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Asunto:[LEA-Venezuela] Ecología y participación Ciudadana
Fecha:Martes, 8 de Febrero, 2005  08:16:56 (-0400)
Autor:Martin Vazquez <martinvazquez @..............ve>

Ecología y participación Ciudadana
Por Antonio Elio Brailovsky *
   Una aproximación a la viabilidad de aplicar mecanismos 
de democracia participativa o semidirecta en la gestión 
ambiental, tanto en el nivel nacional como en el nivel 
local, y a la forma en que la política ambiental puede 
contribuir a vincular el ambiente con otras áreas de la 
gestión.   1. Introducción: la participación ciudadana 
para definir un Proyecto Nacional
El presente trabajo consiste en una aproximación a la 
viabilidad de aplicar mecanismos de democracia 
participativa o semidirecta en la gestión ambiental, tanto 
en el nivel nacional como en el nivel local, y a la forma 
en que la política ambiental puede contribuir a vincular 
el ambiente con otras áreas de la gestión. Apunta a 
analizar la experiencia reciente sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y el modo en que los mismos 
podrían aplicarse de un modo mucho más general de lo hecho 
hasta ahora.
La noción de democracia está en crisis. El mero acto 
formal de votar a un gobierno que puede incumplir sus 
promesas electorales y actuar en contra de los intereses 
de aquellos a quienes representa es algo más que una 
posibilidad teórica en nuestros días.
Durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, el eje 
central del conflicto político se desarrollaba entre 
actores sociales que integraban partidos políticos o 
grupos ideológicos diferentes. Muchas veces, la violencia 
política tuvo que ver con las pasiones desatadas por 
distintas maneras de ver el país. Las instituciones que se 
desarrollaron durante ese largo período tenían que ver 
precisamente con eso, con la confianza y afinidad que unía 
a dirigentes y seguidores en torno de un proyecto político 
compartido. 
En ese contexto (y en ese período histórico), la 
concepción predominante sobre las instituciones 
representativas era que éstas eran lo más parecido posible 
a la definición que da Abraham Lincoln de la democracia: 
?el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo?. 
Y las situaciones de falta de legitimidad se debían al 
incumplimiento de los mecanismos de representatividad, por 
acción del fraude electoral o por golpes de Estado. En esa 
etapa histórica, mucha gente se jugó la vida para que sus 
representantes pudieran acceder al Gobierno, una acción 
inimaginable al día de hoy. Esas personas confiaban en las 
instituciones y actuaban porque querían que esas 
instituciones funcionaran tal y como lo manda la 
Constitución Naiconal.
Pero actualmente, el descrédito de la actividad política y 
de las personas que la realizan nos obliga a pensar de 
nuevo el sistema institucional. En la actualidad existe un 
fuerte conflicto entre representantes y representados, que 
tiene una intensidad mucho mayor al conflicto que enfrenta 
a partidos e ideologías entre sí. 
Todos los años pregunto a mis alumnos del Ciclo Básico 
Común de la Universidad de Buenos Aires (tengo 5 mil 
alumnos por año) por su opinión sobre nuestro sistema 
político. Como en cualquier consulta de éstas, las 
opiniones son siempre variadas, aunque con un elevado 
nivel de críticas. Pero el último año, 5 mil personas, en 
su mayoría jóvenes, me contestaron, de un modo unánime, 
que nuestro sistema político no les satisfacía ni les 
despertaba confianza. Una proporción muy alta lo dijo en 
términos particularmente duros, sin hacer distinciones 
entre ideologías ni sectores políticos. 
El uso generalizado de la expresión ?clase política? es 
otro síntoma de esta crisis de la democracia. Para muchos 
ciudadanos, los políticos constituyen una clase social con 
intereses propios, que defienden de un modo corporativo, 
aún en contra de los intereses de sus propios votantes.
Este conjunto de sentimientos y opiniones expresa un 
conflicto social que debe tener su correlato 
institucional. Las instituciones de la democracia 
representativa no pueden hacer frente a este tipo de 
necesidades sociales. El conflicto de intereses entre 
representantes y representados requiere la apertura de 
nuevas formas de democracia participativa.
Al respecto, vale la pena insistir en que la participación 
ciudadana no es un adorno que dependa de la buena voluntad 
del funcionario que convoca a participar sólo en aquellos 
casos en los que espera ser elogiado. Para que la 
participación sea real, es necesario crear mecanismos 
institucionales de cumplimiento obligatorio, con 
independencia del interés de los funcionarios en ellos. 
Las herramientas de participación ciudadana tuvieron una 
muy amplia expansión ?especialmente en países del Tercer 
Mundo- a partir de la ECO´92 de Río de Janeiro, en la que 
se aprobó un documento llamado Agenda 21, que recomendaba 
su aplicación generalizada. De este modo, los mecanismos 
de democracia semidirecta ingresan a la política a partir 
de los temas ambientales, aunque no quedan restringidos a 
ellos.
Esto se vincula, a su vez, con la necesaria relación que 
debe existir entre economía y ecología, y con la necesidad 
de que la economía recupere el rol que históricamente 
tuvo. A partir de que Adam Smith definiera los 
lineamientos generales de la ciencia económica, a fines 
del siglo XVIII, hubo consenso entre los economistas en 
que su función era promover la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios [1]. Y desde los escritos de 
John Maynard Keynes, realizados durante la crisis de la 
década de 1930, se agregó el aumento de la ocupación como 
uno de los objetivos centrales de toda política económica 
[2]. Unos años atrás, nadie hubiera imaginado el 
desinterés de los responsables de la política económica de 
las últimas décadas en la creación directa de empleos.
Durante toda la historia de la economía política, estas 
variables (consideradas como las variables reales) 
estuvieron en el centro de las preocupaciones de los 
economistas, y las variables financieras fueron 
consideradas sólo como instrumentos adecuados para un 
mejor funcionamiento de las variables reales. 
Sin embargo, a fines del siglo XX se impuso en la 
Argentina la idea de que la política económica sólo se 
ocuparía de las variables financieras mientras el mercado 
(es decir, un pequeño grupo de grandes corporaciones) se 
ocuparía de las variables reales. Es indispensable 
recordar que, si bien esta concepción fue ampliamente 
publicitada en todo el mundo, el único país en el que se 
llevó realmente a la práctica hasta sus últimas 
consecuencias es la Argentina.
Los resultados de que la política económica abandonara a 
su suerte al sector real de la economía y se concentrara 
exclusivamente en los aspectos financieros están a la 
vista: desde el poder se piensa al país sólo como un 
tomador y pagador de préstamos internacionales, mientras 
se produce la destrucción del sistema productivo 
argentino, y se corre el riesgo de que esa destrucción se 
extienda también a su sistema institucional. 
El desprestigio de la política en nuestro país no se 
origina solamente en la publicidad de los actos de 
corrupción (los que, por otra parte, han estado siempre 
presentes en todos los regímenes políticos de la historia) 
sino en la aceptación por parte del sector político de un 
modelo de país que dejó afuera a la mayor parte de la 
población.
El volver a pensar la economía y la política económica 
requieren de un complejo proceso de integración entre 
economía y ecología. Así como la participación ciudadana 
no puede ser un adorno de las instituciones 
representativas, la política ambiental no puede estar 
desvinculada de las grandes obras públicas y privadas, del 
uso productivo de los recursos naturales, de los procesos 
de urbanización, etc. 
En otras palabras, que la política económica requiere de 
un plan de desarrollo (que no lo hará el mercado sino que 
debe hacerlo el Estado) y que es necesario integrar la 
política ambiental a esa política de desarrollo.
Para las concepciones del período anterior al monetarismo, 
bastaba con que los funcionarios de Economía y los de 
Medio Ambiente se pusieran a trabajar juntos. En la 
actualidad, debido a la crisis de la democracia que 
estamos mencionado, no alcanza con al colaboración 
horizontal entre ministerios diferentes. También es 
necesario integrar la participación ciudadana a un esquema 
que una la política ambiental con las estrategias de 
desarrollo. 
Todo esto nos lleva a pensar de otra manera las complejas 
relaciones existentes entre la sociedad y el Estado. La 
función de la participación no es sólo controlar a un 
gobierno sino también establecer redes de solidaridad 
social que contribuyan a redefinir el modelo de país.
Un Proyecto Nacional como el que se necesita desarrollar 
no puede ser obra de un grupo de técnicos iluminados, ni 
puede quedar librado a ese pequeño grupo de empresas a las 
que hoy se conoce como ?los mercados?. Un Proyecto 
Nacional necesita de un proceso social de construcción de 
consensos que vaya mucho más allá de todo lo que se haya 
hecho hasta el presente.
Al mismo tiempo, se requiere de la implementación de 
mecanismos semejantes en los distintos niveles del Estado. 
La participación tiene instancias nacionales, provinciales 
y municipales, adecuable al tipo de decisiones que se 
toman en los respectivos niveles. 
Sería un acto hipócrita el construir mecanismos de 
participación en torno de decisiones irrelevantes, 
mientras se toman centralmente las decisiones de fondo. 
Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se convoca a 
audiencia pública cada vez que se asigna o cambia el 
nombre de una calle pero no hay ninguna forma de consulta 
a los vecinos sobre las prioridades en materia de obras 
públicas. Es más: la mayor parte de las normas sobre 
participación ciudadana la excluyen de toda decisión 
vinculada con aspectos impositivos y presupuestarios.
