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Asunto:[LEA-Venezuela] Zonas Protectoras y pueblos indígenas en Ecuador
Fecha:Miercoles, 31 de Enero, 2007  19:04:09 (-0400)
Autor:pefaur <pefaur @...ve>

Zonas Protectoras y pueblos indígenas en Ecuador
Por Nathalia Bonilla y José Proaño *

Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo
pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se
haga una crítica al modelo de desarrollo basado en el saqueo. La creación
de áreas protegidas, sobre los territorios de los pueblos originarios no
impidió la depredación de ecosistemas.

El Estado Ecuatoriano desde sus inicios ha fomentado la extracción
intensiva de recursos y la destrucción de la Amazonía, a pesar de ser uno
de los ecosistemas más frágiles del Planeta y el hábitat natural histórico
y ancestral de numerosos pueblos indígenas. En la Amazonía Ecuatoriana se
disputan distintos sectores de poder, como son los petroleros, los que
tienen interés en la biodiversidad, los que quieren comercializar los
conocimientos ancestrales asociados a ésta, e incluso el patrimonio
genético de los pueblos indígenas.

Ante la inminente destrucción de la Amazonía, desde mediados del siglo
pasado, se crearon las primeras áreas protegidas en el Ecuador, sin que se
haga una crítica al modelo de desarrollo basado en el saqueo. La creación
de áreas protegidas, sobre los territorios de los pueblos originarios no
impidió la depredación de ecosistemas. Y al mismo tiempo, abrió el camino
a los intereses particulares de las grandes organizaciones de la
conservación y al de grupos económicos dominantes.

En 1999 se crea, bajo decreto ejecutivo, la Zona Intangible ZI dentro del
Parque Nacional Yasuní PNY. El marco ambiental regulatorio sobre áreas
protegidas prohíbe toda actividad extractiva exhaustiva dentro de
éstas[1], sin embargo la creación de la ZI redujo de hecho, el marco para
que únicamente éstas estén exentas de actividades petroleras, dejando
abierta la posibilidad de intervenir en el resto del parque.

Este modelo extractivista encuentra una piedra de tope con la existencia
de pueblos que tradicionalmente han vivido y cuidado de la naturaleza. Se
debe reconocer que parte de la rica biodiversidad del Ecuador responde
directamente a la interrelación humana como parte del ecosistema. De la
misma manera no es casual que los lugares donde se preserve en buen estado
los bosques y páramos estén justamente habitados por pueblos indígenas.

La declaración de una Zona Intangible, mediante Decreto Ejecutivo No.
2187, como medida de protección ambiental y de los pueblos que habitan en
Parque Nacional Yasuní, distrae la atención sobre dos puntos medulares que
han causado muerte y violencia: el modelo de extracción intensiva de
recursos naturales y el desconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario.

Este decreto no cuestiona la dependencia ni la depredación que mantiene el
Estado sobre de los recursos naturales, el modo como se extraen los
mismos, ni tampoco alternativas nacionales que se podrían plantear a este
tema.

Como lo afirman varios medios, los violentos ataques perpetrados por las
petroleras, militares, iglesias y aventureros han causado un verdadero
genocidio hacia los Tagaeri y Taromenane. La matanza del 2003,
particularmente fue la que obligó al Estado a dar respuesta ante esta
condenable situación de impunidad. En mayo del 2006 se da una nueva
posible matanza a miembros de estos pueblos. El Decreto Ejecutivo No.
2187, que persigue la delimitación geográfica, no hace más que evidenciar
la falta de entendimiento y voluntad para lograr un proceso que permita
avanzar hacia la construcción de un Estado – nación vinculado
estructuralmente a las reivindicaciones de Derechos desde otras prácticas
culturales. Los pueblos en aislamiento representan el límite de la
institucionalidad estatal y sus marcos jurídicos, dejando al Estado una
enorme deuda sobre sus vidas y cultura.

La “aparición” de los pueblos en aislamiento voluntario en el marco
jurídico nacional es una apuesta para el Estado. Son los pueblos indígenas
quienes han puesto en discusión la institucionalidad impuesta desde el
Estado al momento de tratar sus derechos, territorialidades y
cosmovisiones.

