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Asunto:[LEA-Venezuela] DERECHOS HUMANOS EN EUA
Fecha:Martes, 3 de Junio, 2003  17:44:46 (-0400)
Autor:Julio Cesar Centeno <jcenteno @..........ve>

 
 
AMNISTIA INTERNACIONAL 2003
 
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 2002 EN
 
Estados Unidos de América

Jefe del Estado y del gobierno: George Walker Bush

Pena de muerte: retencionista

Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado


En la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, seguían recluidos sin cargo ni juicio, y sin derecho a recibir asesoramiento letrado ni visitas de familiares, más de 600 ciudadanos extranjeros, la mayoría detenidos durante el conflicto militar en Afganistán. Estados Unidos se negó a reconocerlos como prisioneros de guerra y a permitir que un «tribunal competente» determinara su condición como exigen los Convenios de Ginebra.

Hubo motivos de preocupación respecto a la situación de otras personas que se encontraban bajo custodia estadounidense fuera del país, algunas de ellas en lugares secretos. Muchos de los 1.200 ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos con motivo de las investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono y el World Trade Center también fueron privados de las debidas garantías establecidas en el derecho internacional, al igual que los dos ciudadanos estadounidenses que permanecían recluidos bajo custodia militar en Estados Unidos, sometidos al régimen de incomunicación como «combatientes enemigos».

Continuó la imposición y ejecución de sentencias de muerte en aplicación del derecho estatal y federal. Hubo informes sobre brutalidad policial, muertes bajo custodia y malos tratos en centros penitenciarios.

Información general

Continuó en 2002 la acción militar internacional encabezada por Estados Unidos en Afganistán, emprendida el año anterior a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Miles de personas fueron detenidas en el contexto del conflicto, con frecuentes transferencias de prisioneros entre las autoridades estadounidenses, afganas y paquistaníes. Además de pedir que se procesara a los responsables de los atentados del 11 de septiembre y de otros crímenes, Amnistía Internacional y otros criticaron al gobierno estadounidense por negar derechos internacionalmente reconocidos a personas bajo su custodia en el contexto de la «guerra contra el terrorismo» declarada por su país (véase infra).

Detenciones fuera de Estados Unidos

Desde enero y a lo largo del año, Estados Unidos procedió al traslado de más de 600 ciudadanos extranjeros hasta la base naval estadounidense situada en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde permanecían recluidos sin cargos ni juicio y sin acceso a tribunales, abogados o familiares. Aunque la mayoría de ellos habían sido detenidos durante el conflicto armado en Afganistán, Estados Unidos se negó a reconocerles la condición de prisioneros de guerra conforme a los Convenios de Ginebra y a permitirles ejercitar otros derechos que los asistían en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. Los intentos de impugnar la legitimidad de las detenciones ante tribunales de Estados Unidos o de otros lugares no dieron ningún fruto, aunque había varias causas pendientes al final del año. Se hizo caso omiso de un llamamiento urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno estadounidense para que encomendara a un tribunal competente la determinación de la condición jurídica de los detenidos.

Las condiciones soportadas por los detenidos durante su traslado a la base de Guantánamo y su reclusión fueron motivo de gran preocupación. Durante los vuelos, que duraban 22 horas, los presos permanecían esposados y encadenados y eran obligados a llevar manoplas, mascarillas quirúrgicas y orejeras, además de unas gafas protectoras cubiertas de cinta adhesiva que les impedían ver. También les raparon la cabeza y les afeitaron la barba. Al principio los detenidos fueron recluidos en la unidad de la base naval denominada Camp X-Ray, instalación provisional formada por pequeñas celdas de malla metálica, expuestas a la intemperie e iluminadas toda la noche por potentes lámparas de arco. Los presos debían llevar grilletes cada vez que los sacaban de sus celdas, y prácticamente no les permitían salir de ellas para hacer ejercicio.

Posteriormente se construyó una prisión con un carácter más estable, Camp Delta, donde empezaron a ser alojados los detenidos a partir de abril. En la nueva instalación seguían re­cluidos las 24 horas del día y en celdas más reducidas aún que las de Camp X-Ray. Algunos presos se declararon en huelga de hambre durante el año, y también hubo informes sobre varios intentos de suicidio.

Amnistía Internacional no obtuvo respuesta a sus reiteradas peticiones para visitar Guantánamo.

En diciembre, la organización escribió al gobierno estadounidense para reiterarle sus motivos de preocupación, planteados en un memorándum presentado en abril, y para solicitar la repatriación de los detenidos en Guantánamo si no se los acusaba de delitos comunes reconocibles y se les reconocía el derecho al debido proceso en virtud del derecho internacional.

