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Ministerio del Ambiente develó contaminación por carbón
Marianna Párraga / El Universal (Venezuela) - 26/06/07


El Zulia en riesgo por sulfatos en las aguas y alta concentración de 
partículas en el aire

Una minuciosa evaluación del Ministerio del Ambiente con respecto al 
desarrollo de la explotación del carbón en el estado Zulia constató en 2005 
lo que grupos ambientalistas han estado advirtiendo: las fuentes de agua y 
el aire que respiran los pobladores de la zona están comprometidos como 
consecuencia de esa actividad y su eventual expansión empeoraría las 
condiciones existentes.

De acuerdo con el informe ejecutivo del Ministerio, de julio de 2005, las 
fosas Miraflores, Buena Vista Oeste y Buena Vista Sur y el Caño Santa Rosa 
tienen una concentración de plomo, sulfatos, cadmio, cianuro y mercurio, 
superior a la permitida por la normativa actual.

Las mediciones, hechas por el Ministerio y por laboratorios privados 
contratados por el Estado y por la propia Carbozulia, develaron que en el 
llamado Caño Paso Diablo, ubicado en la zona de influencia de la mina Paso 
Diablo, una de las más activas en la actualidad, el ph de las aguas 
superficiales es superior a lo normal, debido a la existencia de niveles se 
sulfatos mayores al estándar permitido.

El sulfato de aluminio es utilizado normalmente en la minería en los 
procesos de coagulación que permiten separar partículas del agua. La 
normativa vigente permite un máximo de 400 miligramos de sulfato por litro 
y, según cuatro mediciones realizadas entre abril y diciembre de 2004 en 
Paso Diablo, las concentraciones detectadas se situaron por encima de los 
880 miligramos por litro.

La alta concentración de sulfato produce lagunas insalubres. El Ministerio 
del Ambiente encontró varias de ellas y planteó dudas sobre el destino de 
esas aguas, que deberían obligatoriamente ser tratadas antes de su 
disposición y previamente a los períodos de lluvias, que las diluyen junto 
al resto de los cuerpos de agua de la zona.

En las aguas subterráneas de Paso Diablo también se encontraron 
concentraciones puntuales de sulfatos superiores a lo permitido, pero el 
diagnóstico del aire fue poco esperanzador: tanto en Mina Norte como en Paso 
Diablo, la existencia de partículas de carbón suspendidas en el aire 
triplicó lo permitido en cuatro de las seis estaciones de observación 
escogidas y en las otras dos también se ubicó por encima de los estándares.



Enfermos y desplazados
Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia y activista de la 
organización Homo et Natura, dice tener suficientes argumentos por los 
cuales se debe hacer una férrea oposición a la entrega de nuevas concesiones 
para la explotación de carbón en el estado Zulia.

El primero de ellos es el ambiente. "Nuestros ríos, entre ellos el río 
Guasare, están contaminados y se están secando. Así lo ha demostrado no sólo 
el Ministerio del Ambiente, sino varios estudios de la Universidad del 
Zulia. Los embalses Manuelote y Tulé, que surten por completo a Maracaibo, 
la Costa Oriental del Lago y el Complejo Petroquímico El Tablazo, se 
encuentran ubicados en medio de la zona de influencia de las minas de 
carbón, lo cual pone en peligro el suministro de agua a todo el estado 
Zulia".

Además de las consecuencias evidentes de la contaminación de las aguas, 
Portillo afirma que el desarrollo del carbón ha acabado con 1.800 hectáreas 
de bosques que ahora "no son más que cráteres" y ha comprometido la salud de 
pobladores de comunidades cercanas, incluyendo asentamientos indígenas, pues 
la concentración de partículas de carbón en el aire es tan grande que hasta 
a varios obreros portuarios se les ha detectado neumoconiosis, una 
enfermedad que puede resultar de la alta exposición pulmonar a las 
partículas de carbón.

A esto se suma el efecto que causa la acumulación de los escombros 
resultantes de la actividad carbonífera. Portillo cuenta con testimonios de 
varios habitantes de la localidad de Mata Grande que han sufrido afecciones 
severas de la piel a causa de ello.

