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Asunto:[LEA-Venezuela] Indígenas rechazan Arco Minero (sin errores)
Fecha: 3 de Marzo, 2016  13:04:30 (+0100)
Autor:Jorge Hinestroza <jlhinestroza @.....com>

Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de
Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) expresó el rechazo y la
preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la
Amazonía venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del
Orinoco, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y
transnacionales para la exploración y explotación de oro, coltán,
bauxita y otros minerales, en territorios habitados ancestralmente por
los pueblos originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre
e informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de
los pueblos indígenas.

“Nos afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás
Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco Minero que
afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas
de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se está hablando de una
explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un
alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque significa la destrucción de
los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de
la Amazonía venezolana”, manifestó Mirabal.

El Ejecutivo venezolano anunció el pasado 24.02.2016 la reactivación del
Plan Arco Minero del Orinoco, para hacer frente a la caída de los
ingresos provenientes de la renta petrolera, profundizando el modelo
extractivista y contradiciendo las propias afirmaciones del Presidente
Nicolás Maduro sobre la construcción de un “nuevo modelo productivo en
el país”. El plan contempla la explotación de alrededor de 200 millones
de toneladas de bauxita y un aproximado de 44 mil toneladas de oro y
diamante, entre otros minerales como el coltán. En un evento realizado
en la sede del Banco Central de Venezuela, el ente y la estatal
petrolera PDVSA, junto al al Ministerio de Petróleo y Minería,
presentaron un plan de inversión a 150 empresas transnacionales y
nacionales para la exploración en el llamado Arco Minero del Orinoco
ubicado en la zona norte del estado Bolívar y noreste del estado
Amazonas, entidades en las que habitan la mayor cantidad de pueblos
indígenas del país.

Además el Presidente Maduro firmó el decreto del Plan de Cuantificación
y Certificación de Reservas de los principales minerales que se
encuentran en el Arco y que prevé certificar tres áreas de ese eje
estratégico de 111 mil kilómetros cuadrados, donde existen yacimientos
de oro, niquel, coltán, piedras preciosas, hierro, bauxita y otros
minerales. Según informó el Ejecutivo el Arco Minero del Orinoco está
dividido en cuatro bloques: Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados
(km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y diamante); Área 2, de
17.246 km2, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, (minerales no
metálicos y oro aluvional); Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río
Aro (hierro y bauxita); Área 4, de 40.152 km2 (oro). A ellas se suma el
Bloque Especial Icabarú, con superficie de 1.754 km2, con abundante
presencia de diamante y oro.

El Programa de la Patria, oferta electoral del fallecido presidente Hugo
Chávez, contempla entre sus objetivos estratégicos el impulso del plan
Arco Minero del Orinoco, un proyecto que, de la mano de las
transnacionales, está orientado a “duplicar las reservas minerales de
bauxita, hierro, coltán…”, en los estados Bolívar y Amazonas, y con el
que se pretende explotar minerales en territorios habitados por
comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas a
su modo de vida debido al auge de la minería ilegal, la militarización
de sus territorios y la presencia de grupos irregulares armados en sus
hábitats. Cabe recordar que en septiembre de 2012, el gobierno
venezolano y la empresa china Citic Group suscribieron un acuerdo en el
que se contemplaba la instalación de 27 campamentos geológicos en todo
el país, para elaborar el mapa geológico de la nación y “…ubicar los
nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso
del Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá…”, así como
planificar la política minera nacional, un hecho violatorio de la
soberanía nacional, al entregar a manos de empresas extranjeras una
labor propia del Estado Venezolano.

En marzo de 2013 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del
Amazonas (COIAM) difundió un comunicado expresando su preocupación por
los planes y proyectos de desarrollo minero anunciados por el Gobierno
Nacional basados en la activación del Arco Minero y en el acuerdo
suscrito con la transnacional Citic Group. La COIAM rechazó la
implementación inconsulta del Arco Minero del Orinoco, y denunció estos
planes como la continuidad de una política desarrollista y
extractivista con “marcados matices capitalistas y contraria a nuestra
concepción sobre la vida y la madre naturaleza como bien primordial para
el sustento colectivo”. Las organizaciones indígenas que conforman la
Coordinadora señalaron además la violación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y el artículo 120 de la Carta
Magna y exigieron la revisión inmediata de los proyectos y el respeto al
derecho a la consulta previa, libre e informada, debido al impacto
destructivo en términos ambientales y socioculturales del Arco Minero
del Orinoco.

En sus Observaciones Finales sobre el examen periódico realizado en 2015
al Estado venezolano por el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) y el Comité de
Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) afirmaron que ante la
profundización del modelo extractivista en el país, el Estado tiene la
obligación de garantizar todas las medidas que sean necesarias para que
los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera
libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que
afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura: “Particularmente
en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos
mineros e hidrocarburos”. Estos órganos de Naciones Unidas recomendaron
al Estado la necesidad de aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre
e Informada, que asegure la participación activa de las propias
comunidades en su elaboración.

Los Comités ONU también se pronunciaron sobre el proceso de demarcación
y titulación de territorios, que como han denunciado las propias
organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de
realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período
de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se
deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y
titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos
indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar,
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de
la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.

“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de
demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está
paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo
yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el
pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus
territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”, dijo
Mirabal.

Finalmente Gregorio Mirabal lamentó que nuevamente los proyectos
extractivos en el país se pretendan imponer a las comunidades indígenas,
violando la garantía del derecho a la consulta previa. “Lo que más nos
preocupa es que no hay la consulta previa como dice la Constitución.
Tiene que haber una consulta con las personas que van a ser afectadas o
beneficiadas por un proyecto, en este caso un proyecto extractivista que
realmente afectaría, no solamente en lo económico, sino más que todo en
la salud, en el ambiente, en el cambio climático. Nosotros queremos,
desde este espacio, a todo el pueblo venezolano, al Gobierno Nacional, a
buscar un diálogo, a aperturar una consulta previa porque los pueblos
indígenas estamos realmente preocupados por esta situación. Para
nosotros la minería no es progreso, para nosotros la minería es
destrucción, es la muerte de los ríos, de los bosques, de los pueblos
indígenas.”

Provea, junto a las comunidades y organizaciones indígenas, promoverá la
articulación de esfuerzos para denunciar y declarar la inconstitucional
imposición del plan Arco Minero del Orinoco, y exigir la garantía del
derecho a la consulta previa y el incumplimiento de la obligación
estatal de avanzar en el proceso definitivo de demarcación de tierras
indígenas, elemento imprescindible para el pleno disfrute de los
derechos de los pueblos originarios del país. (Prensa Provea)