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Editorial de El Tiempo, Bogotá
21/11/2005

El agua es sagrada
En la provincia surafricana de KwaZulu-Natal se desató en el 2000 la mayor 
epidemia de cólera de los tiempos modernos a causa de una política de 
Estado: el cambio del sistema de agua comunal gratuita por uno privatizado, 
en beneficio de una empresa multinacional. Más de 120 mil personas fueron 
infectadas cuando el nuevo operador suspendió el servicio por la falta de 
pago de las facturas, y más de 300 de ellas murieron, incluyendo muchos 
niños.

Poco después, cuando la experiencia se repitió en un suburbio de 
Johannesburgo al ser cortado el suministro a quienes no pagaron por el 
operador francés Suez Lyonnaisse des Eaux, se produjo un alzamiento popular 
que terminó en feroces enfrentamientos con las autoridades.

Un ejemplo más cercano es el de Bolivia, donde la privatización del agua, 
exigida por el Banco Mundial, generó revueltas en Cochabamba y El Alto, cuyo 
acueducto también sirve a La Paz.
Cuando la multinacional Bechtel de San Francisco (California) empezó a 
operar el primer acueducto hace cinco años y aumentó drásticamente el precio 
del agua, la población se lanzó a la calle, hubo fuertes confrontaciones, en 
las que un joven de 17 años fue muerto por el ejército, y el gobierno debió 
cancelar el contrato.
Este año, ante la ira de los habitantes de El Alto, tuvo que hacer lo mismo 
con Aguas del Illimani, una subsidiaria de la Suez que había recibido la 
concesión de su acueducto.

Suráfrica parece muy lejos, Bolivia no tanto. Pero el fenómeno que acechó a 
esos dos países ya está presente en Colombia. En forma discreta, constante y 
bien dirigida, desde hace tres años se gesta un proyecto de ley que abre las 
puertas a las multinacionales del agua para que manejen esta riqueza 
nacional bajo los mismos parámetros empleados en otras latitudes. El modelo 
es igual al aplicado en Cochabamba, Johannesburgo y aun en Atlanta (Georgia) 
y otras municipalidades estadounidenses, donde las multinacionales quieren 
imponer esquemas de operación privada sobre los recursos hídricos.

Lo sorprendente en nuestro caso es que la ministra del Medio Ambiente, 
Sandra Suárez, y la representante Nancy Patricia Gutiérrez, ponente del 
proyecto en la Cámara, parecen ignorar esta realidad. Son coautoras de una 
iniciativa que no acoge postulados como el del acceso garantizado al agua 
potable de toda la población, ni metas como las señaladas por las Naciones 
Unidas en sus Objetivos del Milenio, que consagran dicho acceso como un 
derecho humano esencial.

El proyecto establece como principio rector la eficiencia en la asignación y 
uso del agua. Esta es la base del modelo privatizador promovido por el Banco 
Mundial y el poderoso lobby de las multinacionales del agua. Y opera así: 
los acueductos cubren con la facturación mensual sus costos de operación, 
infraestructura y mantenimiento; el Gobierno suspende los subsidios a los 
deficitarios, que, asfixiados por la incapacidad de funcionar, acceden a las 
propuestas de las multinacionales, y el recurso que garantiza la vida en la 
Tierra se convierte en monopolio, con posibilidad de concesiones hasta por 
50 años renovables, es decir, a perpetuidad.

¿Cómo garantizan las autoras del proyecto que todos los colombianos tendrán 
derecho a tomar agua potable? ¿Por qué en un país que es potencia hídrica 
mundial se abren las puertas para enajenar este bien? ¿Dónde se concretan 
las consideraciones sociales y de equidad mentadas, a título retórico, en la 
justificación del proyecto? En todos los casos donde este modelo ha sido 
adoptado, los precios del agua se dispararon. En Suráfrica, el alza llegó 
hasta 600 por ciento y se cobró de nuevo la red a usuarios que ya la tenían.

Bien haría la representante Gutiérrez en retirar el proyecto y preparar uno 
que acoja los principios rectores del acceso al agua. Y a la ministra Suárez 
le corresponde hacer una reflexión más profunda. Ha dicho el contralor 
Hernández Gamarra que a su ministerio le falta norte. Aquí nos hemos ocupado 
de otras iniciativas preocupantes de esa cartera, como la ley maderera y la 
de los cerros orientales de Bogotá. El informe especial sobre medio ambiente 
que este diario publicó hace unas semanas mostró una apocalíptica realidad 
en la gestión de nuestros recursos naturales.
¿No es tiempo de meditar sobre los rumbos que se deben marcar al país desde 
esa posición tan importante dentro del Estado?

La teoría de lograr empleo y desarrollo económico mediante la venta de los 
recursos naturales ha venido siendo cuestionada desde hace más de 20 años. 
No parece acertado ni lógico insistir en normas que, como el proyecto del 
agua, pueden terminar atentando contra un patrimonio vital de los 
colombianos.



Fuente: http://www.censat.org/A_A_Noticias_Nacionales_276.htm



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