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Asunto:[LEA-Venezuela] DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 2002 - AMNISTIA INTERNACIONAL
Fecha:Jueves, 29 de Mayo, 2003  12:31:53 (-0400)
Autor:Julio Cesar Centeno <jcenteno @..........ve>

 
 
AMNISTIA INTERNACIONAL 2003
 
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO 2002 EN
 
Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez Frías

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado


Al menos 50 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas en el contexto de un intento de golpe de Estado organizado en abril para derrocar al presidente Chávez.

La polarización política, la violencia y los reiterados rumores de golpe militar aumentaron la inestabilidad y amenazaron con ocasionar más abusos graves contra los derechos humanos.

Se recibieron informes generalizados sobre homicidios cometidos por la policía en varios estados.

Hubo varios casos de amenazas y agresiones contra periodistas y simpatizantes de la oposición.

Al menos tres dirigentes campesinos fueron asesinados. El sistema de justicia penal no dio una respuesta adecuada a estos crímenes, debilitando así el Estado de derecho.

Se celebraron numerosas manifestaciones multitudinarias tanto a favor como en contra del gobierno. En varias ocasiones las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes.

Se recibieron varios informes sobre tortura y malos tratos a presuntos delincuentes.

Hubo preocupación por la difícil situación de los refugiados que huían de la escalada del conflicto en Colombia.


Información general

Las tensiones económicas, sociales y políticas desencadenaron una huelga nacional indefinida, declarada el 9 de abril por los seguidores del movimiento de oposición, que exigía la renuncia inmediata del presidente Chávez. El 11 de abril, una multitud de opositores al gobierno que se manifestaba en dirección al palacio presidencial se encontró con manifestantes partidarios de Chávez en el centro de Caracas, y estalló un enfrentamiento entre los manifestantes, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional en el que se produjeron intensos tiroteos. Murieron 20 personas por heridas de bala y más de 60 resultaron heridas. La crisis resultante llevó a la remoción del cargo del presidente Chávez y su detención por parte del ejército. Se estableció un ­gobierno cívico-militar de facto dirigi­do por el líder de la oposición Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cá­maras y Asociaciones de Co­mercio y Producción de Ve­nezuela (Fedecámaras). El gobierno de facto dictó decretos draconianos y ordenó el cierre de la Asamblea Nacional y la destitución sumaria de los miembros de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. La policía efectuó registros en los domicilios de varios simpatizantes del presidente Chávez. Entre las víctimas de detención arbitraria había un ministro y un diputado de la Asamblea Nacional.

La destitución inconstitucional y sumaria del presidente Chávez, la detención ilegal de sus seguidores y los poderes arbitrarios asumidos por el gobierno de facto fueron objeto de una condena general. El 14 de abril dimitió el nuevo gobierno y el presidente Chávez volvió a asumir la presidencia. Como consecuencia de los disturbios civiles registrados durante esos cuatro días, al menos 50 personas murieron y muchas más resultaron heridas. El gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de instigar la violencia para obtener provecho político.

Tras el golpe de Estado se hicieron esfuerzos, auspiciados desde dentro y fuera del país, para negociar una solución pacífica a la crisis política; uno de esos esfuerzos fue la mediación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. En diciembre, la oposición convocó una segunda huelga general indefinida que se prolongó hasta el 2003. La tensión social y la violencia política aumentaron considerablemente en el contexto de la huelga, lo que tuvo graves repercusiones sobre la economía del país.

Clima de violencia e impunidad

La alianza de oposición al gobierno, creada en torno a Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela —el sindicato más importante del país— y grandes empresas privadas de comunicación siguió presionando para conseguir la dimisión del presidente Chávez. El gobierno acusaba a los medios de comunicación de informar sobre los acontecimientos de manera sesgada y poco ética, mientras que al presidente Chávez se lo acusaba de seguir instigando los ataques contra periodistas con declaraciones públicas incendiarias. Hubo varios casos de agresiones y amenazas contra periodistas y empresas de comunicación a lo largo del año. La ausencia de investigaciones eficaces sobre la violencia contribuyó a generar un clima de impunidad.

