seriamente la
> disponibilidad futura de agua potable de San Salvador.
>
> El tribunal decidió censurar al Gobierno de El
> Salvador y a los tres Organos que lo conforman, por el
> manejo injusto e irregular que ha dado al destino y
> uso de los suelos de esa finca, con el consiguiente
> perjuicio para los habitantes de la capital
> salvadoreña.
>
> De este país, provino también la demanda de la
> Fundación Río Lempa contra la Comisión Ejecutiva
> Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa estatal
> productora y distribuidora de energía, que pretende
> construir una quinta represa -El Cimarrón-en el alto
> del Río Lempa.
>
> Con el proyecto se desviarían las aguas del embalse de
> El Cimarrón al río Metayate, mediante la construcción
> de un túnel de 11 kilómetros, reduciendo el caudal del
> río Lempa, de 32.7 m3/seg a 0.7 m3/seg. La reducción
> del caudal abarcaría una distancia de 76.5 kilómetros,
> afectando diversos poblados y más de 100 mil personas,
> entre ellas, aquel campesino que mencionáramos al
> principio; los ecosistemas y fuentes de agua potable.
> El tribunal recomendó al Gobierno salvadoreño que
> suspenda el proyecto y demandó al Banco Mundial a que
> se abstenga de dar el financiamiento para el mismo.
>
> Estos son sólo algunos de los casos tratados en el
> Tribunal Centroamericano del Agua, que realizó su
> primera audiencia pública la pasada semana, si bien,
> sólo una de las empresas demandadas (Químicas Magna,
> de Honduras), se presentó como contraparte o parte
> demandada.
>
> Ninguno de los gobiernos envió representación, aunque
> sí notas al tribunal. ICA de Panamá envió un abogado
> que no hizo uso de su derecho a exponer su parte y se
> limitó a grabar y filmar la vista pública. Rehusó dar
> declaraciones a este medio.
>
> OTROS CASOS JUZGADOS EN TRIBUNAL DEL AGUA
>
> El jurado del Tribunal Centroamericano del Agua está
> conformado por el panameño Juan José Gutiérrez Toral,
> director del Instituto de Ciencias Ambientales y
> Biodiversidad de Panamá; Fernando Durán Ayanegui,
> Director de la Fundación Arias de Costa Rica; María
> Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios
> para la Ampliación del Derecho, de El Salvador;
> Augusto Willemsen Díaz, ex funcionario de Derechos
> Humanos de la Secretaría de las Naciones Unidas y ex
> procurador adjunto de Derechos Humanos de Guatemala;
> Melvin Walace, director del Centro de Investigación
> Realidad América Latina, de Nicaragua; Concepción
> Ferrfino, físico matemático, de Honduras; Christian
> Guy Caubet, profesor del Centro de Ciencias Jurídicas
> de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, y
> coordinador del Tribunal Latinoamericano del Agua, e
> Ismael Cubells Raga, presidente del Tribunal de las
> Aguas de Valencia, España.
>
> Actuaron como jueces José María Borrero, de Colombia;
> Danilo José Antón, de Uruguay, y Javier Bogantes,
> coordinador costarricense del tribunal.
>
> En la instancia se presentaron también los casos de
> denuncia del Centro Von Humboldt contra la empresa
> Hemconic, S.A., el Gobierno de Nicaragua, el
> Ministerio del Ambiente y la Administración Nacional
> de Recursos Ecológicos, por la contaminación por
> extracción de oro en la Región Autónoma Atlántico
> Norte de Nicaragua.
>
> Además, el Colectivo Madre Selva denunció a las
> empresas Anadarko Petroleum Co. y Basic International
> Bahamas Resources, al Estado de Guatemala y las
> instituciones de Gobierno por la destrucción y
> contaminación de la Laguna del Tigre, Petén, en
> Guatemala, causadas por las actividades petroleras.
> De la misma forma, El Frente Ecológico Hondureño
> denunció la contaminación por descarga de
> contaminantes en las aguas continentales subterráneas
> en Tegucigalpa por parte de la empresa Químicas Magna.
>
> Se juzgó además, al Estado de Nicaragua y al
> Ministerio de Ambiente de Costa Rica por el deterioro
> de la cuenca hidrográfica del río San Juan.
> También al Ministerio de Ambiente, al de Salud y a la
> Municipalidad de San José por autorizar las obras
> preliminares de un Relleno Sanitario sobre los mantos
> acuíferos Colima Superior y Colima Inferior del Valle
> Central en Costa Rica.
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