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Lista Ecologia y Ambiente - VZLA |
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| Asunto: | [LEA-Venezuela] Güiria: de la defensa de un puerto a la defensa del ec osistema | | Fecha: | Domingo, 26 de Agosto, 2007 18:38:21 (-0400) | | Autor: | Jorge L. Hinestroza M. <jlhinestroza @.....com>
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Güiria: de la defensa de un puerto a
la defensa del ecosistema
Por: ANMCLA/Ronald Marrero/
Blanca Escalona
Fecha de publicación: 25/08/07 en www.aporrea.org
Desde octubre del año pasado se han venido dando procesos de
luchas sociales en Güiria por la defensa del Puerto Pesquero Internacional, del
derecho al trabajo y a la forma de vida de los pescadores. Todo ello ha sido
apoyado por los diferentes grupos ecológicos que han venido anunciando el riesgo
de un posible daño al ecosistema de la zona, lo cual se vio confirmado el 29 de
junio con un derrame petrolero en las costas parianas que llego a cubrir 61
kilómetros de largo y 33 millas náuticas mar adentro.
Nuestra intención
es recordar las tensas situaciones que se presentaron en el estado Sucre cuando
los pescadores, las comunidades y los diferentes sectores sociales de la
población de Güiria, realizaron una lucha por el recate de su puerto. Tal acción
desembocó en la toma de las instalaciones del mismo y la realización de una
asamblea popular, en la que se nombró una junta transitoria elegida por las
bases populares.
Inicio del conflicto
El 6 de
octubre del año 2006, la empresa Administradora Portuaria Paria paralizó de
manera arbitraria las operaciones de la planta de hielo del Puerto Internacional
de Güiria, la cual surtía a la flota pesquera artesanal. Los pescadores se
quedaron sin materia prima para poder ejercer su labor, interrumpiendo la
principal actividad económica de esta población.
Duarte y Asociados,
propietarios de la empresa, administran el puerto desde el año 1997, cuando el
Gobernador Ramón Martínez cedió la concesión a los mismos, bajo el nombre de
Administradora Portuaria Paria (APPA). En ese momento el Ejecutivo no contaba
con la capacidad técnica, ni los recursos financieros necesarios para manejar un
negocio de tal magnitud. La Gobernación de Sucre y el Instituto Nacional de
Canalizaciones se constituyeron en ese entonces como Compañía Anónima Puerto
Pesquero Internacional de Güiria (CAPIG) para tener cierto control y, sobretodo,
acciones en el Puerto. La APPA era una empresa sin mucha experiencia en puertos
y desde un inicio comenzó a aplicar tarifas arbitrarias y restricciones al
recinto portuario de los usuarios y pescadores. Desde ese momento se comenzó a
notar el deterioro de los servicios y de las instalaciones portuarias, además de
una agresiva política de rechazo a las operaciones de los pescadores
artesanales, provenientes no sólo de Güiria, sino de El Morro, Carúpano, Macanao
y otras poblaciones, quienes poco a poco fueron marginados de las instalaciones
portuarias para dejar el camino libre a las operadoras petroleras.
La
aptitud de la empresa que aun administra el Puerto, provocó en octubre del 2006,
la movilización de toda la población de Güiria, entre los cuales se encontraban
pescadores, bicicleteros, caveros, comerciantes y familias afectadas. Las
movilizaciones y protestas fueron continuas y pacíficas, por la vulneración del
derecho al trabajo y a un ambiente sano, violentado por las autoridades de la
administradora del Puerto y la gobernación del estado Sucre.
Ante esta
situación, al Gobernador del Estado Ramón Martínez sólo se le ocurrió dar una
respuesta política-partidista que pretendió, sin éxito, callar el clamor del
pueblo. Para ello, reestructuró la directiva de CAPPIG con dirigentes
municipales de los partidos políticos que le apoyaban y anunció en la prensa
regional que la mitad de las ganancias del Puerto serían reinvertidas en Güiria.
