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Balance de la situación del derecho a un
ambiente sano en Venezuela.
La situación del derecho a un ambiente
sano presentó avances y retrocesos. Al igual que otros derechos, este
también se vio afectado por la polarización política, principalmente durante la
paralización de la industria petrolera en el marco del Paro Petrolero. La
afectación de las operaciones de la industria dio paso a una alerta ambiental en
el ámbito nacional; y aunque las versiones sobre los accidentes ocurridos se
inscriben en lecturas diversas -no exentas de la diatriba política- a finales de
enero de 2003 las autoridades de ambiente informaron que desde el 06.10.02 se
habían producido 95 sucesos que incluyeron derrames de crudo (8.350 barriles),
de gasolina (524 barriles) y fugas de gas, siendo el Edo. Zulia la región más
afectada.
Sobre la gestión del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (MARN) durante el lapso analizado, destaca como aspecto positivo la
dotación de agua potable a los sectores más vulnerables y el saneamiento en ese
ámbito. También se evalúan positivamente el saneamiento y la conservación del
Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), como una prioridad en la ejecución 2002 y la
ejecución del proyecto de Saneamiento Ambiental del Litoral Central. Otro
aspecto positivo fue la aprobación y ratificación del Protocolo sobre Seguridad
de la Biotecnología y la realización de campañas de educación ambiental, así
como la culminación de la primera fase del Proyecto Plaguicidas, que incluyó el
control de aproximadamente 1.000 toneladas métricas de desechos peligrosos,
ubicados en diferentes regiones.
Durante el lapso el tema ecológico estuvo
ausente de la mayoría de los grandes discursos o iniciativas del Jefe de Estado
venezolano. Uno de los aspectos negativos de la gestión del MARN fue el
relanzamiento de un nuevo proyecto de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la
Reserva Forestal de Imataca, sometido a una consulta pública limitada y carente
de la información adecuada; amén de que, en opinión de varios grupos
ambientalistas, la propuesta contempla el uso minero de esta área, lo que es
contrario al objetivo de las reservas forestales y las medidas cautelares
dictadas en 1997 por el máximo Tribunal. Se observa la ausencia o debilidad de
presión a otras instancias estatales para lograr que Venezuela suscriba el
Protocolo de Kyoto sobre cambios climáticos. Igualmente faltan iniciativas para
actuar, de manera coordinada con otras instituciones, frente a las ocupaciones
ilegales en las ABRAE. Otra deficiencia se observa en la continuación del
Proyecto Minero Las Cristinas, a instancias del Ejecutivo, en la Reserva
Forestal de Imataca. Igualmente negativa es la entrega de permisos para
megaproyectos petroleros, gasíferos, carboníferos y mineros sin los requeridos
estudios de impacto ambiental y sociocultural, ni la previa información y
consulta con las comunidades. Entre estos se encuentran el Proyecto de la
Plataforma Deltana (Edo. Delta Amacuro) y el Proyecto Mariscal Sucre o Paria
Norte (Edo. Sucre), de explotación gasífera – petrolera; el Plan Puerto América
para traslado de carbón (Edo. Zulia); y el Proyecto del Puerto de Aguas
Profundas, de transporte por vía marítima de hierro, calizas y otros minerales
(Edo. Sucre). Por otro lado, la aprobación de la Ley de Semillas y Materiales
para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos representó un retroceso, porque
en lugar de limitar y restringir el uso de transgénicos, se incorporó la
investigación y uso de los mismos.
Tomado de:
Informe Anual sobre la situación de los
Derechos Humanos en Venezuela. XV Edición. Periodo Octubre 2002 - Septiembre
2003. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
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Balance de la situ
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