Varios presuntos miembros de la organización Al Qaeda que, según informes, habían sido puestos bajo custodia estadounidense, continuaban privados de libertad en lugares no revelados. El gobierno estadounidense no hizo aclaración alguna sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos, ni respetó sus derechos en virtud de la legislación internacional, como el derecho a que los familiares fueran informados del lugar de detención y el derecho de acceso a representantes letrados y consulares. Al parecer, un número desconocido de detenidos que estaban inicialmente bajo la custodia de Estados Unidos fueron posteriormente transferidos a terceros países, lo cual suscitó la preocupación de que los sospechosos pudieran ser torturados en el curso de interrogatorios.

Al acabar el año, dos ciudadanos estadounidenses continuaban bajo custodia militar en Estados Unidos, recluidos sin cargos ni juicio y en régimen de incomunicación como «combatientes enemigos». Según informes, Yaser Esam Hamdi se había entregado a la Alianza del Norte en Afganistán a finales de 2001 y en abril fue trasladado a Virginia desde la bahía de Guantánamo. José Padilla fue detenido en mayo en el aeropuerto de Chicago y recluido inicialmente en virtud de una orden de detención como testigo esencial —con acceso a un abogado— por sospecharse su participación en una presunta conspiración para lanzar una «bomba sucia» radiactiva contra un objetivo estadounidense. El 9 de junio fue transferido a la custodia del ejército estadounidense sin que se informara de ello a su abogado de oficio. El 4 de diciembre, un juez de distrito federal dictó una resolución según la cual José Padilla podía tener acceso a su abogado si se cumplían ciertas condiciones. No obstante, al terminar el año aún no se habían acordado las condiciones de acceso.

Comisiones militares

En marzo, el Departamento de Defensa hizo público el procedimiento adoptado para los juicios de ciudadanos extranjeros ante las comisiones militares establecidas en 2001 en virtud de una orden presidencial. Al acabar el año nadie había sido citado a declarar ante estas comisiones. Amnistía Internacional consideraba que los juicios celebrados ante estos organismos, facultados para dictar sentencias de muerte, vulnerarían las normas internacionales que garantizan la celebración de juicios justos.

Abusos cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán y Yemen

Hubo denuncias sobre malos tratos a civiles en el curso de redadas efectuadas por las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Afganistán. En enero, durante una de esas redadas en la provincia de Uruzgán, las Fuerzas Especiales Estadounidenses mataron al menos a 16 habitantes del lugar, algunos de cuyos cadáveres aparecieron con las manos atadas a la espalda. Al parecer, a unas 27 personas detenidas por las fuerzas estadounidenses en el curso de la redada las encapucharon, les vendaron los ojos, las ataron y las trasladaron a la base estadounidense de Kandahar, donde recibieron patadas, golpes y puñetazos a manos de soldados estadounidenses. Un joven de 17 años afirmó que había permanecido recluido en régimen de aislamiento en un contenedor durante ocho días. Todos los detenidos quedaron en libertad al cabo de dos semanas, una vez se hubo establecido que no pertenecían a Al Qaeda ni eran talibanes. Amnistía Internacional cuestionó la suficiencia de la investigación sobre las denuncias, pero no obtuvo respuesta de las autoridades estadounidenses. Denuncias parecidas sobre malos tratos hicieron 31 personas detenidas por soldados estadounidenses durante una redada en un complejo de edificios próximo a Kandahar, realizada el 17 de marzo.

Según informes, Baryalai, telefonista de 18 años detenido por soldados estadounidenses en Sharan, provincia de Paktika, en Afganistán, fue obligado a permanecer arrodillado con las manos a la espalda y una capucha en la cabeza durante unas seis horas antes de su traslado a un lugar no revelado. Cuando llevaba dos semanas privado de libertad, las autoridades estadounidenses reconocieron que estaba recluido en la base aérea estadounidense de Bagram con fines de investigación.

En diciembre, el periódico Washington Post afirmó que el personal de la Agencia Central de Información (Central Intelligence Agency, cia) estaba empleando técnicas de «estrés y padecimiento» durante el interrogatorio de detenidos en la base aérea de Bagram. Entre las técnicas denunciadas estaban las de obligar al detenido a permanecer mucho tiempo arrodillado o de pie, encapucharlo, vendarle los ojos, privarlo del sueño y mantener la luz encendida las 24 ho­ras del día.

En noviembre, seis hombres —entre ellos un presunto dirigente de Al Qaeda— murieron en Yemen en lo que parecieron ejecuciones extrajudiciales, cuando el vehículo en que viajaban fue alcanzado por un misil disparado desde un avión teledirigido Predator controlado por la cia.

