Jefe del Estado y del gobierno:
George Walker Bush
Pena de muerte:
retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
En la base naval estadounidense de
la bahía de Guantánamo, Cuba, seguían recluidos sin cargo ni juicio, y sin
derecho a recibir asesoramiento letrado ni visitas de familiares, más de 600
ciudadanos extranjeros, la mayoría detenidos durante el conflicto militar en
Afganistán. Estados Unidos se negó a reconocerlos como prisioneros de guerra y
a permitir que un «tribunal competente» determinara su condición como exigen
los Convenios de Ginebra.
Hubo motivos de preocupación
respecto a la situación de otras personas que se encontraban bajo custodia
estadounidense fuera del país, algunas de ellas en lugares secretos. Muchos de
los 1.200 ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos con motivo de las
investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el
Pentágono y el World Trade Center también fueron privados de las debidas
garantías establecidas en el derecho internacional, al igual que los dos
ciudadanos estadounidenses que permanecían recluidos bajo custodia militar en
Estados Unidos, sometidos al régimen de incomunicación como «combatientes
enemigos».
Continuó la imposición y ejecución
de sentencias de muerte en aplicación del derecho estatal y federal. Hubo
informes sobre brutalidad policial, muertes bajo custodia y malos tratos en
centros penitenciarios.
Información general
Continuó en 2002 la acción militar internacional
encabezada por Estados Unidos en Afganistán, emprendida el año anterior a raíz
de los atentados del 11 de septiembre. Miles de personas fueron detenidas en
el contexto del conflicto, con frecuentes transferencias de prisioneros entre
las autoridades estadounidenses, afganas y paquistaníes. Además de pedir que
se procesara a los responsables de los atentados del 11 de septiembre y de
otros crímenes, Amnistía Internacional y otros criticaron al gobierno
estadounidense por negar derechos internacionalmente reconocidos a personas
bajo su custodia en el contexto de la «guerra contra el terrorismo» declarada
por su país (véase infra).
Detenciones fuera de Estados
Unidos
Desde enero y a lo largo del año, Estados Unidos
procedió al traslado de más de 600 ciudadanos extranjeros hasta la base naval
estadounidense situada en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde permanecían
recluidos sin cargos ni juicio y sin acceso a tribunales, abogados o
familiares. Aunque la mayoría de ellos habían sido detenidos durante el
conflicto armado en Afganistán, Estados Unidos se negó a reconocerles la
condición de prisioneros de guerra conforme a los Convenios de Ginebra y a
permitirles ejercitar otros derechos que los asistían en virtud de las normas
internacionales de derechos humanos. Los intentos de impugnar la legitimidad
de las detenciones ante tribunales de Estados Unidos o de otros lugares no
dieron ningún fruto, aunque había varias causas pendientes al final del año.
Se hizo caso omiso de un llamamiento urgente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos al gobierno estadounidense para que encomendara a un tribunal
competente la determinación de la condición jurídica de los
detenidos.
Las condiciones soportadas por los detenidos
durante su traslado a la base de Guantánamo y su reclusión fueron motivo de
gran preocupación. Durante los vuelos, que duraban 22 horas, los presos
permanecían esposados y encadenados y eran obligados a llevar manoplas,
mascarillas quirúrgicas y orejeras, además de unas gafas protectoras cubiertas
de cinta adhesiva que les impedían ver. También les raparon la cabeza y les
afeitaron la barba. Al principio los detenidos fueron recluidos en la unidad
de la base naval denominada Camp X-Ray, instalación provisional formada por
pequeñas celdas de malla metálica, expuestas a la intemperie e iluminadas toda
la noche por potentes lámparas de arco. Los presos debían llevar grilletes
cada vez que los sacaban de sus celdas, y prácticamente no les permitían salir
de ellas para hacer ejercicio.
Posteriormente se construyó una prisión con un
carácter más estable, Camp Delta, donde empezaron a ser alojados los detenidos
a partir de abril. En la nueva instalación seguían recluidos las 24 horas
del día y en celdas más reducidas aún que las de Camp X-Ray. Algunos presos se
declararon en huelga de hambre durante el año, y también hubo informes sobre
varios intentos de suicidio.
