BOLETÍN DE PRENSA

Maracaibo, 8 de noviembre de 2000 

Adelanta investigación en La Universidad del Zulia

Exclusión social y contaminación

acarrea desarrollo salinero en Miranda

El doble impacto social y ambiental del proyecto salinero de Produsal en pleno desarrollo, está conduciendo a comunidades pesqueras de Miranda a una crisis de su modo de vida. 

¨       Mas de dos mil vacantes de empleos y problemas de contaminación ambiental que comienza a arruinar la pesquería en la zona norte del Lago de Maracaibo es el resultado  que arroja un examen de los impactos y riesgos de la instalación y funcionamiento de la empresa Produsal y otras cualidades y circunstancias que acompañan este desarrollo industrial.

En esta empresa, la transnacional Cargill Inc.y la empresa estatal venezolana Petroquímica de Venezuela (Pequiven), comparten la propiedad de las acciones, la primera con el 70% del paquete accionario y la segunda con el restante 30%. Produsal obtuvo una concesión del gobierno regional del Zulia para explotar sal por un período renovable de cincuenta años en los terrenos del Refugio de Fauna silvestre y Reserva de Pesca “Ciénaga de Los Olivitos”  según se expresa en la Gaceta Oficial del Estado Zulia con fecha 19 de marzo de 1993. Según los planes de la empresa serán abarcarcas  unas 5.400 hectáreas de la ciénaga de Los olivitos y se llevará la producción de sal de 350.000 a 800 mil toneladas por año. 

¨       El análisis de este proceso reveló que la comunidad de Ancón de Iturre del municipio Miranda, antes de la llegada de Produsal, era una aldea productiva con un mínimo desempleo gracias a su modo de vida, caracterizado por las tradicionales labores de la pesquería y producción artesanal de sal. La instalación y desarrollo de la industria moderna de la sal dejó a esta población sin las plazas de trabajo que la industria artesanal de la sal brindaba a los miembros de la comunidad. Aproximadamente, unas 300 personas de allí fueron dejadas cesantes. Como consecuencia de este repentino golpe, Ancón de Iturre  comenzó un acelerada declinación económica al dejar percibir un ingreso bruto anual de unos diez millones y medio de bolívares que reportaba la producción salinera que estaba en manos de sus habitantes. Casi toda la población activa de la aldea trabajaba en estas salinas accionadas por el método tradicional, aunque la gran mayoría de los braceros provenía de comunidades cercanas como la Boca del Palmar y Quisiro y otras localidades del Zulia, en especial de la Guajira. En total, unas dos mil personas quedaron desempleadas con el proceso de apropiación espacial surgido a raíz de los  planes de modernización conducidos por el estado, desde finales de los años ochenta. 

¨       Las Asociaciones Vecinales de las comunidades pesqueras de la costa norte de Miranda acompañadas de muchas otras de la jurisdicción, constituyeron una especie de unión vecinal municipal denominada Bloque Vecinal de Miranda para arreciar la resistencia social inicialmente promovida por la comunidad de pescadores de Ancón de Iturre ante el complejo salinero. Se estima que esta situación constituye un agravamiento de las tensiones que la mencionada empresa ha provocado por haberse instalado en la localidad sin el consenso de las comunidades afectadas por la modernización de la salina y haber promovido expectativas de empleo masivo para la población. Unido a esto la disminución de la pesquería, fenómeno que se achaca a la enorme modificación  en que se tradujo la instalación de la salina industrial mas grande de Venezuela en el interior de la Ciénaga de Los Olivitos. 

¨       La resistencia de las comunidades locales al desarrollo salinero industrial se debe a la disminución de la pesquería que se asocia a la modificación drástica de la topografía de la laguna-estuario de Los Olivitos por la instalación de diques-estanques concentradores de sal, la desviación y obstrucción de los ríos Cocuiza y Palmar que desembocaban en la laguna y la propuesta de instalación de un sistema de descarga de efluentes salineros (salmueras amargas) hacia el Lago de Maracaibo en la Bahía de El Tablazo, donde suelen llevar a cabo sus faenas pesqueras los pescadores del municipio. Los pescadores también acusan a la empresa de estar descargando clandestinamente las salmueras residuales hacia los terrenos vecinos a la empresa, y denuncian una creciente disminución de la captura pesquera en el área.

