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Asunto:[LEA-Venezuela] El camino de las comunidades”
Fecha:Lunes, 7 de Marzo, 2005  15:33:28 (-0600)
Autor:francisco prada <upetoy @.........mx>

 DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO-UNAM

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Seminario colegiado del Doctorado en Estudios Latinoamericanos:

“Problemas actuales de América latina”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El camino de las comunidades”

(Globalización y comunidades en lucha

en América Latina)

 

 

 

 

José Ángel Quintero Weir

México-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- A manera de introducción

 

 

El término globalización, a pesar de la frecuencia con que es usado a todos los niveles, tiende a ser impreciso dada la multiplicidad de significados o más bien de usos que, desde los estudiosos de las ciencias sociales hasta el común de la gente, aplican al mismo.Por lo que aparece como expresión de muchas ideas y, a veces, de ninguna, pues, éstas van desde la que lo muestra como el más elevado y contemporáneo estadio de desarrollo del capitalismo mundial, hasta aquella que la define como el espectacular momento en el que el mundo (¿felizmente?) se ha convertido al fin en una única  aldea global, reduciendo hasta borrar casi por completo y de manera ilusoria, las diferencias culturales de todos los pueblos del planeta en tanto que, tal como señalara Macluhan, en la actualidad, no sólo los mercados extranjeros son invadidos con mercancías, sino que culturas completas son invadidas e intervenidas con paquetes completos de informaciones, entretenimientos e ideas que tienden a modelar sus formas de vida.

En todo caso, las múltiples implicaciones significativas a las que es remitido el término de globalización nos han llevado al riesgo de vaciarlo de su más profundo contenido político e ideológico, pues, por encima de todo no debemos perder de vista que, “En el contexto del mundo de los negocios la idea de globalización no es simplemente una noción analítica, es una noción de naturaleza ideológica que expresa una cierta orientación hacia el futuro[1].

            Tal vez, una de sus significaciones más extendida y analizada sea, precisamente, la que conecta a la globalización con una especie de nueva espacialidad; tan planetaria, que se ha pretendido postularla no sólo como el final de la historia sino también de la geografía. Así, “La idea de que ya estamos en la civilización del satélite crea de inmediato la sensación de vivir en un mundo donde la geografía llegó a su fin[2]y, esta parece ser la ilusión más extendida del fenómeno. No obstante, lo anterior no constituye sino un verdadero espejismo en el mapa real del mundo, al que debemos entender no sólo como representación del espacio físico sino en su dimensión humana y cultural, por lo que esta idea tenemos que verla en el estricto sentido ideológico hacia el cual apunta y la que se pretende instalar como visión única por natural.

            Ahora bien, creemos necesario confrontar a la globalización entendida como aquella “economía global” en la que las empresas e instituciones financieras operan transnacional-mente, eliminando fronteras nacionales e incorporando al mercado mundial regiones y lugares antes ajenos, o catalogados como espacios “tradicionales”. Todo esto, a partir de la descomposición de los procesos de producción en el que las operaciones se localizan las en distintos puntos de la geografía mundial, pero interconectados a las transnacionales. En este sentido, nuestro interés es demostrar la posibilidad de ver y analizar la globalización desde la perspectiva de su condición de geoestrategia de dominación que, se contextualiza en los diferentes países dependientes y, particularmente en América Latina, a través de la implantación de proyectos económicos y políticas neoliberales, dirigidas a salvaguardar y garantizar a largo plazo, los intereses hegemónicos de las potencias económicas mundiales y,  en el caso latinoamericano y venezolano en particular, de la potencia norteamericana.

Pero, por cuanto esta experiencia del desarrollo capitalista globalizado tiende a producir una ruptura de esos espacios “tradicionales” tal como nunca antes se había dado, la respuesta de confrontación no surge de los Estados nacionales sino de las comunidades de los lugares en ruptura. Pues, se trata generalmente,  de espacios ricos en materias primas, ya energéticas: petróleo, gas, carbón; ya de biodiversidad o grandes reservorios de agua; pero asimismo y en la mayoría de los casos, se trata de territorios ancestralmente ocupados por poblaciones indígenas autóctonas, las que así se convierten en comunidades locales en lucha contra la globalización, no sólo en defensa de sus territorios, sino fundamentalmente y en esencia, de sus formas societarias y visión del mundo radicalmente opuestos al modelo hegemónico de la geoestrategia neoliberal.

Esta geoestrategia del neoliberalismo ha implicado cambios desde el punto de vista político al interior de los Estados nacionales, los que van desde la adecuación del orden jurídico hasta la elaboración de nuevos marcos constitucionales, así como el necesario reordenamiento territorial, lo que se constituye en factor clave para brindar libre acceso a los capitales transnacionales a las regiones y lugares a incorporar, supuestamente, al “desarrollo”. Tales cambios jurídico-político-territoriales han sido difundidos como necesarios e inevitables, si es que los Estados dependientes pretenden integrarse “armónicamente” al proceso globalizador el que se sugiere como equivalente a un crecimiento económico sostenido, aparentemente, sólo es posible de alcanzar a través de las inversiones provenientes de los centros financieros de la globalización, y todo ello se hace aparecer como el único camino posible, no sólo por una condición “natural” del propio capitalismo actual, sino por la inexistencia de alternativas político-económicas que se opongan al recetario neoliberal impuesto por la “extraña dictadura” de los entes financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.

Esto ha llegado a ser tan así, que aún las recientes victorias electorales de partidos y personajes vinculados a la “izquierda” latinoamericana no ha logrado torcer este rumbo y, tales triunfos, parecieran estar respondiendo más al reacomodo político para la aplicación de la geoestrategia neoliberal en medio del agotamiento político y quiebra definitiva de las fuerzas tradicionales de poder en nuestros países, que al surgimiento de un verdadero proyecto anti-imperialista desde los Estados nacionales.

 Es en este contexto en el que las poblaciones indígenas y campesinas, dueños de los territorios y lugares de interés al gran capital, son quienes a partir de la defensa de sus localidades y espacios, no sólo en el sostenimiento y persistencia de sus particulares economías, sino sobre todo, en virtud de la visión que poseen acerca de los mismos; de alguna manera, han venido delineando desde la resistencia, esa alternativa que a ojos de muchos aparece como inexistente. Es a esta confrontación de visiones a la que nos referiremos esencialmente.

La globalización vista como geoestrategia neoliberal en función de la hegemonía, se presenta claramente, como un proceso de recolonización o de renovación y profundización de los lazos de dependencia de nuestra naciones con respecto a los grandes capitales mundiales, y en América Latina, al imperialismo norteamericano. Ante esta realidad, el argumento recurrentemente esgrimido por algunas fuerzas de  “izquierda” latinoamericana, apuntalados en la versión de ciertos científicos sociales, es el de la imposibilidad de enfrentar esta geoestrategia neoliberal a causa de una vulnerabilidad intrínseca de nuestros países por lo que, a lo sumo, sólo es posible transitar el camino de la integración a la globalización en las “mejores condiciones” posibles de ser negociadas, lo que equivale  decir, a las condiciones permitidas por los mismos factores de poder político-económico mundial. Pues bien, frente a estas posturas que rayan en la claudicación,  son los pueblos indígenas, minoritarios y excluidos, históricamente negados, considerados atrasados e incapacitados políticamente por “pre-históricos” o por lo menos “pre-modernos”, los que ciertamente y en contra de todos los supuestos, comienzan a enfrentar a la globalización de una manera directa, no sólo en defensa de sus últimos territorios sino, fundamentalmente, desde sus cosmovisiones sobre las que sustentan su tenaz resistencia.

En fin, nuestra propuesta va dirigida hacia la consideración de la posibilidad de alternativas para América Latina a partir de la perspectiva de los lugares, entendidos como representativos de una visión no occidental y por tanto no capitalista, en la que los pueblos indígenas, desde sus cosmovisiones, tienen algo trascendental que decir. “Dicho de otra manera, una reafirmación del lugar, el no-capitalismo y la cultura local opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad, los cuales son centrales al discurso de la globalización, debe resultar en teorías que hagan viables las posibilidades para reconcebir y reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas-en-el-lugar[3]

 

II.- Las cadenas jurídicas de la globalización.

 

 

En todo el periodo que va del final de la II Guerra Mundial a 1973, las ideas del liberalismo económico estuvieron de capa caída, pues, a consecuencia de la guerra, la necesidad de restablecer  los mercados europeos, obligaron al desarrollo de estrategias económicas en las que la participación o intervención de los Estados era determinante. El problema para los Estados Unidos era claro, pues, siendo en ese momento el país con la mayor riqueza acumulada en el mundo, no podía dar salida a toda su capacidad de producción de mercancías sin antes levantar de sus cenizas a los países europeos derrotados por la guerra. “El dilema era evidente: el país más rico del mundo no podía vender porque su principal mercado no podía comprar[4].

Por otro lado, la reconstrucción también estaba determinada por el fantasma del comunismo mundial, por lo que Estados Unidos recurrió a una estrategia en dos frentes: el militar, resuelto a través de la conformación de la OTAN (Tratado del Atlántico Norte), y el económico a partir del Plan Marshall, pero en ambas direcciones era necesario que los Estados aliados de los Estados Unidos fueran económicamente fuertes. Vale decir, los famosos milagros económicos de Alemania y Japón, contaron con una profunda, sostenida y planificada intervención estatal.

Esta política económica en la que el Estado era visto como elemento generador de inversión y de bienestar social fue igualmente desarrollada en los países dominados, dependientes y en algunas colonias aún existentes para el momento. En América Latina y otros países de la llamada periferia es la época de la sustitución de importaciones, de la construcción de aparatos industriales dependientes tecnológicamente, pero que de igual forma indujo a otorgar a los Estados respectivos, algunas libertades de acción política y económica que hicieran posible la inversión pública, lo que se tradujo en constituciones, marcos legales y toda una institucionalidad jurídico-política así como otros espejismos de soberanía que, muy a pesar de su endeble condición, han terminado por convertirse en la actualidad, en verdaderos obstáculos y en contradictorios tropiezos a los propósitos de la geoestrategia globalizadora neoliberal.