La ilegitimidad del Decreto Ejecutivo

La propuesta contempla la creación de un área intangible de 758.000 Ha. y
una zona de amortiguamiento de 10 km. alrededor, con la supuesta intención
de aislar los impactos directos sobre el área. Todo lo contrario, la
creación de una franja de amortiguamiento es un espacio permisivo que
fomenta la presencia de actividades petroleras y turísticas,
convirtiéndose en una puerta a actores externos. El Estado deja abierta la
posibilidad de explotación de recursos que han sido el móvil del
genocidio.

En el caso del pueblo Huaorani, este Decreto Ejecutivo ha violado su
derecho de los pueblos a ser consultados a través de sus organizaciones
representativas, garantizado en la Constitución Ecuatoriana en el Artículo
84, 88 y en el Convenio169 de la OIT ratificado por Ecuador. El Estado ha
manipulado el proceso de consulta, asumiendo que la única reunión de
carácter informativo realizada al pueblo Huaorani ha sido un proceso de
consulta en la que se aceptaría el establecimiento de la ZI.

En el decreto se incluye la colocación de hitos dentro del PNY para la
delimitación de la ZI, propuesta que evidencia un pleno desconocimiento
antropológico y que en nada aporta para resolver el problema de los
contactos violentos que se han producido desde hace décadas.

La simple colocación de letreros no es suficiente para detener las
incursiones ilegales a la zona y tampoco garantizan la libre circulación
de los pueblos en aislamiento voluntario. La escasez de recursos que les
permite la supervivencia, la contaminación ambiental les empuja cada vez a
buscar el sustento en zonas más extensas.¿Qué sucedería si se produce un
nuevo hecho violento en los alrededores de la ZI? ¿Son los pueblos en
aislamiento voluntario los responsables por haber cruzado los límites
establecidos? Esto demuestra la visión colonialista y racista que mantiene
el Estado y la sociedad ecuatoriana hacia los Pueblos indígenas, al
anteponer los supuestos intereses nacionales a los derechos humanos y
colectivos de estos pueblos.

La delimitación ha sido elaborada en complicidad con las grandes
transnacionales que tienen concesiones petroleras en la Reserva de la
Biosfera Yasuní. Estas compañías han facilitado mapas, información,
infraestructura y por último, han ejercido una presión considerable para
que en los últimos días del gobierno de Alfredo Palacio el decreto salga a
la luz. Es así como los límites han sido modificados en repetidas
ocasiones, respondiendo a los intereses de las petroleras, más no a las
prácticas de movilidad y asentamiento de los Pueblos Tagaeri y Taromenane.

CONCLUSION

La creación de la zona intangible deslegitima las otras siete categorías
de protección que constan en el sistema nacional de áreas protegidas, y
abre la posibilidad explotación de las mismas, especialmente del Parque
Nacional Yasuní. La ZI carece de sustento jurídico y constituye un híbrido
entre área protegida y territorio indígena, y que está amparado por un
débil cuerpo legal.

La delimitación geográfica de la ZI es el resultado de la política de un
Estado que desconoce la diversidad cultural y que obedece a intereses
petroleros, madereros, conservacionistas y “la buena intención de proteger
a los últimos salvajes que habitan la Amazonía”.

El tema de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario no ha
sido abordado. El genocidio continua siendo una amenaza permanente ante un
Estado insensible y una sociedad generalmente indiferente ante estos
temas.

Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que debería ser recogida en
la propuesta de la reforma constituyente e impulsada desde la
organizaciones indígenas.

Hasta ahora, el debate se ha centrado únicamente, en la aprobación del
decreto ejecutivo, y ha dejado de lado las medidas emergentes que tienen
que ser tomadas y que ponen en evidencia las debilidades del Ministerio
del Ambiente en cuanto al manejo del tema forestal y petrolero.
www.ecoportal.net

Nathalia Bonilla
José Proaño
Acción Ecológica
www.accionecologica.org

[1]Reglamento de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de las
Áreas Naturales y de Vida Silvestre Art. 199.



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