Una campaña sobre supuestos abusos
laborales de Coca-Cola ha llevado a cancelar contratos de la empresa en diez
universidades de cinco países, mientras la compañía manifiesta que se trata de
“una agenda política que nada tiene que ver con la empresa”, e incluso dice que
la salida de sus productos no obedece a un veto sino a políticas comerciales de
los centros educativos.
Diez universidades, diez colegios universitarios
y dos colegios de bachillerato en Estados Unidos, Canadá, Italia, Irlanda y
Reino Unido, han roto contratos con Coca-Cola, de forma paralela a la campaña
“Porque amo la vida no tomo Coca-Cola”, promovida
desde hace dos años internacionalmente.
El mensaje, que busca
desestimular el consumo de los productos, surge como una forma de protesta por
supuestos abusos de la multinacional con los trabajadores y por el uso indebido
de los recursos naturales en todo el mundo.
Una de las principales
motivaciones de la protesta se basa en hechos en Colombia por supuestos vínculos
de la empresa con paramilitares y homicidios de dirigentes sindicales en varias
ciudades.
Tanto en Colombia como en Estados Unidos se están llevando a
cabo investigaciones sobre el tema y en abril habrá una reunión en Bogotá para
profundizar sobre las denuncias, a la que asistirán delegaciones
internacionales.
“Están mal informados”
Pablo
Largacha, gerente de Comunicaciones de The Coca Cola Company, considera que si
bien “las personas que hacen parte de la campaña quieren hacer algo por el bien
de los trabajadores en Colombia, desafortunadamente están mal informadas acerca
de la situación y están tratando de utilizar la marca para adelantar una agenda
política que nada tiene que ver con la empresa”.
Edward E. Potter,
director de Relaciones Laborales Globales de Coca Cola dijo hace mes y medio que
“The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los
asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas investigaciones. Estas
no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas
embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para
amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de
plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algún papel en la muerte de Isidro
Gil”. Así lo expresó en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del
Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en
Washington que representa legalmente a los sindicalistas.
Por su parte,
Largacha asegura que la decisión de las universidades de no renovar los
contratos se debe más a las políticas comerciales de cada centro educativo que a
la campaña en sí. No obstante, admite que la empresa está preocupada por el daño
que se le quiere hacer a su imagen y ya está reaccionando con campañas
informativas sobre el tema.
Las directivas de Coca-Cola llaman la
atención en que “lo más curioso de todo es que en Estados Unidos se protesta por
hechos que sucedieron en Colombia en los que supuestamente está involucrada
Coca-Cola. Sin embargo muy poca gente conoce de estas denuncias en Colombia y
quienes saben del tema no lo creen porque entienden que Colombia es un país que
ha vivido una situación de violencia de más de 50 años y no se pueden hacer
acusaciones internacionales por un persona que murió a manos de los
paramilitares en el año 1996, cuando en Colombia han muerto más de 60.000
personas de la sociedad civil como resultado de esa violencia”.
“Las
personas que no hacen parte de estas protestas y que no prestan atención a los
temas son las que saben que Coca-Cola es una de las empresas que más genera
empleo en el mundo”, comentó el
directivo.