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Asunto:[LEA-Venezuela] COMUNICADO DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE SENTENCIA DEL TSJ
Fecha:Miercoles, 6 de Agosto, 2003  10:55:21 (-0400)
Autor:Julio Cesar Centeno <jcenteno @..........ve>

 
 
 
Comunicado de directiva de la Asamblea Nacional sobre sentencia del TSJ
 
A la opinión pública nacional e internacional

Los miembros de la Junta Directiva del Parlamento Nacional, institución política fundamental del régimen democrático y máximo foro de representación de la soberanía popular, en ejercicio legítimo y legal de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el día 04 de agosto del presente año, con motivo de las acciones acumuladas, de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para fijar su posición en los siguientes términos:

1.- El espíritu y propósito del Poder Constituyente Originario no fue otro que establecer un proceso de designación de las autoridades del Poder Electoral a partir del pleno reconocimiento de la legitimidad política y de la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional para designar a los rectores y miembros del órgano electoral, tal como lo prevé la Constitución cuando establece el requisito del voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para la designación del CNE, institucionalizando el logro de consensos políticos mayoritarios como condición para la legitimidad democrática del Poder Electoral. Esta legitimidad democrática del poder electoral, legitimidad indirecta, tiene como origen la legitimidad política directa representada en la Asamblea Nacional. Resultaría una desfiguración jurídica y política inaceptable para esta Junta Directiva, que en nombre de supuestos correctivos a vacíos constitucionales se deteriore la consistencia e integridad normativa del principio de legalidad del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.

2.- Tal como ha sido opinión reiterada de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y de las fuerzas políticas mayoritarias que hacen vida en el parlamento, y dada su naturaleza esencialmente deliberativa y fiel expresión del pluralismo democrático de la sociedad venezolana, afirmamos categórica y públicamente, con base en consistentes argumentos político-jurídicos, que el Poder Legislativo Nacional no ha incurrido en ninguno de los supuestos de hecho que pudieran configurar una situación jurídica contraria a las obligaciones y competencias claramente establecidas en la Constitución, y por tanto, que pudieran constituir una omisión constitucional. Desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se han llevado a cabo, de modo enérgico y continuo, incesantes esfuerzos para lograr el consenso de una mayoría calificada de los integrantes de las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento, para lograr así, la mayor legitimidad democrática posible de las autoridades del Poder Electoral, en el contexto de las restricciones y limitaciones que se derivan del actual cuadro político nacional. El logro del mayor consenso posible es y será siempre una tarea indeclinable de los miembros del parlamento, en función de garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, los fines del Estado y los supremos intereses de la Nación.

3.- La designación de los Rectores Electorales y de los miembros suplentes del órgano comicial por parte de la Asamblea Nacional debe superar definitivamente la actual transitoriedad de los miembros del CNE, y garantizar verdaderas condiciones de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales. La designación de un Consejo Nacional Electoral definitivo, equilibrado, confiable, que goce de reconocimiento y legitimidad política, permitirá fortalecer el Poder Público Nacional, consolidando los pilares básicos de funcionamiento de la institucionalidad política democrática. Al mismo tiempo, la Constitución exige que la transitoriedad del actual Poder Electoral cese, y obliga a integrar el ente comicial en estricto acuerdo a sus mandatos. Resultaría una abierta y pública contradicción, sustituir una transitoriedad por otra, que siga careciendo de legitimidad democrática y constitucional.

4.- La Sala Constitucional, reconoce en su sentencia que la omisión del lapso legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral (L.O.P.E.) no puede ser considerada ilegítima. Los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional declaramos, a partir del reconocimiento de la legitimidad política de las acciones que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional, que no puede interpretarse tal contingencia como una abstinencia, inercia, silencio o inactividad del Poder Legislativo Nacional para cumplir sus obligaciones constitucionales. La Asamblea Nacional ha hecho y seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para superar esta situación relativa a los plazos contemplados legalmente, pero no comparte la interpretación que afirma que tal situación, interpretada circunstancialmente para defender estrictos formalismos jurídicos, constituya omisión legislativa alguna, en la medida en que siguen activados y operando los mecanismos políticos de fondo para el logro de acuerdos y consensos en la Asamblea Nacional.