Detenciones en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre

Alrededor de 1.200 ciudadanos extranjeros, en su mayoría varones musulmanes de origen árabe o surasiático, fueron detenidos en el curso de las investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre. A más de 700 los recluyeron por infracciones de las condiciones de su visado, muchos en aplicación de una normativa que permitía al Servicio de Inmigración y Naturalización privar de libertad a la persona por periodos prolongados sin cargos. A muchos se les impidió acceder a un abogado sin demora y algunos estuvieron bajo custodia durante meses en espera del visto bueno del gobierno, aun después de que un juez de inmigración hubiera fijado una fianza o cursado una orden de expulsión o «salida voluntaria». Se recibieron asimismo informes sobre malos tratos —incluidos insultos y maltrato físico—, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y fuerte encadenamiento de los detenidos para recibir visitas o comparecer ante el juez.

Continuó la preocupación por el secreto que rodeaba las detenciones. En agosto, un juez federal ordenó al gobierno que diera a conocer los nombres y lugares de detención de todos los detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización con motivo de las investigaciones sobre el 11 de septiembre, en un pleito entablado por una asociación de grupos de derechos humanos —de la que formaba parte Amnistía Internacional— en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información. La orden fue aplazada en espera de la resolución de un recurso de apelación presentado por el gobierno.

En octubre, un tribunal federal de apelación resolvió que el gobierno había actuado con arreglo a la ley al ordenar que se celebrasen a puerta cerrada centenares de vistas de expulsión en causas denominadas de «interés especial». Continuaron presentándose recursos contra este proceso.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno estadounidense que adoptara «medidas cautelares» urgentes para «proteger los derechos fundamentales de los detenidos a raíz de los hechos del 11 de septiembre sobre los cuales pesaban órdenes de expulsión o “salida voluntaria”».

Al final del año todavía no se había informado sobre las conclusiones de una investigación ordenada por la Inspección General del Departamento de Justicia sobre el tratamiento de los detenidos. La investigación incluía una inspección de las condiciones en dos prisiones de Nueva Jersey, visitadas por Amnistía Internacional en febrero y sobre las cuales había informado, y en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, prisión federal en la que había más de 40 detenidos en una unidad de aislamiento. Las autoridades rechazaron la petición de Amnistía Internacional de visitar este último.

La mayoría de las personas detenidas durante las primeras redadas habían sido expulsadas o puestas en libertad al final del año, o bien habían sido acusadas de delitos que no guardaban relación con el 11 de septiembre ni con el «terrorismo». Según informó el Departamento de Justicia a principios de diciembre, únicamente 6 de las 765 personas detenidas en esas redadas por infracciones de la legislación sobre inmigración continuaban bajo custodia y 500 habían sido expulsadas; otras 134 personas habían sido detenidas por delitos federales y 99 fueron declaradas culpables. De acuerdo con un análisis anterior publicado por el Washington Post, las investigaciones habían conducido a la detención de 44 personas al menos como «testigos esenciales», pero el Departamento de Justicia no ofreció información alguna sobre estos casos. Algunas personas fueron expulsadas a países como Pakistán, Egipto y Yemen, en los que se consideraba que co­rrían peligro de sufrir, entre otros abusos contra los derechos humanos, reclusión en régimen de incomunicación y tortura.

Los grupos de derechos humanos y asociaciones de inmigrantes expresaron preocupación por el carácter discriminatorio de una nueva orden federal que exigía presentarse ante el Servicio de Inmigración y Naturalización a todos los varones de 16 años o más procedentes de determinados países árabes y musulmanes o de Corea del Norte que no tuvieran el permiso de residencia permanente en Estados Unidos para que los entrevistaran, les tomaran las huellas dactilares y los fotografiaran. Varios centenares de varones jóvenes y adultos de esos países que obedecieron la orden y acudieron a la primera ronda de registros en diciembre fueron detenidos por presuntas irregularidades en el visado, y muchos fueron sometidos a un trato severo, como llevar esposas y grilletes con barras o permanecer recluidos en celdas sin calefacción y sin ropa ni mantas adecuadas; según informes, a algunos los trasladaron de una instalación a otra sin que pudieran comunicarse con abogados o familiares. Aunque la mayoría quedaron en libertad a los pocos días, muchos se enfrentaban a vistas judiciales para determinar si eran expulsados; entre ellos había personas cuya condición, según informes, era legal en el momento de su detención.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Hubo informes sobre muertes bajo custodia, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía y guardias de prisiones. Al menos tres personas murieron después de haber sido alcanzadas por armas táser M-26, pistolas paralizantes de alto voltaje que disparan dardos y son utilizadas por un número cada vez mayor de cuerpos policiales estadounidenses. Aunque la mayoría de estas muertes se atribuyeron a otros factores, existía preocupación por los peligros para la salud que comportaban las armas de electrochoque, así como su potencial para cometer abusos.