Un segundo argumento en contra del carbón es el reemplazo de superficies 
cultivables -por cada tonelada de carbón extraído se requiere deforestar 
cinco toneladas de suelos- y el desplazamiento de etnias indígenas de sus 
zonas de influencia originales, lo cual no ha sido penalizado por la 
carencia de una demarcación específica de los asentamientos, tal como lo 
establece la Ley de Pueblos Indígenas. Esto último ha motivado la 
movilización de representantes de las etnias wayúu, bari y yukpa en contra 
del carbón, aun cuando directivos del Ministerio de Industrias Básicas y 
Minería señalan que la razón de las protestas indígenas realmente responde a 
su exclusión de los proyectos carboníferos.

Un último argumento se relaciona con los métodos de extracción que se 
utilizan en el país. Aunque varios de los proyectos en espera contemplan el 
empleo de técnicas de minería subterránea, la mayor parte de esta actividad 
se ejerce hoy en día a cielo abierto y, según afirma Portillo, con métodos 
indebidos, como la extracción desautorizada de madera.

Tomando todo esto como punto de partida, algunas de las conclusiones a las 
que llegó el Ministerio del Ambiente en su informe es que mantener la 
explotación de carbón tal y como está, continuará generando una "afectación 
localizada de la calidad del aire", minimizará el empleo agroturístico y 
continuará contaminando las aguas en los municipios Mara y Páez, problemas 
que no se han resuelto "en 17 años de actividad".

Pero la eventual expansión de las explotaciones, para pasar de 8 a 22 
millones de toneladas de carbón al año, incrementaría la afectación de los 
recursos naturales, aumentaría "considerablemente" la concentración de 
sulfatos en los embalses, disminuiría el volumen de las aguas superficiales, 
desplazaría poblaciones y reduciría la biodiversidad de la zona.

"Basados en el artículo 128 de la Constitución sobre el modelo sustentable 
de país, vale la pena preguntarse: ¿sobre qué base se sustenta la expansión 
de la explotación carbonífera en el Zulia?", concluyó el informe del 
Ministerio.



EEUU es el principal comprador
Según el diagnóstico que sobre la actividad carbonífera hizo el Ministerio 
del Ambiente, esta industria mueve casi 700 millardos de bolívares al año en 
el país, de los cuales a Corpozulia y al Mibam le quedan alrededor de 75 
millardos en regalías y pagos, al Estado en forma directa otros 75 millardos 
como accionista, a las alcaldías ingresan otros 7 millardos y en ISLR se 
pagan 20 millardos, de manera que de los ingresos brutos de las empresas 
carboneras, al Estado le corresponde alrededor de 35%.

Otro hallazgo con respecto al carbón es que la mayor parte de las 
exportaciones tiene como destino Estados Unidos, siendo Italia el segundo 
mayor receptor del carbón venezolano. Sólo al país del Norte llega casi 40% 
de las ventas externas de Carbones de La Guajira y Carbones del Guasare, las 
dos principales empresas productoras del país, en las cuales participa 
Carbozulia, filial de Corpozulia desde 2004, cuando le fue traspasada a 
Pdvsa.

Otros de los compradores internacionales de carbón venezolano son Canadá, 
España, Holanda, Francia y Suecia, así como naciones vecinas como Brasil y 
Perú.

A estos destinos se exportaron en el año 2002, según cifras del antes 
Ministerio de Energía y Minas, 7,5 millones de toneladas métricas. El valor 
de esas exportaciones superó los 323 millardos de bolívares, un número que 
no ha surtido mayores variaciones en el último lustro.

"De las 8 millones de toneladas de carbón que se extraen en el país, apenas 
unas 100 mil toneladas son de uso local", explicó el profesor Lusbi 
Portillo. Sin embargo, el proyecto de instalar plantas carboeléctricas en 
suelo nacional -la primera de ellas está en evaluación en La Fría, estado 
Táchira- podría cambiar esa realidad.

La exportación de la mayor parte del carbón venezolano a EEUU fue uno de los 
argumentos utilizados por el Ministerio del Ambiente para fijar su posición 
adversa a la expansión de la actividad carbonífera en el país.


[*] E-mail: mparraga@... 


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