Por el contrario, nuestro punto de vista es que la 
participación debe implementarse en aquellos temas más 
conflictivos y de más difícil resolución. Precisamente 
porque se trata de incorporar al ciudadano común al 
proceso decisorio de un modo y con una intensidad como no 
había ocurrido hasta el presente.
Por eso nos interesa hablar de las herramientas existentes 
para hacerlo, y de sus alcances y limitaciones.
2. Alcances y niveles de la participación:
El primer tema a plantear (que parece obvio, pero no lo 
es), se refiere a los motivos de la participación. Siempre 
se participa para algo y por algo. La participación 
planteada como fin en sí mismo ha sido la causa del 
fracaso de muchas iniciativas, que encubrían una operación 
política, antes que un objetivo de participación 
ciudadana. 
Los objetivos pueden ser:
1. Informar a los representantes del pueblo antes de que 
tomen alguna decisión (participación consultiva).
2. Lograr la aceptación del electorado de una norma en 
vías de implementación para la sanción de una ley o la 
fijación de una nueva política (participación 
confirmativa).
3. Impulsar el tratamiento del tema por algunos de los 
poderes del Estado (participación de iniciativa).
4. Informar a los ciudadanos a los que se aplicará una 
nueva norma o una política determinada (participación 
confirmativa).
5. Participación en la gestión de servicios públicos 
prestados por organismos descentralizados de la 
Administración, como los consejos directivos integrados 
por usuarios (participación en la gestión).
6. Integrar órganos colegiados o consultivos del gobierno, 
representando a diferentes sectores de la sociedad 
(participación en la gestión).
7. Expresar el rechazo social a normas o medidas 
propuestas por la Administración o por el Poder 
Legislativo (participación reactiva).
Estos objetivos convierten a la participación en un 
mecanismo dinamizador de la Administración Pública, que 
permite conocer las reales demandas de los múltiples 
sectores que conforman la sociedad y formular las 
soluciones necesarias en el momento apropiado[3].
Al mismo tiempo, las herramientas participativas son una 
forma de canalizar las diferencias que surgen de 
conflictos sociales. Se trata de evitar que los conflictos 
se resuelvan siempre a favor de aquellos que tienen más 
poder e influencia política o económica y se atienda a las 
necesidades de las mayorías. La bibliografía académica 
sobre el tema tiende a subestimar el último de los siete 
puntos anteriores, que es el de la expresión del conflicto 
social. 
A veces se menciona la participación como un modo de 
informar a los decisores políticos sobre las opiniones de 
la población. Sin embargo, casi siempre el que decide sabe 
a quién está beneficiando y a quién está perjudicando con 
sus medidas. Los gobiernos no suelen ser inocentes en su 
forma de proceder. Es decir, que nos interesa que 
participe la gente para informar e informarse, pero muy 
especialmente nos interesa la participación de los más 
afectados (o más perjudicados) por las medidas que vayan a 
tomarse.
La importancia de estos instrumentos participativos no 
puede ser subestimada. Se trata de encontrar formas de 
canalizar los eventuales disensos de modo que no devengan 
en conflictos sociales que pongan en peligro la 
gobernabilidad.
Los mecanismos de participación pública son, también, la 
contrapartida necesaria de la posibilidad de realizar 
"negocios verdes" en el nivel local, a partir de la 
realización de obras de saneamiento, por ejemplo. En 
efecto, los beneficios económicos de las actividades de 
saneamiento y la consiguiente valorización de las tierras 
beneficiarán a un sector empresario (generalmente 
orientado hacia las inversiones inmobiliarias) que es el 
que aparece como la estrella en muchos programas de esta 
índole. Sin embargo, no puede haber negocios verdes sin un 
amplio consenso de la comunidad sobre la forma de llevar a 
cabo dichas actividades y sus eventuales consecuencias 
(favorables o desfavorables) sobre el ambiente local. 
La experiencia reciente indica que la gestión social de 
cualquier tipo de proyectos es, por lo menos, tan compleja 
como sus aspectos de ingeniería y que merece una atención 
similar. 
Al comienzo de la actual etapa democrática en Argentina, 
la participación pública apareció como el trasplante de 
una utopía. En diversas sociedades del Norte se habían 
aplicado formas de democracia semidirecta que estaban 
dando resultados satisfactorios. Bastaba con copiar esas 
recetas para perfeccionar nuestro orden social. Sobre esa 
base, se ensayaron una serie de experiencias que no 
siempre tuvieron en cuenta lo que significaba aplicar 
dentro de un cierto contexto social las instituciones 
nacidas en otro contexto muy distinto. 
En consecuencia, se trata de analizar las herramientas 
disponibles en materia de democracia participativa y 
evaluar su viabilidad en el caso de la política ambiental 
a escala municipal de modo de considerar su integración a 
los proyectos (ambientales, industriales, inmobiliarios, 
etc.) que se vayan a realizar.
Aquí se planteará una serie de hipótesis, que son en su 
mayor parte resultado de la experiencia del autor en el 
tema participativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Si bien los resultados no son extrapolables en forma 
lineal a todo el país sin la realización de un estudio 
empírico específico, es posible avanzar en la construcción 
de hipótesis a partir de la respuesta de los actores 
sociales porteños ante problemas semejantes. Esto equivale 
a suponer que las diferencias en la cultura social y 
política de unos y otros actores sociales es escasa. 
3. Los actores sociales que no deliberan ni gobiernan:
La utilidad de dichos mecanismos de participación pública 
aún no ha sido claramente aceptada por la mayor parte de 
los integrantes de nuestros sectores políticos y por los 
del sector empresario. En última instancia, aceptar la 
participación significa ceder poder a otros en forma 
voluntaria, lo que tiene escasos antecedentes en la 
historia humana, casi todos catastróficos. 
Basta con recordar la convocatoria a los Estados Generales 
realizada por Luis XVI, que disparó la Revolución Francesa 
que terminó decapitándolo. O la tragedia del Rey Lear, 
inmortalizada por Shakespeare, que entrega el poder a sus 
hijas para que éstas lo transformen en un mendigo. En 
consecuencia, una de las aproximaciones necesarias al tema 
es la discusión sobre los incentivos para que los sectores 
de poder acepten, deseen o toleren la implementación de 
mecanismos de democracia participativa. 
Para ello, es necesario señalar que las herramientas de 
democracia semidirecta son una respuesta reciente a la 
crisis del sistema de democracia representativa. Suponen 
la institucionalización de mecanismos idóneos para 
resolver una amplia gama de conflictos sociales, entre los 
cuales tienen un enorme peso las diferencias entre los 
representados y sus representantes.
En efecto, el modelo constitucional del siglo XVIII, que 
nuestra Constitución Nacional aún mantiene en lo esencial, 
supone una identidad de intereses entre representantes y 
representados. La tajante afirmación de nuestra Carta 
Magna, de que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por 
medio de sus representantes" [4], significa la prohibición 
explícita de toda forma de participación pública. Así fue 
entendido durante el siglo XIX, y este artículo fue 
empleado como fundamento para la represión policial a los 
reclamos formulados por disidentes de diversos colores 
ideológicos. Esto, por otra parte, es coherente con la 
concepción global sobre las relaciones entre la sociedad y 
el Estado que sobrevuela la Constitución de 1853. 
Por ejemplo, comentando la institución del Colegio 
Electoral y la consiguiente elección indirecta del 
Presidente de la Nación, José Manuel Estrada explicaba que 
cumplía una función de reaseguro del sistema institucional 
porque, en el caso de que el pueblo se equivocase al 
elegir al Presidente, ese error podía corregirse en el 
Colegio Electoral [5]. En ese contexto, si tenemos un 
poder pensado para corregir los errores que cometa el 
pueblo ¿para qué queremos escuchar lo que pueblo quiera 
decir?
Es significativo que la última reforma constitucional de 
1994 haya incorporado algunas herramientas de democracia 
participativa pero no haya eliminado el artículo que 
prohíbe la participación, lo que sugiere cuáles son los 
límites que el Poder Constituyente asigna a la 
participación pública. 
Por eso, discrepamos con el punto de vista de Vanossi, 
quien sostiene que el hecho de que la vieja Constitución 
Nacional no contemplara expresamente mecanismos 
participativos (se refiere, explícitamente, a las 
consultas populares directas), no implicaría su condena. 
Es decir, que el silencio de la norma no debería 
interpretarse como una prohibición expresa. Vanossi supone 
que el espíritu de la Constitución sólo prohíbe prácticas 
inorgánicas como la asonada y la pueblada, propias de 
aquella época, y no formas institucionalizadas de 
participación popular [6].
Una Constitución no es sólo su texto, sino que también 
debe ser interpretada en el contexto histórico en que fue 
redactada, y en eso nos parece que no deja lugar a dudas 
la voluntad de los Constituyentes de 1853 de elaborar un 
modelo elitista, que dejara afuera a la mayor cantidad de 
gente posible. Por algo, durante más de medio siglo 
después de la sanción de esa Constitución, las elecciones 
se ganaron robando las urnas a punta de pistola y 
llenándolas con boletas propias.
Esta concepción no ha sido completamente modificada con la 
última reforma, sino que se ha hecho un híbrido, que 
contempla nuevos mecanismos participativos sin reemplazar 
los anteriores bloqueos a la participación.
