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  ----- Mensaje original -----
De: PROVEA <provea@...>
Para: SURVIVAL (Pueblos indígenas/Fiona Watson)
<fw@...-internal.onal.org>
Enviado: Lunes, 08 de Enero de 2001 04:31 p.m.
Asunto: RV: Denuncia Gran Sabana (Venezuela)


Asunto: Denuncia Gran Sabana
Anexamos la siguiente denuncia que nos llegó de Kamoirán
Fraternalmente
Provea
>
>
 Yo, Silviano Castro, titular de la cédula de identidad Nº 10.006.424,
 domiciliado en la Comunidad indígena Pemón de San Rafael de Kamoirán,
 Municipio Gran Sabana, estado Bolívar, como Cacique de la comunidad de
San  Rafael de Kamoirán y en representación de la misma, acudo ante usted
para exponer lo siguiente:

 El 27 de diciembre de 2000 a las 10:30 p.m., un grupo encapuchado de
 aproximadamente 40 efectivos del Ejercito, rodearon mi casa en la
comunidad  de San Rafael de Kamoiran, al ver que nadie salió se retiraron;
al día
 siguiente, el 28 de diciembre, nuevamente se presentaron a la misma
hora,  sin embrago esta vez no estaban encapuchados. Al ser interrogados,
por
 miembros de la comunidad, sobre estas acciones, respondieron que ellos
eran  guardianes de la frontera y estaban dando una vuelta por razones de
 seguridad, sin embargo un militar Pemón que formaba parte del grupo,
señaló  que su función era agarrar a los indígenas que tumbaban torres.

 El día 29, aproximadamente a la 1:00 a.m. nuevamente se acercaron a la
 comunidad, esta vez, los muchachos de la comunidad los vieron llegar en
dos  carros marca Toyota, de la compañía constructora del tendido eléctrico
 (ABB), que los dejó a la entrada de la comunidad, al ver que se estaban
 acercando, los muchachos salieron corriendo en distintas direcciones y
se  dispersaron. Al rato de ocurrido esto, uno de ellos, Juan Ramón Lezama
de la  comunidad de San Rafael de Kamoirán, de 22 años, no aparecía, sin
embargo a  la mañana siguiente relató que había sido golpeado por dos
efectivos.
 Primero lo agarraron fuertemente por el cuello y tras un forcejeo quedó
 inconsciente, al despertar intentó salir corriendo mientras es
perseguido  por dos efectivos, hasta quedar enredado en unos alambres de púa
y ahí
lo  dejan. Juan presenta golpes, heridas y moretones en el cuello, los
brazos y  las piernas.

 Situaciones similares se han estado repitiendo todas las noches:
efectivos  militares, variando el número y hora, llegan  a la comunidad de
San
Rafael  de Kamoirán, trasladados por vehículo de la empresa constructora del
tendido  eléctrico, dan vueltas por la comunidad durante, aproximadamente,
media
hora  y luego se retiran, durante este recorrido si ven algún Pemón los
interrogan  sobre lo que están haciendo y les ordenan que vuelvan a sus
casas, en
caso  de que lleven algún utensilio de trabajo, como cuchillo o bácula,
estos
son  decomisados.

 Estos acontecimiento se inician luego de que el 26 de diciembre,
efectivos  militares comandados por el General Hidalgo, llegaron a la
comunidad de
San  Rafael de Kamoirán con la intención de regalar comida a la comunidad.
Estos  obsequios fueron rechazados por los miembros de la comunidad por
considerar  que era una manera de neutralizar la lucha que estas comunidades
mantienen  en contra del tendido eléctrico hacia Brasil y en rechazo a la
presencia
 militar en la región como consecuencia de esta lucha, sin embargo el
General  Hidalgo argumentó que no había conexión alguna entre una cosa y
otra
pues la  entrega de comida se estaba haciendo a todas la comunidades, a
pesar de
 esto, la comunidad de San Rafael de Kamoirán rechazó la entrega de
 alimentos.

 Los hechos aquí narrados suponen la violación del derecho a la
integridad  física (art. 46 de la Constitución de la República Bolivariana
de
Venezuela)  del joven Juan Ramón Lezama, que fue agredido físicamente sin
razón
alguna,  así como la violación del derecho a la integridad psíquica y moral
(art.
46  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) de toda la
 comunidad de Kamoirán que se ve amenazada y hostigada por los efectivos
 militares. Igualmente se ha violado el derecho a la propiedad (art. 115
de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), al ser
 expropiados nuestros utensilios de trabajo y el derecho al libre
tránsito  (art. 50 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela),
al  obligarnos a entrar en nuestras casas cuando a ellos mejor les parece.

 Todo esto ocurre en nuestro propio territorio y afecta nuestra vida
 cotidiana, nuestra cultura y nuestra seguridad. Por ello, también se
trata  de una violación a los derechos de los pueblos indígenas garantizados
por  la   nueva Constitución (art. 119 y 121)

 Por lo aquí expuesto le solicito que:  inicie una averiguación sancione a
los funcionarios responsables
 ordene la desmilitarización de nuestro territorio


 Atentamente,


 Silviano Castro
 Cacique de San Rafael de Kamoirán
 C.I. 10.006.424

 Dirección:
 Comunidad indígena Pemón de San Rafael de Kamoirán, Municipio Gran
Sabana, estado Bolívar

 Teléfono: 014 8865600




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