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- Sobre el
conflicto político y la crisis de gobernabilidad:
1.- Los
principales problemas del país son la exclusión social, la
debilidad
institucional, la desvinculación entre ética y política y la
intolerancia.
Se trata de problemas estructurales y, por tanto, de vieja
data. El país
está, sin embargo, polarizado en un debate que parece
ocultarlos. La
continuidad o no de Hugo Chávez en la Presidencia de la
República, tiene
vínculos con esos problemas. Pero la solución de problemas
estructurales
requiere mucho más que la salida o permanencia de un
Presidente. Si esos
problemas no se incluyen en la agenda pública, el país
corre el riesgo de
fomentar su propia frustración y aumentar el nivel de
deterioro de la
situación política, económica y social.
2.- Más allá de
esa reflexión preliminar, es evidente que el nivel de
polarización existente
en el país, y particularmente en Caracas, generó una
crisis de gobernabilidad
en todos sus niveles y un aumento de la violencia
política que es necesario
reducir de inmediato. El único modo de hacerlo, en
una democracia, es
consultando a la población sobre hacia dónde quiere que
se oriente su futuro.
Las organizaciones de derechos humanos celebramos la
coincidencia entre el
gobierno y la oposición en la necesidad de realizar
una consulta popular. Les
exigimos a ambas partes que, en el marco de las
posibilidades
constitucionales: a) lleguen rápidamente a un acuerdo sobre
las
características de esa consulta, b) colaboren para obtener un
Consejo
Nacional Electoral y un Registro Electoral confiables para todas las
partes,
c) se reconozcan como representantes válidos de diversas y
legítimas
visiones de país y, d) cedan en sus intereses sectoriales a favor
de los
intereses colectivos.
3.- La ausencia de acuerdos entre el gobierno
y la oposición sobre el tipo
de consulta que se debe realizar, constituye un
estímulo a la violencia y a
la anomia. Pero igualmente hay que decir, que si
los distintos sectores que
intervienen en la vida nacional no son capaces de
llegar a acuerdos mínimos
de coexistencia, más allá de la consulta y sus
resultados, la violencia no
desaparecerá, porque tampoco lo harán la
exclusión social, la debilidad
institucional y la intolerancia.
4.-
Agradecemos y apoyamos los esfuerzos que el Secretario General de la
OEA,
Cesar Gaviria, está haciendo a favor del diálogo y valoramos su
paciencia,
mediación y su preocupación por la paz en nuestro país.
- Sobre el Paro
Cívico Nacional, los hechos de violencia y la violación a
los derechos
humanos
5.- El Paro Cívico, es un ejercicio del derecho humano a la
manifestación.
Pero ello no puede justificar la toma de partido - activa o
pasiva- de la
FAN a favor de ninguno de los bandos en conflicto. Por tal
razón
cuestionamos a los presidentes de Fedecamaras, y de la CTV,
quienes
públicamente formularon llamados a la intervención militar en el Paro
Cívico
iniciado el 02.12.02. Este hecho adquiere particular relevancia en
tanto,
estos ciudadanos son representantes de las organizaciones convocantes
al
Paro.
6.- Como todo derecho humano, la huelga y la manifestación no
son
ilimitados. Tal como se desprende de los tratados de la OIT, los
servicios
esenciales deben ser garantizados por particulares y por el Estado.
Ello
implica una negociación entre las partes para garantizar esos servicios
en
beneficio de toda la población.
7.- Desde el 02.12.02 se registran
situaciones de intolerancia social contra
empresas o comercios que han
decidido no sumarse al Paro. Estos hechos, en
los que se ha hecho uso de la
violencia, deben ser investigados y
sancionados.
8.- Los días 2 y 3 de
diciembre, tanto en el interior del país como en la
sede de Pdvsa - Chuao
(Caracas), se registraron acciones violatorias de los
derechos a la
integridad personal y la manifestación. El más notorio de
estos incidentes
fue el ocurrido en Pdvsa - Chuao el 3 de diciembre, en
donde la GN, sin
ningún tipo de mediación, dispersó una manifestación
pacífica con bombas
lacrimógenas y perdigones. El gobierno esgrime que
estaba haciendo valer uno
de los Decretos que convierte las adyacencias de
la base aérea La Carlota en
una Zona de Seguridad. Tal como el movimiento de
derechos humanos lo ha
señalado anteriormente, ese decreto es írrito y, por
tanto, su invocación
para restringir una manifestación pacífica también lo
es. Estos hechos deben,
igualmente, ser investigados y sancionados.
9.- Solicitamos al Ministerio
Público pronunciarse a la brevedad en torno a
las investigaciones adelantadas
sobre los hechos enunciados.
10.- Exigimos al Ejecutivo Nacional, estadal y
municipal que, apegado al
marco constitucional, tome todas las medidas
pertinentes que puedan
garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda
la ciudadanía, tanto
a quienes se sumen al paro como a quienes decidan acudir
a sus lugares de
trabajo.
11.- Hacemos un llamado a todos los
empleadores para que no violenten el
derecho que tienen los trabajadores a
recibir su salario ya sea el pago
semanal, quincenal o mensual y a no
violentar las jornadas y días
correspondientes de trabajo.
12.- Hacemos un
llamado a la población a mantener la calma y no acatar
ningún llamado, de
cualquier tendencia, a la violencia, para que prevalezca
el espíritu
pacifista y democrático que nos ha caracterizado como pueblo
venezolano. El
derecho a la protesta, a favor o en contra del gobierno, debe
ser ejercido
dentro de los alcances y límites de la ley.
13.- Solicitamos a los medios de
comunicación, tanto públicos como privados,
que fomenten un ambiente propicio
al entendimiento, que muestren la
diversidad de ideas y opiniones sobre la
actual crisis y condenen cualquier
alteración del orden constitucional y la
violencia.
14.- Solicitamos a los líderes de todos los sectores que hagan un
llamado a
la calma que evite la violencia y se comprometan en el respeto a
los
mecanismos democráticos para el procesamiento de los
disensos.
Suscriben:
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello;
Colectivo de Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores
(Aportes);
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Red de Apoyo por la
Justicia
y la Paz; Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de
Religiosos
y Religiosas de Venezuela (Secorve); Centro por la Paz de la
Universidad
Central de Venezuela; Comisión de Derechos Humanos de Puerto La
Cruz;
Servicio Jesuita para los Refugiados; Humana Dignitas; Oficina de
Derechos
Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Acción
Ciudadana Contra
el SIDA (ACCSI); Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos
(Provea)"
(Provea, 06.12.02, http: file://www.derechos.org.ve).
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Conflicto político
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