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Asunto:[LEA-Venezuela] PROVEA: DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA Nº 107
Fecha:Martes, 10 de Diciembre, 2002  18:12:18 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza <vitae3 @..........ve>




> DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA Nº 107
> ESPECIAL SOBRE INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN
> VENEZUELA, OCTUBRE 2001-SEPTIEMBRE 2002
>
> Una lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos
> Servicio informativo quincenal del Programa Venezolano de Educación-Acción
> en Derechos Humanos (Provea)
>
> Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
> Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
> Correo electrónico: provea@...
> A efectos de este Servicio Informativo utilice (*):
> coyuntura@...
> Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web:
> http://www.derechos.org.ve
> Para darse de baja de nuestra lista, comuníquelo por (*)
>
> 10 de diciembre de 2002
> **Provea invita para mañana al foro "Los derechos humanos en la agenda del
> diálogo"
> **Contexto y balance de situación: Informe Anual de la situación de los
> derechos humanos,  período octubre 2001-septiembre 2002
> **Consulta popular e inclusión social para frenar la violencia política
> **Polarización política afecta la situación de derechos humanos
> *************************************************************************
> **PROVEA INVITA PARA MAÑANA AL FORO
> "LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA DEL DIÁLOGO" (MAÑANA)
> Con  motivo de la presentación de la edición XIV del "Informe Anual sobre
la
> situación de los derechos humanos en Venezuela (octubre 2001-septiembre
> 2002)", el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
> (Provea), invita a todo el público interesado al Foro "Los derechos
humanos
> en la agenda del diálogo", que se realizará el próximo miércoles 11 de
> diciembre en la sala "A" del 3er. piso del Ateneo de Caracas, a las 5:30
pm.
> Para este evento, Carlos Correa, Coordinador General de Provea, estará en
> interlocución con representantes del Ejecutivo, del poder legislativo y de
> la Defensoría del Pueblo.
> Presentaremos el "Balance General de la Situación de Derechos Humanos"
> contenido en el "Informe Anual" realizado por la organización no
> gubernamental, mientras que los voceros del Estado contrastarán esa
> evaluación desde su perspectiva estatal.
>
> **CONTEXTO Y BALANCE DE SITUACIÓN:
> INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
> PERÍODO OCTUBRE 2001-SEPTIEMBRE 2002
> Estimados suscriptores, como todos los años desde 1989, Provea conmemora
el
> Día Internacional de los Derechos Humanos presentando su  "Informe Anual
> sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela", período octubre
> 2001-septiembre 2002. Este año llegamos a la edición XIV, un esfuerzo
> ininterrumpido de monitoreo de la acción del Estado en relación con el
> cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Cabe
> destacar, como dato anecdótico, que es el segundo año consecutivo en que
la
> presentación se efectúa durante el desarrollo de un paro cívico nacional.
> Sin embargo, nuestro trabajo no acepta interrupciones y el contexto de la
> situación correspondiente al período analizado, así como un balance de los
> 18 derechos analizados, puede ser revisado en el primer acápite del
Informe
> Anual. Invitamos a nuestros suscriptores a consultarlo, así como el resto
de
> la publicación, en nuestra página web: http://www.derechos.org.ve.
>
> **CONSULTA POPULAR E INCLUSIÓN SOCIAL PARA
> FRENAR LA VIOLENCIA POLÍTICA
> Venezuela vive una grave crisis política, en la que dos sectores
importantes
> de la población insisten en negar la legitimidad del otro. Provea
considera
> que para resolver esta situación, debemos recurrir al mecanismo
democrático
> por excelencia: la consulta popular.
> Desde el último trimestre de 2001, más de 70 personas perdieron la vida en
> el contexto del conflicto político: 4 dirigentes campesinos, 20 personas
el
> 11 de abril, al menos 41 entre los días 12 y el 13 de abril, 3 en el
centro
> de la ciudad el mes pasado y 3 más en la Plaza Francia el 6 de diciembre
de
> 2002. De no contar con la decidida voluntad de las partes para detener
esta
> espiral de violencia estaríamos ante una situación de graves consecuencias
> para todo el tejido social.