Hubo informes según los cuales algunos miembros de los Círculos Bolivarianos, grupos populares creados para apoyar el proyecto político de Chávez, iban armados y habían intimidado y agredido a personas a las que relacionaban con la oposición, incluidos periodistas. Las autoridades negaron haber armado a estos grupos o financiado acciones ilegales contra la oposición. En muchos de los casos denunciados las investigaciones oficiales no esclarecieron los hechos. En septiembre se aprobó una ley para desarmar a la población civil, pero al acabar el año seguía prácticamente sin aplicarse.

Las fuerzas armadas

La participación de las fuerzas armadas en la crisis política siguió causando inestabilidad y suscitando preocupación. Mientras las autoridades intentaban procesar a los oficiales presuntamente implicados en el golpe de Estado, hubo sectores de la oposición que presionaron a las fuerzas armadas para que se negaran a reconocer la autoridad del presidente. En agosto, sometida a la intensa presión tanto del gobierno como de la oposición, la Corte Suprema resolvió que no había motivos suficientes para procesar a ningún oficial de alta graduación por «rebelión militar» en relación con el golpe de Estado de abril. Esta polémica decisión provocó las protestas de los seguidores del presidente Chávez. En septiembre, el gobierno creó zonas de seguridad militarizadas en la capital con el objeto de proteger instalaciones estratégicas frente a las manifestaciones de la oposición. En octubre, varios oficiales de las fuerzas armadas ocuparon la Plaza Altamira exigiendo la dimisión del presidente Chávez y negándose a reconocer su autoridad. En noviembre el gobierno ordenó al ejército que asumiera el mando de la Policía Metropolitana, medida que en diciembre la Corte Suprema de Justicia resolvió que era inconstitucional.

Investigaciones sobre los sucesos de abril

Las investigaciones sobre los sucesos de abril se enfrentaron con graves dificultades por varios motivos: no se protegieron los lugares de los hechos delictivos ni se registraron y examinaron debidamente los muertos y heridos; se puso de manifiesto una falta de recursos y de coordinación entre los distintos organismos; ni la Policía Metropolitana ni la Guardia Nacional colaboraron plenamente con los investigadores; y se percibió que los organismos encargados de la investigación no actuaban con imparcialidad. A pesar de todo, la ingente cantidad de pruebas fotográficas, testimonios y reconstrucciones de los hechos permitió a los investigadores señalar a varios de los responsables. Al final del año, al menos cinco seguidores del presidente Chávez estaban recluidos en espera de juicio y se habían dictado órdenes de detención contra otros cuatro. También existían cargos contra ocho agentes de la Policía Metropolitana, aunque éstos continuaban en libertad. Persistían las dudas sobre el posible papel desempeñado por francotiradores no identificados que habían disparado desde los pisos superiores de un edificio céntrico, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre los días 12 y 14 de abril, y sobre la responsabilidad de la cadena de mando.

En vista del precedente de impunidad por delitos semejantes cometidos en el pasado y las serias dudas respecto a la credibilidad e imparcialidad del poder judicial, la Fiscalía General de la República, las fuerzas de la policía y el Defensor del Pueblo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos propusieron el establecimiento de una Comisión de la Verdad que llevara a cabo una investigación imparcial no judicial sobre las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Asamblea Nacional no brindó el apoyo necesario para que prosperara la propuesta.

Ejecuciones extrajudiciales

Hubo informes constantes sobre decenas de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de la policía —o grupos vinculados a la policía— en varios estados: Portuguesa, Falcón, Aragua, Anzoátegui y Bolívar. A menudo se amenazó o atacó a los propios testigos o familiares que habían denunciado estos delitos. A pe­sar de la existencia de pruebas inequívocas en muchos casos, las fuerzas policiales presentaban sistemáticamente estos homicidios como actos en defensa propia o casos de sospechosos que se resistían a la detención. No se procesó a ningún agente.

