Del medio ambiente que recibió este
gobierno no va quedando ni un cuarto.
Muchas décadas de protección
ecológica realizada casi sin recursos, a punta de valentía y voluntad de
la comunidad científica y con riesgo de la vida de funcionarios que ganan
una miseria por defender el patrimonio común, se están yendo al traste en
la administración actual. Dato sintomático es que el antiguo ministerio
hoy no pasa de ser mero ingrediente de un sancocho burocrático llamado
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que es como si
existiera un Ministerio de Cultivo de Manzanas, Enseñanza de Ballet y
Reparación de Motores. Otro mal indicio es que el principal mérito de doña
Sandra Suárez, la actual ministra, para ocupar el cargo, es haber sido
directora del Plan Colombia, entre cuyas actuaciones estelares figura la
fumigación de selva y bosque.
Si en algo es pródigo nuestro país es
en biodiversidad. Tenemos 42 áreas incorporadas al Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN), que abarcan el 9 % del territorio patrio.
Allí se encuentran 1.754 especies de aves, más que en ningún país del
mundo; también poseemos el segundo inventario en especies vegetales y en
anfibios, y el tercero en reptiles. Colombia es, pues, potencia global en
variedad de animales y plantas. Los parques que las alojan serán de lo
poco que dejemos a nuestros descendientes, pues estamos empeñados en
acabar con todo lo demás. Cuando los cultivos ilícitos sean una historia
antigua, tan antigua como las plantaciones de quina o el consumo de rapé,
existirán los parques naturales a modo de herencia histórica
colombiana.
¿O no existirán? Aunque parezca terrible, la respuesta
podría ser negativa. Existe una seria posibilidad de que en el curso de
algunos años agraviemos de tal manera nuestros parques naturales que ni
siquiera quede este legado a nuestros nietos. El origen del problema
radica en la mentalidad estrecha e inmediatista del gobierno, que está
decidido a acabar con las plantas ilícitas mediante los recursos más
contundentes y definitivos, como bombardear con veneno. Lo acompaña en su
propósito el interés estadounidense por frenar la producción de droga sin
reparar que solo el descenso radical del consumo o la legalización
controlada del producto detendrán este mundo infernal de violencia y
corrupción desatado por la receta represiva.
El Consejo Nacional de
Estupefacientes lanzó en junio pasado una puñalada mortal contra los
parques, y ahora acaba de complementarla el Congreso de Estados Unidos.
Hace ocho meses el Consejo autorizó aplicar glifosfato, un veneno fiero,
dentro del SPNN. Borró así de una patada su política de muchos años y
violó, de paso, la Constitución Nacional (artículos 79 y 80) y varias
normas, como el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto-ley
2811 de 1974), la prohibición específica de fumigar desde el aire “parques
naturales y zonas de reserva” (Decreto 1843 de 1991) y la obligación de
realizar erradicación manual de cultivos (Oficio de Inderena, febrero 5 de
1992).
Los congresistas estadounidenses se habían negado a aprobar
el uso de fondos del Plan Colombia en fumigación de reservas naturales.
Les parecía una barbaridad. Pero la decisión del Consejo de
Estupefacientes fue un guiño para que lo hicieran. Claro: si a los
colombianos no nos importan nuestros parques, mucho menos a ellos. De modo
que este año empezará a caer una nauseabunda lluvia de glifosfato sobre
aquel tesoro que no pertenece ni a este gobierno ni a esta generación,
sino a todos los colombianos, todo el tiempo.
¿De dónde arranca
semejante irresponsabilidad? Por supuesto, del absoluto desdén oficial
ante el problema del medio ambiente. ¿Con qué autoridad el Consejo de
Estupefacientes aprueba fumigaciones en los parques? ¿No es como si la
Dirección de Parques opinara sobre el destino de los narcotraficantes
capturados en Eldorado? ¿Dónde está la ministra del ramo, que permite
semejante intromisión? ¿Dónde el embajador en Estados Unidos, que colabora
en el esperpento? ¿Dónde el Presidente de la República, que aprueba tamaña
estupidez o, por lo menos la ampara con su indiferencia? ¿Dónde las
entidades de control, que cohonestan tan vulgar atropello a las leyes?
¿Por qué no se ordena, como dispone la norma, la erradicación manual de
plantas? ¿Hasta dónde vamos a llegar en la lucha delirante contra la
amapola y la coca?
Más de un funcionario alegará que el gobierno no
puede pensar en mariposas, cucarrones y florecitas porque tiene metas de
seguridad prioritarias. Pero es que la política de seguridad oficial
tampoco ha alejado de los parques a los violentos que se refugian en
ellos. Varios funcionarios del SPNN han sido secuestrados, y tres
directores de unidades -el último, Marta Lucía Hernández, del Tayrona,
hace menos de un mes- fueron asesinados por guerrillas o paramilitares.
Estos dos grupos eran los más encarnizados enemigos de la vida tranquila
en los parques. Ahora, con el gobierno glisofático, son ya
tres.
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