Es especialmente a partir de la década de los ochenta cuando se comienza a producir el repunte del liberalismo económico al que se ha dado en llamar como neo-liberalismo, el que da por terminada la  etapa fordista de acumulación y al llamado estado de bienestar keynesiano del periodo de posguerra, y que toma figura de decálogo en el conocido Consenso de Washington donde quedan plasmadas las condiciones exigidas para el reordenamiento económico mundial en la llamada etapa de globalización. De estas diez condiciones hay cuatro esenciales necesarias de mencionar, ellas son: 1) La Liberalización de los mercados internos; 2) La flexibilización normativa de los Estados; 3) La privatización de industrias consideradas como básicas por los Estados nacionales dependientes en el contexto histórico anterior y 4) El reordenamiento territorial o de la geoeconomía  de nuestros países, en función del acceso a espacios ricos en recursos, a los capitales y el mercado mundial. Tales condiciones entran en abierta contradicción con el proceso de construcción normativo, jurídico, político e ideológico al que los gobiernos dependientes de los países de América Latina y el Tercer Mundo en general, dedicaron largas décadas de esfuerzo en hacer aparecer como el camino al “desarrollo” y a la “independencia económica”.

   De tal manera, pues, el proceso de globalización implica la eliminación de muchos elementos y factores de poder político de los Estados nacionales, por lo que una de las condiciones que ésta impone a los países dependientes de manera más inmediata y con profundos efectos al interior de los mismos es el proceso de adecuación y reestructuración del marco jurídico-político interno, en función de que su reforma haga posible el libre flujo de los capitales transnacionales, garantice las altas tasas de rendimiento a las que aspira y; finalmente, seguridad total a sus inversiones.

   Este proceso de adecuación jurídico-político e institucional, se ha venido aplicando de manera sostenida en América Latina como una “reinserción subordinada de los países latinoamericanos en la globalización (...) decidida por la adopción creciente de las políticas del Consenso de Washington, incipientemente en los inicios de los años 1970 y 1980 en Chile y en Argentina, y de forma abierta y acelerada en México y Bolivia de 1988 a 1994. Brasil, Perú y los países centroamericanos la adoptaron de 1994 a 1998[5]. Ahora bien, esta reinserción globalizadora se da por varias vías, no sólo a través de acuerdos bilaterales, convenios y protocolos con fuerza constitucional; sino también, a través de acuerdos de libre comercio (TLC, ALCA), proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura (IIRSA), reestructuración del sistema judicial hasta, en algunos casos de países en abierta crisis política, a través de la convocatoria de Asambleas Constituyentes (Colombia en 1991 y Venezuela en 1998), para la redacción de nuevas constituciones en las que los propósitos de la globalización fueron condicionantes definitivos en sus formulaciones finalmente aprobadas.

   Tales propósitos tienen que ver con la ruptura de compromisos populares adquiridos previamente por los Estados nacionales; desmantelamiento o apocamiento de las instituciones nacionalistas y desarrollistas; debilitamiento de la soberanía al punto que permita la intervención de los capitales en las industrias hasta ese momento consideradas como básicas o estratégicas de los Estados, así como la reducción al máximo del papel regulador de los mismos; adecuación de los marcos jurídicos laborales en función de la llamada flexibilidad laboral y destrucción de los sistemas de seguridad social previos, para dirigirlos a la intervención y control del capital financiero internacional; reordenamiento de los territorios, redefiniendo el concepto o categoría jurídica otorgada a ciertos espacios (Parques Nacionales, Zonas de reserva ecológica, etc.), para su apertura a los grandes capitales; en fin, todo el andamiaje institucional de los Estados nacionales se reformula para hacerlos susceptibles al control  por parte de los factores de poder mundial y sus capitales, o tal como señala el mismo Lucio Oliver: “Se trata de una modificación que va más allá: fortalece el carácter de dominio unilateral del capital. En términos abstractos se trata de un cambio en relación al capital a favor de los capitalistas; en términos sociales concretos se desvanece el carácter relativamente inclusivo y regulador del estado Nacional[6]

            En el caso de Venezuela, ya para fines de los ochenta y en medio de las negociaciones de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se crea la Comisión para la Reforma del Estado, que se encargará de elaborar el proyecto de reestructuración general en función de las exigencias del Fondo. Esta reforma formaba parte integral de un conjunto de medidas estrictamente económicas y fiscales que esa institución determinaba para las economías de los llamados “países en crisis”. La aplicación de los ajustes económicos terminaron produciendo el estallido social del 27 de febrero de 1989, más comúnmente llamado “El Caracazo”, que generó la profundización de una crisis política y que condujo, posteriormente, a la defenestración del entonces presidente Carlos Andrés Pérez; pero en ningún momento y hasta el presente, tanto los ajustes jurídico-políticos al Estado, como el programa económico-financiero impuesto por el FMI se han detenido, por el contrario, se han profundizado aún  en el seno de la llamada “revolución bolivariana”.

Sin embargo, no es sino hasta 1999 luego de la victoria electoral de Hugo Chávez cuando se realiza la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como cumplimiento de una de las consignas electorales más proclamada por el entonces candidato. Ahora bien, el carácter derivado y no originario de esta convocatoria, no sólo se debe a la forma en que ésta fue realizada a través de los poderes constituidos, sino que el fondo de la misma quedaría taxativamente plasmado en su base número ocho, la que de manera clara y contundente establecía que la nueva constitución “respetaba y asumía como parte de la misma, todos los acuerdos y convenios internacionales previamente firmados por el Estado venezolano[7].

Por esta vía, acuerdos tales como el protocolo sobre navegaciones[8] y lucha contra el narcotráfico firmados por el entonces presidente Rafael Caldera, mediante el cual, embarcaciones de la armada norteamericana pueden detener en aguas territoriales venezola-nas a cualquier nave de la que se sospeche transporte drogas, lo que sin discusión constituye una flagrante violación a la soberanía nacional, quedaron así constitucional-mente reconocidos nada menos que por la Constitución elaborada por la “revolución bolivariana”. De tal manera, pues, es evidente que desde su propia convocatoria,  el proceso constituyente de 1999 en Venezuela estaba siendo determinado por factores internacionales del capital y más particularmente, por el poder imperialista norteamericano.

Pero el carácter de marco jurídico-político a favor de la globalización de la actual constitución nacional venezolana, muy a pesar de la retórica “nacionalista” de sus promotores, es posible precisarlo si analizamos  algunos de sus artículos más relevantes. En este sentido, a pesar de que en su artículo 2 la carta magna establece que “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia….”  por lo que, a la luz de la doctrina constitucional invocada esto significa que el Estado venezolano debe regular la economía y asumir la satisfacción de los derechos sociales de la población; más adelante, tal principio es dejado abierto a la posibilidad de su privatización. Veamos por qué.

En el capitulo V del título III de la misma  Constitución donde se agrupan los derechos sociales reconocidos por el Estado venezolano, entre los que destacan el derecho a la salud, a la seguridad social y a la educación, éstos son definidos como Servicios Públicos (artículos 84, 85, 86 y 102). Esta definición de los indicados derechos sociales como servicios públicos debe ser analizada a la luz de lo establecido en el artículo 113 de la carta magna, norma ésta que se refiere a los derechos económicos, y según la cual:

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones…..[9]   

 

Es decir, la Constitución de 1999 admite la privatización de los servicios públicos y, por ende, de tan importantes derechos sociales como la salud, la educación y la seguridad social. Además, permite la privatización de la explotación de los recursos naturales de la nación[10]. Lo que sin lugar a dudas constituye un evidente retroceso en los derechos sociales y en las conquistas de seguridad social logradas por los trabajadores en periodos pasados; pero sobre todo, se trata de un expreso cumplimiento a las aspiraciones del gran capital financiero transnacional de intervenir en la seguridad social como negocio de gran rentabilidad.

Por otro lado, al revisar el contenido de los artículos 302 y 304 del texto constitucional vigente, referidos a la “actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”, y al aprovechamiento de las aguas de dominio público, queda igualmente establecido, que la explotación petrolera y cualquier otra explotación o servicio público de carácter estratégico, así como el aprovechamiento de las aguas pueden ser privatizadas mediante la figura de la concesión. Pero como para darle mayores garantías a la globalización de intervenir sin riesgos en la industria estratégica del estado venezolano, la disposición transitoria décimo octava del texto constitucional deja claramente establecido que:

La ley establecerá que los funcionarios o funcionarias de la administración pública y los jueces o juezas llamados o llamadas a conocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que se refiere el artículo 113 de esta constitución, observen, con carácter prioritario y excluyente, los principios allí definidos y se abstengan de aplicar, cualquier disposición susceptible de generar efectos contarios a ellos.[11]           

 

De lo que es posible inferir con toda claridad, que la privatización de la explotación de los recursos naturales de la nación y la prestación de los servicios públicos (derechos sociales), incluso de carácter estratégico, tiene preponderancia sobre cualquier otra consideración jurídica, económica, social, política, histórica, etc.[12], pues, a pesar de lo establecido en el artículo 302 en cuanto a que el Estado se reserva por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y de otras industrias, explotaciones y servicios de interés público y de carácter estratégico, éste no podrá ser invocado para impedir la aplicación del artículo 113 constitucional que permite la privatización de las referidas actividades económicas. Por el contrario, se ordena a los funcionarios de la administración pública y a los jueces (lo que viola la autonomía jurisdiccional) llamados a conocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que se refiere el artículo 113, que apliquen con carácter prioritario y excluyente las pautas contenidas en dicha norma y se abstengan de aplicar cualquier disposición susceptible de generar efectos contrarios a ellos[13]. En otras palabras, contrarios al interés de las transnacionales mineras y petroleras, las que en Venezuela son mayoritariamente norteamericanas.

Visto el artículo 113 y la disposición transitoria décimo octava de la Constitución de 1999, es obligatorio concluir que la carta magna vigente no produce una estructura jurídica- institucional que garantice el ejercicio por parte de la población de los derechos sociales fundamentales en ella enunciados, y que por el contrario, crea una sólida estructura jurídica para implementar el modelo económico neoliberal y antinacional.

A esta estructura jurídico- institucional debemos sumar los artículos 299 y 303, los que reafirman y no dejan lugar a dudas del carácter neoliberal de la constitución bolivariana, pues, la primera de dichas normas consagra nada menos que el libre mercado como principio rector del régimen económico de la República de Venezuela; por si esto fuera poco, el 303 establece que las empresas filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pueden ser vendidas al capital privado nacional o extranjero. También podrán ser vendidas todas las empresas que se hayan constituido o se constituyan como consecuencia del desarrollo de los negocios de nuestra empresa petrolera.

