RÍO DE JANEIRO.- El proyecto del supergasoducto sudamericano, que transportaría combustible a través de la Amazonia y otros ecosistemas, recibe una lluvia de críticas en Brasil, donde varios sectores lo dan por muerto, tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

El gasoducto "nació semimuerto", sin ninguna factibilidad económica, según Wagner Victer, secretario de Energía del oriental estado brasileño de Río de Janeiro. El proyecto "es una locura", completó el ambientalista Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.

La nacionalización de la industria petrolera y el gas en Bolivia, decretada el 1 de mayo, puede ser el tiro de gracia para el gasoducto, prevén analistas. La medida, que afecta sobre todo a la estatal Petrobras, tensó las relaciones entre ambos países y reavivó la polémica sobre la dependencia brasileña del gas boliviano.

El gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de Sudamérica, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil. Tendría 7 mil kilómetros que pueden ampliarse a más de 10 mil, dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción costaría 25 mil millones de dólares.

El proyecto "no tiene coherencia económica", cruza muchos ríos y bosques, hace imposible precisar sus costos y encarecería en exceso el gas venezolano entregado en Argentina si no lo subsidia Brasil, dijo Victer y sentenció: "El gasoducto quintuplicaría la actual dependencia brasileña en relación con Bolivia".

Tras el anuncio de la nacionalización boliviana, el gobierno de Lula se apresuró a definir planes con Petrobras para la autosuficiencia nacional en materia de gas natural, acelerando la producción interna y medidas para importar gas natural licuado.

Pese al nuevo panorama, no se desecha la idea del gasoducto. El 7 de junio, ministros y otras autoridades evaluarán en Caracas la marcha del proyecto, confirmó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

Hay siete grupos de trabajo estudiando los aspectos económicos, ambientales, de ingeniería, trazado de ruta, financiamiento y regulaciones que afectan al proyecto. Se va cumpliendo así el guión definido por Chávez, Lula y Kirchner en Sao Paulo el 26 de abril. La meta es que el gasoducto esté diseñado y listo para ser propuesto a los demás gobiernos sudamericanos en septiembre.

Entre tanto, arrecian las críticas de ambientalistas y expertos en energía. Según Adriano Pires, director de la empresa consultora Centro Brasileño de Infraestructura, el proyecto enfrenta riesgos ambientales, económicos, políticos, financieros y tecnológicos que lo hacen inviable.

La propuesta de "tarifa postal", que divide en partes iguales los costos del transporte del gas, significa subsidiar a consumidores más lejanos -argentinos y brasileños del sur- en desmedro de las regiones más pobres del norte y nordeste de Brasil, dijo Pires.

En lo político, los gobiernos que usan la energía como instrumento estratégico, violando contratos y estableciendo precios según sus intereses políticos, promueven la "desintegración energética", opinó el experto. Bolivia, por ejemplo, deberá sufrir "una reducción de las reservas gasíferas ante la falta de inversiones" tras la nacionalización, afectando su capacidad exportadora, señaló.

También hay problemas tecnológicos inherentes a un proyecto gigantesco, agravados porque el gas carioca se asocia al petróleo, destacó Pires. Con tantas incertidumbres, pregunta "qué banco financiaría -y cómo- una obra de 25 mil millones de dólares".

Venezuela posee las mayores reservas sudamericanas de gas natural -cerca de 4.2 billones de metros cúbicos-, pero "90% (de ellas) están asociadas al petróleo, y para extraerlas hay que producir más crudo", confirmó a Tierramérica Elie Habalián, ex gobernador venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los planes de inversiones de la estatal Petróleos de Venezuela, de más de 6 mil millones de dólares hasta 2012, aseguran gas suficiente para el gasoducto, según el ministro Ramírez. La producción actual, de 176 millones de metros cúbicos, casi se duplicará en seis años, contando con yacimientos en tierra firme y en aguas del Atlántico y el Caribe.

Por su parte, Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico, red de 600 organizaciones y movimientos sociales, dijo a Tierramérica que el gasoducto es "inviable por su impacto socioambiental". Incluso tendría "efectos sociales violentos" en muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela, y exigiendo desviaciones o compensaciones que son "incalculables", señaló.

"Obtener licencias ambientales para atravesar la Amazonia sería una hazaña. Si todo marchase bien, sin trabas judiciales, demoraría cinco o seis años como mínimo", evaluó Smeraldi, de Amigos de la Tierra. Además enfrentaría disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños. Es "dificilísimo que se construya el gasoducto", pero hay que seguir discutiéndolo porque "otras locuras" ya se hicieron realidad en la región, dijo.

La resistencia ambientalista también es intensa en Venezuela. Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), que defiende un hermoso parque en el sudeste fronterizo con Brasil, advirtió que el proyecto sería "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonia, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica". La portavoz de este grupo, María Eugenia Bustamante, dijo a Tierramérica que "el solo planteamiento de este proyecto viola convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales".

* Corresponsal de IPS. Con aporte de Humberto Márquez (Venezuela)