Amnistía Internacional no obtuvo respuesta a sus
reiteradas peticiones para visitar Guantánamo.
En diciembre, la organización escribió al gobierno
estadounidense para reiterarle sus motivos de preocupación, planteados en un
memorándum presentado en abril, y para solicitar la repatriación de los
detenidos en Guantánamo si no se los acusaba de delitos comunes reconocibles y
se les reconocía el derecho al debido proceso en virtud del derecho
internacional.
Varios presuntos miembros de la organización Al
Qaeda que, según informes, habían sido puestos bajo custodia
estadounidense, continuaban privados de libertad en lugares no revelados. El
gobierno estadounidense no hizo aclaración alguna sobre el paradero y la
situación jurídica de los detenidos, ni respetó sus derechos en virtud de la
legislación internacional, como el derecho a que los familiares fueran
informados del lugar de detención y el derecho de acceso a representantes
letrados y consulares. Al parecer, un número desconocido de detenidos que
estaban inicialmente bajo la custodia de Estados Unidos fueron posteriormente
transferidos a terceros países, lo cual suscitó la preocupación de que los
sospechosos pudieran ser torturados en el curso de interrogatorios.
Al acabar el año, dos ciudadanos estadounidenses
continuaban bajo custodia militar en Estados Unidos, recluidos sin cargos ni
juicio y en régimen de incomunicación como «combatientes enemigos». Según
informes, Yaser Esam Hamdi se había entregado a la Alianza del Norte en
Afganistán a finales de 2001 y en abril fue trasladado a Virginia desde la
bahía de Guantánamo. José Padilla fue detenido en mayo en el aeropuerto de
Chicago y recluido inicialmente en virtud de una orden de detención como
testigo esencial —con acceso a un abogado— por sospecharse su participación en
una presunta conspiración para lanzar una «bomba sucia» radiactiva contra un
objetivo estadounidense. El 9 de junio fue transferido a la custodia del
ejército estadounidense sin que se informara de ello a su abogado de oficio.
El 4 de diciembre, un juez de distrito federal dictó una resolución según la
cual José Padilla podía tener acceso a su abogado si se cumplían ciertas
condiciones. No obstante, al terminar el año aún no se habían acordado las
condiciones de acceso.
Comisiones militares
En marzo, el Departamento de Defensa hizo público
el procedimiento adoptado para los juicios de ciudadanos extranjeros ante las
comisiones militares establecidas en 2001 en virtud de una orden presidencial.
Al acabar el año nadie había sido citado a declarar ante estas comisiones.
Amnistía Internacional consideraba que los juicios celebrados ante estos
organismos, facultados para dictar sentencias de muerte, vulnerarían las
normas internacionales que garantizan la celebración de juicios
justos.
Abusos cometidos por las fuerzas estadounidenses en
Afganistán y Yemen
Hubo denuncias sobre malos tratos a civiles en el
curso de redadas efectuadas por las fuerzas terrestres de Estados Unidos en
Afganistán. En enero, durante una de esas redadas en la provincia de Uruzgán,
las Fuerzas Especiales Estadounidenses mataron al menos a 16 habitantes del
lugar, algunos de cuyos cadáveres aparecieron con las manos atadas a la
espalda. Al parecer, a unas 27 personas detenidas por las fuerzas
estadounidenses en el curso de la redada las encapucharon, les vendaron los
ojos, las ataron y las trasladaron a la base estadounidense de Kandahar, donde
recibieron patadas, golpes y puñetazos a manos de soldados estadounidenses. Un
joven de 17 años afirmó que había permanecido recluido en régimen de
aislamiento en un contenedor durante ocho días. Todos los detenidos quedaron
en libertad al cabo de dos semanas, una vez se hubo establecido que no
pertenecían a Al Qaeda ni eran talibanes. Amnistía Internacional
cuestionó la suficiencia de la investigación sobre las denuncias, pero no
obtuvo respuesta de las autoridades estadounidenses. Denuncias parecidas sobre
malos tratos hicieron 31 personas detenidas por soldados estadounidenses
durante una redada en un complejo de edificios próximo a Kandahar, realizada
el 17 de marzo.
