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Asunto:[LEA-Venezuela] Memoria de Imataca
Fecha:Martes, 29 de Julio, 2003  22:59:58 (-0400)
Autor:JAPM <jalexp @..........ve>

Este es un artículo necesario de recordar a propósito de la nueva consulta pública del Decreto 1850 sobre el el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca en Venezuela. Recientemente esta circulando en la lista UNES Venezuela.
 


El Universal
Caracas, viernes 04 de julio, 1997

Se hace camino al andar
¿Legalizando el desorden en Imataca?   

Gustavo Márquez Marín


Pareciera que en el caso de la desafectación parcial de la Reserva Forestal
de Imataca para darle a ésta uso minero, el Marnr aplicó al pie de la letra
aquella tenebrosa sentencia popular que dice: 'Matando el perro se acaba la
rabia', o más bien, los expertos 'minero-conservacionistas' de ese despacho
oficial, creado en principio para la defensa y conservación del ambiente,
finalmente decidieron claudicar ante la incapacidad del Estado para
controlar la explotación minera irracional en esos vastos territorios del
sur, asumiendo la actitud conformista de los derrotados vergonzantes
incondicionales de siempre: 'Si no puedes derrotarlos únete a ellos'... o
lo que es lo mismo: 'Si no puedes poner orden, legaliza el desorden para
preservar la autoridad'. Es la vieja política cómplice del avestruz
explícitamente asumida por el Gobierno, aplicada a través de un
reconocimiento a su incapacidad para mantener el Estado de Derecho y
garantizar la preservación de nuestros recursos naturales estratégicos. El
Decreto 1.850 que establece el Plan de Ordenación y Reglamento de Uso en la
Reserva Forestal de Imataca, cuestionado por los grupo ambientalistas y por
prestigiosas instituciones académicas del nivel de la Facultad de Ciencias
Forestales de la ULA, ha desatado una fuerte polémica entre
conservacionistas, representantes del sector minero y entes del Estado, la
cual definitivamente demuestran la sensibilidad del país por los temas
ambientales. Para ubicarnos en el problema debemos partir del concepto de
reserva forestal. Según la Ley Forestal de Suelos y de Aguas, que regula
específicamente esta materia: 'Estarán constituidas por macizos boscosos,
que por su situación geográfica, composición cualitativa y cuantitativa
florística, o por ser los únicos disponibles en la zona, constituyen
elementos indispensables para el mantenimiento de la industria maderera
nacional' (Art. 55). Curiosamente el Decreto 1.850 sobre Imataca no se basa
en esta ley y ello lo hace inconsistente y débil desde el punto de vista
jurídico y además contradictorio con las prácticas comunes del propio
Ministerio reflejadas en los anteriores decretos de planes de ordenación y
manejo de las otras reservas forestales tales como las de Ticoporo, Caparo
y más recientemente la de Guarapiche, la cual sí cumplen con ese requisito.
Al incorporar el uso minero a una reserva forestal no contemplado en la ley
forestal de hecho se está realizando una desafectación parcial de ésta, lo
cual, en todo caso, debe contar previamente con la aprobación del Congreso
Nacional, tal como lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio. Por lo tanto, el Decreto 1.850 sobre Imataca,
pareciera que contribuye más al desorden que al orden legal. No es casual
que el Cajap organismo facultado por la Ley de la Procuraduría para darle
el visto bueno a los decretos reglamentarios del Ejecutivo no se haya
pronunciado sobre el mismo, lo cual constituye un vicio legal adicional.
Quizás, la verdadera intencionalidad de este decreto es autorizar el
reparto que hizo la CVG conducida en esa oportunidad por algunos de los hoy
prominentes dirigentes mineros promotores del decreto de 1 millón de Ha
(77% del área desafectada) en Imataca para la explotación minera según el
plan diseñado por dicha corporación en abril de 1993 el cual no contaba con
la aprobación del Marnr. En el fondo se pretende 'legalizar' una situación
de hecho. No deja de ser sorprendente que el Ministerio del Ambiente viole
su propia normativa al dictar un decreto de desafectación de esta magnitud,
en el cual se compromete la existencia de una reserva de la biosfera de
importancia estratégica para el país y el mundo, sin estar soportado en un
estudio de impacto ambiental.

