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Asunto:[LEA-Venezuela] Contaminación ambiental, casas resquebrajadas, esc uelas inhabilitadas y profundas grietas en los terrenos
Fecha:Lunes, 27 de Octubre, 2008  05:28:59 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza M. - Vitae <vitae @.....net>

Fiscalía y Min-Ambiente se olvidan de La Pringamoza
Diario La Verdad - Dayana Fernández - Maracaibo - 27/10/2008 00:01 27

La contaminación ambiental, casas resquebrajadas, escuelas inhabilitadas y profundas grietas en los terrenos de La Pringamoza, en Jesús Enrique Lossada, además de las afecciones respiratorias y enfermedades en la piel que presentan los habitantes del sector, no parecen ser razones suficientes para que los organismos solventen la situación y tomen acciones preventivas. Los afectados denuncian que de los pozos emana ácido sulfhídrico en estado gaseoso y contamina el agua con el líquido de inyección que se utiliza para la explotación de los mismos.

Al menos 83 casas agrietadas y dos escuelas afectadas por la socavación en los terrenos mantienen en alerta a todos los residentes del lugar, quienes además de no tener servicios públicos desde hace poco más de 25 años, no pueden cavar pozos sépticos porque, según indicaron, los gases salen a la superficie por esos huecos. 

Comunidades y especialistas coinciden en que todas estas irregularidades son consecuencia de la explotación petrolera en la zona a cargo de Petrobrás, empresa mixta de Venezuela y Brasil, desde 2005 y más recientemente de Petrowayuu, empresa nacional que continúa con las actividades petroleras.

Poco más de 100 familias habitan en el lugar. A pesar de que en reiteradas oportunidades han denunciado la problemática, los expedientes reposan en las oficinas del Ministerio Público sin determinar el grado de afectación a las comunidades ni los responsables. Los vecinos reclaman la tranquilidad que perdieron a raíz de la explosión de los pozos C-115 y C-131, en 2005 y 2007 respectivamente.

Pruebas

En enero de 2006 y debido a la muerte de 150 animales de cría en la Granja Holanda, la fundación Laboratorio de Servicios Técnicos Petroleros, adscrita al Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia (LUZ), tomó dos muestras de agua: una de un pozo superficial y la otra en una bomba de donde se sacaba el agua para uso de la comunidad. 

La comisión dirigida por Carmen Cárdenas, para ese entonces la directora del instituto, determinó que al comparar los resultados del agua con los rangos permitidos por el Ministerio de Salud -según la Gaceta Oficial 36.395 de fecha 13 de febrero de 1998-, las muestras se exceden de los límites permitidos en cuanto a los parámetros de cloruros, color real, dureza total, sodios disueltos totales y turbidez. 

Sólo en el rango del cloruro, la muestra de la bomba de agua supera nueve veces lo permitido por el ministerio y en el caso del pozo superficial, es cuatro veces superior al límite de 300 miligramos por litro.

Alexis González, representante de la comunidad, explicó que después de esos estudios y de pasar el expediente a la Fiscalía, todo quedó en letra muerta y tanto los organismos responsables como las leyes habrían olvidado el caso. En abril de 2008 se registró una nueva explosión.

"Desde que colapsó el pozo petrolero C-304 emana gases, petróleo y agua de inyección por lo que solicitamos al Iclam que investigara el caso y que alertara a los organismos competentes para que nos ayuden".

El Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam) emitió una comunicación en la que anexó los resultados de las pruebas que reposan en el instituto bajo el código IC-2005-06-070, que además de arrojar cifras similares a las que ofreció LUZ, insta a los responsables a solucionar el problema. 

Las copias fueron recibidas por Miguel Rodríguez, viceministro de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente Edgardo Reina, director regional de la cartera ministerial y Víctor Raúl Valbuena, fiscal 47mo. del Ministerio Público, pero según los representantes de las comunidades ningún organismo está trabajando en determinar las causas y remediar los efectos de las sustancias contaminantes.

Elios Ríos, vicepresidente del grupo Ambientalista del Zulia (Azul), explicó que ese tipo de problemas se observan con frecuencia en zonas petroleras, como la Costa Oriental del Lago. Las empresas responsables deben asumir los gastos de investigación y solución de la situación. 

"En todos los casos se amerita la intervención de la Fiscalía, que serviría de mediador imparcial entre las comunidades y los empresarios. En La Pringamoza es evidente el daño geológico y se deben asignar a expertos en el área para determinar los daños causados y las posibles complicaciones. El Ministerio del Ambiente debe intervenir para dirigir y legalizar las investigaciones".

Aspecto legal

Luisa Granado, asesora legal de la comunidad, informó que a pesar de que en Fiscalía reposan estudios hechos por el Iclam y el Centro de Investigación del Agua de LUZ sobre la contaminación de los acuíferos y pozos artesanales subterráneos que se usaban para proveerse de agua, ningún organismo ambiental o legal investiga las implicaciones de esta situación en las comunidades y, al contrario, hacen ver los estudios como irrelevantes. 

"Pretrowayuu levanta investigaciones, pero sus resultados arrojan total factibilidad para habitar esos terrenos con ninguna consecuencia para las comunidades, contrario a la realidad que vive la gente. La comunidad espera por la evolución del caso ante Fiscalía, que después de tres años no tiene imputados, y por las investigaciones que pueda realizar el Ministerio del Ambiente como ente regional responsable, pero nadie se preocupa por esto".

El expediente reposa en manos del fiscal 26to. del Ministerio Público. Están incluidos todos los informes hechos desde 2005. "Como asesora legal de la comunidad solicité información y me dijeron que no existían presuntos culpables del hecho y además no me permitieron revisar el expediente. Es claro que hay un interés en retrasar las investigaciones y ocultar los daños ambientales".