 En mayo, un periodista grabó la detención de Luis Gregorio Ojeda por la policía en una universidad de Barcelona, estado de Anzoátegui. Dos horas después, el cadáver de Luis Ojeda fue hallado en un hospital con dos heridas de bala. A pesar de las pruebas que indicaban que cuando lo pusieron bajo custodia estaba vivo, la policía alegó que había resultado herido de muerte al resistirse a su detención en la universidad. Desde el año 2000 se han denunciado más de 150 casos parecidos sólo en Anzoátegui. Nadie ha comparecido ante los tribunales.

Al menos tres activistas indígenas fueron asesinados como medida de represalia por sus intentos de asegurar los derechos de sus comunidades sobre las tierras que trabajaban.

 El 19 de septiembre, Armando Douglas García y Carlos Ramón Parra murieron en la comunidad de Encontrados, municipio de Catatumbo, estado de Zulia, a manos de individuos armados que, según informes, estaban a sueldo de un terrateniente local. La investigación oficial llevó a la detención de los presuntos autores de los homicidios; al final del año permanecían encarcelados en espera de juicio. Los responsables de ordenar los disparos y contratar a estos individuos no habían sido detenidos ni acusados al acabar el año.

Tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Hubo informes persistentes sobre tortura en distintas partes del país, y sobre condiciones de reclusión que constituían trato cruel, inhumano o degradante. Las fuerzas de policía locales y nacionales empleaban con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones o detener a presuntos delincuentes. No se tuvo conocimiento de ninguna investigación sobre estos abusos que diera lugar a la adopción de medidas disciplinarias o al procesamiento de los responsables. Se estudió la legislación necesaria para reformar la estructura de las fuerzas policiales, pero esta cuestión continuaba pendiente al terminar el año.

En noviembre, el Comité contra la Tortura de la onu examinó el informe periódico de Venezuela. El Comité concluyó que se habían registrado importantes mejoras en la estructura legal para prevenir la tortura, pero expresó su preocupación porque muchas de esas disposiciones seguían sin aplicarse debidamente. En particular, el Comité hacía hincapié en la necesidad imperiosa de una legislación que tipificara expresamente los actos de tortura como delito.

 El 15 de junio, Miguel Cerdá fue interceptado por la policía municipal de Chacao, Caracas. Según informes, lo golpearon y, cuando protestó, un agente de policía le roció la cara con gas lacrimógeno. Luego otros agentes lo golpearon repetidamente en el estómago y las costillas antes de llevarlo a la comisaría de policía. No se tuvo conocimiento de que se hubiera emprendido investigación alguna sobre los hechos.

Refugiados

La escalada del conflicto en Colombia dio lugar a una nueva afluencia de civiles que huían a Venezuela cruzando la frontera. Se recibieron informes sobre paramilitares y grupos armados de oposición colombianos que actuaban dentro de la frontera venezolana, elevando el grado de tensión en la zona. No se aplicó la legislación aprobada en 2001 para aumentar la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo en Venezuela.

Defensores de los derechos humanos

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos continuaron desempeñando una función primordial en la labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas en todo el país. No obstante, hubo ocasiones en que las críticas de las autoridades o de la oposición dieron lugar a agresiones verbales a la integridad de los defensores de los derechos humanos, así como a actos de intimidación y amenazas.

El sistema interamericano de derechos humanos

Tras una visita de sus representantes a Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió en la urgencia de reforzar las medidas e instituciones destinadas a la protección de los derechos humanos. La Comisión dictó medidas cautelares en favor de varios periodistas y de una organización de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano que indemnizara a 44 de las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos durante los disturbios civiles generalizados de 1989 —el llamado «Caracazo»—, en los que murieron varios cientos de personas. La Corte reafirmó también una sentencia en la que señalaba que los responsables debían comparecer ante la justicia y que debían revisarse los procedimientos de las fuerzas de seguridad para ajustarlos a las normas internacionales.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional visitaron Venezuela en abril y noviembre y se reunieron con diversas autoridades, entre ellas el presidente Chávez. Tras la visita de abril, Amnistía Internacional envió al gobierno un memorándum con los motivos de preocupación de la organización sobre el país. Al concluir el año no se había recibido contestación.