Y es que, a pesar de su última reforma, nuestro texto 
constitucional está inspirado en la Constitución 
norteamericana de fines del siglo XVIII. Un modelo 
constitucional de dos siglos atrás nos parece inadecuado 
para responder a las complejas necesidades de la sociedad 
actual. 
En la construcción e implementación de un Proyecto 
Nacional se requiere crear las condiciones para que el 
pueblo delibere de un modo regular y sistemático aunque no 
gobierne. Los mecanismos participativos son los que 
institucionalizan la deliberación del pueblo.
La apertura participativa tiene que ver, en particular, en 
lo que hace a la indicación de políticas sobre temas 
relevantes. Por ejemplo, cuando se dictó la Constitución 
Nacional bastó con indicar: "díctese un Código Civil". No 
se dijo "díctese un Código Civil liberal", ya que nadie 
hubiera imaginado dictar un Código que fuese feudal o 
marxista. Pero en la época actual parece ser necesario dar 
indicaciones más precisas sobre lo que será la 
interpretación legislativa del texto constitucional. Una 
de las mayores críticas que podemos hacer a la última 
reforma de la Constitución Nacional es que allí algunos 
lobbies operaron para disminuir al mínimo los derechos 
garantizados, lo que es particularmente claro en el caso 
de los derechos ambientales. El antecedente que les 
preocupaba era la Constitución brasileña, que enunciaba 
minuciosamente los derechos de la población. Al verlos 
escritos, la gente reclamó por esos derechos que les 
prometían, generándose conflictos sociales diversos. 
Precisamente para evitar o minimizar dichos reclamos, los 
constituyentes nacionales decidieron otorgar a nuestro 
pueblo la menor cantidad de derechos posible. 
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, se 
planteó el punto de vista opuesto. Se consideró preferible 
ampliar al máximo los derechos y garantías explicitados. 
Por tanto, son el fundamento de los mecanismos que 
permitirán su ejercicio a escala local. 
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires mantiene 
los mismos criterios que la Constitución Nacional. Su 
reforma de 1994 consistió en la mera adición de algunos 
artículos sobre una estructura conceptual arcaica, en la 
que hay poco espacio para herramientas participativas.
Esta experiencia sugiere que la aplicación de mecanismos 
de democracia semidirecta en cada caso particular requiere 
de la explicitación de una amplia gama de derechos 
ambientales y participativos que permitan a la población 
involucrada confiar en que los mismos serán respetados, 
con independencia del interés político de la autoridad de 
aplicación. Se necesita de la explicitación de dicho 
reconocimiento en la forma más minuciosa posible, para 
aventar la desconfianza pública y expresar el compromiso 
de las autoridades por una experiencia ambiental 
participativa. 
Es probable que se requiera de criterios enumerativos, los 
que han sido tradicionalmente cuestionados como de técnica 
legislativa dudosa. Sin embargo, la población necesita ver 
escritos sus reclamos de un modo preciso y no genérico, lo 
que debería llevarnos a poner por delante las necesidades 
específicas de la norma (y la relación entre los que la 
dictan y sus usuarios) antes que una teoría jurídica poco 
útil para este caso. 
El principal obstáculo para el logro de la participación 
pública es la falta de confianza generalizada en las 
instituciones y en los políticos profesionales. Esto nos 
lleva a un doble juego, que es la necesidad de crear 
instrumentos que generen confianza, de modo que los 
vecinos estén dispuestos a utilizar las herramientas 
participativas. 
El riesgo es que tales herramientas queden monopolizadas 
por los militantes políticos y sus entidades no 
gubernamentales colaterales, y que dejen muy pocos 
espacios para la actuación real de los ciudadanos más 
independientes.
4. Establecimiento del derecho a la información:
La participación pública es impensable sin un adecuado 
sistema que permita la accesibilidad de la información 
pública a todos los actores sociales involucrados. Está 
claro que el principio de publicidad de los actos de 
gobierno forma parte indispensable de todo régimen 
republicano. Sin embargo, la naturaleza de dicha 
publicidad es distinta según aceptemos criterios de 
democracia representativa o de democracia participativa. 
Una las derivaciones de los criterios tradicionales de 
democracia representativa es el del secreto de 
determinados actos de gobierno. En efecto, los principios 
representativos aplicados a partir de las revoluciones 
francesa y norteamericana de fines del siglo XVIII 
suponían que se reemplazaba el orden monárquico emanado de 
Dios por un poder emanado del pueblo, que encontraba su 
legitimación en el acto mismo del sufragio. Pero una vez 
instalado el poder, su forma cotidiana de actuar y su 
naturaleza misma podían no ser demasiado diferentes de las 
que caracterizaba a los poderes del Antiguo Régimen. 
De hecho, toda nuestra normativa sobre el desarrollo de la 
función pública está tomada de los principios napoleónicos 
y tiene por piezas fundamentales la discrecionalidad de 
los administradores y el secreto de los actos que ocurren 
en el interior del gobierno. 
Recíprocamente, para la democracia representativa es 
fundamental la publicidad de las acciones exteriores del 
gobierno (es decir, las que van del gobierno a la 
comunidad). Una de sus manifestaciones es la publicación 
de los Boletines Oficiales, que registran y difunden 
Decretos, Leyes y Resoluciones. En aplicación de este 
principio, dichas normas no tienen vigencia desde el 
momento en que son sancionadas, sino desde el momento en 
que son publicadas. 
Por estas razones, las diversas dictaduras militares y 
gobiernos de facto utilizaron con frecuencia las leyes y 
decretos secretos. Es decir, que al no ser representantes 
del pueblo sino sólo de sí mismos, no se sentían obligados 
a dar a publicidad ni siquiera las acciones externas de 
sus respectivos gobiernos.
Por el contrario, las acciones internas del Estado no han 
estado habitualmente comprendidas dentro de los temas a 
los que alcanza la publicidad de los actos de gobierno. 
Un borde ambiguo entre unas y otras ha sido el de los 
gastos reservados. Bajo pretextos tales como la defensa 
nacional, se asignaron grandes sumas de dinero a destinos 
que no se explicaron, lo que permite suponer al menos la 
posibilidad de desvíos de índole corrupta. Los fondos 
reservados, característica importante de los gobiernos de 
facto, continúan todavía bajo el régimen constitucional.
También es significativa la frecuente contradicción entre 
una normativa constitucional o legal que otorga un derecho 
como el que estamos analizando y una normativa (o una 
práctica) administrativa que lo niega. Los ámbitos 
municipales son tradicionalmente sitios de información 
cerrada al público usuario. Se da entonces la paradoja de 
un derecho constitucional negado por una norma de mucho 
menor jerarquía, como lo es una resolución de un director 
municipal, por ejemplo.
Las restricciones a la información pública son, sin 
embargo, mucho más fuertes en el nivel nacional que en el 
de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, comentan 
Sabsay y Tarak que "la reforma de nuestra ley fundamental 
de 1994, si bien introdujo la problemática ambiental y del 
desarrollo sustentable en su texto, se olvidó del 
reconocimiento del derecho de libre acceso a la 
información pública. La lectura del artículo 41 
consagratorio del derecho a un ambiente sano establece 
entre sus disposiciones que las autoridades proveerán a la 
información ambiental. Pero, ¿qué sucede cuando ellas no 
cumplen con su cometido o lo hacen en forma defectuosa o 
retrasada en el tiempo? El artículo que hemos citado no 
dice nada al respecto. Es evidente que el redactor se ha 
quedado corto. No dudamos que le ha impuesto a los 
gobernantes determinado tipo de obligaciones en materia de 
información. Entendemos que son ellas:
?* La necesidad de almacenar la información;
?* La necesidad de hacerlo de manera sistemática y 
periódica;
?* La necesidad de ordenarla de manera de facilitar el 
acceso a la misma. 
"Consideramos que estas tres obligaciones surgen de manera 
implícita. Pues cómo proveer lo que no se ha guardado, 
cómo pensar que la información pueda ser guardada de 
manera desordenada y por último tampoco sería razonable 
pensar que el redactor de la Constitución ha cumplido con 
la obligación fuera de toda periodicidad en el tiempo. 
Dadas estas aseveraciones que estamos haciendo creemos que 
se ha avanzado mucho" [7]. 
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un 
mayor grado de avance al respecto que la Constitución 
Nacional, ya que la de la Provincia determina como 
obligación de la misma: "garantizar el derecho a solicitar 
y recibir la adecuada información y a participar en la 
defensa del ambiente, de los recursos naturales y 
culturales" [8]. Algo semejante ocurre en la Ciudad de 
Buenos Aires, aunque el principio de publicidad de 
información no tiene un cumplimiento efectivo. 
Es significativo el que en todas las normas sobre la 
función pública se exija a los empleados del Estado el 
mantener silencio sobre los hechos que conozcan en el 
ejercicio de sus tareas [9]. También es significativa la 
frecuente contradicción entre una normativa constitucional 
que otorga un derecho como el que estamos analizando y una 
normativa administrativa que lo niega. La aplicabilidad de 
esta herramienta en la discusión sobre las futuras 
estrategias de desarrollo económico requiere de la 
generación de una normativa específica para la 
disponibilidad de la información ambiental en los niveles 
nacional, provincial y municipal. 
Si se desea que los ciudadanos asuman un rol protagónico 
en el proceso de recuperación del país, la información que 
reciban no puede estar mediatizada por los deseos o 
intereses de las autoridades. 
