- Sobre el
conflicto político y la crisis de gobernabilidad:
1.- Los
principales problemas del país son la exclusión social, la
debilidad institucional, la desvinculación entre ética y política y la
intolerancia. Se trata de problemas estructurales y, por tanto, de vieja
data. El país está, sin embargo, polarizado en un debate que parece
ocultarlos. La continuidad o no de Hugo Chávez en la Presidencia de la
República, tiene vínculos con esos problemas. Pero la solución de problemas
estructurales requiere mucho más que la salida o permanencia de un
Presidente. Si esos problemas no se incluyen en la agenda pública, el país
corre el riesgo de fomentar su propia frustración y aumentar el nivel de
deterioro de la situación política, económica y social. 2.- Más allá de
esa reflexión preliminar, es evidente que el nivel de polarización existente
en el país, y particularmente en Caracas, generó una crisis de gobernabilidad
en todos sus niveles y un aumento de la violencia política que es necesario
reducir de inmediato. El único modo de hacerlo, en una democracia, es
consultando a la población sobre hacia dónde quiere que se oriente su futuro.
Las organizaciones de derechos humanos celebramos la coincidencia entre el
gobierno y la oposición en la necesidad de realizar una consulta popular. Les
exigimos a ambas partes que, en el marco de las posibilidades
constitucionales: a) lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las
características de esa consulta, b) colaboren para obtener un
Consejo Nacional Electoral y un Registro Electoral confiables para todas las
partes, c) se reconozcan como representantes válidos de diversas y
legítimas visiones de país y, d) cedan en sus intereses sectoriales a favor
de los intereses colectivos. 3.- La ausencia de acuerdos entre el gobierno
y la oposición sobre el tipo de consulta que se debe realizar, constituye un
estímulo a la violencia y a la anomia. Pero igualmente hay que decir, que si
los distintos sectores que intervienen en la vida nacional no son capaces de
llegar a acuerdos mínimos de coexistencia, más allá de la consulta y sus
resultados, la violencia no desaparecerá, porque tampoco lo harán la
exclusión social, la debilidad institucional y la intolerancia. 4.-
Agradecemos y apoyamos los esfuerzos que el Secretario General de la OEA,
Cesar Gaviria, está haciendo a favor del diálogo y valoramos su paciencia,
mediación y su preocupación por la paz en nuestro país. - Sobre el Paro
Cívico Nacional, los hechos de violencia y la violación a los derechos
humanos 5.- El Paro Cívico, es un ejercicio del derecho humano a la
manifestación. Pero ello no puede justificar la toma de partido - activa o
pasiva- de la FAN a favor de ninguno de los bandos en conflicto. Por tal
razón cuestionamos a los presidentes de Fedecamaras, y de la CTV,
quienes públicamente formularon llamados a la intervención militar en el Paro
Cívico iniciado el 02.12.02. Este hecho adquiere particular relevancia en
tanto, estos ciudadanos son representantes de las organizaciones convocantes
al Paro. 6.- Como todo derecho humano, la huelga y la manifestación no
son ilimitados. Tal como se desprende de los tratados de la OIT, los
servicios esenciales deben ser garantizados por particulares y por el Estado.
Ello implica una negociación entre las partes para garantizar esos servicios
en beneficio de toda la población. 7.- Desde el 02.12.02 se registran
situaciones de intolerancia social contra empresas o comercios que han
decidido no sumarse al Paro. Estos hechos, en los que se ha hecho uso de la
violencia, deben ser investigados y sancionados. 8.- Los días 2 y 3 de
diciembre, tanto en el interior del país como en la sede de Pdvsa - Chuao
(Caracas), se registraron acciones violatorias de los derechos a la
integridad personal y la manifestación. El más notorio de estos incidentes
fue el ocurrido en Pdvsa - Chuao el 3 de diciembre, en donde la GN, sin
ningún tipo de mediación, dispersó una manifestación pacífica con bombas
lacrimógenas y perdigones. El gobierno esgrime que estaba haciendo valer uno
de los Decretos que convierte las adyacencias de la base aérea La Carlota en
una Zona de Seguridad. Tal como el movimiento de derechos humanos lo ha
señalado anteriormente, ese decreto es írrito y, por tanto, su invocación
para restringir una manifestación pacífica también lo es. Estos hechos deben,
igualmente, ser investigados y sancionados. 9.- Solicitamos al Ministerio
Público pronunciarse a la brevedad en torno a las investigaciones adelantadas
sobre los hechos enunciados. 10.- Exigimos al Ejecutivo Nacional, estadal y
municipal que, apegado al marco constitucional, tome todas las medidas
pertinentes que puedan garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda
la ciudadanía, tanto a quienes se sumen al paro como a quienes decidan acudir
a sus lugares de trabajo. 11.- Hacemos un llamado a todos los
empleadores para que no violenten el derecho que tienen los trabajadores a
recibir su salario ya sea el pago semanal, quincenal o mensual y a no
violentar las jornadas y días correspondientes de trabajo. 12.- Hacemos un
llamado a la población a mantener la calma y no acatar ningún llamado, de
cualquier tendencia, a la violencia, para que prevalezca el espíritu
pacifista y democrático que nos ha caracterizado como pueblo venezolano. El
derecho a la protesta, a favor o en contra del gobierno, debe ser ejercido
dentro de los alcances y límites de la ley. 13.- Solicitamos a los medios de
comunicación, tanto públicos como privados, que fomenten un ambiente propicio
al entendimiento, que muestren la diversidad de ideas y opiniones sobre la
actual crisis y condenen cualquier alteración del orden constitucional y la
violencia. 14.- Solicitamos a los líderes de todos los sectores que hagan un
llamado a la calma que evite la violencia y se comprometan en el respeto a
los mecanismos democráticos para el procesamiento de los
disensos.
Suscriben: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello; Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores
(Aportes); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz; Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve); Centro por la Paz de la
Universidad Central de Venezuela; Comisión de Derechos Humanos de Puerto La
Cruz; Servicio Jesuita para los Refugiados; Humana Dignitas; Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Acción
Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI); Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea)" (Provea, 06.12.02, http: file://www.derechos.org.ve).
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