| Asunto: | [LEA-Venezuela] Memoria de Imataca | | Fecha: | Martes, 29 de Julio, 2003 22:59:58 (-0400) | | Autor: | JAPM <jalexp @..........ve>
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Este es un artículo necesario de recordar
a propósito de la nueva consulta pública del Decreto 1850 sobre el el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca en Venezuela.
Recientemente esta circulando en la lista UNES Venezuela.
El Universal
Caracas, viernes 04 de julio, 1997
Se hace
camino al andar
¿Legalizando el desorden en Imataca?
Gustavo Márquez Marín
Pareciera que en el caso de la
desafectación parcial de la Reserva Forestal
de Imataca para darle a ésta uso
minero, el Marnr aplicó al pie de la letra
aquella tenebrosa sentencia
popular que dice: 'Matando el perro se acaba la
rabia', o más bien, los
expertos 'minero-conservacionistas' de ese despacho
oficial, creado en
principio para la defensa y conservación del ambiente,
finalmente decidieron
claudicar ante la incapacidad del Estado para
controlar la explotación minera
irracional en esos vastos territorios del
sur, asumiendo la actitud
conformista de los derrotados vergonzantes
incondicionales de siempre: 'Si no
puedes derrotarlos únete a ellos'... o
lo que es lo mismo: 'Si no puedes
poner orden, legaliza el desorden para
preservar la autoridad'. Es la vieja
política cómplice del avestruz
explícitamente asumida por el Gobierno,
aplicada a través de un
reconocimiento a su incapacidad para mantener el
Estado de Derecho y
garantizar la preservación de nuestros recursos naturales
estratégicos. El
Decreto 1.850 que establece el Plan de Ordenación y
Reglamento de Uso en la
Reserva Forestal de Imataca, cuestionado por los
grupo ambientalistas y por
prestigiosas instituciones académicas del nivel de
la Facultad de Ciencias
Forestales de la ULA, ha desatado una fuerte polémica
entre
conservacionistas, representantes del sector minero y entes del Estado,
la
cual definitivamente demuestran la sensibilidad del país por los
temas
ambientales. Para ubicarnos en el problema debemos partir del concepto
de
reserva forestal. Según la Ley Forestal de Suelos y de Aguas, que
regula
específicamente esta materia: 'Estarán constituidas por macizos
boscosos,
que por su situación geográfica, composición cualitativa y
cuantitativa
florística, o por ser los únicos disponibles en la zona,
constituyen
elementos indispensables para el mantenimiento de la industria
maderera
nacional' (Art. 55). Curiosamente el Decreto 1.850 sobre Imataca no
se basa
en esta ley y ello lo hace inconsistente y débil desde el punto de
vista
jurídico y además contradictorio con las prácticas comunes del
propio
Ministerio reflejadas en los anteriores decretos de planes de
ordenación y
manejo de las otras reservas forestales tales como las de
Ticoporo, Caparo
y más recientemente la de Guarapiche, la cual sí cumplen con
ese requisito.
Al incorporar el uso minero a una reserva forestal no
contemplado en la ley
forestal de hecho se está realizando una desafectación
parcial de ésta, lo
cual, en todo caso, debe contar previamente con la
aprobación del Congreso
Nacional, tal como lo establece el artículo 17 de la
Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio. Por lo tanto, el Decreto
1.850 sobre Imataca,
pareciera que contribuye más al desorden que al orden
legal. No es casual
que el Cajap organismo facultado por la Ley de la
Procuraduría para darle
el visto bueno a los decretos reglamentarios del
Ejecutivo no se haya
pronunciado sobre el mismo, lo cual constituye un vicio
legal adicional.
Quizás, la verdadera intencionalidad de este decreto es
autorizar el
reparto que hizo la CVG conducida en esa oportunidad por algunos
de los hoy
prominentes dirigentes mineros promotores del decreto de 1 millón
de Ha
(77% del área desafectada) en Imataca para la explotación minera según
el
plan diseñado por dicha corporación en abril de 1993 el cual no contaba
con
la aprobación del Marnr. En el fondo se pretende 'legalizar' una
situación
de hecho. No deja de ser sorprendente que el Ministerio del
Ambiente viole
su propia normativa al dictar un decreto de desafectación de
esta magnitud,
en el cual se compromete la existencia de una reserva de la
biosfera de
importancia estratégica para el país y el mundo, sin estar
soportado en un
estudio de impacto ambiental.
