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Asunto:[LEA-Venezuela] COMUNICADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE EL FALLO 1942
Fecha:Viernes, 18 de Julio, 2003  09:48:46 (-0400)
Autor:Julio Cesar Centeno <jcenteno @..........ve>

 
 
COMUNICADO DEL TRIBUNA SUPREMO DE JUSTICIA
ANTE LA TERGIVERSACION DEL FALLO  1942

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió ayer, Jueves 17 de Julio 2003, un comunicado de 12 puntos "ante la tergiversación por parte de algunos periodistas y entrevistados por los medios audiovisuales del contenido del fallo 1942", que de acuerdo con titulares de prensa establece censura previa en Venezuela

COMUNICADO

Ante la tergiversación por parte de algunos periodistas y entrevistados por los medios audiovisuales, del contenido del fallo 1942 de la Sala Constitucional, dicha Sala puntualiza:

1) El fallo sostiene que por encima del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, y a los efectos del Derecho Interno, no hay ningún Tribunal supranacional, transnacional o internacional.

En consecuencia, no se ejecutan en Venezuela sentencias de esos Tribunales que contrarien la Constitución venezolana, siendo solamente en materia de integración latinoamericana y caribeña (artículo 153 Constitucional) donde pueden transferirse competencias de los Tribunales Venezolanos a los órganos supranacionales.

2) Que carece de aplicación en el país cualquier decisión de órganos jurisdiccionales supranacionales, transnacionales o internacionales que violen la Constitución, o que no hayan agotado el trámite del derecho interno en Venezuela.

3) Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen un carácter diferente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no son de obligatorio cumplimiento, siendo -como lo dice la propia palabra- recomendaciones, no vinculantes.

4) Que la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos, el cual genera responsabilidades en quien se exprese, no solo con base a los artículos 57 y 58 constitucionales, sino por el artículo 13 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José.

5) Que el artículo 57 Constitucional prohíbe la censura previa, pero a la vez prohíbe la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios y los que promueven la intolerancia religiosa, lo que constituye una contradicción dentro del mismo artículo.

6) Que el efecto nocivo que produciría la violación por quienes así se expresen, de las prohibiciones sobre propaganda de guerra y mensajes discriminatorios o promotores de la intolerancia religiosa, puede ser impedido por leyes (a dictarse a futuro), que permitan la censura previa, siempre que sean actos jurisdiccionales (y no administrativos) quienes la ordenen.

7) Que las otras responsabilidades que prevé el artículo 13 del Pacto de San José, son necesariamente a posteriori de las expresiones que según dicha norma, afecten el respeto y reputación de los demás, afecten la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o que perjudiquen la salud; o que hagan la apología del odio nacional, racial o religioso, que inciten a la violencia o a cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas.

Se trata de las materias que generan responsabilidades conforme al artículo 132 del Pacto de San José.

8) Que los artículos 148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 141 del Código Penal vigente, impugnados por nulidad, se refieren a las responsabilidades que conforme al Pacto de San José; pueden surgir por parte de quienes en las áreas generativas de responsabilidades, infrinjan el artículo 13 de dicho Pacto de San José.

9) Que conforme al artículo 2 Constitucional, y en protección del sistema democrático, la expresión política no genera responsabilidades cuando comprueban las discrepancias entre lo que la Constitución y las leyes prescriben y lo que realmente ocurre. Por lo que dicha expresión -como doctrina vinculante y en la forma señalada en el fallo- no produce responsabilidad penal.

10) Que no es expresión política la vejatoria, la referida a generalidades y lugares comunes que reiteradamente buscan desprestigiar las instituciones o las personalidades públicas, con el solo fin de dañar la institucionalidad y la función pública.

11) Que el artículo 13.5 del Pacto de San José prohíbe la apología del odio público y que dicha norma, incorporada a nuestra Constitución, sustenta los artículos 444 y 445 del Código Penal.

12) Que se anularan parcialmente los artículos 223, 224, 225 y 226 del Código Penal, por las razones que se señalaron en el fallo, mas no el resto de los artículos impugnados por considerar que no atentan contra la libertad de expresión.