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Asunto:[LEA-Venezuela] Guardia Nacional: ¿Brazo armado de las transnacional es? /Sociedad Homo et Natura, ANPA /ANMCLA y PNA*
Fecha:Sabado, 24 de Septiembre, 2005  17:39:02 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza M. <vitae @......com>

Guardia Nacional: ¿Brazo armado de las transnacionales?
Sociedad Homo et Natura, ANPA /ANMCLA y PNA* / Soberania.org - 20/09/05




El Teatro de Operación Nº 4 fue creado en la Guajira para defender 
infraestructuras e intereses de las transnacionales energéticas y 
carboníferas

La creación del Teatro de Operaciones Nº 4 para la Subregión Guajira no 
tiene otro fin que no sea la defensa de los negocios contraídos por el 
Gobierno con las multinacionales energéticas y de las infraestructuras 
necesarias para garantizar el libre acceso, sin ningún obstáculo o 
dificultad la exportación de energía a los mercados colombianos, de Centro 
América, Estados Unidos, Europa y Asia.

1. La IIRSA está en La Guajira

Las verdaderas causas que originaron la creación de dicho teatro de 
operaciones son la protección de la integración de la infraestructura 
regional suramericana (IIRSA) o Eje de Integración Andina/Eje de Desarrollo 
Occidental expresada en la Subregión Guajira, a saber la custodia:


  1. del gasducto de Venezuela a Colombia pasando por Centro América y 
México hacia Estados Unidos, o a través de las islas del Caribe,

  2. del oleoducto al Pacífico colombiano para embarcar desde Colombia o 
Panamá petróleo seguro al Asía,

  3. de las minas del Socuy, Cachirí, Maché y Guasare con más de 350 
millardos de dólares americanos en carbón,

  4. de la vía ferroviaria de dichas minas a las islas del Golfo,

  5. de Puerto América (o Puerto Simón Bolívar) a construirse en las islas 
del Golfo de Venezuela San Bernardo, Pájaro y Zapara,

  6. del Segundo Puente Sobre el Lago a construir también en la Subregión 
Guajira,

  7. de los bloques de gas del Proyecto Rafael Urdaneta a explorar en aguas 
de del Golfo de Venezuela y

  8. la limpieza de la zona de las comunidades en resistencias y oposición 
social a dichos megas proyectos económico energéticos, tal como hoy se 
implementa en la zona del Socuy.


Por esta razón, entra en consonancia con esta propuesta los artículos 56 y 
57 de la Ley Orgánica de Frontera que sólo espera su segunda discusión en la 
Asamblea Nacional para ser aprobada a espalda del pueblo, y en contra de los 
intereses de las comunidades indígenas, campesinas y los derechos 
ambientales. La denominada Franja Productiva Fronteriza a poblar por 
militares y reservistas servirá para desplazar pueblos y comunidades 
indígenas ancestrales de estas zonas limítrofes con Colombia, muchas de 
ellas protegidas por ABRAES como los sistemas de Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales (Tepuyes), Reservas Forestales y el Hábitat de los 
Pueblos Indígenas.

En concordancia con lo anterior, y por esta visión desarrollista, 
depredadora y antinativa de corte militar prusiano que anida en amplios 
sectores políticos de la Asamblea Nacional, se desconoce la existencia de 
dichas áreas protegidas (ABRAES) en la Ley Orgánica para la Planificación y 
Gestión del Territorio recién sancionada por esta neoliberal Asamblea 
Nacional, el 11 de Agosto del 2005. Dicha ley elimina la anterior Ley 
Orgánica de Ordenación del Territorio y en su contenido incorpora la 
ordenación urbanística (artículos 136 al 154), eliminando de paso también la 
Orgánica de Ordenación Urbanística, de esta manera queda incluida la 
ordenación territorial y la ordenación urbana en una mima ley creando, según 
el especialista Alexander Luzardo, deficiencias y más confusión.

Mientras que en la frontera hasta los militares y reservistas tienen derecho 
a tener financiamientos y tierras para el desarrollo, la Misión 
Guacaipuro/MARN, por una parte, les niega a los indígenas Barí y Yukpa (en 
sus nuevos lineamientos) autodemarcar en sus territorios ancestrales tierras 
hoy cruzadas por alambres de púas, portones cerrados con cadenas y candados 
cuidadores de verdes potreros de enormes haciendas; por otra parte, la 
Procuradora General de la República le confirma a los indígenas y al país 
que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos 
Indígenas está limitada ya que el Estado puede abrir cuando lo requiera las 
minas existentes en el subsuelo de sus territorios, y de paso les aclara que 
ellos pueden entrar a ser ahora mineros, tal como también se les invita en 
el artículo 47 de la Ley Orgánica de Frontera; y, como estocada final, la 
Ley de Minas en su artículo 11 le asegura al "beneficiario del derecho 
minero" que el Estado puede expropiarle a los indígenas o campesinos sus 
tierras porque ellas son de utilidad pública e interés social.