Toda la información existente debe estar disponible, con 
independencia de la opinión de los funcionarios sobre las 
supuestas consecuencias de esta disponibilidad. También es 
necesario establecer un mecanismo idóneo de reclamos para 
el caso de ocultamiento de información ambiental. 
Al respecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
deja expedita la vía de la acción de amparo, como modo de 
acceder rápidamente a la misma. Es significativo que tanto 
la Ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires como todos los 
proyectos legislativos vinculados con el derecho a la 
información ambiental no obliguen al peticionante a 
justificar los motivos por los cuales solicita dicha 
información [10]. Es decir, que se presupone que la 
información ambiental es del interés propio de quien la 
pide. Sin embargo, las dificultades y costos de hacer una 
acción de amparo no están al alcance de todos. Inclusive, 
nuestra práctica en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires muestra que son varios los organismos 
gubernamentales que niegan información a la Defensoría. En 
este caso, cuando los pedidos de informes suman varios 
centenares, no hay estructura administrativa capaz de 
iniciar centenares de acciones de amparo para obtener cada 
uno de los informes solicitados.
La experiencia demuestra que la tutela ejercida por los 
organismos públicos es insuficiente para el cuidado del 
medio ambiente y la calidad de vida. Se hace indispensable 
que los propios afectados cuenten con toda la información 
necesaria sobre los hechos que puedan incidir sobre sus 
vidas, sin que se deba alegar secreto empresarial o 
estratégico. En la Argentina los entes públicos y privados 
abusan del secreto y el ejercicio de los derechos 
vinculados con el sistema democrático requiere de un grado 
mucho más alto de transparencia informativa. 
El tema ha sido incluído en la Constitución de Río Negro 
(art. 26), de San Juan (art. 27), en la de la Ciudad de 
Buenos Aires (art. 26), etc. Cualquier proyecto 
participativo requiere su explicitación en el nivel que se 
realice.
Este aspecto puede llegar a ser particularmente sensible 
en los próximos años, ya que la salida de la actual 
situación económica pude implicar el chantaje de aceptar 
cualquier forma de contaminación o degradación ambiental a 
cambio de la creación de empleos, como, por otra parte, ya 
está ocurriendo. Por ejemplo, a mediados del 2001 se 
intentó privatizar terrenos del Parque Pereyra Iraola para 
emprendimientos inmobiliarios, con el argumento de que la 
destrucción de ese parque público permitiría crear nuevos 
empleos. Lo mismo está ocurriendo con proyectos mineros 
muy contaminantes en varias provincias. Va a ser el 
momento en el cual la información ambiental juegue un rol 
decisivo.
5. El ambiente como patrimonio común y el amparo 
ambiental: el aire es de todos
La posibilidad de cuestionar judicialmente las decisiones 
del poder administrador es otra de las herramientas de la 
democracia participativa, que pone en cuestión los modelos 
tradicionales de relación entre gobernantes y gobernados. 
Los principios básicos de discrecionalidad de la 
Administración Pública impidieron durante mucho tiempo la 
realización de este tipo de acciones. Al respecto, los 
principales especialistas en derecho administrativo 
cuestionaron la validez de este tipo de herramientas, por 
considerar que limitaban el poder otorgado por el pueblo 
en los actos electorales y podían impedir el cumplimiento 
de los cometidos del poder administrador. En un juicio en 
el que tres ciudadanos pedimos la prohibición del 
defoliante 2,4,5-T (que había sido usado como arma en la 
guerra de Vietnam), el abogado de la parte contraria 
sostuvo que los administrados no podían cuestionar las 
decisiones del poder administrador [11]. La discusión de 
fondo era: ¿estábamos actuando como administrados sujetos 
al poder de turno o como ciudadanos que ejercen sus 
derechos?
Para que un derecho pueda ser defendido judicialmente (por 
la vía del amparo o de alguna otra) es necesario que sea 
reconocido como de jerarquía constitucional, ya sea 
explícito o implícito.
La Constitución Nacional establece que "todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el desarrollo humano, y tienen el 
deber de preservarlo" (art. 41). 
En algunas constituciones extranjeras y provinciales 
también se amplía la expresión como el derecho de todos 
sus habitantes "a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado". Se trata simplemente de un 
error. El equilibrio ecológico no es una expresión 
genérica, del tipo del bienestar general. Es una expresión 
estrictamente técnica, referida a los ecosistemas en 
estado clímax, y, que por ende, han evolucionado sin 
intervención humana. El Estado no puede garantizar el 
equilibrio ecológico, ya que ese equilibrio sólo es 
posible si se elimina la intervención humana sobre los 
ecosistemas. Para lograr el equilibrio ecológico, sería 
necesario arrancar los cultivos y demoler las ciudades. Lo 
que, obviamente, no es posible ni deseable. 
Al estar consagrando derechos ambientales estamos 
planteando que la legislación debe explicitar esos 
derechos y establecer los mecanismos necesarios para su 
ejercicio. ¿En qué derechos pensamos? El derecho a 
respirar aire puro, a beber agua limpia, a una 
alimentación química y bacteriológicamente pura; el 
derecho a circular y habitar en áreas libres de residuos, 
a un ambiente laboral sano, al uso y goce de espacios 
verdes y abiertos, a la preservación del silencio, a 
habitar en una ciudad no contaminada visualmente. 
La inclusión del deber de preservar un ambiente sano ha 
sido incorporado a la Constitución Nacional. También está 
en las constituciones del Perú (art. 123), España (art. 
45), Córdoba (art. 38), Formosa (art. 38) Jujuy (art. 22), 
La Rioja (art. 66), Río Negro (art. 84), Salta (art. 78), 
etc. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se 
dice "conservarlo y protegerlo", para señalar que las 
agresiones al ambiente son intencionales y que requieren 
de una defensa activa (art. 28). 
Esto apunta a que cada habitante proteja los propios 
derechos y los de las demás personas. El que la protección 
ambiental sea, al mismo tiempo, un derecho y un deber, lo 
ubica dentro de los derechos sociales. Además, la orden de 
que cesen las actividades que supongan un daño al ambiente 
es mucho más enérgica y hasta ahora aparece sólo en la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
También la Constitución Nacional, afirma que "las 
actividades productivas que satisfagan las necesidades 
presentes no comprometerán las de las generaciones 
futuras". La obligación de reparar los daños se refiere 
implícitamente a personas, ecosistemas y patrimonio 
construído porque apunta a aspectos distintos: indemnizar 
a las personas afectadas y reparar los daños causados a 
los bienes materiales, tanto naturales como construídos.
Al respecto, el texto de la Constitución Nacional es 
demasiado impreciso, ya que dice que: "el daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley". Sobre esto, el Dr. Mario 
Valls señala "la falta de claridad del párrafo. 
Evidentemente quiere decir que si alguien daña el ambiente 
va a tener que arbitrar los medios para solucionar el lío 
que hizo. Parece que quiere decir eso. Pero no lo dice" 
[12].
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no remite a 
una ley que pueda relativizar esta obligación. Además, 
utiliza la palabra conlleva en vez de generará, lo que 
también le da un peso mayor. Este texto está tomado 
principalmente de la Constitución del Brasil (art. 225) El 
mismo principio está en la de España (art. 45) y en la del 
Paraguay (art. 8). 
Todo esto nos lleva a señalar que en la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires se agrega la mayor garantía para la 
defensa de los intereses difusos, que es la afirmación de 
que: "El ambiente es patrimonio común". La mención del 
ambiente como patrimonio común no es tampoco de índole 
genérica, sino que es la base para crear un mecanismo de 
amparo amplio, que puede ser usado en cualquier 
circunstancia imaginable en que se violen los derechos 
consagrados por la Constitución. 
De este modo, se trata de corregir uno de los muchos 
puntos débiles de la Constitución Nacional, que en este 
tema legitima para actuar solamente al particular 
afectado, al defensor del pueblo y a las entidades 
especialmente autorizadas para presentar amparos (art. 43 
de la CN). 
Todos sabemos que decir "entidades autorizadas" equivale a 
decir entidades que hayan recibido un permiso del Poder 
Ejecutivo para hacerlo, y no siempre el otorgamiento de 
esos permisos es políticamente neutral. La Constitución 
Nacional deja la puerta abierta para que sólo sean 
autorizados los amigos del gobierno de turno. Por un temor 
al exceso de acciones de amparo se corre el riesgo de 
desamparar a los ciudadanos, cuando son perjudicados, pero 
no pueden reunir las pruebas de un perjuicio personal, 
directo. 
Ahora bien, en este artículo de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires se dice que cualquiera puede 
reclamar por cualquier cosa, sin necesidad de demostrar un 
perjuicio personal (art. 14). "Toda persona puede ejercer 
acción expedita, rápida y gratuita de amparo (...) contra 
todo acto u omisión de las autoridades públicas o de 
particulares" (que afecten derechos consagrados 
constitucionalmente). "Están legitimados para interponerla 
cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de 
derechos o intereses colectivos, cuando la acción se 
ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los 
casos en que se vean afectados derecho o intereses 
colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y 
la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico 
de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del 
consumidor".
Esto significa un cambio profundo en nuestra forma de 
pensar el derecho, que tiene que ver con consagrar los 
intereses y los derechos colectivos o difusos. Se trata de 
legitimar a cualquier persona para que reclame en nombre 
del interés común, y no sólo en nombre de su interés 
particular. La Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires tiene una interpretación más amplia de la acción de 
amparo, ya que es claro que sus constituyentes no pensaron 
sólo en la protección de los derechos individuales. 