Según informes, Baryalai, telefonista de 18 años
detenido por soldados estadounidenses en Sharan, provincia de Paktika, en
Afganistán, fue obligado a permanecer arrodillado con las manos a la espalda y
una capucha en la cabeza durante unas seis horas antes de su traslado a un
lugar no revelado. Cuando llevaba dos semanas privado de libertad, las
autoridades estadounidenses reconocieron que estaba recluido en la base aérea
estadounidense de Bagram con fines de investigación.
En diciembre, el periódico Washington Post
afirmó que el personal de la Agencia Central de Información (Central
Intelligence Agency, cia)
estaba empleando técnicas de «estrés y padecimiento» durante el interrogatorio
de detenidos en la base aérea de Bagram. Entre las técnicas denunciadas
estaban las de obligar al detenido a permanecer mucho tiempo arrodillado o de
pie, encapucharlo, vendarle los ojos, privarlo del sueño y mantener la luz
encendida las 24 horas del día.
En noviembre, seis hombres —entre ellos un presunto
dirigente de Al Qaeda— murieron en Yemen en lo que parecieron
ejecuciones extrajudiciales, cuando el vehículo en que viajaban fue alcanzado
por un misil disparado desde un avión teledirigido Predator controlado por la
cia.
Detenciones en Estados Unidos tras los atentados del
11 de septiembre
Alrededor de 1.200 ciudadanos extranjeros, en su
mayoría varones musulmanes de origen árabe o surasiático, fueron detenidos en
el curso de las investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre. A
más de 700 los recluyeron por infracciones de las condiciones de su visado,
muchos en aplicación de una normativa que permitía al Servicio de Inmigración
y Naturalización privar de libertad a la persona por periodos prolongados sin
cargos. A muchos se les impidió acceder a un abogado sin demora y algunos
estuvieron bajo custodia durante meses en espera del visto bueno del gobierno,
aun después de que un juez de inmigración hubiera fijado una fianza o cursado
una orden de expulsión o «salida voluntaria». Se recibieron asimismo informes
sobre malos tratos —incluidos insultos y maltrato físico—, reclusión
prolongada en régimen de aislamiento y fuerte encadenamiento de los detenidos
para recibir visitas o comparecer ante el juez.
Continuó la preocupación por el secreto que rodeaba
las detenciones. En agosto, un juez federal ordenó al gobierno que diera a
conocer los nombres y lugares de detención de todos los detenidos por el
Servicio de Inmigración y Naturalización con motivo de las investigaciones
sobre el 11 de septiembre, en un pleito entablado por una asociación de grupos
de derechos humanos —de la que formaba parte Amnistía Internacional— en virtud
de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información. La orden fue aplazada en
espera de la resolución de un recurso de apelación presentado por el
gobierno.
En octubre, un tribunal federal de apelación
resolvió que el gobierno había actuado con arreglo a la ley al ordenar que se
celebrasen a puerta cerrada centenares de vistas de expulsión en causas
denominadas de «interés especial». Continuaron presentándose recursos contra
este proceso.
En septiembre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos solicitó al gobierno estadounidense que adoptara «medidas
cautelares» urgentes para «proteger los derechos fundamentales de los
detenidos a raíz de los hechos del 11 de septiembre sobre los cuales pesaban
órdenes de expulsión o “salida voluntaria”».
Al final del año todavía no se había informado
sobre las conclusiones de una investigación ordenada por la Inspección General
del Departamento de Justicia sobre el tratamiento de los detenidos. La
investigación incluía una inspección de las condiciones en dos prisiones de
Nueva Jersey, visitadas por Amnistía Internacional en febrero y sobre las
cuales había informado, y en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva
York, prisión federal en la que había más de 40 detenidos en una unidad de
aislamiento. Las autoridades rechazaron la petición de Amnistía Internacional
de visitar este último.