Debemos destacar que la indicada privatización forma parte de todo un proceso de recolonización de la nación venezolana, a través del control de sus espacios reales de energía, materias primas estratégicas o grandes reservorios de agua. Esto se ha venido materializado con mucha más fuerza en materia de petróleo y gas, mediante el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de dichos recursos naturales, tales como la Plataforma del Delta del Orinoco (Gas) y el yacimiento de Tomoporo en el Lago de Maracaibo, pozo entregado en concesión por 50 años a la Chevron-Texaco y  que, se estima, puede llegar a producir unos 300 mil barriles diarios de petróleo extraliviano, lo que por sí mismo  habla del carácter estratégico que para el Estado venezolano debía tener este yacimiento, hoy, en manos de la empresa norteamericana a la que, supuestamente, está vinculada la familia del presidente Bush. Como corolario de esta singular entrega debemos agregar el reciente pacto Uribe-Chávez, mediante el cual se crea una empresa conformada por ECOPETROL (Colombia), PDVSA (Venezuela) y, nuevamente, la Chevron-Texaco (Estados Unidos) para la construcción de un gasoducto colombo venezolano con dirección hacia el canal de Panamá, como vía expedita y segura para garantizar el suministro de manera directa a los Estados Unidos.

Todo lo anterior está perfectamente legalizado y favorecido por un marco jurídico-institucional que en la jerga del gobierno constituye, nada menos que la estructura jurídico-política de la “revolución bolivariana”; por lo que en el presente, cualquier demanda legal de nulidad de estas concesiones y acuerdos atentatorios contra intereses estratégicos de la nación venezolana, no tendría ninguna fuerza jurídica de cara al artículo 113 y a la disposición transitoria décimo octava del texto constitucional de 1999. Se demuestra así, que la respuesta dada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 a la crisis política de entonces, fue la sugerida por las estrategias neoliberales, restaurando el estado liberal de derecho y retornando a la economía de mercado. Resulta totalmente contradictorio que una República que se constituya en un Estado Social de Derecho y de Justicia y que por lo tanto, asume la satisfacción de los derechos sociales de su población; al mismo tiempo y en el mismo escrito constitucional, permita la venta al capital privado de su principal actividad económica de la cual obtiene los dividendos para cumplir con sus obligaciones relacionadas con los derechos sociales.  En consecuencia, la Constitución de Chávez que pretende definir la República como un Estado Social de Derecho y Justicia, no es más que fachada constitucional, una mera proclamación de principios, en otras palabras: letra muerta.

Finalmente, no podemos cerrar este aparte sin mencionar un aspecto importantísimo de este nuevo marco constitucional venezolano y, que tiene que ver con el apartado dedicado a las comunidades indígenas. Ciertamente, la constitución de 1999 consagra todo un capítulo a las minorías aborígenes que en Venezuela constituyen unos 30 pueblos y culturas totalmente diferenciadas. Publicitariamente este capítulo se convirtió en uno de los argumentos que con más denuedo han esgrimido sus defensores  para mostrar al texto constitucional como “el más avanzado del continente” o, el que “intelectuales de izquierda” de  América Latina han enarbolado como bandera para intentar demostrar la veracidad de la condición “revolucionaria” de un gobierno que, en el fondo y a pesar de su discurso, no representa sino los más altos intereses de la globalización y, muy especialmente, tal como veremos más adelante, en contra de los pueblos indígenas. 

Una somera revisión de esta “dedicatoria” parece demostrar que ella no ha  implicado en modo alguno, un cambio substancial en la manera en que el Estado nacional siempre ha considerado y definido a los pueblos indígenas del país. Así por ejemplo, para la derogada constitución de 1961 las comunidades y pueblos indígenas estaban sujetos jurídicamente a lo que se llamó zonas de régimen especial; esto, se decía expresamente, “hasta tanto se produzca su total integración a la nación venezolana”, lo que equivalía a decir, hasta tanto se produjera su desintegración como pueblos y culturas  diferenciadas; para lo cual, toda la estructura y poder del Estado y, muy especialmente, su aparato educativo, así como otras instancias políticas y económicas, funcionarían como todo un sistema descivilizatorio[14], dirigido a provocar tal proceso de integración-desintegración de las culturas, o mejor dicho, a desaparecer civilizaciones.

Correspondía este planteamiento a la visión positivista del estado liberal, que tal como bien lo expresa Díaz Polanco, manifestaba “la preocupación temprana y reiterada, que en algunos casos alcanza el rango de obsesión política, por el carácter “incompleto” o “inauténtico” de la nación misma, dada la persistencia de los grupos étnicos. Y en segundo término, como corolario de lo anterior, la búsqueda afanosa de las fórmulas que permitan “completar” o “integrar” a sociedades cuyo tejido es socioculturalmente hetero-géneo, esto es, la observación de tal heterogeneidad como un estigma, como un defecto de la nación que debe ser superado[15], y arribar por esa vía a la modernidad y al desarrollo, que para el caso parecen significar lo mismo.

Ahora bien, la constitución de 1999 no parece mejorar en mucho la definición anteriormente referida, pues, muy a pesar del extenso preámbulo en el que se dice reconocer las diferencias culturales, idiomáticas y de costumbres, casi inmediatamente después, se aclara haciendo particular énfasis en que no se trata de pueblos en cuanto tales o, por lo menos, no con los derechos políticos y territoriales que el concepto “pueblo” genera. En su defecto, la nueva constitución sólo reconoce que tales comunidades y grupos  tienen sí, derecho a un hábitat.

Este punto es crucial, no sólo en lo que respecta a la violación y despojo de los derechos políticos de los pueblos indígenas y a su autonomía, lo que ya es mucho decir;  sino que tal disposición constitucional y su orientación conceptual está estrechamente vinculada a otra de las exigencias de la geoestrategia neoliberal de la globalización y que se refiere a la necesidad de los capitales transnacionales al reordenamiento territorial o de la geoeconomía del país en función  de la “liberalización” de espacios y territorios anteriormente y de alguna manera, protegidos por la legislación venezolana, haciendo posible su intervención, particularmente, aquellas regiones ricas en materias primas, energéticas y de biodiversidad que, dicho sea de paso, en Venezuela y otros países de América Latina, corresponden casi en su totalidad, a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

De tal manera que, al recurrir al concepto de hábitat en contra de territorio, el constituyente de 1999 reitera la visión positivista pero aún desmejora la condición jurídica de los pueblos indígenas en relación a la constitución anterior, pues, si bien es cierto que ésta sólo les otorgaba la posibilidad de ciudadanía en virtud de su  integración-desintegración cultural, también es cierto que su condición jurídica estaba sujeta a sus espacios de régimen especial, lo que generó una serie de figuras legales como las de Parques Nacionales, Zonas de Reserva Ecológica o Zonas de Reserva Indígena, las que de alguna manera, impedían o, por lo menos,  obstaculizaban cualquier intervención directa en los mismos, ya del propio Estado como de empresas nacionales o extranjeras. Por el contrario, el concepto de hábitat, propio de la biología y, según el cual, todo ser vivo precisamente vive, en virtud de un espacio que le es propicio o que hace posible su vida biológica; así, desde la más microscópica de las larvas hasta el más grande de los depredadores poseen y viven en un hábitat determinado; pero es el caso, que entre todas las especies,  sólo los hombres poseen territorio en su más amplio sentido: vital, geográfico, simbólico y político, en tanto que sólo los hombres y los pueblos o culturas que construyen socialmente, generan y poseen derechos políticos y, en consecuencia, derechos territoriales. Por lo que, el concepto de hábitat así aplicado, evidentemente, pone en duda la condición humana de los pueblos indígenas venezolanos al tiempo que niega de plano sus derechos políticos y territoriales.

Para concluir este punto podemos decir que, en efecto, la constitución aprobada en 1999 en Venezuela, muy a pesar de ser proclamada como el marco jurídico-político e ideológico de la llamada “revolución bolivariana”, enarbola y hace suyos algunos de los principales paradigmas del modelo y pensamiento neoliberal, como son: 1) el libre mercado como principio económico; 2) la privatización de la explotación de los recursos naturales y estratégicos de la nación, de las empresas públicas o estatales y de los servicios públicos; y 3) la posibilidad de privatización de espacios ricos en biodiversidad, recursos energéticos o reservas de agua mediante un reordenamiento territorial a la medida de la intervención de los grandes capitales, lo que dicho sea de paso, despojaría de sus últimos territorios a sus ancestrales habitantes: los pueblos indígenas, únicos cuyas formas societarias y visión del mundo resisten en abierta contradicción al modelo globalizador y neoliberal.      

 

III.- Reordenamiento territorial, ejes de desarrollo y comunidades en lucha

 

Hemos venido señalando que la globalización neoliberal fomenta y presiona por la desaparición o, por lo menos, el debilitamiento extremo del concepto de soberanía, el que durante toda la etapa posterior a la segunda guerra mundial acompañó a la doctrina Wilsoniana y Roosveltiana de la “autodeterminación de los pueblos” y al optimismo y la fe en el “desarrollo nacional”. Ahora, en el presente, la idea de soberanía nacional pareciera ensombrecer y obstaculizar la libertad de movimiento a que los capitales y empresas transnacionales aspiran y exigen como garantía absoluta a sus inversiones.

            En un principio, esta presión sobre la soberanía llegó a ser confundida con una futura y posible desaparición del estado o de su intervención en la divulgación e imposición de los nuevos procesos económicos. Sin embargo, la dinámica de los hechos ha venido dejando cada vez más claro que, para la implantación y desarrollo de las políticas neoliberales en el contexto de nuestras sociedades, el estado es la única estructura capaz de ejecutarla eficazmente sobre toda la sociedad. De allí que, tal como muy bien parece demostrar Wallerstein[16], a pesar de que para la ideología liberal es esencial mantener lo más posible al estado fuera de la vida económica y, en general, reducir al mínimo su papel, no menos cierto es el hecho de que siendo los defensores del individuo y sus derechos frente al estado, los liberales empujan y son empujados en dirección del sufragio y el estado democrático; por lo que, como consecuencia de eso mismo, el estado pasa a ser el principal agente de todas las reformas. En otras palabras, la ideología liberal siempre ha tenido una inmensa necesidad de los servicios del estado para promover e implantar su propio programa. En este sentido, la visión acerca de una posible desaparición del estado por acción de la globalización neoliberal es del todo falsa. Lo que ciertamente se ha venido produciendo es el debilitamiento por flexibilización, de uno de sus preceptos esenciales y, que en periodos históricos anteriores, fue asumido como su fundamento y tarea indelegable: la defensa de la soberanía nacional como elemento esencial en la búsqueda del desarrollo económico-político independiente.