Sin embargo, esta nueva directiva se planteó un negocio más rentable que
administración del puerto: la construcción de una planta de procesamiento de
lodos de perforación, como parte de los "servicios" necesarios para la
operatividad de las empresas petroleras en el Golfo de Paria. Recordemos que en
la misma población está en proceso de construcción el Complejo Industrial Gran
Mariscal de Ayacucho para la explotación gasífera y petrolera, uno de los más
grandes del mundo según fuentes gubernamentales. Una planta de este tipo,
produciría sustancias altamente tóxicas y de manejo peligroso, debido a que los
elementos manipulados como mercurio, plomo y arsénico afectarían gravemente el
sistema nervioso y respiratorio del ser humano si ocurriese un mal manejo de los
lodos. Ya ocurrió un derrame, así que no sería descabellado pensar en los
posibles accidentes en unas instalaciones de este tipo, y en las mismas aguas
donde se captura el pescado para el consumo local y la venta al resto del
país.
Los pescadores artesanales y los otros sectores movilizados
propusieron en aquel momento la idea de de convertir al Puerto Internacional en
un Núcleo de Desarrollo Endógeno, bajo la rectoría de lo que era el MINEP. Para
tal acción, era necesario que el ejecutivo nacional realizara el traspaso total,
participativo y protagónico al pueblo de Guiria de su puerto pesquero. Y
seguimos a la espera.
Es sumamente fundamental no olvidar que la
respuesta de la Gobernación de Sucre cuando el pueblo se movilizó, fue de una
represión brutal y a mansalva, donde varios pescadores salieron heridos de
gravedad. Entre ellos, uno perdió un ojo y otro recibió dos impactos de bala en
el abdomen por la acción de la represión policial. Sin embargo, lejos de
amedrentar a los pescadores y a los pobladores de Güiria, nacieron nuevos
ímpetus para defender lo que era de ellos y entrelazaron nuevamente sus botes
artesanales para cerrar el puerto. Mientras, en las calles de de Güiria, la
población era reprimida por la policía del estado Sucre y la Armada (ver vídeos
de policías disparando a los pescadores, desde botes artillados de la armada
venezolana, http://es.youtube.com/watch?v=5aMH0p47uN8).
La Junta
Soberana Popular Transitoria
El intenso conflicto del puerto
desembocó finalmente en una asamblea popular el 2 de noviembre de 2006. Allí se
llegó a un acuerdo firmado por los líderes de la huelga, representantes del
Ministerio de la Economía Popular, PDVSA, el Alcalde del municipio Valdez y
concejales del municipio, entre otros actores. El principal objetivo del acuerdo
fue "la búsqueda de una propuesta armónica entre la actividad pesquera,
portuaria y petrolera para beneficio del pueblo de Valdez y pariano en general
que permita garantizar la soberanía alimentaria, energética, la seguridad
laboral y social". Se conformó una Junta Administradora Popular, Soberana
Transitoria para gestionar el puerto hasta que se estableciera un ente rector
por el ejecutivo, además de los compromisos para la indemnización de los daños
materiales y humanos durante la huelga, la denuncia ante la Fiscalía Nacional de
República de la violación de los derechos humanos en las dos agresiones
cometidas y el compromiso de PDVSA y el Minep de elaborar un estudio de
factibilidad preliminar de la puesta en marcha de un Núcleo de Desarrollo
Endógeno. Hasta el momento muchos de los puntos no se han cumplido, sobre todo
lo que respecta la indemnización a los pescadores y una respuesta de los entes
gubernamentales, como la misma PDVSA, por las denuncias de violación de derechos
humanos. Recientemente la organización de derechos humanos Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz atendió los casos de abuso policial, propiciando acciones
legales para que los hechos que no queden impunes ante la ley y atendiendo las
necesidades médicas y formativas de los afectados. Otros procesos llevan un
lento transcurso, como la posible nacionalización del Puerto.
La Junta
Popular designada, conformada por los líderes de la huelga, intentó gestionar el
puerto, pero las intenciones de deslegitimación y descrédito de los intereses
opuestos y la indiferencia de los entes gubernamentales dificultaron el proceso.