Desde el punto de vista
ecológico, los trabajos publicados por los más
destacados ecólogos del país
como los doctores Rafael Herrera y Ernesto
Medina del IVIC, Klaus Jaffé de la
USB, Otto Hubert, entre otros, con
respecto a la naturaleza de los
ecosistemas de tipo amazónico como el de
Imataca, nos hablan de la altísima
fragilidad ambiental a la intervención
humana y la alta diversidad biológica
de los mismos, como sus
características más relevantes. Estos señalamientos,
aunados a la falta de
conocimiento científico de la zona y la ausencia de
tecnologías mineras de
bajo impacto ambiental que pudieran ser usadas en esta
reserva, en especial
las referidas a la extracción de oro, por amalgamiento
con mercurio o las
'nuevas tecnologías' que no utilizan mercurio, pero sí el
cianuro, el mismo
elemento usado en las cámaras de gases que se utilizan en
EEUU para aplicar
la pena de muerte, que ya ha causado impactos terribles en
la zona en
reclamación del Esequibo contradictoriamente protestados por
Venezuela, las
cuales se hicieron evidentes en el caso de la mina de Omai:
indica que
debemos ser muy cautelosos para iniciar un proceso de apertura
minera a
gran escala en Imataca. Al desconocerse los impactos ambientales de
la
apertura minera en Imataca, al no restringirse dicha actividad
minera
exclusivamente a la minería de veta, prohibiendo la minería aluvional
y la
minería a cielo abierto en esta zona, el Decreto 1.850, pudiera
contribuir
a mantener y magnificar el desorden imperante en la zona.
Otro aspecto no menos importante es el relativo a la vigilancia y
control
que deben ejercer las instituciones del Estado, FAC, Marnr, MEM,
MSAS, MRE,
MRI, etcétera. El sólo hecho de anunciar una apertura
minera
psicológicamente desatará una nueva fiebre del oro. Con este decreto
se
está abriendo un nuevo frente para la llegada masiva de extranjeros y
todo
tipo de aventureros, sin que objetivamente existan los planes, recursos
y
la autoridad para controlarlos. ¿Dónde y cuándo estarán disponibles
los
sistemas de monitoreo por satélite necesarios para supervisar la
zona?
¿Cuántos helicópteros único medio de transporte de acceso efectivo a
la
zona van a estar disponibles allí para esos fines? ¿Dónde están los
planes
sanitarios para evitar la propagación de enfermedades endémicas como
el
paludismo? ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se ha dispuesto
para
ello? Por otra parte, la falta de inventarios de reservas de oro y de
un
estudio de prospección minera, impide determinar la
relación
costo-beneficio de este decreto. ¿Cuánto pierde y cuánto gana el
país al
arrasar estos ricos ecosistemas? ¿Cuánto en realidad ingresará al
fisco y
contribuirá al bienestar de los venezolanos por ese concepto? Ningún
país
que se respete a sí mismo se atrevería a ir a un proceso de apertura
minera
sin tener una cuantificación de sus riquezas, sin conocer los
impactos
ambientales que se producirán, sin que existan tecnologías probadas
de bajo
impacto ambiental en ecosistemas tropicales frágiles, específicamente
en
bosques húmedos amazónicos y, sobre todo, sin contar con los recursos
para
controlar las actividades que allí se desarrollarán. Sin lugar a dudas
se
impone una revisión del Decreto 1.850 a fin de corregir sus
fallas
jurídicas y técnicas, para convertirlo en instrumento regulatorio útil
que
compatibilice una explotación forestal y minera racional, con
la
preservación ecológica de Imataca. Basado en la experiencia de
Minerven,
podría, por ejemplo, restringirse su aprovechamiento a la minería
de veta,
prohibiendo la minería aluvional y la de cielo abierto. Más que
legalizar
el desorden, lo planteado en Imataca es ordenar el territorio
siguiendo los
lineamientos del IX Plan de la Nación, vale decir, en función
de lograr un
desarrollo sustentable.
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Memoria de Imataca
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