Una campaña sobre supuestos abusos laborales de Coca-Cola ha llevado a cancelar contratos de la empresa en diez universidades de cinco países, mientras la compañía manifiesta que se trata de “una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”, e incluso dice que la salida de sus productos no obedece a un veto sino a políticas comerciales de los centros educativos.

Diez universidades, diez colegios universitarios y dos colegios de bachillerato en Estados Unidos, Canadá, Italia, Irlanda y Reino Unido, han roto contratos con Coca-Cola, de forma paralela a la campaña “Porque amo la vida no tomo Coca-Cola”, promovida desde hace dos años internacionalmente.

El mensaje, que busca desestimular el consumo de los productos, surge como una forma de protesta por supuestos abusos de la multinacional con los trabajadores y por el uso indebido de los recursos naturales en todo el mundo.

Una de las principales motivaciones de la protesta se basa en hechos en Colombia por supuestos vínculos de la empresa con paramilitares y homicidios de dirigentes sindicales en varias ciudades.

Tanto en Colombia como en Estados Unidos se están llevando a cabo investigaciones sobre el tema y en abril habrá una reunión en Bogotá para profundizar sobre las denuncias, a la que asistirán delegaciones internacionales.

“Están mal informados”

Pablo Largacha, gerente de Comunicaciones de The Coca Cola Company, considera que si bien “las personas que hacen parte de la campaña quieren hacer algo por el bien de los trabajadores en Colombia, desafortunadamente están mal informadas acerca de la situación y están tratando de utilizar la marca para adelantar una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”.

Edward E. Potter, director de Relaciones Laborales Globales de Coca Cola dijo hace mes y medio que “The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algún papel en la muerte de Isidro Gil”. Así lo expresó en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en Washington que representa legalmente a los sindicalistas.

Por su parte, Largacha asegura que la decisión de las universidades de no renovar los contratos se debe más a las políticas comerciales de cada centro educativo que a la campaña en sí. No obstante, admite que la empresa está preocupada por el daño que se le quiere hacer a su imagen y ya está reaccionando con campañas informativas sobre el tema.

Las directivas de Coca-Cola llaman la atención en que “lo más curioso de todo es que en Estados Unidos se protesta por hechos que sucedieron en Colombia en los que supuestamente está involucrada Coca-Cola. Sin embargo muy poca gente conoce de estas denuncias en Colombia y quienes saben del tema no lo creen porque entienden que Colombia es un país que ha vivido una situación de violencia de más de 50 años y no se pueden hacer acusaciones internacionales por un persona que murió a manos de los paramilitares en el año 1996, cuando en Colombia han muerto más de 60.000 personas de la sociedad civil como resultado de esa violencia”.

“Las personas que no hacen parte de estas protestas y que no prestan atención a los temas son las que saben que Coca-Cola es una de las empresas que más genera empleo en el mundo”, comentó el directivo.