            Así, no hay duda de que la globalización desarrolla mecanismos de presión que impone condiciones a las economías dependientes y a los estados nacionales con el objeto de que éstos, no sólo cambien o reformulen sus marcos jurídicos e institucionales en beneficio del libre mercado, sino que tales reformulaciones van a tener una peculiar incidencia en áreas vitales a la soberanía, como lo son, la geoeconomía y el territorio; de manera que pueda tener lugar la intervención, ocupación y hasta la posesión (expresada en el manejo exclusivo) por parte de empresas transnacionales, de espacios territoriales ricos en recursos naturales. Todo lo cual apunta hacia una especie de recolonización o, renovación de una condición colonial que durante el periodo del optimismo por el desarrollo nacional se creyó superada. Sin embargo, la diferencia estriba en que la actual recolonización es política y jurídicamente aceptada, adoptada y hasta promovida por los propios estados nacionales que la sufren y así la aceptan, como camino único e inevitable en el contexto de la globalización.

            Ahora bien, es preciso decir que no es posible separar las acciones de las transnacionales y el poder financiero mundial, particularmente en América Latina, de lo que constituye la geoestrategia de dominación y hegemonía imperialista, pues, es muy cierto que “Históricamente, el saqueo de recursos naturales y la explotación de los pueblos latinoamericanos como fundamento de la acumulación de capital, ha sido punto nodal en la geopolítica imperial hemisférica, háblese de la colonia española o la Pax Americana[17]. O mejor dicho, parafraseando el discurso de un expresidente norteamericano, “lo que es bueno para las empresas norteamericanas es bueno para los Estados Unidos”. De esta manera, la línea divisoria entre los intereses del capital financiero y las transnacionales y, el interés geoestratégico de los Estados Unidos como potencia hegemónica sobre estos particulares territorios latinoamericanos es prácticamente indiscernible, pues, si para los primeros se trata de suculentos negocios así como la potenciación de su acumulación de capital, para el segundo expresa “la proyección geoeconómica y geopolítica estadounidense, en particular sobre “su” zona inmediata (...) [lo que] viene revelando esquemas crecientemente expoliadores que permitirán alinear al hemisferio a las necesidades imperiales de los primeros decenios del siglo XXI[18]. Dicho de otra manera, para los Estados Unidos es una necesidad geoestratégica poseer y controlar aquellos espacios que en “su” área de influencia constituyen los de mayor contenido en biodiversidad, recursos energéticos como petróleo, gas o carbón y, sobre todo, las más grandes reservas de agua dulce en el planeta.

            Estos espacios y territorios en América Latina están muy bien definidos y delimitados en la geoestrategia imperialista, los que además pueden precisarse a través de los programas de desarrollo que para cada uno de ellos los intereses de la globalización y el imperialismo han venido imponiendo con fuerza en las últimas dos décadas. Ellos son:

1.- El corredor mesoamericano sobre el que avanzan a través del denominado Plan Puebla-Panamá.

2.- La región del Chocó en Colombia, tal vez, la región de más alta pluviosidad del planeta y con inmensas posibilidades para un canal interoceánico.

3.- La Amazonia con todo lo que ella representa en recursos hídricos, energéticos y de biodiversidad y que incluye a Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.

4.- La cuenca del río Orinoco en Venezuela, con una de las más grandes reservas probadas de petróleo pesado y gas natural, así como inmensas reservas de agua y posibilidades de energía hidroeléctrica, además de ser una hidrovía capaz de unir la región de los llanos orientales de Colombia y el norte del Brasil  de manera casi natural, con el océano Atlántico.

La alineación de estos espacios a las necesidades geoestratégicas de dominación imperialista y de acumulación capitalista globalizada se ha venido ejecutando a través de programas de integración regional mediante los llamados corredores de desarrollo, consistentes en el emplazamiento de un conjunto de infraestructuras que hacen posible la interconexión de espacios y, por supuesto, la explotación de sus recursos. Así, se viene proponiendo y en algunos casos se ha avanzado en la construcción de ejes de transporte acuáticos y terrestres, líneas férreas y corredores viales para el flujo de mercancías y de materias primas extraídas de esos territorios. Asimismo, los corredores requieren de líneas de energía y de telecomunicaciones que completan su estructura, tomando cuerpo físico en el espacio geográfico la expansión imperialista. Se trata, en definitiva, tal como señala Gian Carlo Delgado Ramos, de “la figura más eficiente –en términos capitalistas- para la ocupación territorial (reordenamiento territorial), el transporte y comercio de mercancías por tierra y agua, el desarrollo de la industria y la agricultura de gran escala, el estímulo de zonas de turismo de inspiración multinacional, etc.[19].

Sin embargo, la apertura de estos lugares a la privatización en beneficio de los grandes capitales y por ende, a la geoestrategia de dominación norteamericana en el continente, requiere en primera instancia, de cambios jurídico-políticos e institucionales referidos muy expresamente, a la condición jurídica de la tierra, así como  la reorganización global de los estados y sus territorios, lo que al interior de los países involucrados se ha acogido como el obligatorio y “necesario” reordenamiento territorial, paso previo para acceder al programa de corredores de desarrollo y, por supuesto, a su financiamiento. Tal es la condición prioritaria que el Banco Mundial (principal ente de financiamiento de estos programas) impone a los países objetos de inversión: la obligatoriedad de construir una estructura legal para tales espacios y territorios, instituyendo lo que ellos denominan “marco regulatorio de manejo” y que, “se refiere a todas aquellas medidas que se han de tomar para homogeneizar los lineamientos legales y operativos de acceso a tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es prerrequisito necesario para ejecutar su “conservación”, su “uso sustentable”, etc.)[20]. Dicho de otra manera, el ente financiero mundial obliga al estado a reordenar el territorio para favorecer su inserción en los espacios apetecidos; presiona por un “marco regulatorio de manejo” que permite dejar bajo su control exclusivo tales espacios los que, posteriormente, transfiere a muy “selectos actores”, generalmente, ONGs bajo su protección y financiamiento como por ejemplo Conservation InternaTional, quienes, una vez consolidado el control del espacio, abre paso a las empresas transnacionales quienes en definitiva se encargan de la gestión y usufructo de los recursos del lugar sujeto a explotación, sean estos energéticos, biodiversidad, hidroeléctricos, minerales, etc. Finalmente, no está demás agregar que, el financiamiento de estos corredores de desarrollo se realiza mediante préstamos que el Banco Mundial y otros entes como: Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, otorgan a los estados nacionales, lo que equivale a decir, que estos espacios vitales de nuestra geografía no sólo son entregados para la acumulación capitalista de la globalización y el control geopolítico y geoestratégico imperialista, sino que además debemos pagar con intereses por nuestro propio despojo.

La presentación y justificación de los corredores de desarrollo por parte de los diferentes gobiernos latinoamericanos y sus técnicos es totalmente coincidente, muy a pesar de los signos ideológicos que supuestamente los diferencian. Así por ejemplo, los argumentos utilizados por el gobierno del cambio de Vicente Fox en México en defensa del Plan Puebla-Panamá son casi idénticos (por no decir que son los mismos), a los utilizados por la “revolución” bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela para defender sus Ejes de Desarrollo, y que no son otra cosa que los corredores correspondientes al costado venezolano como parte del programa del Banco Mundial de Infraestructura de Integración Regional para Sur América (IIRSA).

De tal forma que los corredores de desarrollo resultan la vía que, según sus defensores locales, permitirán a nuestros países la ansiada integración “competitiva” o, su incorporación en “las mejores condiciones posibles” al proceso de globalización que se considera, de hecho, como indetenible e inevitable. Para ello, es obligación de los estados nacionales producir el llamado reordenamiento territorial, que se justifica a partir de la supuesta búsqueda en alcanzar los siguientes objetivos:

1.- Eliminar los históricos desequilibrios de nuestras geoeconomías.

2.- Reducir las anormalidades en su distribución poblacional o demográficas.

3.- Optimizar el aprovechamiento y usufructo de los recursos del país en función de alcanzar la mítica competitividad en el contexto del libre mercado mundial.

4.- Pero, por sobre todo, la modernización total del país mediante la incorporación al proceso económico globalizado, de espacios concebidos como marginales o tradicionales y en los que sobreviven formas de producción consideradas como precapitalistas, lo que muy bien podría representar el fin de desruralización capitalista y la desaparición de las últimas poblaciones indígenas y sus culturas en nuestros países, lo que no puede ser llamado de otra manera que etnocidio en el más amplio de sus sentidos.

Ahora bien, en lo que respecta a Venezuela, la presentación del plan de reordenamiento territorial realizada por el gobierno y sus técnicos[21] se basa en las premisas puntualizadas anteriormente, pero  destacándose entre ellas, las siguientes: en primer lugar se identifica la región norte costera como la de mayor concentración poblacional (60%), mientras que la región del centro llanero, el occidente y el sur se encuentran prácticamente despoblados: vacíos. En segundo lugar, siendo el norte costero el más poblado es al mismo tiempo, el más desprovisto de recursos explotables. Por el contrario, son las regiones del sur (cuenca del Orinoco y Amazonia venezolana) y del occidente (cuenca del Lago de Maracaibo y Sierra de Perijá) las que cuentan con: 90% de los recursos hídricos; 95% del potencial hidroeléctrico; 80% del potencial forestal; 50% de suelos con potencial agropecuario; además de un inmenso potencial minero y de hidrocarburos.

Para superar lo que consideran un verdadero desequilibrio y en función del aprovechamiento de los potenciales anteriormente señalados, el gobierno de la “revolución” propone lo que sus técnicos denominan la “descentralización desconcentrada” lo que para ellos significa “el aprovechamiento, a través de la descentralización de las potencialidades del país para lograr una distribución equilibrada y sostenible de las actividades productivas, las inversiones y de la población[22].