> Una consulta inadecuada en lugar de resolver la crisis podría agudizarla.
> Provea valora el ejercicio del derecho a la participación ciudadana que
> implicó la recolección de un número importante de firmas para convocar a
un
> referéndum consultivo. Sin embargo, cabe recordar que por decisiones
previas
> del TSJ los referendum son vinculantes, con lo cual este referéndum se
> transformaría de consultivo a revocatorio y la Constitución plantea que la
> revocatoria por consulta, de un funcionario electo, sólo puede producirse
a
> mitad de su período siempre y cuando se logre un número de votos igual o
> superior a aquellos por los que fue electo. Si a ello se suma  que las
> actuales autoridades del CNE no son confiables para una de las partes,
> estaríamos ante un cuadro que facilitará la impugnación de los resultados
> del mismo.
> Por su parte, el gobierno propone como salida a la crisis el Referéndum
> revocatorio de agosto de 2003. Aunque esta propuesta se ajusta a los
> establecido en la Constitución, Provea considera que las amenazas de
> violencia que se observan en la coyuntura política, ameritan una
alternativa
> más pronta.
> Condiciones para una consulta adecuada
> Existen otras opciones: el gobierno y la oposición tienen la obligación de
> buscarlas, encontrarlas y llegar a un acuerdo en torno a alguna de ellas.
> Sobre estos actores recae la responsabilidad de la superación de la
crisis,
> así como la responsabilidad por un aumento de la violencia política, en
caso
> de no llegar a prontos acuerdos que impliquen su mutuo reconocimiento como
> representantes de legítimas visiones de la sociedad.
> A juicio de Provea, una consulta popular que ayude a reducir la violencia
> debe cumplir con las siguientes características:
> Debe ser el producto de un acuerdo entre las partes y no la imposición de
la
> voluntad absoluta de una de ellas. Por tal razón, debe existir el
compromiso
> de respetar los resultados, por parte de todos los actores.
> Debe contarse con un Consejo Nacional Electoral y un Registro Electoral
> Permanente confiables para todas las partes. Ello implica la designación
de
> las nuevas autoridades de esta institución, de acuerdo a lo establecido en
> el ordenamiento legal.
> Como parte de los acuerdos previos a la realización de la consulta, debe
> incluirse el compromiso, por parte de los medios de comunicación públicos
y
> privados, de dar cabida a la diversidad de opciones que participen del
> proceso, así como la promoción de un clima que facilite el procesamiento
> democrático de las diferencias.
> Debe contarse con una observación internacional de estos acuerdos durante
el
> proceso de consulta y escrutinio.
> Los límites del Paro Cívico
> La manifestación y la huelga son derechos humanos, razón por la cual, el
> Paro Cívico goza de un piso legal para su realización. No obstante, estos
> derechos, como todos los derechos, están sometidos a limitaciones en
función
> del respeto y garantía de otros derechos. En tal sentido:
> Provea cuestiona, una vez más, el llamado que formulan dirigentes de la
CTV,
> Fedecámaras y la Coordinadora Democrática a la participación de militares
> activos en el Paro Cívico, en tanto éstos tienen limitados para sí esos
> derechos, en beneficio de los derechos políticos del resto de la sociedad.
> Provea reafirma que los servicios mínimos deben ser garantizados en el
marco
> de cualquier huelga o manifestación. Ello implica, cuando sea posible, un
> acuerdo entre las partes en conflicto. De no lograrse este acuerdo, el
> Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de estos servicios.
> En este momento, el Paro Cívico está comprometiendo el disfrute del
derecho
> a la alimentación y el libre tránsito, lo que contribuye a la agudización
> del conflicto.