En este lapso se llevaron a cabo varias mesas de negociación con funcionarios de
PVDSA para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Por parte de PDVSA las
excusas se multiplicaron, alegando que ellos no propiciaron el conflicto y que
más bien estaban intentando colaborar sin tener responsabilidad alguna de la
situación ocurrida. Tal actitud no develó el contexto conflictivo que han creado
desde el inicio del proyecto gasífero Complejo Industrial Gasífero Gran Mariscal
de Ayacucho, ni la pasividad ante la invasión de implementos, maquinarias y
materiales de las empresas petroleras en el puerto pesquero o el silencio
cómplice ante las acciones inconstitucionales de la gobernación del estado, como
ha sido la privatización del puerto y las agresiones a los pescadores.
Güiria es nuevamente noticia: el derrame.
El 29
de junio de este año se produjo un derrame de petróleo que alcanzó las costas y
las playas del Golfo de Paria, materializando uno de los temores más grandes de
los pescadores, grupos ecologistas y la población en general. La mancha de crudo
llego a cubrir varias millas, impidiendo el desarrollo de la pesca artesanal por
varios días, en buena parte por los daños a los aparejos e implementos de
pesca.
Si bien es cierto que este derrame de petróleo fue controlado por
las cuadrillas ambientalistas y las brigadas de emergencia de PDVSA, también
existe un gran temor que el crudo haya descendido al lecho marino por los
químicos usados para la limpieza, ocasionando la muerte de de la vegetación
acuática y afectando así el ecosistema de la zona, compuesto por más de 200
especies de moluscos, 50 especies de crustáceos y al menos 400 especies de peces
hacen vida en el golfo de Paria y el delta del Orinoco.
Aun no se sabe
con certeza de donde vino el derrame petrolero. Lo que si deja claro el derrame
es que la preocupación de los habitantes de Güiria es real, que existe un riesgo
inminente de un derrame de crudo que puede producir un ecocidio en un futuro
cercano y afecte una de las fuentes de proteína animal más importante del país.
Este riesgo se agrava más con el desarrollo del Complejo Gasífero Industrial
Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA) y las concesiones que se le vienen dando a las
empresas transnacionales. Los riesgos están allí, hasta el punto que en Güiria
se estaba planificando la construcción del hospital para atención de quemaduras
más grande de la América Latina, previendo cualquier accidente que se pueda
presentar en las zonas de explotación de gas y petróleo.
Lo cierto es
que, hasta ahora podemos afirmar que el valor primordial del Puerto Pesquero
Internacional de Güiria se debe guiar hacia la actividad pesquera. En la zona se
puede generar una actividad económica y generadora de recursos para el país como
lo es el turismo recreativo sustentable, el de aventura y el ecoturismo. Así
mismo, la zona es históricamente cacaotera y genera otros rubros agrícolas que
pueden fortalecer la economía local y nacional.
Sabemos que el proyecto
(CIGMA) es uno de los proyectos pilotos para el desarrollo del país, pero
creemos y sostenemos que su implementación debe ser participativa tomando en
cuenta las necesidades y propuestas de los pescadores, la población y los grupos
ambientalistas que hacen vida en la zona y las comunidades de Sucre, de manera
que el Complejo afecte lo menos posible la vida de la región. Así mismo, las
labores de seguimiento, supervisión y control de los posible daños que pueda
sufrir el ecosistema y la ecología de la región no debe estar sólo en manos de
las empresas, pues deben realizarse conjuntamente con los pescadores y las
comunidades, ya que de su frágil ecosistema depende el modo de vida del área.
Ya las comunidades enfrentaron y vencieron una vez a los burócratas y a
las empresas privadas. Para que tenga paz y sea posible la convivencia en la
zona, las comunidades deben ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones. El
slogan dice "AHORA PDVSA ES DE TODOS". Hagámoslo realidad.
Por: ANMCLA/Ronald Marrero/ Blanca
Escalona |
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Güiria: de la defe
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