Dice que esta garantía ?podrá ser ejercida por el Estado 
en sentido lato o por particulares?... en los casos en que 
se lesione o amenace ... ?el ejercicio de los derechos 
constitucionales individuales y colectivos? [13]. También 
se establece que se trata de una garantía operativa, es 
decir, que no necesita de ninguna reglamentación adicional 
para su aplicación. La experiencia sugiere que no son 
muchos los jueces dispuestos a aceptar amparos en defensa 
del interés social y que hace falta una defensa más 
enérgica de esta garantía constitucional para lograr su 
aplicación sin demasiadas trabas.
Tampoco hay mucho interés parlamentario en garantizar la 
defensa de estos derechos. Por ejemplo, en los proyectos 
de Ley sobre amparo se establece a menudo que el 
demandante tiene que depositar una suma de dinero (llamada 
contracautela) para resarcir por los eventuales perjuicios 
que su acción de amparo pueda provocar. Esto no es regular 
el ejercicio de un derecho, sino simplemente prohibirlo, 
ya que se trata de sumas que no están al alcance de un 
particular. 
Estos derechos no son nuevos, ni de reciente desarrollo, 
sino que la legislación reciente ha recuperado derechos 
antiguos. Los antecedentes, como en la mayor parte de 
estos temas, son muy lejanos y han sido frecuentemente 
olvidados. Nuestro Código Civil ha hecho desaparecer una 
gama muy amplia de formas de interés común, que existían 
desde la Antigüedad, y ha dejado solamente los intereses 
privados y los del Estado, como únicos reconocidos. 
Pero antes de nuestro Código Civil existían formas de 
propiedad colectiva (es decir, de propiedad no estatal ni 
privada), sino que había bienes de propiedad común. Para 
defender esos bienes de propiedad común, cualquiera estaba 
habilitado, lo que equivale a un reconocimiento muy 
antiguo de los intereses difusos. 
Veamos algunos ejemplos:
* El derecho romano diferencia los bienes del Estado de 
aquellos que no pueden ser apropiados, porque están 
afectados al servicio público. Son las "res communes". 
Pertenecen a todo el género humano. Sobre esto, Cicerón 
explica: "Vosotros no impediréis al río correr, porque es 
un bien común a todos, sin ser propiedad de nadie. Lo 
mismo sucede con el aire, porque no es aprehensible". 
El rey Alfonso el Sabio, en sus Leyes para Castilla, 
expresa:
* "Los ríos, puertos y caminos públicos son comunes, aún a 
los que son de tierra extraña". 
* "Fuentes, plazas, ferias, mercados, casas de Cabildo, 
ejidos, montes, dehesas, y todas las semejantes de cada 
pueblo, son comunes al morador en él, pobre o rico". De 
los bienes comunes "no puede cada uno de por sí usar de 
ellas sino que se han de convertir en utilidad para 
todos". 
Es decir, que el reclamo en defensa de los bienes comunes 
es el antecesor de las herramientas para la protección de 
los intereses colectivos o difusos, que son los que se 
están incluyendo en esta acción de amparo. Los fallos de 
algunos jueces han ido creando antecedentes antes de que 
existieran normas que ampararan a los intereses 
colectivos. 
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existen 
avances jurisprudenciales significativos, que deberían 
tener un correlato legislativo más firme. Es decir, no 
deberían quedar sujetos a la buena voluntad de los jueces. 
Por ejemplo, la Cámara Federal de La Plata ha afirmado 
que: "El derecho al medio ambiente y al respeto de la 
belleza de los monumentos, el derecho a la salud y a la 
seguridad social, el derecho a no ser aplastado por un 
desarrollo urbanístico caótico, por una publicidad 
comercial mentirosa, por fraudes financieros, o por la 
discriminación racial o religiosa que desde ahora en 
adelante encuentran lugar en la legislación más avanzada, 
tienen carácter de difuso" [14]. 
Los especialistas en derecho ambiental y en la defensa de 
los consumidores han comenzado a reaccionar. Hasta hace 
poco, era imposible accionar en estas situaciones:
* cuando se lesiona a toda la comunidad, o 
* cuando el bien jurídico protegido es de difícil 
identificación económica, o 
* cuando existe una indeterminada convergencia de 
intereses, o
* cuando los demandantes no pueden invocar derechos 
individuales propios. 
Aceptar y garantizar las acciones de amparo vinculadas con 
los intereses difusos es permitir que cualquier ciudadano 
defienda judicialmente el interés social sin necesidad de 
demostrar estar afectado en forma personal. Este derecho, 
dijimos ha sido incluido en forma muy incompleta en la 
Constitución Nacional (art.43). Pero ya estaba en las 
constituciones de Córdoba, Salta y Tierra del Fuego y en 
leyes especiales en Mendoza, Santa Fe y San Juan. 
Desde lo procesal tenemos que destacar la acción pionera 
de Alberto Kattan durante los años 80, quien se lanzó a 
defender pingüinos y delfines para obtener la legitimación 
procesal que permitiera la posterior defensa de los seres 
humanos amenazados. Este principio permitió que el autor 
de este trabajo lo acompañara en una demanda ?la que 
comentamos más arriba- que llevó a prohibir en la 
Argentina el peligroso defoliante 2,4,5-T, usado en la 
guerra de Vietnam con el nombre de "agente naranja" [15].
Consideramos que la inclusión de esta, a la vez nueva y 
antigua figura jurídica en los textos legales y en la 
realidad operativa permitirá accionar por la defensa de 
derechos de difícil cuantificación pecuniaria, bienes 
libres, no económicos pero que hacen a nuestra realidad 
social. Se trata de dar a los vecinos y a sus entidades la 
posibilidad de recurrir a los tribunales en defensa del 
interés social, sin otro impedimento que las obvias 
sanciones a quien litiga en forma temeraria. 
Un poema campesino chino del siglo XIII advierte que si no 
lo hiciéramos: "Ellos nos sacarían el aire, propiedad 
común, y querrían sacarnos el sol, hasta el viento y la 
lluvia".
6. Audiencias Públicas:
Se trata de una reunión en la cual los decisores políticos 
escuchan las opiniones, quejas y reclamos de los sectores 
involucrados en un proyecto antes de tomar una decisión 
sobre el mismo. Supone el carácter de una consulta pública 
oral y no vinculante. La defensa de esta herramienta ha 
sido asumida notoriamente por Daniel Sabsay y Pedro Tarak, 
quienes la consideran como una de las formas más eficaces 
de validación social de las decisiones tomadas por el 
sector público[16].
Las objeciones formuladas contra esta herramienta tienen 
que ver tanto con una sobreestimación de sus alcances y 
posibilidades como con una subestimación de las mismas. 
Desde el lado de la sobreestimación, las entidades 
empresarias han expresado temores a su implementación, ya 
que entendían que se corría el riesgo de someter a una 
asamblea popular los proyectos formulados por las 
empresas, con el consiguiente riesgo de desbordes y 
arbitrariedades. Esto se discutió en el marco del debate 
sobre los anteproyectos de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental [17] [18]. 
El que las audiencias públicas, por definición, no sean 
vinculantes, no aparecía como razón suficiente para 
aceptarlas. La actitud del sector empresario mantiene la 
necesidad de publicitar los actos de gobierno pero 
mantener en el mayor de los secretos las conductas 
realizadas por las empresas privadas. Esto no significa 
que la determinados sectores empresarios rechacen la 
realización de evaluaciones del impacto ambiental que sus 
proyectos generan, pero reclaman que se realicen en un 
marco de secreto. 
Si bien el argumento utilizado es la protección del sigilo 
empresario, en función de las necesidades de 
confidencialidad y protección de la propiedad intelectual, 
es claro que se trata de una concepción más amplia, que 
considera que los actos del sector privado no deben ser 
discutidos en ámbitos públicos o comunitarios. 
Del otro lado, se discuten estrategias para procurar que 
los decisores políticos tengan en cuenta lo planteado por 
los vecinos en las respectivas audiencias, de modo que el 
sistema no se transforme en un simulacro de participación. 
En tal sentido, es indispensable que la normativa sobre 
audiencias públicas exija a la autoridad de aplicación de 
la norma, que dé respuesta técnica a cada una de las 
objeciones u observaciones formuladas en la Audiencia 
Pública. Sin este requisito, el acto administrativo 
carecerá de validez.
También debe normarse la accesibilidad de la información 
pública sobre el tema, tanto en su existencia y 
disponibilidad física, como en las posibilidades de los 
usuarios de descifrar sus aspectos técnicos. Podemos 
señalar que en 1998 la Secretaría de Planeamiento de la 
Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia pública 
para tratar la reformas propuestas al Código de 
Planeamiento Urbano. Los interesados tuvieron 3 días de 
tiempo para leer un diskette que contenía 700 páginas de 
información técnica de muy alta complejidad.
Es especialmente importante encontrar reaseguros que 
eviten distorsiones de esta índole. Si se desea reforzar 
la participación pública en los proyectos de desarrollo, 
es indispensable evitar que los interesados piensen que se 
encuentran ante un simulacro de participación.
Al mismo tiempo, las audiencias públicas han sido eficaces 
para contener algunas propuestas abusivas emanadas del 
poder político y económico. Por ejemplo, a principios de 
2001, en la audiencia pública respectiva se produjo un muy 
amplio rechazo al proyecto de trasladar el Aeroparque a 
una isla artificial ubicada sobre el Río de la Plata. Se 
trata de un proyecto de muy alto impacto ambiental, 
insostenible desde lo técnico y lo económico. 