2. La IIRSA está en la demarcación de las tierras indígenas

Resulta que hoy el indígena en Venezuela, política y jurídicamente está 
imposibilitado de recuperar sus territorios ancestrales, pues la minería los 
desplaza, por un lado, de sus territorios actuales, y, por otro, la Misión 
Guacaipuro/MARN en sus nuevos lineamientos, les prohíbe autodemarcar tierras 
de sus territorios hoy ocupadas por potreros de hacienda por respeto a los 
derechos de los ganaderos, de aquellos ganaderos que los exterminaron entre 
los años 40 y 60 para quitarle a sangre y fuego el 90 por ciento de sus 
territorios. Por esta razón afirma la Procuradora General de la República, 
Marisol Plaza en la entrega de las tierras de los indígenas Cari'ñas el 9 de 
agosto de 2005 que la comisión de demarcación de tierras indígenas "fue muy 
cuidadosa para evitar que en las coordenadas correspondientes se vulnerara 
la propiedad privada" (ABN. Caracas, 12/08/05). Pero resulta que los 
ganaderos de Machiques tienen tierras registradas, no propiedad privadas, y 
los más importante, están dispuestos a negociar con el Gobierno nacional las 
bienhechurías de sus hacienda solicitadas y autodemarcadas por los indígenas 
de la Sierra de Perijá.

Los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu por su carácter originario necesitan 
territorios libres y saneados de minas y de hacendados, por ello la 
propuesta de que Corpozulia renuncia a sus concesiones minero carboníferas 
por escrito ante el Ministerio de Minas y Petróleo contempladas en sus 
proyectos Tukuko-Aricuaizá, Río de Oro y Socuy, y el Presidente Chávez 
derogue las concesiones entregadas a capitales privados como a los 
irlandeses de Carbonífera Caño Seco, los chilenos de Carbones del Perijá, 
japoneses/norteamericanos de Minera MAICCA, árabes de CARBOCA y los criollos 
de CONSULMINCA. O cancele el acuerdo con los brasileños de crear 
CARBOSURÁMERICA y explotar la mina Socuy, o el de la empresa mixta Carbones 
de La Guajira para explotar la mina Cachirí entre los ríos Socuy, Maché y 
Cachirí aguas arriba de las represas Manuelote y Tulé.

3. La IIRSA está en la represión

Antes de la llegada de los 500 efectivos del Ejército, de la Guardia 
Nacional y otros organismos de seguridad al Socuy (parroquia Monseñor Marcos 
Sergio Godoy del municipio Mara del estado Zulia) como se contempla en la 
puesta en marcha del Teatro de Operación Nº 4, la Guardia Nacional viene 
ensayando tácticas de ablandamiento en la zona muy en especial en tierras en 
donde la Compañía Vale do Rio Doce/Carbozulia (CARBOSURÁMERICA), Carbonífera 
Caño Seco y Carbones de La Guajira/Inter-American Coal/Chevron pretenden 
explotar para el próximo año las minas de carbón Socuy, Cachirí y Caño Seco, 
y la construcción de la vía ferroviaria.

El pasado jueves 25 de agosto de 2005 a partir de las 8 de la mañana los 
indígenas Wayúu y campesinos del Socuy vivieron en carne propia el anticipo 
de una porción temprana del terror que se le avecina. Bajo el pretexto de 
ser la base de apoyo de grupos guerrilleros, eran esposados, amarrados, 
ofendidos, torturados y amenazados de muerte desde el primer momento de su 
arbitraria detención o allanamiento de su vivienda. Menores de edad fueron 
igualmente interrogados, maltratados, humillados y amenazados.

Eran aproximadamente 50 efectivos de la Guardia Nacional, comandados por el 
Capitán Rueda, trasladados de los puestos fronterizos de Tulé, Manuelote y 
Cachirí en tres camiones y un rustico Toyota largo (placa 53131), que por 
poseer chalecos antibalas y una cinta azul en el brazo no se les veía ningún 
tipo de identificación personal. A los detenidos les quitaron la cédula de 
identidad, aún a esta fecha no devueltas, como ejemplo está el caso de un 
indígena Wayúu que al no saberse de memoria el número de su cédula de 
identidad fue entregado el viernes al DAS. Los atropellados han formulado 
sus denuncias ante los organismos respectivos, pero en general la población 
indígena y campesina están aterrorizados por las amenazas formuladas por los 
efectivos de la Guardia Nacional de quemar sus casas si no abandonaban la 
zona. Le aseguraron al indígena Wayúu que tenían orden de matarlo.

El sábado 10 de septiembre de 2005 a las 8 y media de la noche de nuevo se 
repite actos de violencias contra indígenas Wayúu y pobladores de la zona, 
esta vez fue golpeado con la culata de un arma larga y partido en la cara al 
bajarlo de un bus de la ruta Cachirí un vecino de nacionalidad colombiana. A 
la altura del sector La Botella una alcabala mobil de unos 8 efectivos de la 
Guardia Nacional del puesto de Tulé comandados por un Teniente y 
trasportados por el mismo rustico Toyota largo.

No mataron a golpes al señor de nacionalidad colombiana por haber sido 
neutralizados por el reclamo de sus derechos formulados por una valiente 
dirigente indígena de la zona que iba también de pasajero en el bus, y ella 
no fue detenida porque la gente se le opuso con firmeza a la Guardia 
Nacional. Al final el Teniente respondió que al señor le estaba desangrando 
la cara porque se la partió al bajarse del autobus por andar borracho.



(*) Sociedad Homo et Natura, ANPA /ANMCLA y Proyecto Nuestra América (PNA)




 



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