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Lista Ecologia y Ambiente - VZLA |
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| Asunto: | [LEA-Venezuela] LA BIOPIRATERIA EN VENEZUELA/Autor: Julio César Centeno | | Fecha: | Martes, 7 de Abril, 2009 08:08:32 (-0400) | | Autor: | Jorge Hinestroza M. - Vitae <vitae @.....net>
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La
Biopiratería en Venezuela
Autor: Julio César
Centeno
La biopiratería es una actividad nefasta generada por
intereses estratégicos, económicos y políticos de empresas transnacionales y los
gobiernos de los países de donde provienen. Los países y pueblos indígenas
suramericanos se encuentran prácticamente indefensos ante la expropiación
incontrolada de sus riquezas y conocimientos.
La biopiratería
comprende tanto la apropiación de los recursos biológicos y genéticos de los
países en desarrollo, particularmente los países ricos en bosques tropicales,
como la apropiación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas
relacionados con dichos recursos. Para legalizar la usurpación se procede al
registro de patentes, las cuales son luego protegidas por convenios
multinacionales o bilaterales sobre los derechos de propiedad intelectual, a su
vez impuestos por los países y empresas usurpadoras al resto del mundo.
Las empresas multinacionales se encuentran en una feroz competencia
por patentar cualquier forma de vida o recurso genético que les sea permitido,
frecuentemente apropiándose de lo que no les pertenece y despojando de sus
derechos a los legítimos propietarios. Esto incluye patentes sobre plantas,
animales, procesos biológicos y registros genéticos naturales, incluyendo
fracciones genéticas de seres humanos.
El despojo se extiende
también a conocimientos ancestrales de comunidades indígenas que puedan generar
beneficios económicos, estratégicos o políticos para los usurpadores. Los
usurpadores son normalmente empresas transnacionales, gobiernos, instituciones
científicas o ambientalistas de países industrializados. Las víctimas son
normalmente países en desarrollo y sus comunidades indígenas.
Casos de Biopiratería
Una institución
norteamericana llamada International Plant Medicine Corporation patentó la
Ayahuasca, una planta considerada sagrada por muchos pueblos indígenas de la
Amazonia, utilizada por siglos en ritos espirituales y curativos. Fue patentada
el 17 de junio de 1986 con el número 5.571 en la Oficina de Patentes y Registro
de Marcas de Estados Unidos, a nombre de Loren Illar. La patente fue cancelada
trece años después, tras un largo período de litigio en la capital de los
Estados Unidos.
En 1994, dos presuntos científicos de la Universidad de
Colorado patentaron la Quinua, un cereal muy rico en proteínas y que forma parte
de la dieta de millones de indígenas y campesinos en los Andes suramericanos. Su
composición protéica es superior a la del maíz, el arroz o el sorgo. La patente
quedó registrada bajo el número 530471.
La empresa DuPont patentó en el año
2001 una variedad de maíz cultivada en México por generaciones. Estas patentes
han logrado ser revocadas tras las denuncias de organizaciones indígenas, pero
cientos de otras han pasado desapercibidas.
Dos empresas multinacionales,
Pure World Botanicals y Biotics Research Corporation, han disputado patentes
sobre la Maca, conocida también como el viagra natural. La Maca ha sido parte de
la dieta y de la farmacología de los pueblos indígenas de los Andes peruanos por
siglos. Sin embargo, a Biotics Research Corporation se le otorgó una patente en
Estados Unidos, número US 6093421, de fecha 25-06-2000, para comercializar la
Maca como propulsor de los niveles de testosterona. Mientras que Pure World
Botanicals registró una patente en la Oficina Europea de Patentes, número
6267995, de fecha 31-07-2001, para comercializar la Maca con fines
farmacéuticos.
La biopiratería se ha convertido en un robo sistemático de
gigantescas proporciones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) estima que la industrial farmacéutica de los países industrializados
genera un beneficio anual de 30.000 millones de dólares sólo a partir del uso
farmacológico de planas medicinales de los países en desarrollo.
Los Recursos
Genéticos
Los países industrializados de Norteamérica y Europa son, en a
actualidad, lamentablemente pobres en recursos genéticos. Esta situación es
consecuencia de las prácticas depredadoras y destructivas de los recursos
naturales, característica de sus modelos de desarrollo.
Mas del 75%
de los recursos genéticos del planeta se encuentra en los países en desarrollo,
asociados principalmente a los bosques tropicales naturales, la mitad de los
cuales se encuentran en la Amazonia y la Orinoquia suramericana.
La
humanidad se encuentra a la vez en una etapa de transición de la época de la
electrónica a la época de la genética. El patrimonio genético de los países
tropicales, en particular el de los países amazónicos, es una de sus principales
riquezas estratégicas, económicas y políticas. No debe así sorprendernos que se
haya desatado una poderosa y muy bien articulada estrategia, por parte de los
países mas poderosos del planeta y sus empresas transnacionales, para apoderarse
de esta fabulosa riqueza natural.