Precisamente, el rechazo de los participantes de la 
audiencia tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, lo 
que probablemente signifique el archivo del proyecto.
Se entiende, así, que muchos decisores políticos y 
económicos prefieran evitar las audiencias públicas y 
resolver los temas por otros medios.
7. Defensor del Pueblo:
El Defensor del Pueblo es un funcionario independiente, 
que actúa en el marco del área parlamentaria (o del 
Concejo Deliberante, en el caso de los municipios), 
encargado de recibir quejas de los vecinos ante 
arbitrariedades del poder administrador y canalizar sus 
demandas. 
A escala municipal, el Defensor del Pueblo es una 
herramienta idónea para canalizar la participación popular 
en temas ambientales, siempre y cuando la normativa 
existente le garantice un alto grado de independencia con 
respecto del poder administrador, al que se supone debería 
controlar. El principal riesgo de esta institución es que 
quede sujeto a ocasionales mayorías en los concejos 
municipales y termine representando al mismo poder 
administrador. Está claro que la Defensoría no puede ser 
otro lugar que se disputen los partidos políticos o las 
organizaciones sociales. La sociedad quiere algo diferente 
de una pelea más por cargos públicos o por espacios de 
poder.
Al mismo tiempo, el establecimiento de mecanismos 
participativos lleva a pensar de otra manera los objetivos 
de esta institución. Bajo el sistema tradicional, el 
Defensor del Pueblo se ocupaba de actuar como 
intermediario entre un Estado cerrado y una sociedad civil 
que sufría sus abusos. En ese contexto, era inevitable que 
se convirtiera en una mera oficina de quejas. Los errores 
en la facturación de impuestos municipales o la invasión 
de espacios verdes eran el tipo de temas más frecuentes.
Pero la actual tendencia a establecer mecanismos de 
participación pública hace de la Defensoría el lugar 
adecuado para ponerlos en movimiento. Audiencias públicas, 
consejos consultivos para la gestión de diversas 
actividades, mesas de trabajo y consenso para los espacios 
verdes, juicios en defensa del interés común, ejercicio 
del derecho a la información, integración de las 
organizaciones no gubernamentales, son algunos de los 
temas pendientes, que van más allá de la mera oficina de 
quejas. Son el embrión de nuevas formas de relación entre 
la sociedad y el Estado. 
Aún no se ha hecho el necesario balance de la actuación de 
las Defensorías del Pueblo en Argentina y en el resto del 
mundo. Es decir, que el pueblo aún no ha dicho si se 
siente adecuadamente defendido por el actual modelo de 
Defensoría o si requiere que haya cambios. Por ejemplo: 
¿se tiene que parecer al suave ombusdman sueco o al duro 
tribuno de la plebe de la antigua Roma? Vale la pena 
hablar un poco de las diferencias entre uno y otro:
El modelo del ombudsman sueco es lo que en el lenguaje 
técnico se suele llamar una "magistratura de opinión". El 
ombudsman es alguien que emite una opinión sobre cómo 
deberían hacerse las cosas. Esa opinión se llama 
"recomendación" y las autoridades no tienen obligación de 
cumplirla. La principal herramienta que tiene el ombudsman 
para defender al pueblo es el prestigio de su cargo y de 
su trayectoria personal, los que hacen que contradecirlo 
tenga un costo político alto para los funcionarios. Por 
sus mismas características, el ombudsman actúa en 
representación del pueblo pero sin estar acompañado por el 
pueblo. Esto hace que en ciertas situaciones haya sido 
criticado por distender los conflictos sociales sin lograr 
resolverlos.
Por el contrario, el tribuno de la plebe de la Roma 
antigua es un caudillo. Su rol no es remplazar al pueblo 
en el reclamo sino liderar los movimientos sociales que 
buscan reformas profundas. Es un orador que se enfrenta al 
Senado para defender las causas populares. Su casa debe 
tener siempre la puerta abierta para recibir a aquellos 
que estén injustamente perseguidos. Atiende casos 
individuales pero también impulsa leyes que procuran el 
cambio social y la redistribución de la riqueza en 
beneficio de los sectores más postergados. Esto hace que 
haya tenido fuertes enfrentamientos con los sectores de 
poder de la vieja Roma.
En todo esto, el rol de la Defensoría es, también, 
pedagógico: por su independencia de los poderes 
constituídos, es el ente que puede acompañar este proceso 
de aprendizaje de la sociedad local. En los municipios 
pueden abrirse espacios de participación muy importantes. 
El riesgo es que participen los mismos de siempre, es 
decir, las organizaciones vecinales asociadas a los 
partidos políticos, y el resto de la gente se quede 
afuera.
Para superar la lógica del comité, las respectivas 
Defensorías de cada Municipio tendrán que mover la 
imaginación popular en nuevas formas de relacionarse. En 
particular, utilizar la iniciativa legislativa del 
Defensor del Pueblo para canalizar los proyectos de la 
gente común sobre su municipio. 
8. Institucionalización del rol de las organizaciones 
intermedias:
Los organismos de Naciones Unidas fueron los primeros en 
incorporar organizaciones no gubernamentales como veedores 
en sus encuentros internacionales. Su rol es 
particularmente activo en las cuestiones de mujer y de 
medio ambiente. 
Los organismos vinculados con proyectos de saneamiento 
tanto a nivel provincial como municipal, podrían 
incorporar la práctica de agregar a sus directorios 
algunos representantes de las organizaciones de usuarios. 
Esta práctica está cada vez más difundida en la gestión de 
los servicios públicos y parece lógico extenderla a la 
gestión de servicios ambientales. 
9. El procedimiento de doble lectura en la sanción de 
normas ambientales:
En la mayor parte de la bibliografía sobre participación 
pública, se omite el procedimiento de doble lectura para 
la sanción de normas legislativas (leyes u ordenanzas 
municipales), debido a su novedad y a la falta de 
experiencia en su funcionamiento. Este procedimiento ha 
sido incorporado a la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires, como una forma de ampliar la participación pública 
en la sanción de las normas ambientales.
El procedimiento ha sido fijado para la aprobación de los 
respectivos Códigos y Planes y apunta a generar un amplio 
grado de participación pública.
"Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes 
materias y sus modificaciones":
1. "Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de 
Edificación". 
2. "Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
La técnica participativa que se ordena es la 
siguiente:Art. 90. "El procedimiento de doble lectura 
tiene los siguientes requisitos": 
1"Despacho previo de comisión que incluya el informe de 
los órganos involucrados". 
2. "Aprobación inicial por la Legislatura". 
3. "Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro 
del plazo de treinta días, para que los interesados 
presenten reclamos y observaciones". 
4. "Consideración de los reclamos y observaciones y 
resolución definitiva de la Legislatura" [19].
Esto supone (al menos, en teoría) institucionalizar el 
diálogo, la propuesta y el reclamo social en un grado 
inédito en nuestro sistema legal. Para todos los 
municipios, la posibilidad de aplicar un método de doble 
lectura en la sanción de las ordenanzas ambientales 
significa comprometer a la comunidad en la continuidad de 
las tareas a realizar.
10. Evaluación previa de impacto ambiental:
La evaluación del impacto ambiental de determinados 
proyectos constituye un procedimiento jurídico 
administrativo destinado a otorgar racionalidad ambiental 
a la toma de decisiones. El procedimiento existe en la 
Provincia de Buenos Aires, aunque de una manera muy 
limitada, ya que sólo afecta a los proyectos industriales 
y se reduce a un procedimiento confidencial, que queda 
librado a la buena fe de la autoridad de aplicación.
Nuestro punto de vista es que es necesario ampliarlo a 
todo tipo de proyectos de envergadura (incluyendo las 
normativas urbanas, no solamente las obras físicas) y que 
deben encontrarse mecanismos participativos para el 
control social de dichas evaluaciones.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena en su 
Art. 30 que: "Establece la obligatoriedad de la evaluación 
previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 
público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública".
Es necesario recordar que todos los créditos 
internacionales contienen cláusulas que exigen la 
realización de estudios previos de impacto ambiental para 
cualquier obra relevante, pública o privada. No puede 
decirse que este punto ahuyente a los inversores del 
exterior, ya que es habitual en todos los países del 
Norte. 
Las diferencias entre las consecuencias ambientales de las 
represas de Yacyretá y de Salto Grande obedecen a que los 
equipos técnicos de Salto Grande cumplieron con esas 
especificaciones, mientras que los de Yacyretá no lo 
hicieron. Es decir, que en Argentina se han realizado 
evaluaciones de impacto ambiental en grandes obras, con 
resultados favorables.
La discusión en audiencia pública es indispensable para 
evitar que se desvirtúen los objetivos de la evaluación. 
Un ejemplo interesante es la evaluación del impacto 
ambiental del yacimiento minero de El Pachón, en la alta 
cordillera de San Juan. Fue aprobado por expediente 
confidencial durante el último gobierno de facto, y el 
autor de este trabajo tuvo acceso al mismo. Allí se 
anunciaba que se derivarían los efluentes del proceso 
productivo (de muy alta toxicidad) a un dique artificial, 
el que no correría riesgos de romperse, porque "no se 
encuentra en zona sísmica". La afirmación de que la 
cordillera de San Juan no es zona sísmica sólo puede 
sostenerse en un expediente confidencial, pero nadie se 
atrevería a defenderla en una audiencia pública. 
