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Asunto:[LEA-Venezuela] Pleitos por Tierras donde funciona Camaronera Intersea Farms de Venezuela
Fecha:Viernes, 5 de Septiembre, 2003  07:55:25 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza <vitae3 @..........ve>

INTERESES PRIVADOS PELEAN AGRESIVAMENTE POR TIERRAS DE QUISIRO DONDE FUNCIONA CAMARONERA INTERSEA FARMS DE VENEZUELA FINANCIADA POR BANCO MUNDIAL
 
Mientras los pescadores de Quisiro observan la contaminación camaronera que afecta la pesquería
y el turismo sufre la destrucción de la playa, los poderosos se pelean por la propiedad de las tierras.
 
El Ministerio del Ambiente hasta ahora no ha respondido ninguna de los reclamos de los afectados por la contaminacion y la erosión costera producida
a todas luces por la empresa extranjera rerpesentada en este
ministerio por un Sr. David Griffith
 
La camaronera Intersea Farm con 282 trabajadores directos
dice sostener la vida de todo el pueblo de Quisiro que citan con una población de 7.000 personas.

Panorama,Maracaibo, viernes 5 de Septiembre de 2003
 
La empresa continuará operaciones
Admitido amparo a favor de camaronera

El miércoles en la noche se conoció la sentencia emanada del TSJ. Pobladores de Quisiro rechazan posible cierre. Empresa plantea la posibilidad de construir procesadora del producto.


Texto: Jesús A. Rivero

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el pasado martes un recurso de amparo, a favor de la empresa Sea Farm Internacional, productora de camarones en la población de Quisiro, capital del municipio Faría, del municipio Miranda, luego de la demanda interpuesta por los presuntos dueños de la propiedad donde funciona.

Enrique Weddler, gerente de producción de la empresa camaronera, informó que el dictámen fue conocido el miércoles en la noche, "lo cual tiene para nosotros carácter permanente, mientras el Tribunal Supremo de Justicia analiza el caso, a pesar de existir tres sentencias previas de la misma naturaleza a nuestro favor", aseguró Weddler.

A raíz de la presencia de sujetos desconocidos por la comunidad el pasado lunes, la gerencia principal de la empresa determinó el desmantelamiento preventivo de toda la infraestructura de la granja productora, "para evitar posibles saqueos de parte de estos desconocidos, pero luego del amparo se retomó el ritmo normal de la producción, y la reposición de todo el aparataje", aseveró Napoleón Araujo, gerente de finca.

Añadió que la industria camaronera alberga a 282 trabajadores directos, provenientes del municipio y genera alrededor de 1.000 puestos indirectos.

Por ahora la situación colocó en stand by la construcción de una planta procesadora del producto, con lo que se generarían otros 1.500 nuevos empleos directos para la población femenina de la zona, "y ahorraríamos tiempo y personal al trasladar la materia prima hasta Maracaibo, a la vez que continuamos con el desarrollo económico del municipio", advirtió Weddler.



Alertas

Para los 8.000 habitantes de la parroquia mirandina, el cierre de la empresa "significaría la muerte de toda su gente, porque desde hace más de 10 años dependemos de la pesca y venta del camarón, y de todas las fuentes de empleo que ésta genera", argumentó Juan Matos, camaronero de 33 años.

Rosalba Pineda, representante de la asociación de vecinos de Quisiro, explicó que la acción del martes, "corresponde a un atropello más por parte de la gente de Julio Díaz, quien por años ha pretendido hacer dinero fácil a costillas de la camaronera".

Señaló que como representante vecinal, "no permitiremos que cierren la empresa, y de ser necesario defenderemos como sea cualquier intento de violación, como ocurrió el martes cuando llegó un camión lleno de guajiros a tratar de saquear las instalaciones de la finca".

Entretanto, los empleados de Sea Farm Internacional, entre ellos Richard García, desestimaron la acción judicial emprendida contra la camaronera, "porque desde hace cinco años han tratado de desalojarlos, pero nunca prueban que los terrenos realmente pertenecen a los demandantes".

"Esta es nuestra única fuente de empleo que hay en Quisiro, si la cierran tendremos que emigrar hacia otro municipio y decretar la muerte del pueblo", reconoció Freddy González, empleado y habitante del poblado.



Decisión

Según la ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, se admite el amparo constitucional solicitado por la apoderada legal de la empresa "por violación a la cosa juzgada que emana de las sentencias del Máximo Tribunal de fechas 16 de diciembre de 1997, 9 de diciembre de 1998 y 10 de octubre de 2000, vulnerada flagrante y groceramente por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito con sede en Cabimas".

Ordena la notificación del Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Zulia, para que concurra a la audiencia constitucional el día y hora que fije la Secretaría de la Sala y ordena la notificación del accionante -Julio Díaz Espino- en el juicio principal por intermedio del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito en Cabimas.

Acuerda medida cautelar innomada solicitada por la accionante y en consecuencia se suspenden, mientras dure el presente proceso, los efectos de las decisiones dictadas por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y deTránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas el 31 de julio de 2003.