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Asunto:[LEA-Venezuela] Foro por la Vida exige justicia en el caso La Paragua
Fecha:Jueves, 28 de Septiembre, 2006  21:27:57 (+0000)
Autor:letras director <periodicoletras @.......com>

Comunicado de Prensa:

Foro por la Vida exige justicia para las victimas de los hechos de violencia 
ocurridos en el sector de la paragua

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos que integran el Foro por 
la Vida  repudian categóricamente “la masacre de La Paragua”, perpetrada por 
efectivos militares del Teatro de Operaciones número 5 en el sector de La 
Paragua, Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar, así como las acciones 
presuntamente ejecutadas por efectivos militares en dicha zona desde el 
pasado 22 de septiembre de 2006 hasta la fecha, dado que estos hechos 
constituyen una violación múltiple de los derechos humanos.

De acuerdo a la información obtenida, una división del Teatro de Operaciones 
número 5 (TO5) fue enviada para desarticular unas invasiones mineras 
presuntamente ilegales en el sector. Dicha intervención produjo un saldo de 
al menos seis mineros muertos, de ellos dos indígenas, por disparos 
realizados presuntamente por efectivos militares en el sector la Paragua y 
cuatro mineros en Maripa Alto Caura en circunstancia todavía no claras en el 
marco del operativo del TO5.  Las organizaciones firmantes reconocen el 
derecho y el deber del Estado de emprender acciones para la recuperación 
ambiental y la salvaguarda del ecosistema; no obstante es importante 
resaltar que estos lamentables acontecimientos parecen constituir una acción 
sistemática de uso excesivo y abusivo de la fuerza contra la población de la 
zona, y en particular en contra de los mineros, ya que una situación similar 
ocurrió el pasado 14 de marzo de 2006 en la misma población de La Paragua, 
arrojando como resultado un saldo de dos víctimas fatales, además de 
constantes atropellos y hostigamientos.

Las ONG observan con preocupación que varios sucesos tales como la masacre 
del Amparo en 1988 donde fueron asesinadas 14 personas y más recientemente 
la masacre del Alto Apure, donde fueron asesinadas 8 personas, se efectuaron 
por cuerpos especiales de las fuerzas militares creados por el Ejecutivo 
Nacional para brindar mayor seguridad en zonas fronterizas. Estos cuerpos 
armados del Estado se han convertido en generadores de mayor inseguridad, al 
incurrir en violaciones de los derechos humanos e irrespetar garantías 
fundamentales  reconocidas por la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia 
del 29 de agosto de 2002 en el caso del Caracazo Vs Venezuela 
(Reparaciones), exhortó al Estado Venezolano a: “…ajustar los planes 
operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las 
exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, 
entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los 
miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para 
evitar que  se produzcan excesos.  Y debe finalmente, el Estado garantizar 
que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones 
de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de 
sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean 
indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y 
proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad 
personal”.
También, como recientemente lo estableció la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en su  sentencia del 5 de julio del 2006, en el caso del 
Retén de Catia:
“67.	El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales 
debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado 
proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha 
estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de 
coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de 
control .”

68.	En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal 
y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las 
personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso 
excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado 
restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no 
siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o 
amenaza que se pretende repeler . Cuando se usa fuerza excesiva toda 
privación de la vida resultante es arbitraria.

69.	Según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley , las armas 
de fuego podrán usarse excepcionalmente en caso de “defensa propia o de 
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o 
con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave 
que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una 
persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o 
para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas 
menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se 
podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida.”


Las organizaciones firmantes exigen del Estado Venezolano el respeto, por 
parte de todos sus cuerpos de seguridad militares y civiles, a la normativa 
nacional e internacional, particularmente el Código de la ONU para 
Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Normas de la ONU Sobre 
Uso de Armas de Fuego.

Recuerdan nuevamente que el uso de las armas por parte de los organismos de 
seguridad debe estar sometido a principios de necesidad y proporcionalidad; 
particularmente en el caso de los efectivos militares, los cuales están 
dotados de armamento de alta potencia

De igual forma, hacen un llamado a que se inicie bajo la responsabilidad de 
una jurisdicción civil (artículo 29 de la Constitución) una investigación 
transparente y respetuosa de los derechos de las personas involucradas. 
Insisten en que los hechos ocurridos en La Paragua y Alto Caura sean 
investigados sin demora y se establezcan responsabilidades materiales e 
intelectuales. Asimismo exigen a las autoridades resguardar la integridad 
física de aquellas personas que atestiguaron los hechos.

Resaltan las declaraciones emitidas por el ciudadano Presidente de la 
República, quien reconoció expresamente que efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional usaron de manera abusiva de las armas, exhortó a que se hicieran 
las investigaciones correspondientes y manifestó su voluntad en poner fin a 
este tipo de prácticas. Saludamos la voluntad expresada por el Ejecutivo 
Nacional de impedir la impunidad en este caso. Así como los casos están 
siendo investigados por funcionarios civiles adscritos a la Fiscalía General 
de la República y al Ministerio del Interior y Justicia.

La gravísima situación suscitada en La Paragua y Alto Caura y otras zonas 
aledañas pone una vez más de manifiesto la perentoria necesidad de la 
implementación de políticas públicas eficaces que sustituyan a la minería 
por otras actividades que garanticen a la población el empleo productivo y 
estable y la salvaguarda del hábitat y el ecosistema, garantizando la 
consulta y la participación de las comunidades que durante años han vivido 
de la minería.  Sólo en el marco de la mejora de la calidad de vida de la 
población local será posible la superación de las situaciones asociadas a 
los daños ambientales, la pobreza y la violencia.

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela

Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y
Religiosos de Venezuela (SECORVE)

Comité de Familiares de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y 
Marzo de 1989 (COFAVIC)

Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre

Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui

Observatorio Venezolano de Prisiones

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Servicio Jesuita de Refugiados (SJR)

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

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