En este sentido y en plena coincidencia con los intereses geoestratégicos norteamericanos y del poder económico de la globalización, la “revolución” propone como programa económico la estructuración de los corredores de desarrollo, a los que sus country managers, como una novedad, denominan “ejes de desarrollo”, los que para integrar y abarcar la totalidad del territorio en cuestión serían tres: el Eje Oriental, que cubriría el espacio y los recursos existentes en los estados Anzoategui, Monagas, Sucre, Delta Amacuro y parte del estado Bolívar, con proyectos de petróleo, gas, minería y turismo internacional, la mayoría ya otorgados en concesión a transnacionales norteamericanas (y como para “romper” con la unipolaridad, ha entrado China). Un segundo lo constituye el denominado Eje Orinoco-Apure, tal vez, el de mayor importancia por todos los recursos involucrados, pues, éste integraría al mercado global toda la biodiversidad de la Amazonia venezolana, el norte del Brasil, los llanos orientales de Colombia y parte del Ecuador a través de la interconexión de hidrovías unidas al río Orinoco y a través de éste, al océano Atlántico. Finalmente, y conectado al eje Orinoco-Apure mediante la proyección de una línea férrea se estructura el Eje Occidental, que cubre toda la cuenca del Lago de Maracaibo, la Sierra de Perijá a ambos lados de la frontera colombo-venezolana y parte de los Andes venezolanos, con proyectos petroleros, petroquímicos y de carbón.

Ahora bien, sin pretender extendernos demasiado en este aparte, creemos necesario ofrecer algunas consideraciones históricas de la actual configuración socioeconómica venezolana. Pues, ciertamente, al momento de la conquista y colonización del territorio venezolano en el siglo XVI, la región norte costera se encontraba poblada por un sinnúmero de naciones indígenas, la mayoría pertenecientes a los troncos lingüísticos arawako y caribe. Y precisamente, uno de los principales argumentos de la conquista fue el supuesto vacío de comunidades reales[23] en estos territorios; sin embargo, sabemos que fue por efectos de la acción europea que la mayoría de ellas en el territorio norte costero venezolano desaparecieron por completo, en un genocidio de incalculables proporciones; los sobrevivientes, fueron empujados hacia el sur, la mayoría de los cuales terminaría integrándose de manera definitiva a las poblaciones y culturas allí existentes. De tal manera, que fue en los territorios del norte costero donde se asentó la economía colonial, basada fundamentalmente en la producción de cacao y las plantaciones de caña en sus enormes valles, y en un comercio bastante fluido a través de sus principales puertos: La Guaira y Puerto Cabello. Esta configuración norte costera de la economía colonial se mantuvo aún después de la independencia y el surgimiento de la república en el siglo XIX. En todo caso, el sur y el lejano occidente fueron siempre considerados como regiones inhóspitas, carentes de interés económico real; especialmente, por constituir  el espacio de indios nunca doblegados durante la conquista.

No es sino a comienzos del siglo XX a raíz del estallido del Zumaque[24] en el lago de Maracaibo cuando se produce la vorágine en la búsqueda de petróleo, convirtiendo todo el territorio nacional en una gran cuadrícula para la exploración y explotación  de las transnacionales. Sin embargo, muy a pesar del inicio de la era petrolera y del cambio radical que sufrió la economía venezolana, el carácter centralista del estado, beneficiario directo de las regalías de la explotación, hizo que para nada cambiara la configuración colonial heredada, esencialmente en lo que respecta a su orientación; vale decir, se trataba más bien de la reproducción de un colonialismo interno que despojaba de sus territorios y recursos a las poblaciones indígenas en beneficio del estado nacional, produciéndose en consecuencia, una nueva etapa en la resistencia y confrontación indígena contra la ambición de los blancos nacionales y extranjeros.  Puede decirse que en un periodo de algo más de medio siglo de (1900 a 1963, fecha en que se “pacifica” a los indios Barí en la Sierra de Perijá), los pueblos indígenas del occidente venezolano pierden alrededor del 70% de sus ancestrales territorios, los que habían logrado conservar aún luego de la conquista y colonización hispano-germánica.

Por otro lado, para los años 50s el avance en la explotación del mineral de hierro en el estado Bolívar traslada la confrontación hacia el sur del país. Esta vez, fueron los pueblos piaroa, pemón, akawayo, kariña, arawako y warao, los que debieron resistir en contra de la acción de las transnacionales Orinoco Mining y Betelhein Steel (ambas norteamericanas) apoyadas por el estado venezolano. No obstante, es a fines de los sesenta cuando el entonces presidente Rafael Caldera lanza como programa económico lo que denominó, muy colonialmente, “La Conquista del Sur”, y que no fue otra cosa que la puesta en ejecución de la primera versión del Eje Orinoco-Apure, proyecto que desde la década anterior las transnacionales del hierro venían impulsando. Para ese momento, éste tenía que ver con la necesidad de las empresas en aumentar los niveles de agua del Orinoco, para lo cual se requería del cierre de algunos de los caños del delta del río en su salida hacia el mar, lo que permitiría el ingreso directo de barcos de gran calado para el transporte directo del mineral de hierro, reduciendo así los costos, por cuanto se eliminaría a las pequeñas embarcaciones nacionales que hasta ese momento conducían el hierro a través del río hasta el océano Atlántico.

El cierre del caño Mánamo[25] en 1967 representó la pérdida de miles de hectáreas de tierras antes productivas; unas por acidificación de los suelos; otras por inundación permanente y, otras tantas por desertificación, y todas ellas constituían el espacio territorial de los indios warao, quienes se vieron obligados a emigrar hacia la selva profunda. No existen datos precisos al respecto, pero conservadoramente se calculan en unos 3 mil waraos muertos  entre 1967 y 1975. De los sobrevivientes, una buena parte deambulan en la actualidad como pordioseros en la ciudad de Caracas y otras del oriente del país.

Pero una nueva etapa de desarrollo del Eje Orinoco-Apure se va a producir inmediatamente después, impulsada por el descubrimiento realizado en 1973, de un importante yacimiento de uranio en el norte del Brasil en frontera con Venezuela y en pleno territorio de los indios Yanomami. A partir de ese momento, el proyecto adquiere nuevas dimensiones, y van a ser las mismas transnacionales: Orinoco Minig y Betelhein Steel las que en el costado venezolano, se encargarán de financiar y dirigir los estudios de levantamiento de recursos, así como la proyección de su extracción y aprovechamiento.

Como es posible apreciar, la idea de los ejes o corredores de desarrollo no es nada nueva en Venezuela y sí, la expresión del saqueo imperialista de nuestros recursos y la directa confrontación de nuestros pueblos indígenas en defensa de sus territorios. Sin embargo, es en el presente cuando de manera más contundente, por completa y ambiciosa; por las dimensiones del espacio y recursos que se pretenden explotar; así como por los pueblos indígenas involucrados en lo que muy bien podría constituir su última batalla por la vida.

Ahora bien, la cuestión es que los argumentos de justificación de este programa, antes como ahora,  vienen a ser mutatis mutandi, los mismos usados por la visión colonialista en todo el continente: 1) es necesario aprovechar los extraordinarios recursos presentes en esos espacios en “beneficio” del estado nacional; 2) tales espacios están prácticamente despoblados o vacíos; 3) en todo caso, las poblaciones allí existentes constituyen minorías que no sólo por su número carecen de peso político nacional significativo, sino porque sus formas de vida y cultura económica constituyen la representación de un precapitalismo y una premodernidad abominable a los tiempos impuestos por la tan cacareada globalización.

Hoy por hoy y según está planteado en el programa económico del actual gobierno, nunca como ahora están en riesgo de desaparecer de manera definitiva los pueblos indígenas venezolanos, pues, sobre lo que se pretende intervenir con toda la fuerza del capital, es justo en la totalidad de sus espacios y territorios, para lo que se ha levantado toda una estructura jurídico-política que hace posible y “legal” la intervención. De hecho, la ejecución de los corredores o ejes de desarrollo ha venido avanzando de manera firme, aún y a pesar, de que la medición y establecimiento de los hábitats de los pueblos indígenas no se ha realizado tal como quedó señalado en las disposiciones transitorias de la constitución de 1999, que dicho sea de paso, impuso como máximo el periodo de dos años para dar cumplimiento a este mandato constitucional. Por el contrario, el gobierno nacional ha venido tomando decisiones sin consulta alguna sobre territorios indígenas, los que ha otorgado en graciosas concesiones a transnacionales para su explotación forestal y minera tanto en el occidente como en el sur del país.

En efecto, en la región de la Sierra de Perijá al occidente, han sido otorgadas en su totalidad[26], concesiones mineras sobre territorios de los pueblos Barí, Yukpa y Wayuu (Ver Mapa N°1), ello con el objetivo de que la extracción de carbón pueda pasar de las actuales 6 mil millones de toneladas métricas, producidas en las minas del Guasare (Wasaalee-territorio wayuu en la región más norte de la Sierra), a 36 mil millones de toneladas métricas en los próximos años, para lo cual deben entrar en producción gran parte de las minas existentes en toda la extensión de esa rama de los Andes en el occidente venezolano.

Territorio Barí

Territorio Yukpa

Territorio Wayuu

Territorio Añú

Lotes y minas a lo largo de la Sierra de Perijá

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa N°1. Fuente: Corporación de Desarrollo del Zulia-Corpozulia-Maracaibo, 2001.

La demarcación de los territorios indígenas son aproximaciones nuestras.

 

Por si fuera poco, a esta explotación salvaje que se pretende realizar mediante las llamadas “minas a cielo abierto”[27], debemos agregar otros proyectos ecocidas y etnocidas no menos importantes ya pactados por el gobierno y que forman parte del conjunto total del Eje Occidental. Éstos tienen que ver con la instalación del gasoducto colombo venezolano para suministro seguro a los Estados Unidos, así como la construcción del “Puerto de Aguas Profundas” (antes llamado Puerto América), a través del cual se pretende sacar toda la producción carbonífera extraída de la Sierra de Perijá a ambos lados de la frontera. Este proyecto de puerto de embarque, por su ubicación[28] (Ver Mapa N°2) y dimensiones, va dirigido directamente en contra del pueblo Añú, pues, su emplazamiento eliminará de manera definitiva, los últimos bancos de pesca de los que ésta cultura ha vivido ancestralmente.

