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Asunto:[LEA-Venezuela] Lucha por la tierra y contra el carbón /Humberto Már quez (IPS)
Fecha:Viernes, 3 de Noviembre, 2006  06:25:54 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza <jlhinestroza @.....com>

INDÍGENAS-VENEZUELA:
Lucha por la tierra y contra el carbón

CARACAS, sep (IPS) - El pueblo indígena barí, que vive en la zona occidental 
de Venezuela limítrofe con Colombia, entró de nuevo en conflicto porque 
reivindica tierras que el Estado quiere destinar a la explotación de carbón 
o mantener en manos de ganaderos.


La Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera norte entre los dos 
países, contiene depósitos de carbón, de los que se explotan 40 millones de 
toneladas anuales en las minas colombianas de Cerrejón y Las Lomas, y unos 
ocho millones de toneladas por año en la zona venezolana del río Guasare.

Carbozulia, empresa del Estado venezolano, en asociación con la brasileña 
Vale do Rio Doce y la estadounidense Peabody Energy, proyecta ampliar la 
producción de la sierra en otros 10 millones de toneladas anuales y 
construir dos puertos, uno en el Lago de Maracaibo y otro en el golfo de 
Venezuela, para la exportación del mineral.

El conjunto de obras se enmarca en el programa Integración de 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), impulsado por la naciente 
Comunidad Sudamericana de Naciones y defendido con vigor por el presidente 
venezolano Hugo Chávez.

Al proyecto carbonífero se han opuesto las naciones indígenas de la frontera 
noroeste con Colombia, los wayúu, originarios de la colombiana península de 
la Guajira y la etnia más numerosa de Venezuela, con unos 300.000 
individuos, y las numéricamente menores yucpa y barí.

En el caso de los barí, "el gobierno prepara una entrega de títulos de 
propiedad de tierras sin derogar las concesiones carboníferas ni rescatar 
explotaciones ganaderas en los territorios autodemarcados por ese pueblo 
indígena", advirtió a IPS el ambientalista Lusbi Portillo, coordinador de la 
organización no gubernamental (ONG) Homo et Natura.

Portillo, quien ha acompañado a los indígenas en decenas de marchas y 
reuniones con las autoridades, dijo que técnicos del Ministerio del Ambiente 
han incluso pretendido reconocer como tierras indígenas apenas las viviendas 
más los conucos (huertos domésticos) que los rodean.

La información de fuentes de la autoridad ambiental es escasa. Un 
funcionario de bajo rango del Ministerio del Ambiente y otro de una comisión 
de demarcación dijeron a IPS que "la cosa no es como la pintan", pues 
"algunos indígenas sí están de acuerdo" con la demarcación. En tanto que 
técnicos del nivel medio de jerarquía respondieron que eso estaba bajo 
estudio de las comisiones respectivas.

Según estudios de antropólogos e historiadores de Bogotá y Caracas, el 
pueblo barí, de la familia lingüística chibcha, se movía en unos 1,6 
millones de hectáreas en la Sierra de Perijá y en el área del río Catatumbo, 
entre 1.000 y 900 años atrás. Más tarde resistieron reciamente la 
colonización española, así como el avance de los ganaderos y mineros de 
Colombia y Venezuela durante los siglos XIX y XX.

En la actualidad son unas 4.000 personas en Venezuela y unos pocos 
centenares en Colombia. Del lado venezolano viven en la llamada "pica barí", 
el extremo más occidental de la geografía venezolana, extendiéndose sobre 
unas 800.000 hectáreas entre los ríos Santa Rosa y Río de Oro, de las cuales 
reivindican unas 250.000.

Parte de ese territorio es parque nacional, otras zonas son explotaciones 
ganaderas y también hay baldíos de propiedad de la Nación.

Los indígenas demandan que se les reconozca como su territorio aquel que 
ancestralmente han usado para la caza, pesca, recolección, agricultura y 
actividades rituales y de culto de su cosmovisión, indicó Portillo.

De ser satisfecha esta solicitud, los barí podrían volver a desplazarse 
libres de obstáculos. En la actualidad se ven obligados a desviarse para 
evitar las haciendas ganaderas, cuyos guardias privados y armados les 
impiden el paso y el ejercicio de algunas de sus actividades.