5.- La Sala Constitucional, en el contenido de la sentencia, reconoce de manera pública y notoria, que el nombramiento de los cinco rectores electorales y los demás miembros suplentes del órgano comicial -así sean provisorios- constituye un hecho que trasciende el ámbito de lo estrictamente jurídico, colocándose en el terreno político, y reconociendo la necesidad de contar, para una hipotética designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, con la legitimidad de la representación popular de una mayoría significativa de los diputados y diputadas integrantes de este Parlamento, como con los procedimientos de reconocimiento de las postulaciones de la Sociedad Civil, las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, y el Poder Ciudadano, tal como queda claramente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

6.- Las más altas responsabilidades políticas para garantizar la constitucionalidad, la defensa de los fines del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, la separación, equilibrio y colaboración de poderes, así como los inalienables derechos políticos de la ciudadanía, nos obligan a alertar públicamente sobre las consecuencias políticas inmediatas, de mediana y larga duración de una eventual decisión que pudiera afectar principios, valores y procedimientos que han emanado del Poder Constituyente Originario, y que se han plasmado en el Texto Constitucional de manera clara y precisa. Este llamado de alerta persigue exhortar a los órganos del Poder Público Nacional y a quienes están facultados a ejercer las más altas responsabilidades en la dirección de los asuntos del Estado, sobre los riesgos e inconvenientes que para la gobernabilidad democrática, la estabilidad y la legitimidad política de las instituciones públicas, y la paz social pudieran representar flagrantes violaciones de la integridad normativa de la Constitución Nacional.

7.- En tal sentido hacemos un enérgico llamado de atención a los Poderes Públicos, así como una nueva convocatoria a los diferentes grupos de opinión parlamentaria a abandonar posiciones atrincheradas o radicalizadas que en nada contribuirían en el logro del normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Exigimos a los diferentes grupos parlamentarios de opinión que asuman sus responsabilidades políticas y sus obligaciones legales, para lograr así el consenso exigido por la Constitución Nacional para revestir de la legitimidad política indispensable a la designación de un nuevo Poder Electoral.

8.- Así mismo, hacemos un llamado de alerta a la opinión pública y a las fuerzas políticas y sociales comprometidas con la defensa de la democracia participativa y protagónica para activar los mecanismos políticos y constitucionales de preservación de la institucionalidad democrática, sobre todo en momentos en los cuales factores políticos tratan de impulsar la desestabilización, para generar la inseguridad y el caos en el país.

9.- Por último, queremos dejar claro nuestro criterio político. Las competencias constitucionales no pueden ser invadidas, derogadas o usurpadas sin gravísimas consecuencias para la arquitectura constitucional y política de la República. Por consiguiente, ante una hipotética decisión de la Sala Constitucional que pudiera afectar el ámbito de competencias constitucionales del parlamento y el pleno ejercicio de los derechos de participación política, la Junta Directiva considera que será el pleno de la Asamblea Nacional, como máxima expresión de la legitimidad democrática, quién calificará las circunstancias, y eventualmente declarará si ha habido o no una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo Nacional. Para la Junta Directiva, son inaceptables cualquier forma de intromisión, presión o interferencia que pretendan legitimar campañas de promoción de un conflicto de poderes, y que además pretendan influir sobre decisiones que desfigurarían la Constitución y las leyes. Consideramos que sin extralimitaciones, presiones o interferencias indebidas, es posible consolidar la institucionalidad política democrática, fortalecer la unidad y fines superiores del Estado, acatar los mandatos constitucionales emanados de la soberanía popular, y asegurar la paz de la República.

En la sede del Palacio Federal Legislativo, en la ciudad de Caracas a los cinco días del mes de agosto del año dos mil tres.