¨       La agudización de este conflicto ocasionó serios brotes de violencia cuando el 22 de diciembre de 1999,  alrededor de un millar de pescadores provenientes de las comunidades pesqueras vecinas se reunieron en las inmediaciones de Produsal para protestar la instalación de la tubería de desechos salineros (amargos) con la cual la empresa se ha propuesto lanzar las salmueras residuales tóxicas al Lago de Maracaibo, con la permisologia oficial aprobada por el Ministerio del Ambiente. La protesta pacífica derivó en la quema de la mencionada tubería de material plástico, con perdidas millonarias para la empresa salinera y la apertura de un proceso judicial iniciado por la empresa.

¨       Este conflictivo proceso social vinculado a la  expansión de la industria petroquímica, cuya expresión local ha sido la instalación y desarrollo del Complejo petroquímico EL TABLAZO, a cargo de Pequiven, SA. Específicamente, la expansión de la producción industrial de las plantas productoras de Policloruro de Vinilo conocido como “PVC”, condujo a incrementar la demanda de sal,  siendo este uso el  objetivo estratégico principal de la producción salinera en la actualidad a nivel mundial. La demanda de PVC condujo a la decisión de modernizar la manufactura de la sal, hasta entonces en manos de los productores artesanales de la localidad de Ancón de Iturre. En anteriores oportunidades la instalación y posterior expansión petroquímica ha suscitado fuerte rechazo en comunidades locales, como ocurrió en el sonado caso de El Hornito, población pesquera sometida a un proceso de relocalización forzosa y afectación a la salud por contaminación ambiental.

Actualmente, una minúscula proporción de la sal producida en el mundo (un 3 o 4 por ciento) se destina a la producción de cloro para la desinfección del agua de los acueductos que surten de agua potable a la poblaciones humanas, mientras la demanda mundial de esta materia prima para producir  PVC es actualmente del orden del 40 por ciento del cloro producido en las plantas de clorosoda.  La estratégica posición de la sal como materia prima para producir PVC y también como aditamento en lodos de perforación petrolera, condujeron a que el estado venezolano  en 1968 reorganizara el monopolio salinero estatal y lo pusiera en manos de la Empresa Nacional de Salinas (Ensal)  bajo control del Instituto Venezolano de Petroquímica, avizorando el futuro industrial ligado al aprovechamiento del gas natural.

Por otro lado, un reciente análisis de la empresa consultora internacional Roskill Consulting Group señala la amenaza que pesa sobre la industria salinera en los mercados internacionales por obra de la tendencia hacia la prohibición del contaminante PVC en los países industrializados. Se estima que la reciente instalación o ampliación de plantas salineras solares en los países del “Tercer Mundo” obedezca en buena parte a las crecientes presiones de protección ambiental que gravitan sobre los inversionistas en el propio suelo de las naciones desarrolladas. Este proceso de relocalización industrial salinero se acompaña de un desplazamiento de los mercados maduros norteamericanos y europeos de consumo industrial de cloruro de sodio hacia los crecientes mercados del pacífico en Asia, y en segundo lugar, hacia América Latina.          

¨       A comienzos de los años noventa, la expansión petroquímica elevó la capacidad instalada de la planta de vinilos de El Tablazo de 40.000 TMA de PVC,  a una capacidad de producción de 65.000 TMA de PVC; Una segunda planta de PVC llevaria la producción a una 120.000 TMA; paralelamente, la planta de Clorosoda debió elevar su capacidad productiva de cloro de 40.000 TMA a 120.000 TMA para satisfacer la creciente demanda de cloro originada en las plantas de MVC-PVC. A pesar de que solo unas 4.500 TMA de este cloro (el 3.75% de la capacidad instalada) se destina a los sistemas de tratamiento de agua de nuestro país, el proyecto salinero fue justificado ante la opinión pública principalmente con el argumento de la necesidad de satisfacer la demanda de cloro para potabilizar el agua de los acueductos. Uno de los aspectos que se evalúa en la investigación  es la desatención de las normativas nacionales e internacionales que obligan legalmente a la consulta y participación de la comunidades afectadas por los grandes proyectos de inversión. Se obviaron estos aspectos del Convenio Internacional de Ramsar para la protección de Humedales de Importancia Internacional y la legislación venezolana que conduce a aminorar los conflictos entre las comunidades locales y los grandes proyectos industriales con potencialidades perjudiciales al delicado ambiente de los humedales.

Lic. Jorge Hinestroza

Coordinador

Teléfono: 58-61-364395