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Asunto:[LEA-Venezuela] amparo contra radiacion de celulares?
Fecha:Sabado, 6 de Marzo, 2004  16:21:42 (-0400)
Autor:interfazamazonica <interfazamazonica @.....net>



amparo contra radiacion de celulares de Movilnet, Telcel y Digitel?
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

 

            Mediante oficio No. 631-02, del 26 de diciembre de 2002, el 20
de diciembre de 2002, el Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial
Penal del Area Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la acción de amparo ejercida por el
ciudadano ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS, titular de la cédula de identidad No.
5.024.920, contra los ciudadanos Carlos Eduardo Helmund, Guillermo Olaizola
y Federico Rossi, en el carácter de Presidentes de Telcel Celular, C.A,
Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y Corporación Digitel C.A.,
respectivamente.

 

            Tal remisión se fundamentó en la decisión dictada por el
mencionado Juzgado de Juicio, el 20 de diciembre de 2002, mediante la cual
declinó la competencia a esta Sala Constitucional para conocer de la
presente acción de amparo.

 

            El 27 de diciembre se dio cuenta en Sala del presente
expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien
con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

            Narró el accionante, como fundamento de la presente acción de
amparo, los siguientes argumentos:

 

            Que actúa en su “condición individual de Defensor de los
Derechos Humanos”, condición que -según señala- le atribuye los artículos
23 y 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así
como la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

            Que su solicitud se fundamenta en “... una acción popular que
proteja al público usuario de la telefonía celular en forma activa y a los
usuarios pasivos que son impactados indirectamente por la radiación
electromagnética, tanto de los teléfonos móviles como de las antenas base” 

 

            Que desde hace varios años varias empresas han ofrecido
productos para el consumo del público, tales como teléfonos móviles o
celulares. Que existe una inmensa literatura que señala los riesgos a la
salud que producen el uso de los teléfonos celulares.

 

            Que los celulares emiten una “...Radiación no lonizante, la
cual ofrece serias dudas acerca de su inocuidad, por lo que ha despertado
una seria polémica en el mundo científico”.

 

            Que “...establece el artículo 4 de la Ley Sobre Sustancias,
Materiales y Desechos Peligrosos: La falta de certeza científica no podrá
servir de fundamento para postergar la adopción de medidas preventivas y
correctivas que fueren necesarias para impedir el daño a la salud y al
ambiente”.

 

            Que “... lo que se quiere es que estas empresas asuman un
conjunto de compromisos dentro del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN que deben
observar estas sociedades mercantiles”.

 

            Que “aquí se encuentra en juego el Derecho a la Vida y el
Derecho a la Salud del colectivo”. 

 

            Por lo anterior solicitó que el Tribunal ordene a las empresas
Telcel Celular, C.A., Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y Corporación
Digitel C.A.:

“1) Que se haga saber a sus consumidores que la exposición del público a
las radiaciones típicas de telefonía móvil es relativamente reciente, por
lo que de momento se carecen de datos suficientes para evaluar
correctamente sus posibles efectos sobre la salud.

 

2) Que por cuanto no se ha demostrado Científicamente su Inocuidad se le
debe recomendar a los usuarios: Que no es recomendable el uso del producto
en Adolescentes menores de 16 años y niños, así como de mujeres embarazadas.

 

3) Que en virtud de estar en vigencia la Norma Venezolana COVENIN
2238:20000 Radiaciones No Ionizantes. Límites de exposición. Medidas de
Protección y Control. Deben informar a la autoridad competente: COMISION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), la ubicación geográfica de sus
Antenas Bases, como asì (sic) mismo se les coloque a las mismas, el nombre
y la dirección de la empresa responsable de la emisión de ondas (Potencia),
y características técnicas, y si las mismas se encuentra dentro de un radio
de 610 metros a Escuelas, Viviendas o Centros de Salud.

 

4) Que en publicaciones (trípticos) a costa de las empresas vendedoras del
servicio de Telefonía Celular, se le informe a los usuarios lo siguiente:
El Derecho que estos tienen de ser informados sobre la radiación No
Ionizante, el Campo Electromagnético y las Microondas. Un informe de cuales
han sido las noticias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la
investigación que adelanta en el tema.