Biopiratería en
Venezuela
Venezuela es uno de los ocho países mas ricos en
diversidad genética del mundo. Esta diversidad se encuentra estrechamente
vinculada a sus bosques naturales.
El reconocimiento de los derechos
de las poblaciones indígenas en la constitución nacional de 1999, incluyendo el
derecho sobre sus territorios ancestrales, genera una estrecha relación entre
biodiversidad, recursos genéticos y poblaciones indígenas. La apropiación de los
recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas,
por corporaciones y centros de investigación transnacionales, implica el despojo
de uno de los recursos más importantes tanto de las comunidades indígenas como
de la nación venezolana.
Venezuela ha sido, y continúa siendo,
víctima de la biopiratería. La presencia de la nefasta organización
norteamericana Las Nuevas Tribus durante décadas en las selvas venezolanas
contribuyó no solo a destruir el patrimonio cultural, mitológico y religioso de
comunidades indígenas. Sirvió también para realizar exploraciones para la
localización, identificación y cuantificación de recursos minerales y biológicos
de carácter estratégico, así como para el saqueo de buena parte de los
conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas que sufrieron su
presencia.
La actividad delictiva de las Nuevas Tribus en territorio
venezolano no sólo fue autorizada por los gobernantes de turno, sino que con
frecuencia se recurría a violaciones flagrantes de la legislación vigente para
facilitar el despojo del país.
A finales del año 1998, durante
el período de transición de gobierno entre el presidente saliente Rafael Caldera
y el presidente entrante Hugo Chávez, el Ministerio del Ambiente de Venezuela
firmó un contrato con la Universidad Federal de Zurich, Suiza, en el que otorga
derechos de acceso a los recursos genéticos y a recursos "intangibles" del
territorio Yanomami. Los 'intangibles' incluyen los conocimientos y prácticas
ancestrales de las comunidades indígenas. Dicho contrato fue suscrito sin la
debida notificación a las poblaciones Yanomami y sin su consentimiento. El
contrato representa un inusitado saqueo de los conocimientos ancestrales de los
Yanomami y de la biodiversidad genética de su territorio.
El contrato
explícitamente le otorga al colegio Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)
de Zürich, Suiza, una concesión para el accesso a los recursos genéticos y sus
productos derivados "...con fines de investigación, prospección biológica,
conservación, aplicación industrial y aprovechamiento industrial, entre otros".
También incluye el acceso y aprovechamiento de los componentes
intangibles. Estos se definen de la siguiente manera: "Todo conocimiento,
innovación o práctica, individual o colectiva, con valor real o potencial,
asociado al recurso genético o sus productos derivados, o al recurso biológico
que lo contiene, protegido o no por regimenes de propiedad intelectual".
La
entrega fué total, incluyendo el registro de patentes de comercio e
industrialización. Los posibles beneficios se reparten entre la Universidad
Federal de Zurich y el Ministerio del Ambiente de Venezuela. El Ministerio se
conforma con el 20% "...de los derechos de regalías por patentes,
comercialización e industrtialización de los productos o sustancias que se
deriven de las investigaciones y descubrimientos del uso de los recursos
genéticos otorgados en concesión al ETH". El 80% restante es para los
Suizos.
Los indígenas fueron excluidos de las negociaciones de sus propios
conocimientos y prácticas ancestrales. Fueron también excluidos de la
repartición de los beneficios que pudieran derivarse. El contrato deja
unilateralmente a juicio del ETH la decisión final sobre el otorgamiento a los
indígenas de un porcentaje de los beneficios derivados del contrato de
concesión, a través de posibles negociaciones directas con los indígenas, sin la
participación del estado venezolano.
De esta manera, el Ministerio del
Ambiente, en representación ilegítima de la nación venezolana, se hace partícipe
de un grotesco e inusitado despojo del conocimiento ancestral de las comunidades
Yanomami.
Los Yanomami se encuentran en el corazon del Amazonas, en donde
los indices de biodiversidad se encuentran entre los mas altos registrados en el
mundo. Su cultura se ha desarrollado en estrecha vinculación con su entorno
natural, acumulando conocimientos y refinando progresivamente sus relaciones con
las selvas que les han servido de hogar durante miles de años. Sus legítimos
derechos sobre sus propios conocimientos ancestrales, y sobre los recursos
genéticos en sus territorios, fueron ignorados.
El insólito contrato incluye
además un pago de 30% de su costo "para las comunidades indígenas involucradas
cuyo conocimiento esta siendo utilizado". El costo del contrato se establece en
30.000 francos suizos, unos 18.000 dólares para entonces. Ese pago es además
negociable, por lo que podría al final convertirse en el motor de una lancha, o
cualquier otra cosa.
El Congreso Nacional de aquella época había aprobado una
nueva Ley de Biodiversidad el año anterior. Pero, coincidentemente, el
presidente Caldera la devolvió a la Procuraduría "para su estudio". En el
período intermedio se agiliza la entrega de los permisos necesarios para
realizara esta investigación, cuando el país carecía de legislación adecuada
sobre la materia.