 Gordon Randall Jones murió en julio en el condado de Orange, Florida, cuando, estando desarmado, la policía le disparó 12 veces con una pistola táser M-26. El informe de la autopsia señalaba como causa de la muerte una «asfixia postural como consecuencia de la aplicación de instrumentos de inmovilización en el contexto de una intoxicación aguda de cocaína».

 La policía de Miramar, Florida, roció con un pulverizador de pimienta y disparó con una pistola táser a Chiquita Hammonds, estudiante de 15 años, tras un ligero altercado en un autobús escolar. Amnistía Internacional consideró que la utilización de sustancias químicas y armas de electrochoque en ese caso constituía trato cruel, inhumano o degradante.

 Se hicieron llamamientos en favor de una investigación por presunta violación de derechos civiles sobre un suceso registrado en noviembre, en el que dos jóvenes latinos de 16 años habían muerto al ser alcanzados por los disparos de un agente de policía de Los Ángeles y estrellarse el vehículo en que viajaban. Otros dos menores y un joven de 20 años que también iban en el automóvil resultaron heridos. La policía —que anteriormente había intentado interrogar a dos jóvenes que habían huido en un vehículo— afirmó que el agente había disparado al ver que el automóvil que conducían los jóvenes latinos aceleraba en dirección a él. Sin embargo, los familiares cuestionaron el uso de medios letales en esas circunstancias. Al final del año el caso era objeto de una investigación policial.

 En marzo, un individuo desarmado y enfermo mental murió por asfixia tras ser inmovilizado por agentes de policía del condado de Prince George, Maryland. El informe de una investigación federal sobre la presunta existencia de una «constante o práctica» de brutalidad en el seno del departamento seguía pendiente al acabar el año.

 Chad Boggess murió en marzo a causa de las lesiones sufridas en una paliza que le propinaron varios guardias del Centro de Detención del Condado de Boyd, en Kentucky. El perito médico concluyó que había muerto por asfixia debido a la postura en que había sido inmovilizado, y que las lesiones que le habían causado mediante un «golpe contundente» habían contribuido a su muerte. Posteriormente tres guardias del centro fueron despedidos y uno fue acusado de agresión.

Condiciones en las prisiones de súper máxima seguridad

Las acciones judiciales emprendidas por grupos de derechos humanos dieron lugar a mejoras en dos prisiones de súper máxima seguridad, donde los presos permanecían 23 horas al día o más en régimen de aislamiento y en condiciones de estimulación sensorial reducida. Más de 70.000 presos continuaban alojados en unidades de súper máxima seguridad, en las que Amnistía Internacional consideraba que las condiciones podían constituir trato cruel, inhumano o degradante.

 En febrero, un juez de distrito federal resolvió que las condiciones que imperaban en la Penitenciaría Estatal de Ohio, prisión de súper máxima seguridad destinada a albergar unos 500 reclusos, eran de una «dureza atípica y significativa». El tribunal concluyó asimismo que el procedimiento para destinar presos a esa instalación, que había sido impugnado por arbitrario en un pleito judicial, tenía «un gran potencial de error». El pleito fue iniciado por la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales. En el curso de negociaciones anteriores sobre el caso, las autoridades habían aceptado sacar del centro a los presos con enfermedad mental grave y acometer algunas reformas.

 En marzo se alcanzó un acuerdo para evitar el juicio sobre las condiciones en Boscobel, prisión de súper máxima seguridad de Wisconsin. Los términos del acuerdo incluían la prohibición de alojar en la instalación a presos con enfermedad mental grave, una modesta reforma para incluir programas de ejercicio físico y rehabilitación, y una reducción del uso de instrumentos de inmovilización y dispositivos de control mediante descargas eléctricas, aunque seguían estando autorizados. También se autorizó a algunos presos a recibir visitas cara a cara de sus familiares; la mayoría de los reclusos seguían recibiendo «visitas familiares» a través de un sistema de vídeo únicamente.

Pena de muerte

Fueron ejecutados 69 hombres y 2 mujeres en el año, lo que elevó a 820 el número total de presos ejecutados desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de las ejecuciones en 1976. Estados Unidos siguió conculcando las normas internacionales al aplicar la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito o que no habían contado con una representación letrada adecuada. El 20 de junio de 2002, la Corte Suprema resolvió que la ejecución de personas con retraso mental vulneraba la prohibición constitucional del «castigo cruel e insólito». La Corte Suprema reconoció que «en el seno de la comunidad internacional» tales ejecuciones eran «rechazadas por la inmensa mayoría».