 

 

 

 

Punto de localización del futuro Puerto. Entre las islas San Bernardo, Zapara y San Carlos

 

 

 

 

 

 


Mapa N° 2. Punto aproximado de ubicación de Puerto América en territorio Añú

 

Por otro lado y al mismo tiempo, los llamados Eje Oriental y Eje Orinoco-Apure, igualmente avanzan mediante la disposición de decretos como el 3100[29] Decreto forestal-minero del presidente Chávez del 7 de septiembre de 2004, mediante el cual se pretende entregar a las transnacionales del ramo, nada menos que el 62 % de las tierras de la Sierra de Imataca para su explotación forestal y un 12% de la misma para la explotación minera; es decir, el 74% de las tierras que habitan los pemón, piaroa, akawayo, arawako y warao han sido destinadas oficialmente para el desarrollo de proyectos que forman parte esencial del programa imperialista de los corredores y que, necesariamente, apuntan hacia la liquidación de éstas y otras étnias, pues, a pesar del discurso sobre el que se sustentan el gobierno y las transnacionales acerca del vacío de comunidades reales en la región es importante que se sepa, que en esa zona habita el 70% de la población Indígena del país (Ver mapas N° 3 y 4), y que es la población indígena la que se ha sostenido en ella milenariamente con una armónica producción agrícola, en un espacio cuyos suelos son cultivables una vez cada dos años; de tal forma que una sobreexplotación de esas tierras las destruiría de manera casi inmediata. Por tanto, ante la visión del vacío que tanto el gobierno como las transnacionales pretenden imponer de estos territorios, nosotros debemos insistir en la presencia y resistencia de sus pueblos indígenas, quienes ahora más que nunca enfrentan ésta, su batalla definitiva en defensa de sus tierras y cosmovisiones.

Eje Occidental

Eje Oriental

Eje Orinoco-Apure

 

 

 

 

 

 


Mapa N° 3 Pueblos Indígenas de Venezuela                                                            Mapa N° 4. Ejes de Desarrollo. Fuente. Ministerio de Planificación. Cordiplan. Presentación en Powerpoint. http://venezuela.gov.ve

 

En definitiva, para la geoestrategia neoliberal de la globalización, así como para la geopolítica de dominación y recolonización norteamericana en América Latina, ambas en ejecución a través de programas como el Plan Puebla-Panamá y el de Infraestructura de Integración Regional Sur americana (IIRSA), a Venezuela se le ha asignado la tarea de aportar espacios fundamentales; lo que a su vez, ha definido su papel en este contexto como lugar de extracción minero-energética, así como vía de salida de los recursos provenientes de otras regiones y países, tales como: los llanos orientales colombianos, el norte del Brasil y otras zonas de la Amazonia suramericana; ello a través de las cuencas del Orinoco y el Lago de Maracaibo hacia el océano Atlántico y, por supuesto, todo dirigido hacia el norte.

            Lo dramático de todo es que esta política de saqueo y destrucción imperialista, constituye el epicentro de las acciones político-económicas fundamentales de la llamada por el gobierno “revolución”; vale decir, la “revolución bolivariana” sustenta su plan de “transformación” económica en lo que funda su política hegemónica el imperialismo norteamericano y el capitalismo mundial para Venezuela y América Latina; eso sí, todo ello envuelto y empaquetado en el más “radical” de los lenguajes anti-imperialistas, aplaudido y respaldado (queremos pensar que por desconocimiento y no por comodidad), por lo más notable del pensamiento intelectual de izquierda latinoamericano. Por lo que en esta lucha, al parecer, las comunidades indígenas venezolanas en particular, y latinoamericanas en general, se encuentran prácticamente solas en la defensa de sus últimos espacios y formas de vida.

 

IV.- El camino de las comunidades. A manera de conclusión.

 

Hace un par de años, en el contexto de los triunfos electorales de Lula en Brasil y Lucio Gutiérrez en el Ecuador, los pasillos de la UNAM amanecieron cubiertos por carteles en los que, gráficamente, se mostraban las imágenes de Chávez, Lula, Lucio Gutiérrez y, completando el cuadro: Cuauhtemoc Cárdenas. La leyenda del mismo era bastante sugerente, pues, pretendía apuntar hacia lo que podía ser entendido como un proceso inevitable: “El futuro de la izquierda en América Latina”. Se deducía, que para la izquierda institucional mexicana representada en el Partido de la Revolución Democrática, las victorias electorales de los personajes arriba señalados, auguraban, casi automáticamente, no sólo una futura victoria de su posible candidato a las elecciones de 2006, sino que mostraba, al fin, el inexorable y vertiginoso “triunfo” del pensamiento de izquierda en todo el continente. Esta idea pareciera entusiasmar aún más, luego de las posteriores victorias electorales de Kichner en Argentina y, más recientemente, Tabaré Vásquez en el Uruguay.

            Sin embargo, días o meses después de la aparición del mencionado cartel ( no recuerdo de manera precisa), el Subcomandante Marcos, en una edición de la revista Rebeldía, de manera atrevida por contracorriente, escribía algo más o menos como esto (cito de memoria): “Cuando pareciera que muchos caminos surgen como diferentes, resulta que todos conducen al mismo destino”. Se refería Marcos en esa oportunidad, al hecho de que, en el discurso tanto la izquierda institucional como algunas fuerzas tradicionales de poder en América Latina, quienes  en la búsqueda o su sostenimiento en el poder, pretenden proponer y proponerse como supuestos “caminos seguros” a la justicia social, la libertad y la participación democrática no sólo dentro de la institucionalidad de sus respectivos estados sino, además, enmarcados y respondiendo a la globalización neoliberal, pues, según su interpretación y parecer, tal es una realidad irreversible y en la que sólo debemos saber adaptarnos.

La coincidencia entre izquierda institucional y fuerzas tradicionales conservadoras de poder es explicable en la medida en que ambas ideologías vinculan la posibilidad del cambio a un principio liberal fundamental: la racionalidad. La diferencia en todo caso, se manifiesta en que, para unos, el cambio debe ser retenido o espaciado en el mayor tiempo posible, mientras que para los otros, las reformas pueden avanzar con fluidez; sí y sólo sí, éstas se mantienen dentro del marco de una racionalidad expresada en la graduación del proceso. En este sentido, ambos están de acuerdo en que el ajuste de nuestros países a la globalización sólo requiere, entre otras cosas: 1) “inteligencia” en términos técnicos; 2) ello supone un conocimiento científico de la realidad; 3) una eficiencia administrativa que permita la menor dispersión y fuga de recursos posible; algo así como una “honestidad burocrática” en función del “goteo” en la distribución social de los ingresos, especialmente, hacia las clases sociales más desfavorecidas quienes y, por encima de todo, 4) al igual que “toda la población” ha de hacer sacrificios, principalmente, liberando al estado de presiones, pues, éste requiere desprenderse de compromisos en función de ofrecer campo abierto a los “inversionistas”, únicos capaces de generar empresas, empleos y crecimiento económico. En el futuro y, sólo en el futuro, tal crecimiento (si se mantiene de forma sostenida), hará posible entonces atender, gradualmente, las demandas sociales. Mientras tanto, el estado debe abandonar el “populismo” y la población el “paternalismo”.

            Ahora bien, las palabras de Marcos se muestran impertinentes (efectivamente importunaron sobremanera en ambos bandos), porque se atrevían a poner con toda precisión, el dedo justo en la llaga (especialmente porque ahora creo recordar que, quien hablaba no era Marcos sino Durito) de ese espejismo; en parte real, en parte fabricado por las mismas fuerzas de las que hablamos pero que, igualmente, ha sido aceptado a veces a regañadientes y, a veces, hasta auspiciado por el poder económico y político internacional, hecho que pareciera, no está siendo ( o no ha querido ser) suficientemente entendido por cierta intelectualidad que, como veremos, ha preferido descalificar cualquier planteamiento en la dirección hacia la que apunta Marcos pero sobre todo, las comunidades autónomas en rebeldía de Chiapas y otras comunidades en lucha en América Latina, justificando por esa vía y, hasta con desbordante optimismo, tal figuración.

            Pero intentemos aclarar esto a partir de la confrontación de las opiniones de uno de los más emblemáticos teóricos latinoamericanos y que para nosotros, resume sin ninguna duda, lo que parece ser la opinión de buena parte de la intelectualidad orgánica del continente, según la cual, de lo que se trata es de avanzar por el camino de las reformas “posibles” en el contexto de las mencionadas victorias electorales, muy a pesar de que, llegan a reconocer, éstas no tengan esencialmente ningún peso en un posible cambio de rumbo en la trayectoria del modelo económico que nuestros países siguen de acuerdo al itinerario fijado de antemano por los factores del poder global.

            Así, es singular el análisis presentado por Atilio Borón[30]. Este reconocido autor, al abordar la acción de gobierno en sus respectivos países de Lula, Chávez o Kirchner, precisa descarnadamente, la manera en que cada uno de ellos ha dado continuidad a las ejecutorias de las políticas neoliberales, así como a los acuerdos y programas que, está claro, van dirigidos a beneficiar a las transnacionales y al imperialismo, al punto que, por ejemplo, de Lula llega a decir que se trata “del mejor de los representantes y ejecutores de las políticas neoliberales en América Latina”, y reafirma, “no es que lo diga yo, lo dice y lo muestra como ejemplo el concierto de Davos”.

La continuidad del rumbo económico ha sido garantizado políticamente por Lula al poder global; entre otras medidas, a través del nombramiento de Henrique Meirelles en la presidencia del Banco Central de Brasil (BCB),  quien, denuncia con fuerza Borón, es un reconocido  “pirata” vinculado a entidades financieras internacionales, y continúa, “Lula no sólo nombra a un reconocido pirata como Presidente del Banco Central del Brasil y para la conducción de las finanzas brasileñas, sino que además, le otorga inmunidad política al incluirlo como miembro permanente del gabinete presidencial”. Finalmente, remata Borón su discurso con esta perla: “todos estos gobiernos no son ni siquiera reformistas, son sencillamente neoliberales cubiertos por un ropaje y un lenguaje”.

A pesar de todo lo anterior, al tratar de responder a su propia pregunta sobre cuál es el camino a seguir para América Latina, la respuesta a la que arriba el teórico de marras es que, aún en medio de la evidente sujeción neoliberal de estos gobiernos, debemos continuar por este camino, tratando de “lograr ciertas reformas con las que podamos obtener algunos avances, hasta que las condiciones objetivas y subjetivas estén dadas como para pasar a otro nivel en la lucha”, pues, a su parecer, las irrupciones sociales de los últimos años en América Latina no han contado con tales condiciones, por lo que el camino a seguir en estos momentos, es el que Chávez ha venido transitando en Venezuela, con “pequeñas reformas” y “ciertos logros” como el  plan de alfabetización y el control de cambios, “con el que logró golpear a los capitalistas”, ¡Guá![31]

            Ahora bien y entrando en consideraciones, no debe extrañarse Borón de la actitud de Lula, pues, ella no responde a una particular debilidad del presidente brasileño, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo que trataremos de explicar a partir del caso venezolano. Así, podemos decir que durante la primera parte del periodo presidencial de Rafael Caldera[32], uno de los grandes debates públicos se planteaba por la disyuntiva en dar o no, continuidad al paquete de medidas fondomonetaristas evidentemente rechazadas por la población y que ya le habían costado a Carlos Andrés Pérez, un levantamiento popular, dos intentos de golpe de estado y un juicio político que, finalmente, lo sacó de la presidencia. Sin embargo, este forcejeo no duró mucho, pues, en poco tiempo, el camino de la reafirmación de los compromisos con el FMI terminó imponiéndose porque, se decía, eso aconsejaba la “racionalidad”, lo contrario no era sino el “vacío” que sólo conduciría a la anarquía por demás expresada en la revuelta popular del 27 de febrero de 1989.

