La situación
ambiental del Lago de Maracaibo y la provocación deliberada de derrames
petroleros.
Durante
el mes de enero de este año fueron publicadas alarmantes denuncias de derrames
petroleros en volúmenes inusitados en aguas del Lago y campos adyacentes. Hay
que señalar que las noticias publicadas por la prensa nacional han sido
presentadas de una manera inapropiada, y por demás, errónea, desordenada y
confusa, presentándose mensajes deformados de la situación. Los relatos
noticiosos señalan cantidades de derrames sin ofrecer marco de referencia
alguno, tales como “Ya suman 79 los accidentes ocurridos en las instalaciones
petroleras en 42 días de paro cívico” publicado por Últimas Noticias el 14
de Enero de 2003, agregando que “El gobernador del Zulia, Manuel Rosales,
precisó que se han producido 17 derrames de crudo en las aguas del Lago de
Maracaibo. siendo el más grave de ellos el del pozo 13A1174, ubicado en
Bachaquero, que vierte mil barriles de hidrocarburo por día. Asegura que el
chorro de petróleo sobrepasa los doce metros de altura.” También el 16 de enero
se publicó que “Desde que se inició el paro, un promedio de 1,8 accidentes
ocurren a diario en la industria petrolera; 82 en total, en 45 días de
paralización. O el publicado por la Revista Petrofinanzas el 24 de enero, como
sigue: “en los 53 días de paro en la industria petrolera se han producido 25
derrames en la zona de Occidente” . Uno de los titulares del diario
Ultimas Noticias, en forma simplista presentó una sentencia tan terminante
como tendenciosa: “Hasta 10 años tomará revertir daños ecológicos” (Últimas
Noticias Jueves 16 de Enero de 2003). Esta versión de los eventos ambientales
denunciados no se tomó el cuidado de señalar algún tipo de precisión sobre la
magnitud, sensibilidad y ubicación de los biotopos perturbados por los derrames,
por lo que los mensajes presentan una información de baja calidad por su
carácter genérico e inexacto. Esta información, en nada contribuye como
avance para una investigación pormenorizada, ya que, como es sabido, en estos
casos, resulta obligatorio y responsable ofrecer, como mínimo, información
puntual de las áreas concretas afectadas y su sensibilidad ecológica
específica. Lo cual era esperable considerando la experticia de los
informantes, y las supuestas bases éticas de su denuncia. Inclusive, si
tomáramos por separado algunos datos presentados en los mensajes publicados por
los medios podríamos arribar a las ya conocidas conclusiones oficiales, de que
los derrames mencionados solo alcanzarían un impacto moderado o bajo.
A
pesar del escaso valor técnico de la información manejada, algunas
organizaciones ambientalistas, tales como Audubon de Venezuela, Vitalis,
Azul, y otras, “confirmaron” lo dicho por el Gobernador del Zulia. Inclusive, se
difundieron comunicados firmados por varias organizaciones ambientalistas con
sede en Caracas, que apoyaron esta supuesta alarma ambiental en el Lago de
Maracaibo, tales como Fujucavi (Fundación Venezolana Jurídica para la Defensa de
la Calidad de La Vida), Fundación Científica Los Roques, Fundación La Era
Agrícola, Fundación Museo Del Mar, Fundación Proyecto Maniapure, Fundhonat
(Fundación Hombre Y Naturaleza), Nodo Ambiental de La Red de Veedores, Sociedad
Ecológica Venezolana Vida Marina y la organización Vitalis, ya mencionada.
De
hecho, la observación de las fotografías que se publicaron para ilustrar las
“denuncias” arroja un escenario muy distinto, cuya interpretación resulta
incoherente con el contenido alarmante de las declaraciones. Tal es el caso de
la denuncia de Juan Fernández, de “Gente de Petróleo - Coordinadora
Democrática”, acerca de un derrame que supuestamente alcanzó una extensión de 30
kilómetros.