La mayoría de las personas detenidas durante las
primeras redadas habían sido expulsadas o puestas en libertad al final del
año, o bien habían sido acusadas de delitos que no guardaban relación con el
11 de septiembre ni con el «terrorismo». Según informó el Departamento de
Justicia a principios de diciembre, únicamente 6 de las 765 personas detenidas
en esas redadas por infracciones de la legislación sobre inmigración
continuaban bajo custodia y 500 habían sido expulsadas; otras 134 personas
habían sido detenidas por delitos federales y 99 fueron declaradas culpables.
De acuerdo con un análisis anterior publicado por el Washington Post,
las investigaciones habían conducido a la detención de 44 personas al menos
como «testigos esenciales», pero el Departamento de Justicia no ofreció
información alguna sobre estos casos. Algunas personas fueron expulsadas a
países como Pakistán, Egipto y Yemen, en los que se consideraba que
corrían peligro de sufrir, entre otros abusos contra los derechos
humanos, reclusión en régimen de incomunicación y tortura.
Los grupos de derechos humanos y asociaciones de
inmigrantes expresaron preocupación por el carácter discriminatorio de una
nueva orden federal que exigía presentarse ante el Servicio de Inmigración y
Naturalización a todos los varones de 16 años o más procedentes de
determinados países árabes y musulmanes o de Corea del Norte que no tuvieran
el permiso de residencia permanente en Estados Unidos para que los
entrevistaran, les tomaran las huellas dactilares y los fotografiaran. Varios
centenares de varones jóvenes y adultos de esos países que obedecieron la
orden y acudieron a la primera ronda de registros en diciembre fueron
detenidos por presuntas irregularidades en el visado, y muchos fueron
sometidos a un trato severo, como llevar esposas y grilletes con barras o
permanecer recluidos en celdas sin calefacción y sin ropa ni mantas adecuadas;
según informes, a algunos los trasladaron de una instalación a otra sin que
pudieran comunicarse con abogados o familiares. Aunque la mayoría quedaron en
libertad a los pocos días, muchos se enfrentaban a vistas judiciales para
determinar si eran expulsados; entre ellos había personas cuya condición,
según informes, era legal en el momento de su detención.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza
por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Hubo informes sobre muertes bajo custodia, malos
tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía y guardias
de prisiones. Al menos tres personas murieron después de haber sido alcanzadas
por armas táser M-26, pistolas paralizantes de alto voltaje que disparan
dardos y son utilizadas por un número cada vez mayor de cuerpos policiales
estadounidenses. Aunque la mayoría de estas muertes se atribuyeron a otros
factores, existía preocupación por los peligros para la salud que comportaban
las armas de electrochoque, así como su potencial para cometer
abusos.
Gordon Randall Jones murió en julio en el
condado de Orange, Florida, cuando, estando desarmado, la policía le disparó
12 veces con una pistola táser M-26. El informe de la autopsia señalaba como
causa de la muerte una «asfixia postural como consecuencia de la aplicación de
instrumentos de inmovilización en el contexto de una intoxicación aguda de
cocaína».
La policía de Miramar, Florida, roció con un
pulverizador de pimienta y disparó con una pistola táser a Chiquita Hammonds,
estudiante de 15 años, tras un ligero altercado en un autobús escolar.
Amnistía Internacional consideró que la utilización de sustancias químicas y
armas de electrochoque en ese caso constituía trato cruel, inhumano o
degradante.
Se hicieron llamamientos en favor de una
investigación por presunta violación de derechos civiles sobre un suceso
registrado en noviembre, en el que dos jóvenes latinos de 16 años habían
muerto al ser alcanzados por los disparos de un agente de policía de Los
Ángeles y estrellarse el vehículo en que viajaban. Otros dos menores y un
joven de 20 años que también iban en el automóvil resultaron heridos. La
policía —que anteriormente había intentado interrogar a dos jóvenes que habían
huido en un vehículo— afirmó que el agente había disparado al ver que el
automóvil que conducían los jóvenes latinos aceleraba en dirección a él. Sin
embargo, los familiares cuestionaron el uso de medios letales en esas
circunstancias. Al final del año el caso era objeto de una investigación
policial.
