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Asunto:[LEA-Venezuela] Conflicto político y crisis de gobernabilidad
Fecha:Sabado, 7 de Diciembre, 2002  18:27:17 (-0400)
Autor:Jorge Hinestroza <vitae3 @..........ve>

- Sobre el conflicto político y la crisis de gobernabilidad:

1.- Los principales problemas del país son la exclusión social, la debilidad
institucional, la desvinculación entre ética y política y la intolerancia.
Se trata de problemas estructurales y, por tanto, de vieja data. El país
está, sin embargo, polarizado en un debate que parece ocultarlos. La
continuidad o no de Hugo Chávez en la Presidencia de la República, tiene
vínculos con esos problemas. Pero la solución de problemas estructurales
requiere mucho más que la salida o permanencia de un Presidente. Si esos
problemas no se incluyen en la agenda pública, el país corre el riesgo de
fomentar su propia frustración y aumentar el nivel de deterioro de la
situación política, económica y social.
2.- Más allá de esa reflexión preliminar, es evidente que el nivel de
polarización existente en el país, y particularmente en Caracas, generó una
crisis de gobernabilidad en todos sus niveles y un aumento de la violencia
política que es necesario reducir de inmediato. El único modo de hacerlo, en
una democracia, es consultando a la población sobre hacia dónde quiere que
se oriente su futuro. Las organizaciones de derechos humanos celebramos la
coincidencia entre el gobierno y la oposición en la necesidad de realizar
una consulta popular. Les exigimos a ambas partes que, en el marco de las
posibilidades constitucionales: a) lleguen rápidamente a un acuerdo sobre
las características de esa consulta, b) colaboren para obtener un Consejo
Nacional Electoral y un Registro Electoral confiables para todas las partes,
c) se reconozcan como representantes válidos de diversas y legítimas
visiones de país y, d) cedan en sus intereses sectoriales a favor de los
intereses colectivos.
3.- La ausencia de acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre el tipo
de consulta que se debe realizar, constituye un estímulo a la violencia y a
la anomia. Pero igualmente hay que decir, que si los distintos sectores que
intervienen en la vida nacional no son capaces de llegar a acuerdos mínimos
de coexistencia, más allá de la consulta y sus resultados, la violencia no
desaparecerá, porque tampoco lo harán la exclusión social, la debilidad
institucional y la intolerancia.
4.- Agradecemos y apoyamos los esfuerzos que el Secretario General de la
OEA, Cesar Gaviria, está haciendo a favor del diálogo y valoramos su
paciencia, mediación y su preocupación por la paz en nuestro país.
- Sobre el Paro Cívico Nacional, los hechos de violencia y la violación a
los derechos humanos
5.- El Paro Cívico, es un ejercicio del derecho humano a la manifestación.
Pero ello no puede justificar la toma de partido - activa o pasiva- de la
FAN a favor de ninguno de los bandos en conflicto. Por tal razón
cuestionamos a los presidentes de Fedecamaras, y de la CTV, quienes
públicamente formularon llamados a la intervención militar en el Paro Cívico
iniciado el 02.12.02. Este hecho adquiere particular relevancia en tanto,
estos ciudadanos son representantes de las organizaciones convocantes al
Paro.
6.- Como todo derecho humano, la huelga y la manifestación no son
ilimitados. Tal como se desprende de los tratados de la OIT, los servicios
esenciales deben ser garantizados por particulares y por el Estado. Ello
implica una negociación entre las partes para garantizar esos servicios en
beneficio de toda la población.
7.- Desde el 02.12.02 se registran situaciones de intolerancia social contra
empresas o comercios que han decidido no sumarse al Paro. Estos hechos, en
los que se ha hecho uso de la violencia, deben ser investigados y
sancionados.
8.- Los días 2 y 3 de diciembre, tanto en el interior del país como en la
sede de Pdvsa - Chuao (Caracas), se registraron acciones violatorias de los
derechos a la integridad personal y la manifestación. El más notorio de
estos incidentes fue el ocurrido en Pdvsa - Chuao el 3 de diciembre, en
donde la GN, sin ningún tipo de mediación, dispersó una manifestación
pacífica con bombas lacrimógenas y perdigones. El gobierno esgrime que
estaba haciendo valer uno de los Decretos que convierte las adyacencias de
la base aérea La Carlota en una Zona de Seguridad. Tal como el movimiento de
derechos humanos lo ha señalado anteriormente, ese decreto es írrito y, por
tanto, su invocación para restringir una manifestación pacífica también lo
es. Estos hechos deben, igualmente, ser investigados y sancionados.
9.- Solicitamos al Ministerio Público pronunciarse a la brevedad en torno a
las investigaciones adelantadas sobre los hechos enunciados.
10.- Exigimos al Ejecutivo Nacional, estadal y municipal que, apegado al
marco constitucional, tome todas las medidas pertinentes que puedan
garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda la ciudadanía, tanto
a quienes se sumen al paro como a quienes decidan acudir a sus lugares de
trabajo.
11.- Hacemos  un llamado a todos los empleadores para que no violenten el
derecho que tienen los trabajadores a recibir su salario ya sea el pago
semanal, quincenal o mensual y a no violentar las jornadas y días
correspondientes de trabajo.
12.- Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y no acatar
ningún llamado, de cualquier tendencia, a la violencia, para que prevalezca
el espíritu pacifista y democrático que nos ha caracterizado como pueblo
venezolano. El derecho a la protesta, a favor o en contra del gobierno, debe
ser ejercido dentro de los alcances y límites de la ley.
13.- Solicitamos a los medios de comunicación, tanto públicos como privados,
que fomenten un ambiente propicio al entendimiento, que muestren la
diversidad de ideas y opiniones sobre la actual crisis y condenen cualquier
alteración del orden constitucional y la violencia.
14.- Solicitamos a los líderes de todos los sectores que hagan un llamado a
la calma que evite la violencia y se comprometan en el respeto a los
mecanismos democráticos para el procesamiento de los disensos.

Suscriben:
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello;
Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores (Aportes);
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Red de Apoyo por la Justicia
y la Paz; Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos
y Religiosas de Venezuela (Secorve); Centro por la Paz de la Universidad
Central de Venezuela; Comisión de Derechos Humanos de Puerto La Cruz;
Servicio Jesuita para los Refugiados; Humana Dignitas; Oficina de Derechos
Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Acción Ciudadana Contra
el SIDA (ACCSI); Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea)"
(Provea, 06.12.02, http:
file://www.derechos.org.ve).