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Asunto:[LEA-Venezuela] Alto Caroni - El Nacional
Fecha:Lunes, 12 de Febrero, 2001  19:39:10 (-0400)
Autor:anna ponte <anaponte @...net>

El Nacional, lunes 12 de febrero 
 
 
 
Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional, el director de guardería 
ambiental y el comandante, en el estado Bolívar, del  
    regional No 8 de la Guardia Nacional, generales de brigada Oscar 
Márquez y Adríán Hernández Arguinzoni, respectivamente,  
    viajaron este fin de semana hacia las zonas mineras del sudeste del 
estado Bolívar. La delegación constató que la actividad  
    minera en la región se mantiene aún en total anarquía, esto ante la 
ausencia total de una política de Estado que controle la  
    actividad de explotación que allí se realiza. 
 
    Esta viene a ser la primera visita realizada al sector Frijol II del 
Infierno por una comisión parlamentaria que sumó también al fiscal  
    del ministerio público con competencia plena, Rafael Jiménez; al 
comandante del destacamento 84, Elvin Castillo; y a los  
    diputados Dianela Parra de Avila, de la Comisión de Ambiente 
Territorial; Pedro Bastidas, de la Subcomisión de Evaluación y  
    Control del Ambiente, junto al resto de sus miembros: Luigi D´Angelo, 
Nelson Rampersad, Julio García y Guillermo Guevara. 
 
    El criterio de estos representantes fue único en relación con los 
severos daños al ambiente que causa una actividad minera sin  
    controles, la cual lejos de rendir provecho al país, acaba con el 
frágil ecosistema de la selva tropical húmeda. Problema cuya  
    magnitud hace que la Guardia Nacional se declare impotente. 
 
    La comisión en El Infierno 
    Tras un vuelo desde la base de apoyo en Urimán, de 15 minutos en un 
helicóptero Bell 412 de la Guardia Nacional, los  
    parlamentarios comprobaron in situ los severos daños causados en 400 
hectáreas por la exploración y explotación de diamantes  
    aluvial, y oro en otras zonas, por hombres y mujeres atraídos por una " 
bulla diamantífera" conocidas como El Infierno y Frijol II, en  
    donde se observa la degradación del ser humano y su entorno ambiental. 
 
    Cerca de 2.000 personas permanecen en El Infierno, en inhóspitas 
viviendas, estrechos callejones, bares itinerantes, lenocinios,  
    en los que el vicio y la promiscuidad, el tráfico y consumo de drogas 
van de la mano. 
 
    Muchos de estos hombres y mujeres, algunos guyaneses, brasileños y 
colombianos, argumentaron que no tener otra manera  
    para ganarse la vida: "Esto es lo que sabemos hacer, explotar las 
minas" con monitores hidráulicos, que bombean miles de litros  
    de agua, pese a exterminar todo tipo de vida vegetal o animal que se 
interponga. 
 
    Hernán Rojas dijo ser minero de profesión y natural de El Callao, con 
más de 20 años en la actividad. Antes fue mayorista de  
    diamantes. 
 
    Rojas trató de justificar su presencia en El Infierno, a donde sólo se 
llega por vía aérea y después de cruzar la selva a lomo de  
    mula o burro durante una hora. Dijo que "no sé realizar otra actividad, 
sino la de pequeño minero. El gobierno regional nos tiene  
    abandonado, ni se diga el Ejecutivo nacional. Aquí cuando llegan 
comisiones sólo vienen cargadas de demagogia y falsas  
    promesas". 
 
    Los daños de más de una docena de motores hidráulicos, que trabajan 12 
horas al día en esa franja de Frijol II, son  
    indescriptibles. Una zona que a pesar de encontrarse fuera del Area de 
Régimen Especial que protege el parque Gran Sabana su  
    influencia es determinante en ese ecosistema, según explicaron los 
investigadores de la Universidad de Guayana, Darío  
    Bermúdez y Sergio Milano, quienes poseen una valiosa información sobre 
el problema que tiene ya más de 40 años. 
 
    El grupo de diputados se asombró por el desastre minero que vieron en 
El Infierno, Infiernito II, Frijol II; y por la forma tan fácil que  
    llega combustible, bebidas alcohólicas y otras necesidades, por vía 
aérea, para una comunidad errante, la cual es surtida desde  
    la distante población de La Paragua, en el municipio Raúl Leoní. 
 
    La diputada presidenta de la Comisión de Ambiente y Territorio, Daniela 
Parra de Avila, expresó sentirse afectada por la forma en  
    que el Estado venezolano tiene a su propia suerte la búsqueda de una 
solución definitiva al trabajo de los depredadores, de la  
    llamada pequeña minería, en al que el hombre so pretexto de sobrevivir 
como minero profesional, destruye un bosque tropical de  
    difícil recuperación, en un frágil ecosistema. 
 
    Parra dijo estar ante un desastre que no sólo tiene profundas 
connotaciones de tipo socioeconómico sino ambientales. Recalcó  
    que ya es tiempo de buscar una solución definitiva a este cuadro 
dantesco, representado por hombres y mujeres que piensan que  
    el futuro se encuentra en unos cuantos quilates de diamante, de 
extracción aluvial. 
 
    Los parlamentarios estiman que para la próxima semana se encuentre 
listo el informe preliminar, que permitirá tener un  
    diagnóstico de la situación y comenzar a realizar los contactos 
necesarios con el Ministerio de Energía y Minas, gobernación del  
    estado Bolívar y Ministerio del Ambiente, a fin de tomar una decisión 
en torno a la anarquía de la minería en el estado Bolívar. 
 
 
 
 
 
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