El artículo 26 de la ley de Conservación, Defensa y 
Mejoramiento del Ambiente de la Provincia de Mendoza 
define al procedimiento de Evaluación Previa de Impacto 
como aquel destinado a identificar e interpretar, así como 
a prevenir las consecuencias o efectos que acciones o 
proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio 
ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la 
preservación de los recursos naturales. 
Hemos empleado para denominar a este instrumento procesal 
de preservación ambiental la voz Evaluación Previa de 
Impacto Ambiental y no la voz Evaluación de Impacto 
Ambiental (E.I.A.) que es habitual en la doctrina, para 
resaltar la condición de previa que hace a la esencia de 
esta figura administrativa-procesal. Tomado de una 
recomendación efectuada por el Parlamento Ecológico 
Nacional. El tema ha sido incluído también en la 
Constitución de Jujuy (art. 123), la de Río Negro (art. 
84), la de Tierra del Fuego (art 55), etc. La obligación 
de publicidad de los estudios de impacto ambiental se 
encuentra en la Constitución del Brasil (art. 225).
Ha sido incorporado a la Constitución y la legislación de 
la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Ejecutivo local 
ha hecho lo posible por evitar su implementación en 
grandes proyectos, tanto públicos como privados, por temor 
a la confrontación de ideas que puede surgir de las 
respectivas audiencias públicas.
La implementación de mecanismos de evaluación previa del 
impacto ambiental de las principales actividades y 
proyectos puede llevar confianza a la población afectada, 
en el sentido de hacer transparentes todos los pasos del 
proceso de decisión e implementación de las políticas 
ambientales. Es claro que existen motivos simétricos para 
que esta institución encuentre fuerte resistencia entre 
los sectores del poder económico y político.
11. Referéndum, plebiscito y consulta popular:
La utilización, a escala nacional, provincial y municipal, 
de mecanismos electorales de consulta popular apunta a 
comprometer a toda la población en la toma de una decisión 
difícil y que requiere de un muy amplio respaldo de 
consenso para poder llevarse a la práctica. Están claros 
los motivos por los que nadie ha intentado plebiscitar 
cuestiones tales como la forma de pago de la deuda 
externa, por ejemplo.
Su introducción al comienzo de la recuperación del régimen 
democrático para definir el conflicto limítrofe con Chile 
en la zona del Beagle le dio un sentido de cosa 
trascendente, coherente con el empleo que se le dio en 
Europa en el período inmediatamente anterior: se lo usó 
para definir leyes a propósito del divorcio, del aborto, 
de la construcción o no de centrales atómicas, o de la 
permanencia de España dentro del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).
Pero además de utilizarse para las grandes cuestiones 
estratégicas o éticas, tiene validez su empleo en las 
cuestiones cotidianas de la administración local. Para 
pensar en su aplicabilidad a la gestión ambiental podemos 
tomar dos ejemplos municipales recientes, que, además, 
tienen un enfoque ambiental:
La convocatoria realizada por el municipio de Mar del 
Plata para pedir autorización para crear un nuevo impuesto 
municipal. El Intendente Municipal había prometido en su 
campaña electoral no aumentar los impuestos. Una vez 
asumido dicho cargo, se encontró con que la disponibilidad 
de fondos del Municipio y la deuda contraída por la 
administración anterior hacían imposible cumplir con el 
programa de obras públicas planteado. Una parte sustancial 
del plan de obras públicas es la ampliación de la red 
cloacal e infraestructura de saneamiento ambiental para 
los sectores de menores recursos. El Municipio planteó que 
dichas obras (consideradas como imprescindibles y urgentes 
por la mayor parte de la población) requerían un impuesto 
especial. Como esto contradecía las afirmaciones 
preelectorales, se llamó a una consulta popular, que 
arrojó como resultado un SI por amplio margen [20]. 
Este resultado no significa que una consulta popular sea 
manipulable por la autoridad para dar siempre los 
resultados deseados. El caso opuesto es el del municipio 
de Choele-Choel (Río Negro), en el que se planteó una 
consulta popular para definir la nueva traza para un brazo 
del río Negro. Se trata de un río en intenso trabajo de 
erosión natural y sedimentación, que crea y destruye islas 
continuamente. Estos procesos habían taponado un viejo 
cauce que bordea la ciudad y que define una isla (la Isla 
92), que actualmente cumple funciones de reserva 
ecológica, aunque muy alterada. Se requería una obra de 
saneamiento que podía consistir en el dragado del viejo 
cauce y la rehabilitación de la isla como reserva 
ecológica. O, por el contrario, se podía abrir un canal de 
drenaje, taponar el viejo cauce y construir un parque y 
una avenida encima del relleno. El Municipio llamó a una 
consulta popular para avalar su proyecto de rellenamiento 
del cauce antiguo y parquización de la zona. La propuesta 
oficial resultó derrotada a pesar de haber puesto todo el 
peso del aparato municipal en la campaña electoral y 
haberse enfrentado a vecinos que carecían de experiencia, 
organización y fondos para hacer su propia campaña [21].
En otras palabras, que el resultado de una consulta 
popular a escala municipal no es un simulacro de 
participación pública, en el cual el electorado puede 
manipularse libremente. Por el contrario, la 
impredecibilidad de los resultados lo muestra como una 
herramienta idónea para que la comunidad exprese su punto 
de vista sobre los temas ambientales. 
12. Recurso de Iniciativa:
Las razones por las cuales vale la pena institucionalizar 
una forma de iniciativa popular en la sanción de leyes y 
ordenanzas municipales es que hay situaciones en las 
cuales existen obstáculos para la sanción de determinadas 
leyes u ordenanzas pedidas por los vecinos. Un caso 
trágico fue el pedido de un importante sector de la 
ciudadanía uruguaya de derogar las leyes de impunidad que 
protegían a los militares que habían cometido crímenes de 
lesa humanidad durante la última dictadura.
Los partidos políticos no estaban dispuestos a acceder a 
dicho pedido, ya que los militares citados a declarar por 
los jueces no se habían presentado y la fuerza pública se 
había negado a llevarlos de un modo coercitivo. Las leyes 
de impunidad eran, para los políticos del gobierno, un 
recurso indispensable a la gobernabilidad del sistema, ya 
que el juzgamiento de los militares era materialmente 
imposible. Recíprocamente, para un sector muy amplio de la 
ciudadanía, ese juzgamiento era un imperativo ético y no 
estaban dispuestos a defender un sistema político que no 
garantizara la justicia. 
Los reclamantes lograron un porcentaje de firmas que les 
permitió el tratamiento parlamentario del tema. Como el 
Parlamento no accedió a su pedido, el tema fue 
plebiscitado, con resultados negativos.
Un caso de aplicación de esta herramienta a escala 
municipal fue en el municipio de General Roca, en la 
provincia de Río Negro, con respecto a un proyecto de 
ordenanza de defensa del patrimonio urbano. En uno de sus 
artículos, la ordenanza aplicaba sanciones a quienes 
dañaran los frentes de las viviendas, lo que era aplicable 
a las pintadas políticas. Como se trataba de la principal 
forma de comunicación durante las campañas electorales, el 
Concejo Deliberante no accedió a los reiterados pedidos de 
los vecinos, quienes lograron imponer la ordenanza por la 
vía de este recurso de iniciativa.
13. Revocatoria del mandato de funcionarios:
La posibilidad de que los ciudadanos remuevan mediante el 
voto popular a quienes consideran malos funcionarios (sean 
funcionarios electivos o designados por la autoridad) 
actúa como un reaseguro de confianza en las instituciones. 
El que sea posible hacerlo puede llegar a ser suficiente 
incentivo de confianza y estímulo para la participación 
pública, aunque no haya razones para utilizar esta 
herramienta. 
Es necesario evitar que este mecanismo lo utilicen los 
partidos políticos para sancionar a aquellos legisladores 
rebeldes a los que no logren disciplinar. Recíprocamente, 
para evitar su uso para resolver un conflicto entre 
partidos políticos, debe recalcarse el carácter 
excepcional de esta herramienta participativa. Esto puede 
lograrse mediante el requisito de un porcentaje muy 
elevado de votos positivos para poder efectivizar la 
cesantía del funcionario cuestionado. En la Ciudad de 
Buenos Aires está regulado por la Ley 357.
14. La creación de nuevas estrategias de participación 
ciudadana:
Hablar de participación ciudadana no significa tomar un 
catálogo de recetas y ver cuál se aplica en cada 
circunstancia. Cada propuesta participativa requiere de 
instrumentos específicos, los que muchas veces deben ser 
diseñados especialmente. 
Por ejemplo, con el equipo de la Defensoría del Pueblo 
Adjunta a mi cargo redactamos un proyecto de Ley con la 
participación de los diferentes actores sociales 
involucrados. La idea fue producir un proyecto para una 
Ley ambiental y experimentar un mecanismo participativo 
que pudiera repetirse en casos semejantes [22].
La modalidad de gestión de este Anteproyecto constituye un 
hecho histórico. Por primera vez en la Argentina logramos 
construir un anteproyecto de Ley de un modo absolutamente 
participativo. A lo largo del año fuimos consensuando un 
anteproyecto de Ley Marco para la Protección del 
Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 
con todos los actores sociales que estuvieron dispuestos a 
participar. 
