Organizaciones de
ddhh exigen tolerancia
CONSULTA
POPULAR PARA FRENAR LA VIOLENCIA
Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes presentan las
siguientes observaciones sobre la coyuntura:
Sobre el conflicto político y la crisis de
gobernabilidad
1.
Los principales problemas del país son la exclusión social, la debilidad
institucional, la desvinculación entre ética y política y la intolerancia. Se
trata de problemas estructurales y, por tanto, de vieja data. El país está, sin
embargo, polarizado en un debate que parece ocultarlos. La continuidad o no de
Hugo Chávez en la Presidencia de la República, tiene vínculos con esos
problemas. Pero la solución de problemas estructurales requiere mucho más que la
salida o permanencia de un Presidente. Si esos problemas no se incluyen en la
agenda pública, el país corre el riesgo de fomentar su propia frustración y
aumentar el nivel de deterioro de la situación política, económica y
social.
2.
Más allá de
esa reflexión preliminar, es evidente que el nivel de polarización existente en
el país, y particularmente en Caracas, generó una crisis de gobernabilidad en
todos sus niveles y un aumento de la violencia política que es necesario reducir
de inmediato. El único modo de hacerlo, en una democracia, es consultando a la
población sobre hacia dónde quiere que se oriente su futuro. Las organizaciones
de derechos humanos celebramos la coincidencia entre el gobierno y la oposición
en la necesidad de realizar una consulta popular. Les
exigimos a ambas partes que, en el marco de las posibilidades constitucionales:
a) lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las características de esa consulta,
b) colaboren para obtener un Consejo Nacional Electoral y un Registro Electoral
confiables para todas las partes, c) se reconozcan como representantes válidos
de diversas y legítimas visiones de país y, d) cedan en sus intereses
sectoriales a favor de los intereses colectivos.
3.
La
ausencia de acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre el tipo de consulta
que se debe realizar, constituye un estímulo a la violencia y a la anomia. Pero
igualmente hay que decir, que si los distintos sectores que intervienen en la
vida nacional no son capaces de llegar a acuerdos mínimos de coexistencia, más
allá de la consulta y sus resultados, la violencia no desaparecerá, porque
tampoco lo harán la exclusión
social, la debilidad institucional y la
intolerancia.
4.
Agradecemos y apoyamos los esfuerzos que el Secretario General de la OEA,
Cesar Gaviria, está haciendo a favor del diálogo y valoramos su paciencia,
mediación y su preocupación por la paz en nuestro
país.
Sobre el Paro Cívico Nacional, los hechos de violencia y la violación a
los derechos humanos
5.
El Paro Cívico, es un ejercicio del derecho humano a la manifestación.
Pero ello no puede justificar la toma de partido - activa o pasiva- de la FAN a
favor de ninguno de los bandos en conflicto. Por tal razón cuestionamos a los
presidentes de Fedecámaras, y de la CTV, quienes públicamente formularon
llamados a la intervención militar en el Paro Cívico iniciado el 02.12.02. Este
hecho adquiere particular relevancia en tanto, estos ciudadanos son
representantes de las organizaciones convocantes al
Paro.
6.
Como todo derecho humano, la huelga y la manifestación no son ilimitados.
Tal como se desprende de los tratados de la OIT, los servicios esenciales deben
ser garantizados por particulares y por el Estado. Ello implica una negociación
entre las partes para garantizar esos servicios en beneficio de toda la
población.
7.
Desde el 02.12.02 se registran situaciones de intolerancia social contra
empresas o comercios que han decidido no sumarse al Paro. Estos hechos, en los
que se ha hecho uso de la violencia, deben ser investigados y
sancionados.
8.
Los días 2 y 3 de diciembre, tanto en el interior del país como en la
sede de Pdvsa – Chuao (Caracas), se registraron acciones violatorias de los
derechos a la integridad personal y la manifestación. El más notorio de estos
incidentes fue el ocurrido en Pdvsa – Chuao el 3 de diciembre, en donde la GN,
sin ningún tipo de mediación, dispersó una manifestación pacífica con bombas
lacrimógenas y perdigones. El gobierno esgrime que estaba haciendo valer uno de
los Decretos que convierte las adyacencias de la base aérea La Carlota en una
Zona de Seguridad. Tal como el movimiento de derechos humanos lo ha señalado
anteriormente, ese decreto es írrito y, por tanto, su invocación para restringir
una manifestación pacífica también lo es. Estos hechos deben, igualmente, ser
investigados y sancionados.
9.
Solicitamos al Ministerio Público pronunciarse a la brevedad en torno a
las investigaciones adelantadas sobre los hechos
enunciados.
10. Exigimos al Ejecutivo Nacional, estadal y municipal que, apegado al marco
constitucional, tome todas las medidas pertinentes que puedan garantizar el
ejercicio de los derechos humanos a toda la ciudadanía, tanto a quienes se sumen
al paro como a quienes decidan acudir a sus lugares de
trabajo.
11. Hacemos un llamado a todos los empleadores para
que no violenten el derecho que tienen los trabajadores a recibir su salario ya
sea el pago semanal, quincenal o mensual y a no violentar las jornadas y
días correspondientes de trabajo.
12. Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y no acatar ningún
llamado, de cualquier tendencia, a la violencia, para que prevalezca el espíritu
pacifista y democrático que nos ha caracterizado como pueblo venezolano. El
derecho a la protesta, a favor o en contra del gobierno, debe ser ejercido
dentro de los alcances y límites de la ley.
13. Solicitamos a los medios de comunicación, tanto públicos como privados,
que fomenten un ambiente propicio al entendimiento, que muestren la diversidad
de ideas y opiniones sobre la actual crisis y condenen cualquier alteración del
orden constitucional y la violencia.
14. Solicitamos a los líderes de todos los sectores que hagan un llamado a la
calma que evite la violencia y se comprometan en el respeto a los mecanismos
democráticos para el procesamiento de los disensos.
Suscriben:
- Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica “Andrés Bello”
- Colectivo Aportes
(Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores)
- Centros Comunitarios de
Aprendizaje (Cecodap)
- Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz
- Comisión de Justicia y Paz
del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela
(Secorve)
- Centro por la Paz de la
Universidad Central de Venezuela
- Comisión de Derechos
Humanos de Puerto La Cruz
- Servicio Jesuita para los
Refugiados
- Humana
Dignitas
- Oficina de Derechos Humanos
del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
- Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea)