Del medio ambiente que recibió este gobierno no va quedando ni un cuarto.

Muchas décadas de protección ecológica realizada casi sin recursos, a punta de valentía y voluntad de la comunidad científica y con riesgo de la vida de funcionarios que ganan una miseria por defender el patrimonio común, se están yendo al traste en la administración actual. Dato sintomático es que el antiguo ministerio hoy no pasa de ser mero ingrediente de un sancocho burocrático llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que es como si existiera un Ministerio de Cultivo de Manzanas, Enseñanza de Ballet y Reparación de Motores. Otro mal indicio es que el principal mérito de doña Sandra Suárez, la actual ministra, para ocupar el cargo, es haber sido directora del Plan Colombia, entre cuyas actuaciones estelares figura la fumigación de selva y bosque.

Si en algo es pródigo nuestro país es en biodiversidad. Tenemos 42 áreas incorporadas al Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que abarcan el 9 % del territorio patrio. Allí se encuentran 1.754 especies de aves, más que en ningún país del mundo; también poseemos el segundo inventario en especies vegetales y en anfibios, y el tercero en reptiles. Colombia es, pues, potencia global en variedad de animales y plantas. Los parques que las alojan serán de lo poco que dejemos a nuestros descendientes, pues estamos empeñados en acabar con todo lo demás. Cuando los cultivos ilícitos sean una historia antigua, tan antigua como las plantaciones de quina o el consumo de rapé, existirán los parques naturales a modo de herencia histórica colombiana.

¿O no existirán? Aunque parezca terrible, la respuesta podría ser negativa. Existe una seria posibilidad de que en el curso de algunos años agraviemos de tal manera nuestros parques naturales que ni siquiera quede este legado a nuestros nietos. El origen del problema radica en la mentalidad estrecha e inmediatista del gobierno, que está decidido a acabar con las plantas ilícitas mediante los recursos más contundentes y definitivos, como bombardear con veneno. Lo acompaña en su propósito el interés estadounidense por frenar la producción de droga sin reparar que solo el descenso radical del consumo o la legalización controlada del producto detendrán este mundo infernal de violencia y corrupción desatado por la receta represiva.

El Consejo Nacional de Estupefacientes lanzó en junio pasado una puñalada mortal contra los parques, y ahora acaba de complementarla el Congreso de Estados Unidos. Hace ocho meses el Consejo autorizó aplicar glifosfato, un veneno fiero, dentro del SPNN. Borró así de una patada su política de muchos años y violó, de paso, la Constitución Nacional (artículos 79 y 80) y varias normas, como el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto-ley 2811 de 1974), la prohibición específica de fumigar desde el aire “parques naturales y zonas de reserva” (Decreto 1843 de 1991) y la obligación de realizar erradicación manual de cultivos (Oficio de Inderena, febrero 5 de 1992).

Los congresistas estadounidenses se habían negado a aprobar el uso de fondos del Plan Colombia en fumigación de reservas naturales. Les parecía una barbaridad. Pero la decisión del Consejo de Estupefacientes fue un guiño para que lo hicieran. Claro: si a los colombianos no nos importan nuestros parques, mucho menos a ellos. De modo que este año empezará a caer una nauseabunda lluvia de glifosfato sobre aquel tesoro que no pertenece ni a este gobierno ni a esta generación, sino a todos los colombianos, todo el tiempo.

¿De dónde arranca semejante irresponsabilidad? Por supuesto, del absoluto desdén oficial ante el problema del medio ambiente. ¿Con qué autoridad el Consejo de Estupefacientes aprueba fumigaciones en los parques? ¿No es como si la Dirección de Parques opinara sobre el destino de los narcotraficantes capturados en Eldorado? ¿Dónde está la ministra del ramo, que permite semejante intromisión? ¿Dónde el embajador en Estados Unidos, que colabora en el esperpento? ¿Dónde el Presidente de la República, que aprueba tamaña estupidez o, por lo menos la ampara con su indiferencia? ¿Dónde las entidades de control, que cohonestan tan vulgar atropello a las leyes? ¿Por qué no se ordena, como dispone la norma, la erradicación manual de plantas? ¿Hasta dónde vamos a llegar en la lucha delirante contra la amapola y la coca?

Más de un funcionario alegará que el gobierno no puede pensar en mariposas, cucarrones y florecitas porque tiene metas de seguridad prioritarias. Pero es que la política de seguridad oficial tampoco ha alejado de los parques a los violentos que se refugian en ellos. Varios funcionarios del SPNN han sido secuestrados, y tres directores de unidades -el último, Marta Lucía Hernández, del Tayrona, hace menos de un mes- fueron asesinados por guerrillas o paramilitares. Estos dos grupos eran los más encarnizados enemigos de la vida tranquila en los parques. Ahora, con el gobierno glisofático, son ya tres.