Invitamos públicamente a que participara todo aquél que 
tuviera interés en hacerlo, sin ningún tipo de 
condicionamientos. Pusimos un especial énfasis en promover 
el diálogo y asegurar la participación de sectores 
sociales y profesionales que tenían serias discrepancias y 
conflictos entre sí. Les dijimos: "Sabemos que ustedes 
están enfrentados. Queremos que trabajen juntos". Lo 
hicieron, con la ayuda de un equipo de mediadores 
profesionales, y a partir de este proyecto, continúan 
haciéndolo en otros. Al ser la Defensoría Adjunta una 
institución neutral, ellos pudieron utilizarla como punto 
de encuentro. 
Preparamos un estudio comparativo de todas la normativa 
(nacional e internacional) disponible para que pudiera ser 
consultada por los participantes y la distribuimos 
profusamente por diskettes y e-mails. Hicimos decenas de 
reuniones previas para acordar con ellos el índice de la 
Ley: ¿qué temas tiene que tratar? Después los convocamos a 
un Seminario-Taller en el cual ellos mismos redactaron una 
serie de documentos sobre los contenidos que sugerían para 
la Ley, distribuídos en comisiones de trabajo. Cada 
comisión estuvo a cargo de un coordinador temático y un 
mediador profesional. Su función fue redactar un documento 
que describiera el contenido de cada uno de los capitulos 
de la Ley. Esos documentos fueron consensuados en 
plenario.
Después de lo cual, nos tomamos un mes para redactar un 
articulado coherente con esos documentos y volvimos a 
reunirlos, para mostrarles ese articulado y preguntarles: 
¿en qué nos equivocamos? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? 
¿Cuáles puntos son internamente contradictorios?
El resultado es que 273 participaron activamente en la 
redacción de un texto complejo y lo sienten como propio. 
El anteproyecto integra la protección del Patrimonio 
Natural y el Cultural, de acuerdo con lo que viene 
predicando la UNESCO desde hace un cuarto de siglo y tal 
como lo incluyen las legislaciones más avanzadas. Propone 
normas en materia de dominio y jurisdicción, crea un 
modelo novedoso de autoridad de aplicación en red. Incluye 
normas sobre financiamiento (incluyendo situaciones de 
emergencia), participación ciudadana, descentralización, 
educación y turismo y régimen de sanciones.
Recibimos una carta de la Fundación Ciudad que dice: 
"Queremos destacar nuestro agradecimiento por haber 
instrumentado un proceso de elaboración legislativa que ha 
dado a luz un proyecto firmemente sustentado en estudios, 
aportes y acuerdos. En este sentido, la iniciativa debería 
servir como modelo al momento de la preparación de otras 
leyes que la Ciudad necesita con urgencia".
Conclusiones:
Las herramientas de democracia participativa son 
mecanismos idóneos para la resolución de los conflictos 
ambientales que surgen de la interacción de múltiples 
actores sociales.
Su inserción generará problemas vinculados con la cultura 
política tradicional. Ningún sistema es mejor o peor que 
otro en abstracto. En este caso, la democracia 
participativa mejora las posibilidades de toma de 
decisiones porque deja márgenes más reducidos al 
clientelismo político tradicional y a la confusión 
habitual entre los actos públicos y los negocios privados. 
Ésa es una razón suficiente para que no sea apoyada en los 
hechos por los beneficiarios de las prácticas mencionadas. 
Al mismo tiempo, la complejidad de las acciones necesarias 
para la construcción de un Proyecto Nacional requiere de 
un muy amplio consenso de una población que desconfía de 
las instituciones y de las personas que las administran. 
La única manera de trabajar para la recuperación de esa 
confianza es creando mecanismos que les permitan ver por 
sí mismos de qué manera se toman las decisiones y se 
manejan los recursos disponibles. Esto lleva, 
necesariamente, a crear espacios en los que la democracia 
participativa se vaya aplicando en forma creciente.
Notas
[1] . Smith, Adam: ?Investigación sobre el origen y causas 
de la riqueza de las naciones?, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1952.
[2] . Keynes, John Maynard: ?Teoría general de la 
ocupación, el interés y el dinero?. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1946.
[3] . Zeballos de Sisto, María Cristina: "Búsqueda de 
sistemas estables: herramientas de la democracia 
participativa", Universidad de Buenos Aires, Ciclo Básico 
Común, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado, 1995.
[4] . Constitución de la Nación Argentina, art. 22.
[5] . Cit. En: Zeballos de Sisto, María Cristina: Trabajos 
prácticos de Sociedad y Estado. Buenos Aires, Ciclo Básico 
Común, Universidad de Buenos Aires, 1996.
[6] Vanossi, Jorge: "El Estado de derecho en el 
constitucionalismo social", Buenos Aires, EUDEBA, 1982.
[7] Sabsay, Daniel Alberto y Tarak, Pedro: "El acceso a la 
información pública, el ambiente y el desarrollo 
sustentable", Buenos Aires, Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales, Manual No 3, 1997. 
[8] Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 28.
[9] . Véase especialmente: "Digesto Municipal de la Ciudad 
de Buenos Aires", régimen de sanciones al personal 
municipal.
[10] Proyectos de los senadores nacionales Melgarejo y 
Genoud, del senador nacional Cafiero, y de los diputados 
de la Ciudad de Buenos Aires Argüello y Béliz.
[11] Marienhoff, M.: Escrito en defensa de la posición de 
la Secretaría de Agricultura de la Nación en los autos: 
"Kattan y otros (Juan Schröder y Antonio Elio Brailovsky) 
c/Secretaría de Agricultura s/prohibición del agroquímico 
2,4,5-T", Buenos Aires, 1984.
[12] Valls, Mario: "Medio ambiente en Constitución", en 
S.O.S. VIDA, Buenos Aires, agosto de 1994.
[13] Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 
20.
[14] Cámara Federal, La Plata, Sala 3º 8 de agosto de 
1988.
[15] Brailovsky, Antonio Elio: "El negocio de envenenar", 
Buenos Aires, Ed. Fraterna, 1986.
[16] Sabsay, Daniel Alberto y Tarak, Pedro: "La 
participación vecinal y la gestión del medio ambiente: 
audiencias públicas ? Gobierno local", Buenos Aires, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 1995.
[17] Reuniones de la Comisión de Ecología de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 
Unión Industrial de la Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 
1998, que coordiné como Director General de esa Comisión. 
[18] El mismo punto de vista fue expresado en varias notas 
dirigidas a la Comisión de Ecología, y al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la discusión de 
dicho anteproyecto.
[19] Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 89. 
[20] Aprile, Elio (Intendente Municipal de Mar del Plata), 
comunicación personal, 1996.
[21] Vecinalistas y autoridades del municipio de 
Choele-Choel, comunicación personal, 1998.
[22] Tengo que destacar el rol de la Lic. Nélida Harracá 
en el diseño e implementación de esta herramienta de 
participación ciudadana
________________________________________
Nota: Un aspecto preocupante de la actual situación 
política es la escasa prioridad que se le está asignando a 
la participación ciudadana en los procesos de toma de 
decisiones. Después de un período breve y brillante en el 
cual se incorporaron numerosos mecanismos participativos 
en la Constitución de la Ciudad y se los reglamentó a 
través de leyes específicas, pasamos a un momento en que 
el tema aparece casi congelado en la agenda pública.
La Constitución de la Ciudad incorpora numerosas 
herramientas participativas, algunas semejantes a las que 
establece la Constitución Nacional y otras de mucho mayor 
alcance. El tema son las dificultades para lograr que esos 
derechos ciudadanos vayan más allá del papel. 
Estas herramientas están establecidas desde 1996. Sin 
embargo, en estos siete años no se ha hecho casi nada por 
promocionarlas, de modo que los ciudadanos conozcan sus 
derechos. Una compulsa a varios miles de estudiantes de 
primer año de la Universidad de Buenos Aires que cursaron 
la materia Sociedad y Estado entre 1996 y 2003 reveló que 
el colegio secundario no había intentado enseñarles nada 
vinculado con la participación ciudadana. Está claro que 
la única manera de poder ejercer un derecho es sabiendo 
que existe. 
El ocultamiento de las herramientas participativas por 
parte del sistema educativo y de la mayor parte de los 
medios de comunicación es funcional a un contexto político 
cerrado, donde mucha gente no participa en la discusión de 
los temas públicos porque sencillamente no sabe que puede 
hacerlo.
Por eso este trabajo mío con una síntesis de las 
herramientas de participación ciudadana que están en 
nuestras leyes o en nuestra práctica, como una manera de 
recordar su existencia e instar a todos a 
utilizarlas.-EcoPortal.net
   * Antonio Elio Brailovsky
Lic. En Economía Política. Escritor. Defensor del Pueblo 
Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Convencional 
Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 
representación del partido Nueva Dirigencia. Profesor 
Titular de las Universidades de Buenos Aires (Sociedad y 
Estado en el Ciclo Básico Común) y Belgrano (Ecología en 
la Facultad de Arquitectura).
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos en Venezuela 842 - 3º Piso, Tel.: 4338-4900, 
internos 7538; 7544; 7545 y 7547 
La página de Internet de esta Defensoría Adjunta es: 
http://www.ecoportal.net/defensorecologico 
   
.Los artículos firmados son de responsabilidad de los 
autores. EcoPortal.net puede o no coincidir con los 
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