En marzo, un individuo desarmado y enfermo
mental murió por asfixia tras ser inmovilizado por agentes de policía del
condado de Prince George, Maryland. El informe de una investigación federal
sobre la presunta existencia de una «constante o práctica» de brutalidad en el
seno del departamento seguía pendiente al acabar el año.
Chad Boggess murió en marzo a causa de las
lesiones sufridas en una paliza que le propinaron varios guardias del Centro
de Detención del Condado de Boyd, en Kentucky. El perito médico concluyó que
había muerto por asfixia debido a la postura en que había sido inmovilizado, y
que las lesiones que le habían causado mediante un «golpe contundente» habían
contribuido a su muerte. Posteriormente tres guardias del centro fueron
despedidos y uno fue acusado de agresión.
Condiciones en las prisiones de súper máxima
seguridad
Las acciones judiciales emprendidas por grupos de
derechos humanos dieron lugar a mejoras en dos prisiones de súper máxima
seguridad, donde los presos permanecían 23 horas al día o más en régimen de
aislamiento y en condiciones de estimulación sensorial reducida. Más de 70.000
presos continuaban alojados en unidades de súper máxima seguridad, en las que
Amnistía Internacional consideraba que las condiciones podían constituir trato
cruel, inhumano o degradante.
En febrero, un juez de distrito federal
resolvió que las condiciones que imperaban en la Penitenciaría Estatal de
Ohio, prisión de súper máxima seguridad destinada a albergar unos 500
reclusos, eran de una «dureza atípica y significativa». El tribunal concluyó
asimismo que el procedimiento para destinar presos a esa instalación, que
había sido impugnado por arbitrario en un pleito judicial, tenía «un gran
potencial de error». El pleito fue iniciado por la Unión Estadounidense para
la Defensa de las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales.
En el curso de negociaciones anteriores sobre el caso, las autoridades habían
aceptado sacar del centro a los presos con enfermedad mental grave y acometer
algunas reformas.
En marzo se alcanzó un acuerdo para evitar el
juicio sobre las condiciones en Boscobel, prisión de súper máxima seguridad de
Wisconsin. Los términos del acuerdo incluían la prohibición de alojar en la
instalación a presos con enfermedad mental grave, una modesta reforma para
incluir programas de ejercicio físico y rehabilitación, y una reducción del
uso de instrumentos de inmovilización y dispositivos de control mediante
descargas eléctricas, aunque seguían estando autorizados. También se autorizó
a algunos presos a recibir visitas cara a cara de sus familiares; la mayoría
de los reclusos seguían recibiendo «visitas familiares» a través de un sistema
de vídeo únicamente.
Pena de muerte
Fueron ejecutados 69 hombres y 2 mujeres en el año,
lo que elevó a 820 el número total de presos ejecutados desde que la Corte
Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de las ejecuciones en 1976.
Estados Unidos siguió conculcando las normas internacionales al aplicar la
pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de
cometerse el delito o que no habían contado con una representación letrada
adecuada. El 20 de junio de 2002, la Corte Suprema resolvió que la ejecución
de personas con retraso mental vulneraba la prohibición constitucional del
«castigo cruel e insólito». La Corte Suprema reconoció que «en el seno de la
comunidad internacional» tales ejecuciones eran «rechazadas por la inmensa
mayoría».
La suspensión de las ejecuciones en Illinois,
anunciada por el gobernador del estado en enero de 2000 debido al número de
condenas erróneas por delitos sancionables con la pena de muerte, seguía en
vigor al acabar el año. En mayo, el gobernador de Maryland anunció la
suspensión de las ejecuciones en el estado en espera de las conclusiones de un
estudio sobre las disparidades raciales y geográficas en su sistema de
aplicación de la pena capital, conclusiones que no se habían hecho públicas al
acabar el año.
Continuaron las ejecuciones en otros lugares; en
Texas se llevaron a cabo 33 de las ejecuciones realizadas ese año en todo el
país. En Misisipi tuvo lugar la primera ejecución desde 1989. También hubo
ejecuciones en otros 11 estados.