> Inclusión social para ganar la paz
> Más allá de la consulta y sus resultados, Provea reitera que la inclusión
> social de las mayorías excluidas es un componente vital de la
profundización
> de la democracia. Por tal razón, la adopción de medidas progresivas en
> materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales (Desc), debe
> ser parte fundamental de los acuerdos a los que lleguen las partes en
> conflicto. Entre estas medidas se encuentran la gratuidad de la educación
y
> la salud y la garantía de un modelo solidario de seguridad social.
> Igualmente, es necesario acordar el pleno respeto del Título III de la
> Constitución de 1999, que consagra un amplio abanico de derechos humanos.
La
> inclusión social, significa también el respeto, promoción y reconocimiento
> de las expresiones organizativas de los sectores excluidos. Sólo en un
> ambiente en el que las diferencias puedan procesarse a través de los
> mecanismos institucionales, se podrá erradicar la violencia política.
> Carlos Correa (Coordinador General); María Isabel Bertone (Coordinadora de
> Educación)
> Marino Alvarado (Coordinador de Defensa); Antonio González Plessmann
> (Coordinador de Investigación).
>
> **POLARIZACIÓN POLÍTICA AFECTA
> LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
> El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
> considera que "las políticas relacionadas con los derechos económicos y
> sociales fueron consistentes con los principios de progresividad, pero
> tuvieron, en su mayoría, una ejecución deficiente; mientras que los
derechos
> civiles y políticos mostraron regresiones importantes". Provea realizó
este
> balance en la presentación del informe correspondiente al período
septiembre
> 2001 - octubre 2002.
> Provea constató que en el ámbito de los derechos sociales el diseño de una
> parte de las políticas públicas sigue siendo consistente con la
> progresividad de derechos como los de salud, educación, vivienda, tierra,
de
> los pueblos indígenas y, en menor medida, con el de seguridad social.
Carlos
> Correa, coordinador general  manifestó que "no ocurrió lo mismo con la
> libertad sindical ni con el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, los
> déficit de la gestión pública y las propias inconsistencias a lo interno
de
> los entes responsables, impiden que esa concepción progresiva se convierta
> en políticas efectivas en revertir la difícil situación de esos derechos".
> En el caso del derecho a la Seguridad Social, Provea considera que el
> proyecto de ley que se adelanta en la Asamblea Nacional se ajusta al
> carácter de servicio público no lucrativo y solidario establecido en el
> artículo 86 de la Constitución. Igualmente manifiestan preocupación porque
> hay 148.495 personas que tienen derecho a una pensión de vejez pero no la
> reciben por la lentitud en los trámites burocráticos y la decisión de
> incorporar sólo 2.000 personas anuales.
> En cuanto a los derechos civiles y políticos, los patrones de evaluación
de
> estos derechos manejados por Provea muestran regresiones, con excepciones
> que, "sin embargo, no se enmarcan en políticas y acciones coherentes que
> hagan prever un respeto sostenido a estos derechos". Las regresiones, que
> tienen que ver con un incremento en los casos reportados superior al año
> anterior, se observan en los derechos a la integridad personal, seguridad
> ciudadana, a la justicia, a la libertad de expresión e información.
> Por otra parte, Provea registró un total de 175 casos de violaciones al
> derecho a la vida, cifra que representa un descenso del 27,4 % con
respecto
> al período anterior (241 casos). Las ejecuciones representaron el 82%
(143)
> del total de casos registrados, del total de casos bajo este patrón, 48 se
> adjudican a la actuación de los grupos de exterminio.
> Otra de las excepciones se presenta en el derecho a la manifestación
> pacífica, en el cual hubo un bajo nivel de actuaciones represivas por
parte
> del Estado. Igual tendencia siguen los patrones de tortura y detenciones
> individualizadas, en los derechos a la integridad personal y libertad
> personal, respectivamente.