El contrato lo firma Rafael Martinez Monro, Ministro del
Ambiente, en representación de la República de Venezuela, sólo días antes de la
toma de posesión del presidente Hugo Chávez. El Ministerio del Ambiente se
caracterizó por ser uno de los brazos mas corruptos de la administración del
presidente Rafael Caldera. En representación del ETH aparece la firma de su
vicepresidente, Albert Waldvogel.
Este nefasto contrato incluía la
comprobación fitoquímica del potencial medicinal de las plantas utilizadas por
los Yanomami en sus prácticas mágicas o medicinales. Algunos de los análisis
fitoquímicos y biológicos se harían en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central de Venezuela. Los demás en Suiza. El proyecto incluía
además:
¨ El análisis de"... la distribución de las
plantas medicinales, los venenos y las plantas mágicas entre los
Yanomami".
¨ Una determinación de la distribución de
los recursos botánicos medicinales en el territorio
Yanomami.
¨ Una evaluación cuantitativa de esos
recursos.
¨ Un análisis de las estrategias culturales
de los Yanomami para el manejo de estos recursos.
El proyecto incluía,
en realidad, una compilación de la farmacopea Yanomami en Venezuela.
Los
conocimientos ancestrales del pueblo Yanomami sobre plantas medicinales, venenos
y plantas mágicas, son también parte del estudio. Con este propósito se incluyen
entrevistas de los investigadores con los Yanomami "...sobre el uso y
cuidado de plantas medicinales".
Un año después de este vergonzoso caso,
característico de las prácticas de la época y el trato denigrante a los pueblos
indígenas, se aprobó la nueva constitución nacional. El artículo 124 establece:
"Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos,
tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada
con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos
perseguirán beneficios colectivos. Se prohibe el registro de patentes sobre
estos recursos y conocimientos ancestrales"
Lamentablemente, es
escaso el avance práctico para hacer cumplir este y otros preceptos
constitucionales. Las selvas de Imataca, del Caura y del alto Orinoco son sólo
algunos de los territorios que se han convertido en campo libre para la
bio-prospección, la exploración y cuantificación de recursos biológicos,
genéticos y farmacológicos por parte de grupos u organizaciones que se
auto-califican como científicas, ecológicas o humanitarias.
Algunas
organizaciones venezolanas, sucursales o dependencias de transnacionales
ambientalistas, amparadas tras presuntas iniciativas científicas, ecológicas o
humanitarias, con frecuencia contribuyen con el saqueo del patrimonio biológico
y genético del país, o con la expropiación de los conocimientos ancestrales de
las comunidades indígenas.
Una fundación privada operando en
Venezuela, FUDECI, ha creado una base de datos llamada Biozulua. Incluye cientos
de registros sobre recursos animales, vegetales y minerales utilizados por las
comunidades indígenas del Amazonas venezolano y su localización geográfica a
través de posicionamiento GPS. Especifica los usos dados por cada comunidad
indígena a a estos recursos, ya sean de carácter medicinal, alimentario,
religioso o farmacológico, y los procedimientos de preparación y consumo.
Organizaciones indígenas venezolanas, tales como Conive y Orpia han
denunciado que las actividades de FUDECI se realizaron sin el consentimiento
previo de las comunidades afectadas, y que la mayor parte de la información fue
suministrada sin estar debidamente informados que pasaría a formar parte de una
base de datos propiedad de FUDECI. Nada impide que esta organización
comercialice la información recolectada. La fundación reconoce que entre sus
actividades se encuentran el "Rescate de Conocimiento Ancestral" y el
"Biocomercio". Las organizaciones indígenas solicitan la intervención de las
autoridades nacionales para evitar que se comercialice con la información y para
que el manejo de dicha base de datos sea reservado a las comunidades
indígenas.
Investigadores de la Universidad de California pretenden
haber "descubierto" un agente anti-inflamatorio llamado pseudopterosin, obtenido
de Pseudopterogorgia elisabethae presuntamente en aguas venezolanas del Mar
Caribe. Este producto forma parte de una crema comercializada por la empresa
Estee Lauder llamada Resilience. La organización canadiense RAFI estima que sólo
entre 1998 y el año 2000 esta patente le generó a la Universidad de California
regalías por mas de 750.000 dólares. La universidad también ha llegado a
acuerdos de comercialización sobre el mismo producto con otras dos empresas,
OsteoArthritis Sciences Inc y Nereus Pharmaceuticals. Ya para el año 2000 se
estimaban beneficios millonarios por este concepto.
Conclusiones
La constitución nacional
explícitamente prohibe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y
sobre los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. Sin embargo, el
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica si los permite,
amparando así las actividades delictivas que sobre esta materia proliferan sin
control en las selvas tropicales suramericanas.
En consecuencia,
urge una acción conjunta y coordinada tanto por los gobiernos de los países
amazónicos, como por los diferentes grupos indígenas de la región, para
establecer mecanismos que impidan y penalicen la biopiratería, la expropiación
de recursos genéticos y el saqueo de los conocimientos ancestrales de las
comunidades indígenas.
Julio César Centeno
Marzo
2009
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LA BIOPIRATERIA EN
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