En
general, asombrosamente, las versiones suministradas por las organizaciones y
expertos, publicadas en la prensa, radio, y televisión nacional y regional,
adolecen de incoherencias y contenidos errados, cuyo mayor exponente fue el caso
ya mencionado del pozo BA-1174 (Bachaquero. erróneamente referenciado en otras
noticias con el Nº 13A1174) que a través de un chorro que alcanzaba unos ocho
metros de altura (El Universal, jueves 16 de enero, 2003 (otros diarios
señalaban una altura de doce metros), que los denunciantes se atrevieron a
lanzar la desmesurada afirmación de que “está dejando escapar alrededor de mil
barriles de petróleo por día”, contradiciendo las realidades conocidas acerca de
la verdadera capacidad productiva de los pozos lacustres, sin contar que en este
caso el pozo mostró evidencias de haber sufrido una tracción destinada a
provocar la rotura del cabezal, de manera que el crudo cayera directamente al
Lago. Junto a esto, la evidencia resaltante del alevoso sabotaje de este pozo es
que el mismo se encontraba fuera de servicio, es decir, sin operación alguna que
pudiera ofrecer accidentabilidad por impericia de sus supuestos operadores, como
se quiso hacer ver. De hecho, la violenta operación que logró quebrar el cabezal
del pozo hubo de utilizar una fuerza de tracción solo posible desde una
embarcación de gran potencia y utilizando una gruesa cuerda del tipo utilizado
para atraque de remolcadores y grandes embarcaciones, o bien con una cuerda de
acero o “guaya”.
Después
de analizar la conducta pública asumida por la organización “Gente del Petróleo
- Coordinadora Democrática” en los medios de comunicación privados donde
diariamente fueron vitoreados los “logros” de la paralización petrolera, y
contrastarla con nuestra observación independiente de los hechos y condiciones
en que se verificaron los eventos de contaminación ambiental, explosiones,
incendios, accidentes de transportes, etc., no podemos menos que creer que los
perniciosas efectos de este sabotaje fueron dirigidos a acreditarse el
triunfalismo del llamado “paro cívico nacional”. La gestión de riesgos a la
salud y ambiente en la industria petrolera merece especial atención en relación
a esta situación provocada por este paro petrolero gerencial, ya que involucró
el abandono total de los planes de contingencia de los servicios operacionales y
contra derrames de hidrocarburos. Los planes de contingencia son procedimientos
operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y
respuesta ante la presencia o la inminencia de un fenómeno peligroso particular
para el cual se tienen escenarios definidos con
anterioridad.
El
plan de contingencia contra derrames petroleros, diseñado para combatir derrames
de crudo desde seis hasta sesenta mil barriles, se encuentra expresado en el
llamado Plan Nacional de Contingencias contra Derrames Masivos de Hidrocarburos
(PNC), cuya coordinación en el área zuliana se incluye en la denominada
Área 1 cuya coordinación tiene su sede en Tía Juana.
“El
Plan Nacional de contingencia contra Derrames Masivos de Hidrocarburos en Aguas
(PNC) fue implantado en 1984 con la participación de Petróleos de Venezuela y
los ministerios de Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, energía y
Minas, Defensa, Transporte y Comunicaciones y Recursos Naturales Renovables. En
1986 se ratificó la coordinación de PDVSA mediante un decreto presidencial. Está
diseñado para combatir derrames que involucren entre seis y 60.000 barriles de
crudo o de productos de hidrocarburos. Para la aplicación del PNC el territorio
nacional está dividido en 7 zonas, de las cuales la zona 1, con coordinación en
Tía Juana, corresponde al Lago de Maracaibo, la zona 2, con coordinación en
Cardón, corresponde al Golfo de Venezuela y la zona 7 con coordinación en
Lagunillas/Casigua, abarca la Cuenca del Río Catatumbo desde la frontera
colombiana hasta el Lago. El equipamiento del plan incluye barreras flotantes de
contención, recolectores (desnatadores) movibles y autopropulsados, material
absorbente de diferentes tipos, tales como rollos, chorizos y mantos. En otras
zonas se emplean dispersantes, pero éstos están prohibidos en el Lago de
Maracaibo. Además de diversas embarcaciones y gabarras de servicio, el plan
cuenta en el Lago con una unidad especializada, la OLAMAC. Como apoyo se cuenta
con programas de computación que simulan derrames y permite predecir su
trayectoria y mapas de sensibilidad que indican en tierra las áreas pobladas,
playas recreacionales y turísticas, manglares, zonas de moluscos y avifauna, y
en el agua los vientos, corrientes, batimetría, corales y zonas de pesca.” [
Rodríguez, 2000]
Por
su naturaleza, la dirección y ejecución de los planes de contingencia recaen
fundamentalmente en el personal gerencial, precisamente el mismo personal con
cargos de dirección en PDVSA que ejecutó las acciones de paralización de la
empresa, bajo la dirección de “Gente del Petróleo”. Esto les coloca en una
particular posición de responsabilidad técnica, política y moral, del proceso
que condujo a la paralización de esta industria con las conocidas secuelas de
daños y perjuicios acarreados al ambiente natural, la industria misma y al país,
con evidentes implicaciones legales de responsabilidad penal y
civil.