Por ejemplo, el segundo cacique José Marcano de la comunidad Senkae, vecina 
de las haciendas de río Negro, dijo a periodistas que "nadie nos deja pasar 
por allá. Ya no podemos cazar ni dantas (tapires) ni báquiros (saínos o 
pecaríes). Nos acusan de robar ganado. Pero los mismos que vigilan 
(guardianes) se roban nuestros animales".

Sobre algunas de esas haciendas, Marcano dijo que "los viejos nos han 
contado que hay cadáveres en el potrero (campo de pastoreo) donde vivíamos 
antes, que allí hay historia de nuestros muertos, de persecuciones, de 
asesinatos. Tenemos cicatrices".

Según Portillo, las comisiones de demarcación del Ministerio del Ambiente 
carecen de recursos para comprar las mejoras hechas por los ganaderos en las 
haciendas, en el caso de una eventual devolución de esas tierras a los 
indígenas.

El coordinador de la ONG Homo et Natura agregó que "es contradictorio que en 
un país que se dice en tiempos de revolución, de lucha contra el latifundio 
y construcción del socialismo, los barí, para poder ejercer una de las 
actividades que les asegura la existencia y los define como grupo étnico, 
necesitan el permiso de los guardianes privados para llegar a sus sitios de 
caza, religión o cosmovisión".

"Si esto de verdad es un socialismo, tienen que cumplir con nuestras 
demandas sobre la demarcación territorial, no pueden imponerlas, sino 
permitir que las propias comunidades decidan sobre cuáles tierras tienen 
derechos", dijo a periodistas Ignacio Acambío, cacique de la colectividad 
Kumanda.

Chávez ha propuesto que a partir de 2007 se hagan reformas legales y 
políticas en Venezuela para "avanzar hacia el socialismo del siglo XXI", una 
oferta difusa a la que el propio mandatario rehúsa vincular con modelos 
teóricos, argumentando que se trata de un proceso de construcción práctica.

La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos 
Indígenas del año 2001 obliga al Estado a consultar con las comunidades 
indígenas y a considerar los linderos que éstas señalen como delimitadores 
de su territorio.

Los barí de las comunidades Kumanda y Karañakaek hicieron saber a 
funcionarios que no asistirán al acto en que Chávez entregará los primeros 
títulos de propiedad comunitaria de tierras indígenas, previsto para el 12 
de octubre, fecha tradicionalmente celebrada en conmemoración de la llegada 
de los españoles a América, y rebautizada bajo el gobierno de Chávez como 
"Día de la Resistencia".

Los indígenas insisten en su exigencia de que se reconozca como su 
territorio el autodemarcado, se rescindan las concesiones carboníferas --que 
alcanzarían 90.000 hectáreas de la totalidad de las que reivindican -- y que 
se compren las mejoras de los ganaderos sobre las haciendas que los barí 
usan para prácticas de caza y actividades propias.

Estas peticiones son apoyadas por las ONG Asociación de Medios Comunitarios, 
Libres y Alternativos, y la Sociedad de Amigos de la Gran Sabana.

Sin embargo, algunos representantes de los indígenas agrupados en la 
Asociación Barí de Venezuela habrían firmado un acuerdo con una comisión 
gubernamental para la demarcación provisional de sus tierras, con miras al 
acto del 12 de octubre, según Homo et Natura. Pero se ignora el grado de 
representatividad de los firmantes, e IPS no consiguió ver el texto de ese 
acuerdo.

En abril de 2005 y durante el VI Foro Social Mundial, en enero de 2006, 
centenares de indígenas wayúu, yucpa y barí se manifestaron en Caracas 
contra las concesiones carboníferas, y recordaron palabras de Chávez en 
contra de las explotaciones de ese mineral que menoscaban el ambiente y la 
cultura de los pueblos indígenas.

Chávez visitó Saimadoyi, territorio barí, el 12 de octubre de 1999, a pocos 
meses de asumir su primera Presidencia, y en esa oportunidad afirmó que "se 
revisarán las concesiones carboníferas concedidas por los gobiernos 
anteriores, y aquellas que amenacen el equilibrio ecológico serán 
rescindidas porque no podemos permitir que se destruya la Sierra de 
Perijá".(FIN/2006) 


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