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Asunto:[LEA-Venezuela] Indígenas exigen desalojo de mineros
Fecha:Domingo, 17 de Julio, 2005  11:17:39 (-0400)
Autor:Julio Centeno <jcenteno @..........ve>

 
 
 
Indígenas exigen desalojo de mineros
 
 
Capitanes de Sifontes, Gran Sabana y Raúl Leoni piden al Mibam rescindir concesiones
 
Cansados de padecer las consecuencias de la minería indiscriminada en sus tierras, 35 capitanes y delegados indígenas de las comunidades de La Paragua, Ikabarú, Kamarata, Urimán y Cuyuní, ubicadas en los municipios Sifontes, Gran Sabana y Raúl Leoni, dieron a conocer un documento en el que exigen el inmediato desalojo de los mineros que ejecutan labores en sus hábitats, denunciando además la existencia de grandes extensiones devastadas por la actividad minera, más allá de la cuenca del Caroní.
 
Correo del Caroni - Julio 17 2005
 
Las comunidades y pueblos indígenas de La Paragua, Ikabarú, Kamarata, Urimán y Kuyuní, pertenecientes a los municipios Gran Sabana, Sifontes y Raúl Leoni en el estado Bolívar, manifestaron su completo rechazo a la presencia de mineros en sus tierras, que ejercen la explotación de materiales auríferos y diamantíferos sin ningún tipo de control dentro de su hábitat.

 Un documento suscrito por 35 capitanes y delegados indígenas, producto de una asamblea general celebrada hace poco más de 15 días, establece la posición de estos líderes sobre la situación minera en la región, que no vislumbra resultados favorables para los pueblos y comunidades indígenas, por lo que solicitan el inmediato desalojo de estos trabajadores de sus tierras, resaltando su desacuerdo en que personas ajenas a su territorio ejerzan esta actividad en su hábitat.

 José Luis González, diputado indígena ante la Asamblea Nacional, destacó que estos acuerdos, enmarcados en la defensa de sus derechos y sus tierras, han generado "diversos comentarios de quienes se llaman dirigentes mineros, que se han traducido en ataques a la Federación Indígena, y personales en contra de quienes representamos a los indígenas en diferentes niveles".

 En el documento las comunidades denuncian que sus tierras "han sido invadidas por el otorgamiento de concesiones y contratos, tanto a pequeña y gran minería, por una parte, y, por otra, por mineros sin ningún control, con impactos negativos en el ambiente".

 Grandes extensiones de tierra y selva han sido devastadas sin ninguna consideración, afectando no sólo la cuenca del Caroní, sino también otros afluentes de agua. Muchos dirigentes indígenas han sido amenazados de muerte tras denunciar la situación, generada en sus hábitats, sobre los cuales reafirmaron sus derechos.

 "Exigen al Ministerio de Industrias Básicas y Minerías (Mibam) la rescisión de las concesiones mineras que causan daños ambientales irreparables a sus hábitats y tierras, como en los pueblos y comunidades indígenas de Gibelli, Mezquita 1-9, Perro Loco, Yoraco, Agustín y otras".

"Exigimos respeto"

 González indicó que los pueblos indígenas sólo están exigiendo respeto a sus derechos a aquellos mineros "que hasta ahora no han respetado las tierras indígenas", para ejercer la actividad minera bajo sus intereses.

 Según González, los indígenas han manifestado su acuerdo en apoyar la organización de la pequeña minería, para "que se le dé su derecho al trabajo"; sin embargo, subrayó que "por intermediación de algunos dirigentes mineros lo que ha habido es negociación de esos derechos mineros, a través de los que se conoce en diferentes etapas, prórrogas por condiciones de navidad, por días de trabajo, que al final no se resuelva la situación, sino permitiendo que el minero sea atropellado; y que después de transcurrido unos meses vuelva el conflicto nuevamente, y sean otros los beneficiarios".

 De igual forma, González explicó que a pesar de toda esta situación los indígenas mantienen su apoyo al pequeño minero para que logren el ordenamiento y definición de su actividad con "un plan minero para los mineros", y no para las transnacionales.

 También, aseguró que los pueblos indígenas están dispuestos a conversar para que la actividad se realice bajo otros términos, "y en las áreas para tal efecto las autoridades nacionales y regionales elijan como factibles para la actividad minera en el estado Bolívar".

 González fue enfático en señalar que detrás "de la situación social que viven los pequeños mineros haya otros que también, que se llaman a sí mismos mineros, que tienen inversiones que sobrepasan el millardo de bolívares". Dijo que en muchos de los sectores existen equipos mineros de los llamados "misiles", sin que se pueda entender que un "pequeño minero" que llega a esa zona en busca de hacer trabajo, tenga este tipo de maquinaria de alta tecnología.

Misión Piar y los indígenas

El diputado José Luis González sostiene que la participación indígena es esencial dentro de cualquier planteamiento que se haga en torno a la minería, enfatizando que si estos no están incorporados a ninguna de las comisiones de alto nivel designadas por el Gobierno Nacional y regional debe hacerse.

 Mientras, precisó sobre el destino de unas dos mil hectáreas comprendidas en el eje Upata-Santa Elena, que se han considerado como áreas para la actividad minera, donde se incluía la comunidad indígena de Apanao. Situación que ha provocado que esta comunidad se coloque en contra de este decreto.