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Asunto:[LEA-Venezuela] Provea. Comunicado de prensa: "POR LOS DERECHOS DE LOS P UEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO AL AMBIENTE SANO: NO A LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN EN EL ESTADO ZULIA"
Fecha:Viernes, 1 de Abril, 2005  09:43:23 (-0400)
Autor:coyuntura <coyuntura @............ve>

Comunicado de prensa 
POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO AL  
AMBIENTE SANO: NO A LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN EN EL ESTADO ZULIA 
          
Frente a las medidas gubernamentales orientadas a aumentar, de manera 
sustancial, la extracción de carbón en el estado Zulia y el número de 
concesiones mineras otorgadas a empresas transnacionales en territorios 
indígenas, zonas protegidas y cuencas de ríos, la Sociedad Homo et Natura, 
la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA) Secretaría de 
la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, y el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), se pronuncian en los 
siguientes términos: 
 
1.- El Protocolo de Kyoto, cuya ley aprobatoria fue sancionada por la 
Asamblea Nacional el 22.07.04, señala entre las obligaciones de los Estados 
Parte: “promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las 
emisiones de los gases de efecto invernadero”. Resulta evidente que toda 
medida orientada a aumentar la producción de carbón, uno de los combustibles 
fósiles que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, es 
incompatible con la obligación asumida por el Estado venezolano. 
 
2.- El artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), señala que: “Todas las actividades susceptibles de generar 
daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de 
impacto ambiental y sociocultural”. Sin embargo, no existe en el presente, 
ningún estudio concluido que permita una discusión democrática sobre el 
impacto de las nuevas concesiones carboníferas en el Estado Zulia. 
 
3.- El artículo 127 de la CRBV señala que ”toda persona tiene derecho 
individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, 
sano y ecológicamente equilibrado”. No obstante, existen numerosas denuncias 
recopiladas y documentadas por activistas y académicos del Zulia, que 
señalan daños a la salud de los habitantes de la Sierra de Perijá, 
ocasionados por las partículas del carbón que quedan circulando en el aíre, 
durante las etapas de extracción y transporte. 
 
4.- El mismo artículo 127 de la CRBV señala que “Es una obligación 
fundamental del Estado […] garantizar que la población se desenvuelva en un 
ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua […] sean 
especialmente protegidos”. La Observación General 15 del Comité de de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité de Desc de la 
ONU), agrega que: “La polución incesante, el continuo deterioro de los 
recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya 
existente. Los Estados Partes [entre ellos, Venezuela] deben adoptar medidas 
eficaces para hacer efectivo el derecho al agua [… que] debe tratarse como 
un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”. 
Existen análisis bien documentados, de académicos e incluso funcionarios 
públicos regionales, que permiten señalar que el aumento de la explotación 
del carbón, en las cuencas de los ríos de la Sierra de Perijá, puede afectar 
negativamente las fuentes de suministro de agua más importantes del estado. 
 
5.- La Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV señala que “La 
demarcación del hábitat indígena […] se realizará dentro del lapso de dos 
años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta 
Constitución”. Por su parte, el Comité de Desc de la ONU, ya en sus 
observaciones a Venezuela, formuladas en el año 2001, mostró preocupación 
por “las consecuencias negativas de actividades económicas relacionadas con 
la explotación de los recursos naturales, como […] las minas de carbón en la 
sierra de Perijá, para la salud, el entorno y el modo de vida de las 
poblaciones indígenas de esas regiones”. El lapso otorgado a los poderes 
públicos, por el poder constituyente, se venció hace más de 2 años, sin que 
los territorios colectivos sean efectivamente demarcados con participación 
indígena. Ello facilita la realización de proyectos desarrollistas en sus 
territorios, como la extracción del carbón, lo que genera una cadena de 
otras violaciones a los derechos de estos pueblos, cuya cultura y modo de 
vida están absolutamente asociadas a la naturaleza. 
 
6.- El artículo 120 de la CRBV señala que “El aprovechamiento de los 
recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará 
sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, 
igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades 
indígenas respectivas”. No obstante, las diversas manifestaciones públicas 
realizadas recientemente, evidencian que sectores mayoritarios de los 
pueblos Yukpa, Barí, Wayúu, entre otros afectados, rechazan los proyectos de 
explotación del carbón y que su voz no está siendo escuchada adecuadamente 
por las autoridades, lo que constituye una violación del derecho a la 
participación y del principio democrático de protagonismo popular. 
 
7.- El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que es ley nacional desde el 28.01.78, señala que “Todos los 
pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural”. Por otra parte, el Gobierno 
nacional ofreció diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo endógeno, en 
sintonía con el derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo 
no expoliativo. Sin embargo, los planes de aumento de la extracción 
carbonífera en el Zulia se insertan dentro de estrategias exógenas que 
debilitan la autodeterminación, y que, además, están en sintonía con el 
modelo económico y productivo hegemónico en el mundo, que identifica 
desarrollo con expansión económica y con aumento del consumo de energía. 
 
Por estas razones, exigimos: 
1.- Que el Presidente de la República inicie inmediatamente las gestiones 
necesarias para anular, según lo establecido en el ordenamiento legal 
venezolano, las concesiones del carbón entregadas en el Estado Zulia. 
 
2.- Que el Ejecutivo proceda, con celeridad, a dar cumplimiento a la 
Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV, realizando, junto a los 
pueblos indígenas, una adecuada demarcación de sus territorios colectivos. 
 
Además de ello, proponemos que, con la participación de los pueblos 
indígenas, organizaciones sociales, académicos y otros sectores movilizados 
por el derecho al agua, a la salud, los derechos ambientales y de los 
pueblos indígenas, se realice un debate nacional sobre “Otra Integración 
Posible”, basada en los derechos humanos, la unión de los pueblos 
latinoamericanos, la búsqueda de soluciones conjuntas a los graves problemas 
sociales similares y desde una perspectiva que reivindica la participación 
de los sectores excluidos, la dignificación de los pueblos indígenas, la 
autodeterminación y el resguardo de la vida para las presentes y futuras 
generaciones. 
 
Suscriben: 
• Sociedad Homo et Natura 
• Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA), Secretaría de 
la Red Alerta Petrolera -Orinoco Oilwatch 
• Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
Caracas, 01.04.05. 
 
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