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Asunto:[LEA-Venezuela] Balance de la situación del derecho a un ambiente sano e n Venezuela.
Fecha:Sabado, 21 de Febrero, 2004  20:37:23 (-0400)
Autor:JAPM <jalexp @..........ve>

Balance de la situación del derecho a un ambiente sano en Venezuela.
 
La situación del derecho a un ambiente sano presentó avances y retrocesos. Al igual que otros derechos, este también se vio afectado por la polarización política, principalmente durante la paralización de la industria petrolera en el marco del Paro Petrolero. La afectación de las operaciones de la industria dio paso a una alerta ambiental en el ámbito nacional; y aunque las versiones sobre los accidentes ocurridos se inscriben en lecturas diversas -no exentas de la diatriba política- a finales de enero de 2003 las autoridades de ambiente informaron que desde el 06.10.02 se habían producido 95 sucesos que incluyeron derrames de crudo (8.350 barriles), de gasolina (524 barriles) y fugas de gas, siendo el Edo. Zulia la región más afectada.
Sobre la gestión del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) durante el lapso analizado, destaca como aspecto positivo la dotación de agua potable a los sectores más vulnerables y el saneamiento en ese ámbito. También se evalúan positivamente el saneamiento y la conservación del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), como una prioridad en la ejecución 2002 y la ejecución del proyecto de Saneamiento Ambiental del Litoral Central. Otro aspecto positivo fue la aprobación y ratificación del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología y la realización de campañas de educación ambiental, así como la culminación de la primera fase del Proyecto Plaguicidas, que incluyó el control de aproximadamente 1.000 toneladas métricas de desechos peligrosos, ubicados en diferentes regiones.
Durante el lapso el tema ecológico estuvo ausente de la mayoría de los grandes discursos o iniciativas del Jefe de Estado venezolano. Uno de los aspectos negativos de la gestión del MARN fue el relanzamiento de un nuevo proyecto de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, sometido a una consulta pública limitada y carente de la información adecuada; amén de que, en opinión de varios grupos ambientalistas, la propuesta contempla el uso minero de esta área, lo que es contrario al objetivo de las reservas forestales y las medidas cautelares dictadas en 1997 por el máximo Tribunal. Se observa la ausencia o debilidad de presión a otras instancias estatales para lograr que Venezuela suscriba el Protocolo de Kyoto sobre cambios climáticos. Igualmente faltan iniciativas para actuar, de manera coordinada con otras instituciones, frente a las ocupaciones ilegales en las ABRAE. Otra deficiencia se observa en la continuación del Proyecto Minero Las Cristinas, a instancias del Ejecutivo, en la Reserva Forestal de Imataca. Igualmente negativa es la entrega de permisos para megaproyectos petroleros, gasíferos, carboníferos y mineros sin los requeridos estudios de impacto ambiental y sociocultural, ni la previa información y consulta con las comunidades. Entre estos se encuentran el Proyecto de la Plataforma Deltana (Edo. Delta Amacuro) y el Proyecto Mariscal Sucre o Paria Norte (Edo. Sucre), de explotación gasífera – petrolera; el Plan Puerto América para traslado de carbón (Edo. Zulia); y el Proyecto del Puerto de Aguas Profundas, de transporte por vía marítima de hierro, calizas y otros minerales (Edo. Sucre). Por otro lado, la aprobación de la Ley de Semillas y Materiales para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos representó un retroceso, porque en lugar de limitar y restringir el uso de transgénicos, se incorporó la investigación y uso de los mismos.
Tomado de:
Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. XV Edición. Periodo Octubre 2002 - Septiembre 2003. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).