ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS  DE ARAGUA Y CARABOBO

 (REGIÓN TACARIGÜENSE).

UNIDOS HACIA EL RESCATE DE NUESTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.

Considerando: Que el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área Critica con Prioridad de Tratamiento de la Cuenca del Lago Tacarigua o de Valencia exige una discusión amplia, una participación activa y protagónica, y el análisis sobre la visión del desarrollo que queremos, cómo lo queremos y dónde lo queremos; no debió convertirse en una mera consulta pública no vinculante de un Plan ya elaborado por especialistas y entes públicos sin la participación de los sectores populares interesados en el tema.

Considerando: Que para que el Ejecutivo Nacional pueda promulgar un nuevo Decreto sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área Critica con Prioridad de Tratamiento de la Cuenca del Lago Tacarigua, debe cumplir previamente con el desarrollo de una serie de principios y derechos  legales y constitucionales a fin de lograr la participación ciudadana desde el principio, tal como lo exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 128, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Planificación; pero que los procedimientos allí establecidos no fueron cumplidos por los entes públicos implicados,  lo cual podría viciar de nulidad ese acto.

Considerando: Que en el momento de la elaboración del Proyecto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área Critica con Prioridad de Tratamiento de la Cuenca del Lago Tacarigua, al omitirse la participación ciudadana se están violando también nuestros derechos constitucionales, contemplados en el artículo 62 de la Carta Bolivariana: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo...”; en concordancia con los artículos 70 y siguientes, que relacionan los medios de participación política, económica y social; el 102,  que se refiere al derecho a la educación y, en particular, la educación ciudadana, ambiental y para la defensa de los valores democráticos y el desarrollo de una ciudadanía activa; así como la incidencia de otros articulados vitales para la participación, tales como el derecho de petición del artículo 51, el derecho a la libre asociación en el artículo 52, el derecho a la información en el artículo 28, que nos permiten participar desde el conocer los archivos públicos hasta participar en las decisiones del Estado que afectan a las comunidades y ciudadanos; por lo cual dicho acto podría ser anulable por inconstitucionalidad.

Considerando: Que el estilo de desarrollo urbano-industrialista y minero, unido al crecimiento y concentración poblacional y a la cultura derrochadora e irresponsable de productores, mercaderes y consumidores son las principales causas de degradación ambiental en la región tacarigüense, por lo cual deben ser atacados los problemas ambientales en sus causas, y no solo en sus efectos; lo que exige que en el contenido del referido Plan de Ordenación y Reglamento de Uso sean incluidos contenidos tendientes a ordenar ambientalmente el espacio y a los sectores de la industria, la construcción, el turismo, la minería y demás entidades económicas de alto impacto ambiental y sociocultural en la región.

Quienes suscribimos, personalidades y representantes de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los sectores ambientalistas, excursionistas, ecologistas, conservacionistas y afines, campesinos y pequeños productores rurales, grupos de combate de incendios y protección civil, organizaciones de derechos humanos, grupos culturales, deportivos y público en general:

MANIFESTAMOS:

PRIMERO: Que nos sentimos afectados negativamente por cuanto en el proceso de elaboración de la propuesta sacada a consulta pública se omitió toda participación ciudadana, exponiendo un documento eminentemente técnico  que no aborda la solución de los problemas ambientales de la región desde sus causas, que pareciera considerar solo los intereses económicos, sin tomar en cuenta la vocación de uso, capacidad de soporte, potenciales y limitaciones ambientales y socioculturales de los diversos espacios; y sin una visión del desarrollo endógeno integral para la región, entendiendo por desarrollo integral al “que sea materialmente próspero, ecológicamente sostenible, socialmente justo, democráticamente participativo, culturalmente digno y espiritualmente enaltecedor” .

SEGUNDO: Expresamos que este proceso está viciado de nulidad, por haberse omitido el procedimiento de participación previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la Ley Orgánica de Planificación y todas las modalidades del derecho a la participación y a una democracia participativa y protagónica que consagra nuestra Constitución Bolivariana, cuyo derecho a demandar nos reservamos ejercer, de ser necesario.

TERCERO: Que apoyamos y exigimos sean tomadas en cuenta, todas las observaciones detectadas al referido Proyecto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área Critica con Prioridad de Tratamiento de la Cuenca del Lago Tacarigua, expuesto a Consulta Pública por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, y cuyo informe de observaciones se adjuntan a la presente, a fin de que sean debidamente corregidas por los entes competentes antes de presentar el proyecto de Decreto al Consejo de Ministros. 

CUARTO: Que en demostración de nuestra disposición a colaborar con la feliz culminación del Decreto referido, haciendo un esfuerzo de transigencia a fin de no reponer el procedimiento al momento de iniciarse participativamente los estudios de diagnóstico de la situación, consideramos que con la incorporación de las correcciones que proponemos quedarán satisfechas nuestras dudas y preocupaciones en cuanto a nuestros derechos ambientales, apoyándonos en la aplicación del principio cautelar in dubita pro natura, que obliga a la autoridad pública a que, en caso de dudas o diferencias de criterios, adopte la decisión más conservadora del ambiente y los recursos naturales y culturales.

QUINTO: Que en lo sucesivo no aceptaremos que se nos ignoren nuestros derechos a la participación en todo proceso de desarrollo, por parte de los entes públicos, quienes tienen el deber de reconocer y respetar la participación ciudadana en todas las actividades, proyectos, programas y planes que todo ente público o privado deba realizar en una localidad, a fin de que cumplan con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Planificación, como desarrollo de los principios constitucionales de democracia participativa y protagónica:

a) Que todos los organismos públicos realicen o actualicen el Registro de Organizaciones No Gubernamentales y comunidades organizadas, a fin de que se de cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Pública, en el sentido de invitarlas a participar en la elaboración de las propuestas y notificarles oportunamente sobre los lineamientos y acciones a decidir. A tal efecto, proponemos instrumentar planes operativos y estratégicos de educación para la planificación participativa, empezando con todos los organismos públicos, que parecen desconocer estas metodologías, y con el público en general, a fin de que exista una verdadera democracia participativa y protagónica en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas.

b) Que una vez construidas colectivamente las propuestas, se les dé la mayor información, difusión y divulgación, en forma electrónica, impresa y didáctica, así como de los estudios ambientales, socioculturales, legales, técnicos y económicos que constituyen las bases del referido proyecto y que el mismo sea expuesto a consulta pública, incluyendo en la página virtual del ente público responsable; garantizando la sistematización y respuesta oportuna a las observaciones y correcciones que en la fase de consulta pública pudieran surgir, pero fundamentalmente aplicando el principio cautelar que ordena, en caso de dudas, tomar la decisión más conservadora de la naturaleza.

c) Que en la etapa de consulta pública de las propuestas se realicen diversos Foros Técnicos y Sociales, con la participación de los expertos que trabajaron en las bases técnicas, metodológicas, estudios legales y económicos de los proyectos, para promover un debate amplio y plural; donde con estos talleres participativos se promuevan la construcción de visiones y consensos sobre los aspectos diversos que dichos planes impliquen.

En listas de firmas adjuntas se identifican y suscriben las personalidades y grupos que suscriben y apoyan el presente Manifiesto,

Maracay,

27 de abril de 2005.

Listado de ONGs Firmantes: