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Asunto:[LEA-Venezuela] objeción sentencia tendido eléctrico
Fecha:Viernes, 15 de Diciembre, 2000  21:21:32 (-0400)
Autor:anna ponte <anaponte @...net>

 
>La presente es una comunicación que entregaron los miembros de la comunidad 
>Pemón de San Juan y San Rafael de Kamoiran ante el Comité de Postulaciones 
>de la Asamblea Nacional, el 11 de diciembre de 2000, donde objetan la 
>postulación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal 
>Supremo de Justicia, que elaboraron la sentencia contra el tendido 
>eléctrico. Aquí encontraran cuestionamientos amplimente fundados contra la 
>sentencia del TSJ   
> 
>Por petición de los miembros de estas comunidades, se agradece difundir 
>este documento, gracias 
>---------------------------------------------------------------------------- 
>----------- 
> 
>Ciudadanos 
>Miembros del Comité de Postulaciones para la Designación de los Magistrados 
>del Tribunal Supremo de Justicia. 
>Su despacho. 
> 
>Nosotros, Silviano Castro y Dario Castro, Caciques de las Comunidades 
>Indígenas San Rafael de Kamoiran y San Juan de Kamoiran, respectivamente, 
>ubicadas en la Gran Sabana, titulares de las cédulas de identidad 
>venezolana números 10.006.424 y 10.006.386, en su orden, asistidos en este 
>acto por el abogado Rafael González, inscrito en el Impreabogado bajo el N° 
>28.006, ante Ustedes concurrimos de conformidad con el artículo 264 de la 
>Constitución de la República de Venezuela, con la finalidad de OBJETAR la 
>postulación de los ciudadanos Iván Ricón Urdaneta, Jesús Edgardo Cabrera 
>Romero, Héctor Peña Torrelles, José Delgado Ocando y Moisés Troconis 
>Villareal, al cargo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por 
>las razones que exponemos a continuación: 
> 
>Los ciudadanos anteriormente señalados actualmente conforman, en condición 
>de magistrados la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 
>Justicia. 
> 
>En ejercicio de tal función conocieron y decidieron la Acción de Amparo 
>Constitucional que comunidades indígenas San Rafael de Kamoiran, San Juan 
>de Kamoiran, Warpata, Vista Alegre, San Luis de Awarakay y Mapaurí, 
>intentaron contra la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa 
>Electrificación del Caroní, C.A. (Edelca), entes públicos responsables de 
>la construcción de la línea de transmisión eléctrica Venezuela-Brasil. 
> 
>Como es del dominio público esta línea de transmisión eléctrica constituye 
>el principal recurso tecnológico para la ejecución de ambiciosos proyectos 
>de desarrollo minero, comercial, forestal, turístico, industrial y 
>urbanístico al sur de Venezuela como al norte de Brasil. 
> 
>También es del dominio público que el sur de Venezuela esta conformado 
>fundamentalmente por la Selva Amazónica, la Gran Sabana y la Selva Imataca, 
>zonas éstas que ancestralmente han constituido el asiento de diversos 
>pueblos indígenas. 
> 
>La vigente Constitución de la República, así  como la anterior del año 1961 
>(artículo 77: Régimen de excepción indígena), reconocen derechos colectivos 
>a favor de estos pueblos por ser ellos portadores de culturas propias. 
> 
>El texto constitucional establece que los pueblos indígenas tienen derecho 
>a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, 
>espiritualidad y valores. Así mismo establece que tienen derecho a mantener 
>y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad y el 
>intercambio. 
> 
>Además se reconoce, no sólo en la Constitución de la República, sino 
>también en convenios internacionales (Convenio 107 de la OIT), que los 
>pueblos indígenas tienen derechos originarios de propiedad colectiva sobre 
>las tierras que han ocupado ancestralmente. 
>Igualmente tiene rango constitucional la prohibición al Estado de explotar 
>recursos en las tierras indígenas, si tal explotación lesiona su integridad 
>cultural. 
> 
>Estos derechos colectivos culturales de rango constitucional serán 
>integramente violados por los megaproyectos comerciales, industriales, 
>urbanísticos, turísticos y mineros que serán impulsados por la energía 
>transportada por la referida interconexión eléctrica. 
> 
>La razones y fundamentos de esta aseveración fue expuesta ampliamente en el 
>escrito que contiene la solicitud de amparo constitucional, así como en el 
>escrito complementario de la misma, los cuales anexamos al presente 
>documento marcados con las letras A y B, con la finalidad de ilustrar 
>suficientemente a este  comité, por lo tanto solicitamos que tengan como 
>formando para el mismo. 
> 
>DECISIÓN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA EL TENDIDO ELECTRICO 
> 
>El día 16.11.00, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
>con el voto favorable de sus cinco magistrados, anteriormente mencionados, 
>dictaminaron SENTENCIA DEFINITIVA sobre la solicitud de amparo 
>constitucional formulada por las señaladas comunidades indígenas. 
> 
>Esta sentencia, que declaró sin lugar la indicada acción de amparo 
>constitucional, es manifiestamente contraria a varias disposiciones 
>constitucionales y legales. 
> 
>I 
>DE LA SUPUESTA ILEGITIMIDAD DE LOS CAPITALES INDIGENAS PARA INTENTAR LA 
>ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 
> 
>En la señalada sentencia, la Sala Constitucional estableció los siguiente: 
> 
>"…y por cuanto no obran en autos elementos demostrativos de que los 
>accionantes expresen la voluntad del pueblo, no cabe reconocer su 
>legitimación para obrar en la presente causa en nombre y representación del 
>citado pueblo…" 
> 
>Esta determinación de la Sala Constitucional es violatoria de los artículos 
>26 y 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La 
>primera de las normas citada expresa que toda persona puede hacer valer 
>ante los órganos de la administración de justicia los derechos colectivos o 
>difusos. 
> 
>Como puede observarse, el principio constitucional es que "toda persona", 
>sin exigirse una determinada calificación, tiene legitimidad para hacer 
>valer los derechos colectivos o difusos. 
> 
>La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha hecho una 
>interpretación restrictiva del mismo, exigiendo a quienes hagan valer 
>derechos difusos o colectivos, tener la condición de representantes del 
>grupo social afectado. 
> 
>En el caso que nos ocupa, el citado artículo 26 constitucional y la 
>interpretación que del mismo hizo la Sala Constitucional, debe aplicarse, 
>obligatoriamente, concatenadamente con el artículo 119 eiusdem. 
> 
>Esta norma por su parte establece que el Estado reconoce la organización 
>social de las comunidades indígenas. El Pueblo Pemón ha consagrado la 
>figura de Capitán Indígena como el órgano de su estructura social que 
>cumple con la función de representar a cada comunidad Pemón en sus 
>relaciones con las demás comunidades indígenas y con la institucionalidad 
>que representa a la sociedad mayoritaria, en este caso, el Estado Venezolano. 
> 
>Debemos destacar que la acción de amparo constitucional fue intentado por 
>seis capitanes indígenas de igual número de comunidades. Esto consta en la 
>propia solicitud de amparo que ya anexamos a este escrito, pero además , 
>fue expresado por la propia Sala Constitucional en el acta de la audiencia 
>constitucional: 
> 
>"Se constituyó la Sala en el salón de audiencia a las de (sic) (1:00 pm) a 
>los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la acción de 
>amparo, intentada por los ciudadanos Melchor Flores, Dario Castro, Gilberto 
>Ortíz, Jesús Miguel Monagas, Eusebio Castro Granes y Silviano Castro, 
>identificados como capitanes de las Comunidades Indígenas Mapaurí, San Juan 
>de Kamoiran, Warpata, Vista Alegre, San Luis de Awarakai y San Rafael de 
>Kamoiran…" 
> 
>Esta condición de capitanes de las señaladas comunidades indígenas con la 
>cual nos identificamos no fue impugnada por nadie en el referido 
>procedimiento de amparo constitucional. De tal manera que los magistrados 
>Iván Ricón, Jesús Cabrera, Héctor Peña, José Delgado y Moisés Troconis, al 
>negarnos legitimidad para hacer valer los derechos colectivos 
>constitucionales de nuestras comunidades indígenas, desconocieron 
>abiertamente el mandato constitucional taxativamente establecido en el 
>artículo 119 de la Constitución de la República. 
> 
>Esta actuación de los señalados magistrados,es manifiestamente contraria a 
>las citadas normas constitucionales. Nos ha causado un grave daño, ya que 
>la construcción de la mencionada obra y los megaproyectos industriales y 
>comerciales a los cuales servirá ponen en peligro nuestra existencia como 
>pueblo. 
> 
>Es necesario resaltar que con base en este argumento los mencionados 
>magistrados negaron la admisión de la pretensión formulada por las 
>comunidades indígenas en la solicitud de amparo constitucional, la cual se 
>refería a la protección de sus derechos culturales previstos en los 
>artículos 119, 120, 121, 123, y 129 de la Constitución de la República 
>Bolivariana de Venezuela. Admitieron el amparo para conocer y decidir sobre 
>la protección a derechos constitucionales no exigida por las comunidades en 
>el petitum de la solicitud de amparo constitucional. 
> 
>Cabe señalar que en la sentencia de fecha 04.10.00, mediante la cual la 
>Sala Constitucional amañó la admisión de la acción de amparo constitucional 
>no expresaron ninguna razón para no admitir la verdadera pretensión de las 
>comunidades del pueblo pemón. 
> 
>Esto nos conduce a la conclusión que desde la propia admisión de la acción 
>de amparo constitucional los indicados magistrados actuaron contrariando la 
>Constitución de la República y el Código de Procedimiento Civil. 
> 
>Con esta sentencia de admisión también violaron el artículo 26 
>constitucional, además del 51 eiusdem, así como el 341 del Código de 
>Procedimiento Civil. 
> 
>En cuanto a las normas constitucionales, tenemos que el artículo 26 
>establece lo siguiente: 
> 
>"Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de 
>justicia para hacer valer sus derechos e intereses… a la tutela efectiva de 
>los mismos…" 
> 
>Indudablemente que los señalados magistrados, con la decisión que admitió 
>la acción de amparo, NOS IMPIDIERON hacer valer nuestros derechos e 
>intereses, u más aún nos impidieron obtener una efectiva tutela de los mismos. 
> 
>Por su parte el artículo 51 establece lo siguiente: 
> 
>"Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante 
>cualquier autoridad… y de obtener oportuna y adecuada respuesta…" 
> 
>La conducta de los mencionados magistrados al negarse a considerar  la 
>violación de nuestros derechos culturales, basados en un argumento 
>arbitrario como lo es nuestra pretendida ilegitimidad, violaron esta 
>disposición constitucional, ya que no recibimos oportuna y adecuada 
>respuesta, pues tal argumento no fue expresado en la sentencia de admisión 
>sino extemporáneamente en la sentencia definitiva. 
> 
>Por tal razón también violaron el artículo 341 del Código de Procedimiento 
>Civil que exige a los jueces que en caso de negar la admisión de una 
>demanda expresar los motivos de la negativa. 
> 
>En conclusión, es este punto los magistrados Iván Ricón, Jesús Cabrera, 
>Héctor Peña, José Delgado y Moisés Troconis, violaron los artículos 26, 51 
>y 119 de la Constitución de la República, y 341 del Código de Procedimiento 
>Civil. 
>Anexamos a este escrito marcado con la letra "C" copia de la sentencia 
>definitiva. Igualmente consignamos marcada con la letra "D", copia de la 
>sentencia de admisión. 
> 
>II 
>SILENCIO DE PRUEBA 
> 
>La sentencia definitiva que declaró sin lugar el amparo constitucional 
>adolece de vicio de silencio de prueba. 
> 
>En su punto 5 la sentencia expresa: 
> 
>"Los accionenates denuncian también el impacto cultural de los mega 
>proyectos sobre el Pueblo Pemón, a  cuyo efecto expresan su temor de que 
>aquellos atraerán hacia sus territorios "grandes poblaciones no indígenas" 
>que, además de despojarlos de dichos territorios, les impondrán un modelo 
>de desarrollo contrario a su armoniosa relación con la naturaleza". 
> 
>Sobre este particular la sentencia estableció: 
> 
>"…No obran en autos elementos que funden debidamente el temor según el cual 
>la línea de transmisión eléctrica tendrá usos distintos a los que 
>inicialmente le fueron asignados por las partes contratantes… 
> 
>Por las razones expuestas… debe desestimarse por infundado el pedimento de 
>detención o suspensión de la línea de transmisión en referencia. Así se 
>declara". 
> 
>Lo cierto es, ciudadanos integrantes de este Comité de Postulaciones, que 
>en autos del expediente N° 1641, en el cual se instruyó y decidió el 
>referido amparo constitucional, si obran suficientes pruebas que demuestran 
>que el temor de las comunidades indígenas de la Gran Sabana es fundado y 
>que la amenaza es inmediata, posible y realizable. 
>Consignados en dicho expediente se encuentran diversos expedientes 
>administrativos que reconocen que el tendido eléctrico impulsará procesos 
>de desarrollo contrarios al modo de vida indígena, y que como consecuencia 
>de tal desarrollo surgirán grupos poblacionales no indígenas en las tierras 
>ancestralmente ocupadas por nuestras comunidades. 
>Entre estos documentos destacan los siguientes: 
> 
>1°- Convenio de Amistad y Cooperación entre la República de Venezuela y la 
>República Federativa de Brasil, mediante el cual ambas repúblicas se 
>comprometen a "facilitar un comercio fronterizo fluido". 
> 
>2°- El Protocolo de la Guzmania, mediante el cual ambas repúblicas se 
>comprometen a  
> 
>"promover el desarrollo armónico de la Amazonía… la frontera entre los dos 
>países fue y debe constituir un espacio de desarrollo e integración". 
> 
>3°- Memorandum de Entendimiento para el suministro de energía eléctrica 
>Venezuela-Brasil. Este memorandum se basa en los principios expresados en 
>los dos documentos anteriores. 
> 
>4°- Autorizaciones administrativas del Ministerio del Ambiente para la 
>afectación de los recursos naturales renovables para la construcción de la 
>indicada línea de transmisión eléctrica, los cuales en sus parte motiva 
>señalan lo siguiente: 
> 
>"Por otra parte, la línea de transmisión constituirá una fuente segura de 
>suministro de energía limpia que permitirá atender las demandas energéticas 
>de los proyectos mineros, turísticos y forestales, entre otros, a 
>desarrollarse en el eje kilómetro 88-Santa Elena de Guairén". 
> 
>5°- El estudio de impacto ambiental elaborado para acometer la construcción 
>del tendido eléctrico hacia Brasil, en su capítulo II denominado objetivos 
>y justificación del proyecto, señala que la importancia del mismo radica en 
>"el fortalecimiento de la integración con Brasil… el desarrollo del sur del 
>Estado Bolívar…" 
> 
>Además el indicado estudio señala lo siguiente: 
> 
>"Por otra parte, el proyecto tiene su ubicación en una zona de grandes 
>espacios vacíos, lo cual le confiere importancia estratégica desde el punto 
>de vista de ocupación del territorio…" 
> 
>6°- El órgano divulgativo de la empresa EDELCA denominado Entre Corrientes, 
>N° 64, marzo-abril de 1997, señala que para Venezuela el tendido eléctrico 
>reviste gran importancia, pues el mismo suministrará energía eléctrica al 
>desarrollo minero "a lo largo de la zona cubierta por el mismo". 
> 
>Resultan irrefutables los fines desarrollistas, económicos, industriales y 
>demográficos a los cuales servirá el tendido eléctrico. Fines estos que 
>lesionarán la integridad cultural del Pueblo Indígena. El derecho a 
>mantener y desarrollar nuestra identidad étnica y cultural, se encuentran 
>seriamente amenazados de violación. También se encuentran seriamente en 
>peligro los derechos originarios que tenemos sobre las tierras que 
>ancestralmente hemos ocupado, y que son necesarias para desarrollar nuestra 
>propia forma de vida. 
>Al momento de dictar sentencia definitiva los prenombrados magistrados nada 
>dijeron sobre este cúmulo de pruebas, no las apreciaron, no las valoraron, 
>no las analizaron, ni siquiera hicieron mención de ellas. 
> 
>Esta conducta de los tantas veces mencionados magistrados viola el artículo 
>509 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:  
> 
>"Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hallan 
>producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer 
>algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del 
>juez respecto de ellas" 
> 
>Ya lo dijimos no analizaron, ni juzgaron las pruebas, no expresaron el 
>criterio que les merecía cada una de ellas. 
> 
>Es oportuno decir que la mayoría de las pruebas fueron producidas con el 
>escrito de solicitud de amparo constitucional, otras junto a los escritos 
>complementarios, consignados antes de la admisión de la acción; otras 
>prueba, con las que no contábamos para el momento de interponer la acción, 
>fueron producidas en la audiencia constitucional, de esta manera cumplimos 
>con lo establecido por la propia Sala Constitucional en materia probatoria 
>en el amparo constitucional, en sentencia de fecha 02.02.2000. 
> 
>Además, los actuales magistrados de la Sala Constitucional, al hacer 
>silencio ante el acervo probatorio producido por las comunidades indígenas, 
>también violaron los artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil.  
> 
>El señalado artículo 12 establece: 
> 
>"en sus decisiones el juez debe atenerse… a lo alegado y probado en autos…" 
> 
>Por su parte e artículo 243 señala: 
> 
>"Toda sentencia debe contener:  
>….4) Los motivos de hecho". 
> 
>Los motivos de hecho en una sentencia deben estar soportados en el análisis 
>de las pruebas, lo cual no existe en la indicada decisión judicial, de tal 
>manera, que de conformidad con el artículo 244 eiusdem, la misma está 
>viciada de nulidad, ya que esta norma estatuye que será nula la sentencia 
>que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 243. 
> 
>En conclusión, los tantas veces mencionados magistrados, al momento de 
>dictar la sentencia definitiva en el procedimiento de amparo constitucional 
>originado por la ación interpuesta por las comunidades indígenas de la Gran 
>Sabana contra la construcción del tendido eléctrico, violaron los artículos 
>12, 243 y 509 del Código de procedimiento Civil. 
> 
>III 
>DE LA NO APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 129 CONSTITUCIONAL 
> 
>En el punto 2 de la sentencia en estudio, la Sala Constitucional estableció 
>lo siguiente: 
> 
>"Alegaron al efecto que no se ha realizado el estudio de impacto cultural a 
>pesar del grave daño a pesar  que los objetivos de dicho tendido (les) 
>causará, al extremo de poner en peligro (su) existencia como pueblo… y 
>solicitan que "(se) ordene a la empresa Electrificación del Caroní 
>(EDELCA), que suspenda inmediatamente los trabajos de construcción de la 
>línea de transmisión eléctrica… hasta tanto se realice el estudio de 
>impacto cultural para determinar la viabilidad o no de la referida obra…" 
> 
>La respuesta de los prenombrados magistrados a esta solicitud fue la 
>siguiente: 
> 
>"La Sala estima que no cabe fundar dicho pedimento en la falta de estudio 
>de impacto socio cultural a que se refiere el citado artículo 129 
>constitucional, por cuanto ello implicaría hacer aplicación retroactiva de 
>la disposición en referencia, toda vez que para la fecha de celebración de 
>las convenciones que dieron lugar a los trabajos de construcción de la 
>línea de transmisión eléctrica, el citado requisito no era ni 
>constitucional no legalmente exigible. Así se declara" (Subrayado nuestro). 
> 
>Este escrito de la Sala Constitucional es totalmente errado. El artículo 77 
>de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, establecía la 
>obligatoriedad del estudio de impacto socio cultural con carácter previo a 
>la ejecución de cualquier proyecto económico, social, demográfico, 
>científico, religioso, etcétera, en los territorios ocupados por los 
>pueblos indígenas en virtud del REGIMEN DE EXCEPCIÓN consagrado a favor de 
>estos pueblos en la indicada norma constitucional. Este alegato fue 
>presentado por nosotros en la audiencia constitucional que se efectuó 
>dentro del procedimiento que originó la acción interpuesta por las 
>comunidades indígenas, pero este alegato corrió la misma suerte que cúmulo 
>de pruebas presentadas: la Sala Constitucional no dijo nada al respecto, 
>calló, lo ignoró, no lo tomó en cuenta. 
> 
>Según José Martínez Cobos, relator especial de la ONU para el "Estudio del 
>Problema de la Discriminación Contra Poblaciones Indígenas", el régimen de 
>excepción significa que se debe delimitar los espacios culturales en los 
>que no deben inferir el orden jurídico nacional. (Recomendación N° 438, ONU 
>1987). 
> 
>Al no existir en Venezuela una ley que desarrollara el régimen de excepción 
>a favor de los pueblos indígenas, que hubiese delimitado los espacios 
>culturales excluidos de la aplicación de los estudios de impacto socio 
>cultural ante cualquier proyecto de cualquier naturaleza a ser ejecutado en 
>las áreas geográficas que constituyen asientos de las culturas indígenas. 
>De tal Manera que no es cierto que la realización del estudio de impacto 
>socio cultural con carácter previo a la construcción del tendido eléctrico 
>Venezuela-Barsil, signifique una aplicación retroactiva del artículo 129 
>constitucional, ya que esta norma en conjunto con los artículo 119, 120, 
>121 y 123 que también obligan al estudio cultural, no son más que una 
>prolongación del régimen de excepción previsto en el artículo 77 de la 
>Constitución Nacional del año 1961. 
> 
>En este punto estamos en presencia de un nuevo error  inexcusable de los 
>prenombrados magistrados. 
> 
>OBJECIÓN 
> 
>El artículo 832 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: 
> 
>"Se tendrá siempre como inexcusable la negligencia o ignorancia cuando, aún 
>sin intención se hubiere dictado providencia manifiestamente contraria a la 
>ley expresa…" 
> 
>Como puede observarse a lo largo de este escrito la sentencia que declaró 
>sin lugar el amparo constitucional intentado por las comunidades indígenas 
>del Pueblo Pemón de la Gran Sabana, contra la interconexión eléctrica 
>Venezuela-Brasil, es manifiestamente contraria a los artículos 26, 51, 119, 
>120, 121, 123, y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de 
>Venezuela; y de los artículos 12, 243, 341 y 509 del Código de 
>Procedimiento Civil, por lo que nos encontramos en un caso de IGNORANCIA 
>INEXCUSABLE DEL DERECHO en que han incurrido los ciudadanos Iván Rincón 
>Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Héctor Peña Torrelles, José Delgado 
>Ocando y Moisés Troconis Villareal, actuales magistrados de la Sala 
>Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
> 
>Esta deplorable actuación de los señalados ciudadanos, en el cumplimiento 
>de la función jurisdiccional los hace desmerecedores de ser designados como 
>miembros de nuestro máximo tribunal. 
> 
>Por las razones expuestas y de conformidad con los artículo 246 de la 
>Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, OBJETAMOS 
>FORMALMENTE la designación de los ciudadanos Iván Rincón Urdaneta, Jesús 
>Eduardo Cabrera Romero, Héctor Peña Torrelles, José Delgado Ocando y Moisés 
>Troconis Villareal, como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  
>Solicitamos que la presente objeción sea considerada procedente y en 
>consecuencia se descalifique a los indicados ciudadanos al momento de 
>designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 
> 
>En Caracas a la fecha de su presentación  
> 
> 
> 
 
 
 
 
 
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