 

5) Anunciar que en sus oficinas se encontrará un personal capacitado y
adiestrado para responder cualquier pregunta de los Usuarios sobre la
situación planteada relacionada con los posibles efectos de la Radiación no
Ionizante, Campos Electromagnéticos y Microondas.

 

6) Iniciar una Campaña pública para la recolección de Pilas de CADMIO, con
el objeto de que las mismas sean Recicladas bajo su responsabilidad y costo.

 

Que el Tribunal desaplique cualquier Norma Legal que colida con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a tenor de sus
artículos 26, 334 y 335.”

 

 

 

II

DE LA COMPETENCIA

            

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la
presente acción de amparo, y en tal sentido observa que en el escrito
contentivo de la presente acción el solicitante señala que existe un riesgo
a la salud y a la vida del colectivo y señala que la presente acción se
trata de “... una acción popular que proteja al público usuario de la
telefonía celular en forma activa y a los usuarios pasivos que son
impactados indirectamente por la radiación electromagnética, tanto de los
teléfonos móviles como de las antenas base”.

 

            Al respecto, esta Sala, mediante sentencia del 30 de junio de
2000 (caso: Dilia Parra Guilén) señaló lo siguiente:

 

“Cuando los derechos y garantías constitucionales que garantizan al
conglomerado (ciudadanía) en forma general una aceptable calidad de vida
(condiciones básicas de existencia), se ven afectados, la calidad de la
vida de toda la comunidad o sociedad en sus diversos aspectos se ve
desmejorada, y surge en cada miembro de esa comunidad un interés en
beneficio de él y de los otros componentes de la sociedad en que tal
desmejora no suceda, y en que si ya ocurrió sea reparada. Se está entonces
ante un interés difuso (que genera derechos), porque se difunde entre todos
los individuos de la comunidad, aunque a veces la lesión a la calidad de la
vida puede restringirse a grupos de perjudicados individualizables como
sectores que sufren como entes sociales, como pueden serlo los habitantes
de una misma categoría, o los miembros de los gremios profesionales, etc.
Sin embargo, los afectados no serán individuos particularizados, sino una
totalidad o grupo de personas naturales o jurídicas, ya que los bienes
lesionados, no son susceptibles de apropiación exclusiva por un sujeto. Se
trata de los intereses indiferenciados, como los llamó el profesor Denti,
citado por María Isabel González Cano (La Protección de los Intereses
Legítimos en el Proceso Administrativo. Tirant. Monografías.
Valencia-España 1997). Como derechos otorgados a la ciudadanía en general,
para su protección o defensa, es un derecho indivisible (así la acción para
ejercerlo no lo sea), que corresponde en conjunto a toda la población del
país o a un sector de ella. Esta indivisibilidad ha contribuido a que en
muchas legislaciones se otorgue la acción para ejercerlos a una sola
persona, como pueden serlo los entes públicos o privados que representan
por mandato legal a la población en general, o a sus sectores, impidiendo
su ejercicio individual.

Con los derechos o intereses difusos o colectivos, no se trata de proteger
clases sociales como tales, sino a un grupo de individuos que pueda
considerarse que representan a toda o a un segmento cuantitativamente
importante de la sociedad, que ante los embates contra su calidad de vida
se sienten afectados, en sus derechos o garantías constitucionales
destinados a mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se
van disminuyendo o desmejorando, por la acción u omisión de otras personas.