> Sobre el golpe de Estado ocurrido en el mes de abril, el informe registra
> que al menos 20 personas perdieron la vida el 11 de ese mes y
> aproximadamente 41 entre los días 12  y 14, en hechos que se mantienen
> impunes al cierre de este Informe y en los que aparecen involucrados
> particulares y organismos de seguridad. Aproximadamente 46 personas
> resultaron heridas por armas de fuego el 11 de abril y 5 personas fueron
> torturadas, entre el 12 y el 13.
> Igualmente dirigentes políticos y sociales, de las diversas tendencias, el
> cuerpo diplomático del Estado cubano y comunicadores sociales, recibieron
> amenazas de manera directa o a través de mensajes anónimos desde el 11
hasta
> el 14 de abril, por personas afectas al oficialismo, a la oposición o por
> desconocidos. En el mismo período se registró una persecución política que
> afectó el derecho a la libertad personal de funcionarios del Ejecutivo
> nacional (incluido el Presidente de la República), gobernadores,
activistas
> políticos, miembros de medios comunitarios y un diputado.
> El derecho a la manifestación fue vulnerado el 11 de abril al no
> garantizarse la seguridad y la vida de los manifestantes. Entre los 2 días
> siguientes, al menos 7 manifestaciones por la exigencia de la restitución
> del hilo constitucional, fueron reprimidas u obstaculizadas, en los 2 días
> posteriores.
> Tanto el gobierno constitucional como el de facto, vulneraron la libertad
de
> expresión y el derecho a la información el 11 de abril. El primero, por
uso
> abusivo de las cadenas de radio y televisión y la suspensión de las
señales
> de los principales medios radioeléctricos. El segundo, por el cierre del
> canal oficial. Los días 12 y 13, 5 medios comunitarios fueron allanados o
> visitados por organismos de seguridad, 3 comunicadores populares fueron
> detenidos arbitrariamente y 1 de ellos fue torturado. Adicionalmente, los
> principales medios privados de comunicación produjeron un cerco
informativo
> favorable al gobierno de facto.
> Entre el 11 y el 13 de ese mes, se produjo un golpe de Estado que vulneró
> los derechos a elegir y ser elegido, la independencia de los poderes y
> derogó la Constitución. Para los voceros de la organización, "el mayor
> aprendizaje de estos dolorosos sucesos, es que los problemas de la
> democracia deben resolverse en democracia y a través de mecanismos
> democráticos. Cuando decimos democracia nos referimos a la
> institucionalidad, a la participación popular y a la inclusión de las
> mayorías marginadas".
> El Informe Anual de Provea será presentado en el foro "Los derechos
humanos
> en la agenda del diálogo", cual se realizará este 11 de diciembre a las
5:30
> pm, en la sala "A", del Ateneo de Caracas. En este foro se presentarán los
> resultados de la investigación a las autoridades estatales, con el objeto
de
> exigir las políticas públicas que se traduzcan en un mejora concreta de la
> situación de los derechos en Venezuela. En esta oportunidad Carlos Correa,
> Coordinador General de Provea estará acompañado por Felipe Pérez, ministro
> de Planificación y Desarrollo, Cilia Flores, diputada de la Asamblea y Luz
> Patricia Mejía, por la Defensoría del Pueblo en calidad de comentaristas
> invitados. Provea invita a todas las personas y organizaciones interesadas
a
> participar en este dialogo.
> El texto completo del Informe puede ser consultado en el sitio web:
> www.derechos.org.ve. Igualmente, la organización editó un desplegable tipo
> afiche que ofrece, en forma sintetizada, la información de los indicadores
y
> patrones de derechos humanos evaluados en el Informe Anual.
> **********************************************************************
> El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
> una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción
de
> los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), que tiene como fin
la
> plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de
Derecho,
> en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que
> lleva a cabo Provea apunta, en última instancia, a beneficiar a las
víctimas
> o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola
sus
> derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus
> derechos.
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