De hacernos entrar en “razón” se encargó el Movimiento al Socialismo a través de Teodoro Petkof quien, a partir de ese momento, se encargaría de todas las negociaciones con el organismo financiero internacional. Pero es el caso, que dentro del convenio y, como garantía en el cumplimiento de los pasos y acciones exigidos por el FMI, es nombrada la Dra. Maritza Izaguirre, reconocida funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo como Ministra de Economía;  más aún, el propio presidente Caldera fue obligado a esperar a que la funcionaria se descargara de sus funciones en el BID en Washington, para que ésta se dignara a ocupar su puesto en el gabinete. Era evidente que como funcionaria de confianza, su papel consistía en vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos y garantizar los intereses de los organismos internacionales acreedores del estado venezolano.

Pero la cuestión es que luego de la victoria electoral de Hugo Chávez éste, dando continuidad a los acuerdos, no sólo sostiene a la mencionada funcionaria como su Ministra de Economía por un par de años, sino que aun en la actualidad, a seis años de “revolución”, es mantenida como miembro principal en la directiva de la Corporación de Desarrollo de Guayana, organismo estatal encargado de la administración y conducción, nada menos que del programa de los Eje Oriental y  Eje Orinoco-Apure. Aunque para ser honestos, debemos otorgarle el beneficio de la duda ante la eventualidad de una conversión radical en la que la funcionaria cambie los intereses del BID por los de las clases populares y, particularmente, de los indígenas que serán afectados por el desarrollo de los ejes, está dentro de las posibilidades tal como es posible que alguien le atine al primer premio de la lotería, pero sin ánimo de aparecer como unos descreídos ateos, sinceramente, esta conversión no la creemos.

            En general es casi seguro que si hacemos una somera revisión de los gabinetes, especialmente el económico, en cada uno de los gobiernos reseñados en nuestro viejo cartel como el “futuro de la izquierda”, nos vamos a encontrar con la misma realidad. Y como dijimos, ello no se debe a una debilidad personal y hasta política de los personajes, de tal manera que no suena justo cuestionar a Lula por colocar a un “pirata” en el BCB sin hacer lo propio con Chávez, Gutiérrez o Kirchner y de seguro, próximamente, con Tabaré Vásquez (el mismo Borón lo vaticinaba en su discurso); sino que esto debemos verlo como un componente del proceso mismo de globalización, según el cual, para el poder global es posible negociar una parte, incluso, una buena parte de lo que corresponde a lo político y a la conducción política de los estados en cuanto tales, lo que tiene igualmente una explicación que no vamos a estudiar aquí; pero lo la globalización neoliberal no discute ni está dispuesta a negociar fuera de sus términos es lo que tiene que ver con el proceso económico y su itinerario, por así decirlo, pues, tal es el corazón de su existencia y, eso no es negociable.

Por otro lado y en correspondencia con lo anterior, este “ascenso” de la izquierda institucional en buena parte de los gobiernos de los estados suramericanos no es posible desconectarlo del quiebre de las fuerzas políticas tradicionales de poder en la región, lo que a su vez está estrechamente vinculado al fracaso del desarrollismo; es decir, el fin de la fe en el desarrollo como parte de la ideología liberal a fines de los 70s arrastró consigo, en una especie de caída libre, a las fuerzas tradicionales de poder latinoamericanas, principales defensoras de esta fe. Éstas, en términos de partidos políticos en cada uno de nuestros países tenían nombre propio. En Venezuela: Acción Democrática y Partido Socialcristiano (COPEI); en Colombia: Partido Liberal y Partido Conservador; en Perú: el APRA; en el cono sur: peronismo y dictaduras militares; en México: Partido de la Revolución Institucional (PRI), por mencionar sólo algunos, pero fueron éstas fuerzas las que internamente y durante todo el siglo XX, se encargaron de implantar y defender el paquete ideológico liberal y de la economía capitalista dependiente. Sus argumentos: en lo político: democracia representativa o dictadura militar pero alineada políticamente a los Estados Unidos y, en lo económico: desruralización, modernización y como consecuencia lógica, desarrollo nacional.

El APRA muere con Alan García en el Perú; en Venezuela, Acción Democrática implosiona con la defenestración de Carlos Andrés Pérez e, inmediatamente después, el Socialcristiano es liquidado por su propio fundador Rafael Caldera; las dictaduras militares en Chile y Uruguay se hacen insostenibles y el proceso de transición irreversible, al igual que en Argentina, donde, poco tiempo después el peronismo es liquidado por el menemismo  con su propia liquidación; en fin, todas éstas fuerzas políticas tienden a desaparecer en la medida en que la crisis económica se agudiza y el paquete neoliberal se revela más despiadado. Ahora bien, la quiebra de las fuerzas tradicionales de poder no ha implicado, necesariamente, su sustitución por proyectos políticos verdaderamente independientes y transformadores. Por el contrario, llamada izquierda institucional o como bien la define Marcos: “la mano izquierda de la derecha”, ha pasado a convertirse en el más idóneo reemplazo en función del lampedusiano principio de “cambiar todo para que nada cambie”.

Pero volvamos a las ideas de Borón, especialmente, cuando se refiere a la imposibilidad de apartarse del camino impuesto por el poder global. Tal imposibilidad, explica, se debe a la vulnerabilidad de nuestras economías así como por la desventaja militar frente al imperialismo norteamericano y, más aún, por la inexistencia de condiciones objetivas y subjetivas como para que nuestros pueblos avancen a niveles superiores de lucha. En consecuencia, está convencido que, el único camino que nos queda es avanzar en lo posible dentro de este marco, muy a pesar de las concesiones a las que efectivamente obliga el contexto, pero ganando tiempo y espacio, particularmente, en la búsqueda de alianzas de integración entre los países suramericanos actualmente gobernados por fuerzas políticas progresistas. Esto, según él, es lo justamente razonable. Para nosotros, es la imagen más exacta de lo que el lenguaje matemático define como una paradoja; es decir,  no podemos dejar de dar concesiones al imperialismo porque somos vulnerables y, para ganar tiempo y espacio con pequeñas reformas; sin embargo, las concesiones que otorgamos, para nada despreciables tal como hemos visto a lo largo de este trabajo, profundizan nuestra vulnerabilidad, por lo que al final, terminan tragándose completamente nuestras pequeñas reformas y logros; así,  el tiempo y espacio supuestamente ganado, termina convirtiéndose en una resbaladiza cuesta que nunca terminamos de ascender.

Por otro lado, este razonamiento tiene que ver con un aspecto fundamental en la definición del camino a seguir; a saber, la fe en el estado como instrumento para la transformación de la sociedad, punto importante tanto para la ideología liberal, igualmente asumido por la ideología marxista-leninista como el camino de la revolución socialista. En este sentido, en un trabajo anterior y, al cuestionar unas declaraciones de Marcos, Borón se pregunta:

 “¿O será que en un proyecto histórico de creación de una nueva sociedad se puede prescindir de un dispositivo estratégico tan importante como el Estado? Y si así fuera: ¿Por qué el EZLN está aún esperando la sanción de una legislación que otorgue plena autonomía a las comunidades indígenas, si la estrategia de transformación “desde abajo” de los zapatistas cuenta con un impresionante grado de legitimidad? ¿No es este un reconocimiento práctico de que, a pesar de la retórica antiestatista, el Estado-nación continúa siendo un componente crucial de los capitalismos contemporáneos?[33]

 

Llegamos con esto al meollo del asunto: ¿cómo construir el camino de liberación de los pueblos latinoamericanos? ¿desde dónde? Y, finalmente, ¿quiénes lo construyen?. Es evidente que para Borón, tal camino sigue la trayectoria ya trazada por la tradición leninista: captura del poder del Estado, para posteriormente, realizar las transformaciones. La justificación de este viejo postulado en la hora actual, inferimos,  la asienta en el proceso de quiebre de las fuerzas tradicionales de poder y en la coyuntura particular de que en varios países latinoamericanos han arribado al gobierno representantes de la izquierda institucional, por lo que es posible estructurar un bloque de Estados para enfrentar al imperialismo. Sin embargo, esta visión tiene dos bases falsas.

La primera es que, como hemos demostrado y el mismo Borón  certifica, el arribo al gobierno de fuerzas progresistas en modo alguno han roto con el modelo económico estructural; muy al contrario, lo han asumido, como en el caso venezolano, como constituyente de la república misma; es decir, ha sido certificado constitucionalmente, con todas las consecuencias que ello acarrea. Y la segunda es que, si bien es cierto que en este momento la economía norteamericana no está en su mejor momento y, por el contrario, pareciera estar dirigiéndose a una profunda crisis, parte de su salvación está precisamente en el control y dominio de los recursos que América Latina provee, por lo cual, la profundización de la dependencia de los Estados-nación latinoamericanos es parte esencial en la definición de su geoestrategia y geopolítica hacia el continente. Indiscutiblemente, la puesta en marcha de tal geoestrategia se da no sin contradicciones con los estados; pero hasta ahora, a pesar de esas contradicciones (como por ejemplo, la casi imposible firma del ALCA en 2005 como previeron sus impulsores o, los continuos choques con el lenguaje de Chávez), la política norteamericana ha ido avanzando en tal control de los recursos, y esto lo ha logrado con la participación y respaldo de los gobiernos nacionales. De tal manera, que es una ingenuidad (por decir lo menos), pensar que los Estados-naciones puedan zafarse de los compromisos y agenda que, aún en medio de su debilidad actual, el imperialismo norteamericano impone, y esta tiene que ver con el control de los espacios donde los recursos que requieren están presentes. Es allí donde entran en acción desde la resistencia y, sobre todo, definiendo en la acción caminos propios y “desde abajo”, las comunidades, no los estados.