La suspensión de las ejecuciones en Illinois, anunciada por el gobernador del estado en enero de 2000 debido al número de condenas erróneas por delitos sancionables con la pena de muerte, seguía en vigor al acabar el año. En mayo, el gobernador de Maryland anunció la suspensión de las ejecuciones en el estado en espera de las conclusiones de un estudio sobre las disparidades raciales y geográficas en su sistema de aplicación de la pena capital, conclusiones que no se habían hecho públicas al acabar el año.

Continuaron las ejecuciones en otros lugares; en Texas se llevaron a cabo 33 de las ejecuciones realizadas ese año en todo el país. En Misisipi tuvo lugar la primera ejecución desde 1989. También hubo ejecuciones en otros 11 estados.

 En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunció su decisión sobre el caso de Michael Domingues, condenado a muerte en Nevada por un delito que había cometido cuando tenía 16 años. La Comisión concluyó que la prohibición sobre la ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito tenía «un carácter lo suficientemente indeleble para constituir una norma de jus cogens», que tiene carácter vinculante para todos los Estados, y que «dicha norma no puede ser invalidada, ya sea por tratado o por la objeción de un Estado, sea ésta persistente o de otra naturaleza».

 Napoleon Beazley, T. J. Jones y Toronto Patterson fueron ejecutados en Texas los días 28 de mayo, 9 de agosto y 28 de agosto, respectivamente, por asesinatos cometidos a la edad de 17 años.

 Javier Suárez Medina, ciudadano mexicano, fue ejecutado en Texas en agosto, a pesar de haberle sido denegados sus derechos consulares tras ser detenido. Los gobiernos de 16 países enviaron peticiones de indulto o se unieron a México en la firma de un documento por el que se instaba a la Corte Suprema de Estados Unidos a detener la ejecución y celebrar una revisión judicial para resolver las consecuencias jurídicas de la violación del tratado pertinente a este caso.

 El ciudadano paquistaní Mir Aimal Kasi, declarado culpable de matar a dos agentes de la cia en 1993, fue ejecutado en Virginia en noviembre. Había permanecido en libertad hasta 1997, cuando fue secuestrado de la habitación de un hotel de Pakistán por agentes de la Oficina Federal de Investigación (fbi), recluido en un lugar secreto y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Corte Penal Internacional

El 6 de mayo, el gobierno estadounidense escribió al secretario general de la onu para informarle de que Estados Unidos no tenía intención de constituirse en Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por consiguiente, «no había contraído obligaciones jurídicas con su firma el 31 de diciembre de 2000». Estados Unidos realizó gestiones durante el año ante varios gobiernos con el objeto de pedirles que firmaran acuerdos para no entregar a ningún ciudadano estadounidense acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra a la nueva Corte Penal Internacional. El gobierno estadounidense amenazó a algunos de esos gobiernos con retirar la ayuda militar a su país si no aceptaban. Amnistía Internacional condenó estas medidas por considerar que socavaban el tratado.

Informes y visitas
de Amnistía Internacional

Informes

Arbitrarias, discriminatorias y crueles: 25 años de ejecuciones judiciales (Índice AI: AMR 51/003/2002/s)

La silla de inmovilización: ¿Cuántas muertes más? (Índice AI: AMR 51/031/2002/s)

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a las detenciones posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/044/2002/s)

Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo (Índice AI: AMR 51/053/2002/s)

USA: Joseph Amrine – Facing execution on tainted testimony (Índice AI: AMR 51/085/2002)

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a los abusos cometidos por la policía en el condado de Prince George, Maryland (Índice AI: AMR 51/126/2002/s)

Inmoral e ilegal: La ejecución de delincuentes menores de edad (Versión abreviada) (Índice AI: AMR 51/144/2002/s)

USA: James Colburn – mentally ill man scheduled for execution in Texas (AMR 51/158/2002)

Fuera del alcance de la ley: Actualización del memorándum enviado al gobierno estadounidense en abril de 2002 sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Guantánamo y en otros lugares (Índice AI: AMR 51/184/2002/s)

Visitas

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Estados Unidos en enero, octubre y noviembre. Una delegación de la organización visitó a los detenidos por delitos de inmigración en cárceles de Nueva Jersey en febrero. Un observador de la organización asistió a la vista preliminar de la causa de John Walker Lindh en julio.