 

Debe, en estos casos, existir un vínculo común, así no sea jurídico, entre
quien acciona para lograr la aplicación de una norma, y la sociedad o el
segmento de ella, que al igual que el accionante (así sea un ente especial
para ello), se ven afectados por la acción u omisión de alguien. Ese
vínculo compartido, por máximas de experiencias comunes, se conoce cuando
existe entre el demandante y el interés general de la sociedad o de un
sector importante de ella, y por tanto estos derechos e intereses difusos o
colectivos generan un interés social común, oponible al Estado, a grupos
económicos y hasta a particulares individualizados. Ese interés social debe
ser entendido en dos sentidos, uno desde el ángulo procesal, donde
representa el interés procesal para accionar, cuando sólo acudiendo a los
órganos jurisdiccionales se puede obtener una satisfacción para la
sociedad; y otro, como un valor jurídico general tutelado por la
Constitución, que consiste en la protección derivada del derecho objetivo,
de los diversos grupos que conforman la sociedad o de ella misma, y que por
las condiciones en que se encuentran con respecto a otros de sus miembros,
se ven afectados por éstos directa o indirectamente, desmejorándoles en
forma general su calidad de vida.” 

 

            Asimismo, en la referida sentencia se señaló que corresponde a
esta Sala Constitucional la competencia para conocer demandas por intereses
difusos y colectivos, al igual que para acciones de amparo por medio de las
cuales se pretendan ventilar dichos intereses.

 

En razón de lo anterior, y visto que en el presente caso se denuncia
amenaza de violación del derecho a la salud y a la vida del colectivo, esta
Sala estima que en el caso de autos nos encontramos ante una petición de
tutela constitucional que ha sido ejercida con base en los derechos o
intereses colectivos, motivo por el cual, esta Sala resulta competente para
conocer de la presente acción, y así se declara.

 

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Del análisis efectuado por esta Sala Constitucional de las actas del
expediente y de la solicitud de amparo, se aprecia lo siguiente:

 

La presente acción de amparo constitucional tiene como fundamento las
amenazas de violaciones al derecho a la salud y a la vida de los usuarios
de la telefonía celular, por los presuntos riesgos que ocasiona la
“Radiación no ionizante”que emiten los celulares.

 

Ahora bien, en relación con la actividad probatoria que deben realizar los
accionantes en el proceso de amparo, esta Sala Constitucional en su
sentencia de fecha 1 de febrero del año 2000, caso José Amando Mejias
dispuso lo siguiente:

 

“…el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18
deberá también señalar en su solicitud oral o escrita, las pruebas que
desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión produce la preclusión de
la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de
la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos,
con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y
presentare con su escrito o interposición oral…”.

 

En este sentido, tal y como ha sido expuesto en el caso de autos el
accionante fundamenta su solicitud en los daños a la salud que
presuntamente ocasiona el uso de teléfonos celulares, los cuales han sido
reseñados en artículos obtenidos en Internet.

 

Ahora bien, esta Sala constató que en el expediente bajo estudio, no existe
elementos probatorios que puedan hacer presumir la posible existencia de
los riesgos que ocasiona el uso de los teléfonos celulares a la salud, pues
como se indicó, el accionante sólo reproduce en su escrito diversos
artículos obtenidos en Internet que no constituyen elementos de convicción
que demuestren o hagan presumir la existencia de tales riesgos. De tal
manera que al no constar en el expediente elementos probatorios, este Alto
Tribunal estima que el accionante incurrió en una omisión que no puede ser
suplida por la Sala, y que conduce a afirmar que no existe evidencia de que
las violaciones denunciadas puedan ser posibles o realizables por el
imputado.

 

En virtud de estas consideraciones debe esta Sala declarar inadmisible la
presente acción de amparo constitucional de conformidad con lo previsto en
el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, y así se decide.

 
DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República
por autoridad de la ley declara INADMISIBLE la acción de amparo
constitucional interpuesta por el ciudadano ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS,
titular de la cédula de identidad No. 5.024.920, contra los ciudadanos
Carlos Eduardo Helmund, Guillermo Olaizola y Federico Rossi, en el carácter
de Presidentes de Telcel Celular, C.A, Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y
Corporación Digitel C.A., respectivamente.

 

       Publíquese, regístrese. Archívese el expediente. 

       Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  16 días
del mes de junio de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de
la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

    El Vicepresidente,

 

      Jesús Eduardo Cabrera Romero

  Antonio José García García

     Magistrado

  

                                                  José Manuel Delgado Ocando
                                                                            
Magistrado

Carmen Zuleta de Merchán

Magistrado

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello
 
Exp.02-3243

IRU	




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