En octubre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos pronunció su decisión sobre el caso de Michael Domingues,
condenado a muerte en Nevada por un delito que había cometido cuando tenía 16
años. La Comisión concluyó que la prohibición sobre la ejecución de personas
que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito tenía «un
carácter lo suficientemente indeleble para constituir una norma de jus
cogens», que tiene carácter vinculante para todos los Estados, y que
«dicha norma no puede ser invalidada, ya sea por tratado o por la objeción de
un Estado, sea ésta persistente o de otra naturaleza».
Napoleon Beazley, T. J. Jones y Toronto
Patterson fueron ejecutados en Texas los días 28 de mayo, 9 de agosto y 28 de
agosto, respectivamente, por asesinatos cometidos a la edad de 17
años.
Javier Suárez Medina, ciudadano mexicano, fue
ejecutado en Texas en agosto, a pesar de haberle sido denegados sus derechos
consulares tras ser detenido. Los gobiernos de 16 países enviaron peticiones
de indulto o se unieron a México en la firma de un documento por el que se
instaba a la Corte Suprema de Estados Unidos a detener la ejecución y celebrar
una revisión judicial para resolver las consecuencias jurídicas de la
violación del tratado pertinente a este caso.
El ciudadano paquistaní Mir Aimal Kasi,
declarado culpable de matar a dos agentes de la cia en 1993, fue ejecutado en
Virginia en noviembre. Había permanecido en libertad hasta 1997, cuando fue
secuestrado de la habitación de un hotel de Pakistán por agentes de la Oficina
Federal de Investigación (fbi),
recluido en un lugar secreto y trasladado posteriormente a Estados
Unidos.
Corte Penal Internacional
El 6 de mayo, el gobierno estadounidense escribió
al secretario general de la onu
para informarle de que Estados Unidos no tenía intención de constituirse en
Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por
consiguiente, «no había contraído obligaciones jurídicas con su firma el 31 de
diciembre de 2000». Estados Unidos realizó gestiones durante el año ante
varios gobiernos con el objeto de pedirles que firmaran acuerdos para no
entregar a ningún ciudadano estadounidense acusado de genocidio, crímenes
contra la humanidad o crímenes de guerra a la nueva Corte Penal Internacional.
El gobierno estadounidense amenazó a algunos de esos gobiernos con retirar la
ayuda militar a su país si no aceptaban. Amnistía Internacional condenó estas
medidas por considerar que socavaban el tratado.
Informes y visitas
de Amnistía
Internacional
Informes
Arbitrarias, discriminatorias y crueles: 25 años
de ejecuciones judiciales (Índice AI: AMR
51/003/2002/s)
La silla de inmovilización: ¿Cuántas muertes
más? (Índice AI: AMR 51/031/2002/s)
Motivos de preocupación de Amnistía
Internacional respecto a las detenciones posteriores al 11 de septiembre en
Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/044/2002/s)
Memorándum al gobierno estadounidense sobre los
derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en
Afganistán y en Guantánamo (Índice AI: AMR
51/053/2002/s)
USA: Joseph Amrine – Facing execution on tainted
testimony (Índice AI: AMR 51/085/2002)
Motivos de preocupación de Amnistía
Internacional respecto a los abusos cometidos por la policía en el condado de
Prince George, Maryland (Índice AI: AMR
51/126/2002/s)
Inmoral e ilegal: La ejecución de delincuentes
menores de edad (Versión abreviada) (Índice AI: AMR
51/144/2002/s)
USA: James Colburn – mentally ill man scheduled
for execution in Texas (AMR 51/158/2002)
Fuera del alcance de la ley: Actualización del
memorándum enviado al gobierno estadounidense en abril de 2002 sobre los
derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en
Guantánamo y en otros lugares (Índice AI: AMR 51/184/2002/s)
Visitas
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron
Estados Unidos en enero, octubre y noviembre. Una delegación de la
organización visitó a los detenidos por delitos de inmigración en cárceles de
Nueva Jersey en febrero. Un observador de la organización asistió a la vista
preliminar de la causa de John Walker Lindh en julio.
DERECHOS HUMANOS E
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