Ahora que, volviendo a la cita de Borón, debemos decir en su descargo que esta fue expresada cuando aún la constitución de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno no se habían convertido en el nuevo paso del proceso de construcción “desde abajo” de la autonomía de las comunidades en rebeldía. Sin embargo, el hecho de que en su exposición reciente sostenga la imposibilidad inmediata de otro camino que el que se supone proponen desde el gobierno las fuerzas de la llamada izquierda institucional, pone en evidencia que el autor no puede desprenderse de su fe en el estado como único ente para la transformación. Cuestión que en su experiencia, las comunidades zapatistas en rebeldía, niegan día a día con definiciones y construcciones políticas reales y en marcha, constituyéndose, a temor de muchos e incomprensión de otros, en punto de referencia para las luchas de los pueblos  indígenas en particular y del movimiento popular latinoamericano en general.

Finalmente, es igualmente cierto que las condiciones políticas no son parejas en América Latina, y mucho menos las de las comunidades indígenas o locales en su lucha por la vida. Por lo que es explicable casos en los que un movimiento indígena poderoso en su fuerza de movilización no se traduzca en un proyecto político que le sea correspondiente, lo que ha hecho posible que movimientos como los de Bolivia y Ecuador, luego de sacudir a las fuerzas tradicionales del poder en sus países, terminen entregando el poder a esas mismas fuerzas. Lo que demuestra, y en esto coincidimos con Borón, que a pesar de su poder de movilización objetiva, movimientos indígenas como los de Ecuador o Bolivia, carecen de una visión política propia así como la disposición a construirla desde abajo y contra todos los riesgos. Dicho en versión zapatista, buena parte de los hermanos indígenas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y el resto del continente  continúan leyendo en las palabras de los otros (léase Estados, partidos, políticos profesionales, indigenistas e intelectuales de izquierda), su propia liberación; es decir, no han visto en lo profundo de sus corazones el decir de sus primeros, única manera de encontrar la palabra verdadera, esa que nos saque de la vergüenza y nos lance a la lucha, desde la dignidad y por nuestra autonomía. Pero también es preciso decir, que el fracaso y confusión de los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, igualmente, es corresponsabilidad de la visión que se impone como  “racional”y, según la cual, no es posible la transformación “desde abajo”, autónoma o, fuera de la institucionalidad creada por el Estado-nación y que teóricos como Borón gustan tanto de remachar.

            En este sentido el caso del Ecuador es emblemático. La victoria de Lucio Gutiérrez, quien dicho sea de paso, en estos momentos nadie destapa ni se retrata con él, fue saludada por muchos de estos teóricos como una victoria más del avance latinoamericano de la izquierda. El movimiento indígena representado en la CONAIE había demostrado más de una vez su fuerza frente a las políticas del FMI, al punto de contribuir a la caída de por lo menos tres gobiernos a los que les fue imposible la aplicación de tales políticas por la contundente presión indígena y popular. Así, la llegada de Lucio Gutiérrez fue considerada como el inicio de un proceso en el que, tanto teóricos sociales como el propio movimiento indígena cifró su representación, mucho más, luego que Gutiérrez incorporara a su gabinete a miembros de la CONAIE.

            Los resultados son del todo conocidos: cuando ninguno de los representantes de las fuerzas tradicionales de poder en el Ecuador pudo implantar las medidas que imponía el poder global, las impone Gutiérrez y, por si fuera poco, con el respaldo de elementos de la propia CONAIE, la que ha terminado, muy convenientemente para el imperialismo, minada, dividida y momentáneamente sin la fuerza de los años previos. Igual proceso pudiéramos señalar para el caso venezolano; por ejemplo, cuando Rafael Caldera no pudo imponer su Decreto 1850 sobre las tierras indígenas de Imataca, ahora lo aplica la “revolución” mediante un nuevo decreto, respaldado además por nuestros novedosos diputados indígenas. De tal manera y como hemos visto, de nuestro viejo cartel en la UNAM en el que se nos mostraban los caminos de la nueva izquierda latinoamericana, no queda nada o, queda muy poco, pero las palabras de Marcos aunque desagraden a muchos, se corroboran dramáticamente.

            En fin, el proceso de globalización neoliberal en América Latina enfrenta de manera directa a las comunidades locales; en esta confrontación los estados nacionales se convierten en negociadores y hasta en interlocutores de los intereses transnacionales, muy a pesar de que lo hagan en nombre de “cambios sociales” y hasta de “revoluciones”, por lo que el futuro político y económico del continente va a depender en gran parte, si no es que fundamentalmente, del camino que las propias comunidades se den en la lucha, quienes habrán de abandonar el espejismo que en la actualidad parece conducirnos, pues, las próximas batallas “serán batallas políticas, pero no necesariamente en el nivel del estado. De hecho, debido precisamente al proceso de deslegitimación de los estados, muchas de esas batallas (quizas todas) se darán en niveles más locales[34], en el que las comunidades indígenas y campesinas, de seguro, darán un aporte fundamental de filosofía política para la transformación y construcción de nuestras sociedades futuras, y en este sentido, el camino zapatista es y será punto de referencia crucial de las nuevas luchas continentales por librar.

 

 



[1] A.Guerra-Ramos 2002:15-16

[2] Ibidem p. 18

[3] A. Escovar (2000:158)

[4] A. Guerra-Ramos p. 66

[5] L. Oliver, Transformaçoes do Estado e da sociedade civil na América Latina, en: América Latina: Transformaçoes económicas e políticas, p. 254. (La traducción es nuestra).

[6] L. Oliver, op. Cit., p. 253

[7] Bases para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

[8] De hecho, la demanda de nulidad de este protocolo firmado entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos,  introducida por los abogados Luis Britto García y Fermín Toro Jiménez, fue declarada nula por el actual (¿Bolivariano?)Tribunal Supremo de Justicia, al igual que otras cuatro demandas introducidas por los mismos juristas contra acuerdos internacionales violatorios de la soberanía y reconocidos por el gobierno de Chávez. Todas ellas fueron recogidas en el libro: Las Cadenas jurídicas de la Globalización, Maracaibo, Congreso Cultural Cabimas 2000.

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Edición de la Secretaría de la Presidencia de la República. Caracas, 2000.

[10] Comisión Jurídico-Política del Partido de la Revolución Venezolana PRV-Tercer Camino. Caracas, 2004

[11] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De las Disposiciones Transitorias.

[12] Comisión Jurídico-Política del PRV-Tercer camino.

[13] Ibídem

[14] R. Jaulin 1973:

[15] H. Díaz Polanco, 1991: 17

[16] I. Wallerstein, Después del liberalismo, Siglo XXI, México 1996, p. 84 y ss.

[17] G.C. Delgado Ramos, Geopolítica imperial y recursos naturales, Revista Memoria N° 171, mayo 2003, México, p. 35.

[18] Ibídem, p. 35

[19] G.C. Delgado Ramos, IIRSA y la ecología política del agua sudam,ericana.

[20] Ibídem

[21] Hacia un desarrollo sostenible para Venezuela. Presentación en Powerpoint. http://www.venezuela.gov.ve

[22] Ibídem

[23] Para mayor profundización en el concepto de vacío durante la conquista, ver E. Subirats: El continente vacío, Siglo XXI, México, 2002

[24] Zumaque 1, nombre del primer pozo petrolero en el Lago de Maracaibo, estado Zulia.

[25] El registro del desastre ecocida y etnocida del Caño Mánamo fue dramáticamente expuesto en el documental cinematográfico del mismo nombre, realizado por el cineasta Carlos Azpurua. Cinemateca Nacional. Caracas, 1975.

[26] Uno de los logros que el actual gobierno muestra como parte de su “eficiencia” económica es haber “agilizado” los  trámites para las transnacionales mineras, de tal manera que si en el pasado éstas debían obtener una serie de permisos para finalmente acceder a la concesión de explotación, en la actualidad y producto de la “ingeniosa” efectividad de Alí Rodríguez (ex combatiente guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional-PRV-FALN), para entonces Ministro de Energía y Minas, los trámites fueron reducidos a lo que éste denominó muy bancariamente: “taquilla única”, con la intención de estimular las inversiones y, de paso, la posesión globalizada de los territorios indígenas.

[27] Una mina a “cielo abierto” no consiste en otra cosa que en el uso de potentes explosivos que al ser detonados abren una inmensa fosa que descubre la mina de carbón, pero que al mismo tiempo destruye de manera violenta y definitiva, cientos o miles de hectáreas de bosque y capa vegetal no recuperable, sino por procesos naturales en un tiempo no menor a los 4 siglos. Para más acerca de las minas a cielo abierto y sus nocivos efectos, ver: Roberto Maestas y Bruce Johansen, Wasi’chu: el genocidio de los primeros americanos, Fondo de Cultura Económica, México, 1982.

[28] Por cierto, llamarlo Puerto de Aguas Profundas es un eufemismo casi cínico, pues, éste paso es de aguas tan poco profundas que a las horas de marea baja, llega a comunicar ambas costas, por lo que en un tiempo fue estimado para construir una vía alterna al puente sobre el lago de Maracaibo. Para la ubicación del Puerto se tendrá la necesidad de dragar en una dimensión tal, que sus efectos serán determinantes en la desaparición de especies que usan la zona para su reproducción.

[29] Alarma en Imataca, Documento de la Sociedad de Amigos de la Sierra de Imataca, Caracas, Octubre 2004

[30] Las citas que mostramos corresponden a nuestra transcripción de la intervención de Atilio Borón durante el Coloquio Internacional “América Latina: historia, retos y desafíos”, organizado por el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, 14 al 17 de febrero de 2005

[31] Expresión venezolana al escuchar hablar a Cantinflas.

[32] Dicho sea de paso, Rafael Caldera llega por segunda vez al Palacio de Miraflores, luego de romper con su propio partido (Socialcristiano), lanzando su candidatura como “independiente” y sólo apoyado por lo que se llamó “El Chiripero”, en el que se contaban todos los grupos de la izquierda institucional y cuyo sector más fuerte lo constituía el Movimiento al Socialismo de Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, mismas fuerzas que luego y en su oportunidad, se sumarían a la candidatura de Chávez.

[33] A. Borón, “Filosofía Política marxista”, Ed. Cortez/CLACSO. Sao Paulo-Buenos Aires, marzo 2003 (la traducción del portugués es nuestra).

[34] I. Wallerstein, Después del liberalismo, p. 268



FRANCISCO ELIAS PRADA



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