En
general, el objetivo de estos planes de contingencia es asegurar la continuidad
operacional de la industria petrolera ante eventos que puedan ocasionar
perturbaciones en la producción. En caso de paro laboral, es decir, paralización
de actividades por parte de trabajadores de la nómina contractual, las
actividades destinadas a contrarrestar el paro laboral implican una distribución
previa de responsabilidades operacionales en el personal de nómina mayor, y,
entre otras tareas, la protección de instalaciones críticas en tierra y
lago, complejos de plantas y centros de control. Este plan incluye un conjunto
de premisas operacionales ligadas al ejercicio de guardias rotativas,
aseguramiento de los servicios rutinarios en operaciones lacustres (transporte,
suministro de materiales, combustibles, etc.) producción regular de crudo,
suministro de gas a las plantas eléctricas y complejos de procesos, suministro
de electricidad, agua, y otros. Además, implica el control riguroso de entrada a
centros de operaciones automatizadas (COA), junto con el uso regular de los
equipos telemáticos para el control y protección tanto de la producción como del
ambiente y las personas. Otra acción necesaria incluye el manejo estratégico del
sistema de radio troncalizado para información confidencial.
Muchos
de los mecanismos y procedimientos que se encontraban bajo la responsabilidad
estratégica de la nómina mayor para la ejecución de los planes de contingencia,
cuyos principios operativos se fundamentan en factores clave de seguridad,
protección ambiental e insumos de la producción, fueron sistemáticamente
desmantelados, entorpecidos o destruidos. A este esquema de sabotaje se sumó la
falla deliberada de los servicios contratados de embarcaciones tales como
lanchas y remolcadores en los diferentes muelles del lago, y de transportes
terrestres, cuyas funciones involucran el transporte de personal, de materiales
y equipos, combustibles, y actividades de mantenimiento y protección ambiental.
Salta a la vista la responsabilidad de las empresas contratistas que se sumaron
a este sabotaje.
Los
planes de contingencia fueron anulados en gran medida, en tanto las opciones
preventivas dirigidas a contrarrestar eventos como toma de las instalaciones y
paro de contratistas, no pudieron ser ejecutados con esfuerzo propio, por el
abandono ilegal de responsabilidades. Obviamente, la ejecución de las
operaciones previstas en el plan de contingencia de los servicios operacionales
corre pareja con el respectivo plan de contingencia contra derrames (PNC), el
cual, como ya mencionamos, también sufrió los efectos del abandono de labores de
los ejecutivos a su cargo, ya que los servicios operacionales también ofrecen
apoyo de transporte, comunicaciones, combustibles, etc. necesarios para ejecutar
las medidas de prevención, mitigación de riesgos y daños a las instalaciones y
las personas en la industria y comunidades circunvecinas.
El
caso de la afectación ambiental de los ecosistemas del Lago de Maracaibo reviste
una significación especial, en tanto el violento sabotaje de instalaciones de
alto riesgo como son los equipamientos que manejan los hidrocarburos, puso de
relieve la nulidad del papel del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (MARN) como garante de la protección del equilibrio ecológico
del principal cuerpo de agua interno del país, y como vigilante de las
actuaciones de la industria frente al ambiente natural.
Una
vez más, se demostró la incapacidad crónica del MARN para ejercer un monitoreo
continuo de las actividades petroleras. Ya conocida la situación de los derrames
de crudo causados deliberadamente como parte del plan de atentados que se
describe en este documento, el Ministerio del Ambiente manejó la situación en
forma genérica y ligera. La versión de que los derrames petroleros causados no
superaban el nivel de contaminación habitual y la infeliz frase de que la
situación ambiental del lago era “normal” no hizo sino profundizar la imagen
cotidiana y tradicional que muchos zulianos hemos tenido de PDVSA como una “caja
negra” que esta por encima de cualquier auditoría gubernamental, mientras se
consolidó la idea predominante de que la industria petrolera mantiene una
situación de derrames crónicos, conocidos por los vecinos del lago y en general
por quienes hemos mantenido una relación vivencial permanente con la vida del
Lago de Maracaibo. Inclusive, personeros de ese ministerio hicieron
declaraciones muy explícitas en torno a la tradicional relación de exclusión
institucional que ha mantenido PDVSA, evitando la supervisión de la gestión
ambiental petrolera por parte del ejecutivo.
(sigue
5/5)
(4/5) El sabotaje 
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