Desde el punto de vista ecológico, los trabajos publicados por los más
destacados ecólogos del país como los doctores Rafael Herrera y Ernesto
Medina del IVIC, Klaus Jaffé de la USB, Otto Hubert, entre otros, con
respecto a la naturaleza de los ecosistemas de tipo amazónico como el de
Imataca, nos hablan de la altísima fragilidad ambiental a la intervención
humana y la alta diversidad biológica de los mismos, como sus
características más relevantes. Estos señalamientos, aunados a la falta de
conocimiento científico de la zona y la ausencia de tecnologías mineras de
bajo impacto ambiental que pudieran ser usadas en esta reserva, en especial
las referidas a la extracción de oro, por amalgamiento con mercurio o las
'nuevas tecnologías' que no utilizan mercurio, pero sí el cianuro, el mismo
elemento usado en las cámaras de gases que se utilizan en EEUU para aplicar
la pena de muerte, que ya ha causado impactos terribles en la zona en
reclamación del Esequibo contradictoriamente protestados por Venezuela, las
cuales se hicieron evidentes en el caso de la mina de Omai: indica que
debemos ser muy cautelosos para iniciar un proceso de apertura minera a
gran escala en Imataca. Al desconocerse los impactos ambientales de la
apertura minera en Imataca, al no restringirse dicha actividad minera
exclusivamente a la minería de veta, prohibiendo la minería aluvional y la
minería a cielo abierto en esta zona, el Decreto 1.850, pudiera contribuir
a mantener y magnificar el desorden imperante en la zona.

Otro aspecto no menos importante es el relativo a la vigilancia y control
que deben ejercer las instituciones del Estado, FAC, Marnr, MEM, MSAS, MRE,
MRI, etcétera. El sólo hecho de anunciar una apertura minera
psicológicamente desatará una nueva fiebre del oro. Con este decreto se
está abriendo un nuevo frente para la llegada masiva de extranjeros y todo
tipo de aventureros, sin que objetivamente existan los planes, recursos y
la autoridad para controlarlos. ¿Dónde y cuándo estarán disponibles los
sistemas de monitoreo por satélite necesarios para supervisar la zona?
¿Cuántos helicópteros único medio de transporte de acceso efectivo a la
zona van a estar disponibles allí para esos fines? ¿Dónde están los planes
sanitarios para evitar la propagación de enfermedades endémicas como el
paludismo? ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se ha dispuesto para
ello? Por otra parte, la falta de inventarios de reservas de oro y de un
estudio de prospección minera, impide determinar la relación
costo-beneficio de este decreto. ¿Cuánto pierde y cuánto gana el país al
arrasar estos ricos ecosistemas? ¿Cuánto en realidad ingresará al fisco y
contribuirá al bienestar de los venezolanos por ese concepto? Ningún país
que se respete a sí mismo se atrevería a ir a un proceso de apertura minera
sin tener una cuantificación de sus riquezas, sin conocer los impactos
ambientales que se producirán, sin que existan tecnologías probadas de bajo
impacto ambiental en ecosistemas tropicales frágiles, específicamente en
bosques húmedos amazónicos y, sobre todo, sin contar con los recursos para
controlar las actividades que allí se desarrollarán. Sin lugar a dudas se
impone una revisión del Decreto 1.850 a fin de corregir sus fallas
jurídicas y técnicas, para convertirlo en instrumento regulatorio útil que
compatibilice una explotación forestal y minera racional, con la
preservación ecológica de Imataca. Basado en la experiencia de Minerven,
podría, por ejemplo, restringirse su aprovechamiento a la minería de veta,
prohibiendo la minería aluvional y la de cielo abierto. Más que legalizar
el desorden, lo planteado en Imataca es ordenar el territorio siguiendo los
lineamientos del IX Plan de la Nación, vale decir, en función de lograr un
desarrollo sustentable.