Con el Tendido Eléctrico para la Minería se desacata sentencia del Poder Judicial en el caso de la Reserva Forestal Imataca

La vinculación del Sistema de Interconexión Eléctrica del Sureste con el esquema de desarrollo minero propuesto para el Estado Bolívar es un hecho difícil de ocultar, a pesar de todo lo expresado por los voceros del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y demás representantes del Gobierno en su intento de defender el cuestionado proyecto de la administración anterior (Presidencia de Rafael Caldera) en los distintos escenarios donde han participado. De hecho hay una estrecha relación entre el tendido y el caso del Decreto 1850 sobre la Reserva Forestal Imataca, siendo este último una norma denunciada por su ilegalidad ante la máxima instancia del Poder Judicial, la cual la procesa desde julio de 1997 generando medidas precautalares importantes en noviembre de ese año aunque queda por emitir la sentencia definitiva.

De acuerdo a los documentos públicos relativos al proyecto del tendido eléctrico y a los mismos voceros de la CVG – EDELCA, el principal destino de la electricidad procedente de este sistema que parte de la Central Macagua II es el sitio de las Claritas. Tanto en este punto de Bolívar como en otro, Las Cristinas, a pocos kilómetros de allí en el mismo Municipio Sifontes, se construyen sendas subestaciones de 400 KV para surtir de electricidad a las empresas mineras que pretenden usarla con el fin de procesar y extraer el material aurífero. En el caso particular de Las Claritas, motivación original del proyecto del tendido, la estrategia llevada a cabo fue crear la empresa mixta minera MINCA a finales del Gobierno de Caldera para no vender la idea ante el país que se le construía la infraestructura para dotar de ese insumo a una transnacional canadiense, pero solo llegando a un acuerdo en el que las acciones de la asociación mixta comprenden un 70 % de propiedad de la Placer Dome y el 30 % restante de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El conflicto principal en esta etapa del planteamiento del problema es que este territorio donde se localiza tanto Las Claritas como Las Cristinas corresponde a la Reserva Forestal Imataca, Area Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que está sometida a un proceso judicial en el Tribunal Supremo de Justicia el cual no ha setenciado en forma definitiva con respecto a lo correspondiente en el expediente del Decreto 1850, pero que sí decidió en noviembre de 1997 paralizar los nuevos procesos autorizatorios y cualquier infraestructura para actividades mineras en el área objeto de la demanda de nulidad del Decreto.

Es de recordar que mediante el Decreto N° 1850, de fecha 14/05/97, contentivo del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, el Gobierno estableció un mecanismo de dudosa legalidad con la finalidad de ¨legalizar¨ y promover el crecimiento de concesiones mineras adjudicadas de manera no cónsonas con la ABRAE señalada, permitiendo la extracción de oro y diamantes en aproximadamente el 40% de la Reserva Forestal de Imataca. Esta área de régimen especial comprende una extensa zona de distintas selvas húmedas y ecosistemas tropicales de unos 36.000 km2 que está amenazada por la actividad aurífera que afecta la integridad de los bosques y degrada todo lo biótico. Y esto es más grave aún en vista que Imataca forma parte de una de las últimas regiones selváticas tropicales aún conservadas del mundo, el Escudo Guayanés, que alcanza condiciones de megadiversidad biológica, albergando importantes especies endémicas algunas de muy probable alto valor médico, además es asiento de distintas comunidades indígenas. Sí se amplía los actuales focos dañinos de minería, al aplicarse el Decreto en cuestión y se construye la infraestructura base, como el tendido eléctrico, se va a destruir estos ecosistemas frágiles en un proceso implacable de deforestación, desvío de ríos, modificación de la topografía, pérdida de suelo, sedimentación y contaminación con mercurio y cianuro. Es de agregar que esta norma fue promulgada sin que se realizara una adecuada consulta pública como establece la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Esto último fue uno de los principales argumentos de los demandantes del Decreto 1850 y dio base a la para entonces Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, para suspender precautelativamente los efectos del Decreto. Además, el mismo viola acuerdos internacionales firmados por la nación, tales como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Washington para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América.

Hace tres años, en fecha 11 de noviembre de 1997, la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) declaró con lugar la solicitud de adopción de medidas cautelares pretendidas por un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción popular de inconstitucionalidad, demandando la nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad presentes en el Decreto N° 1.850 de fecha 14 de mayo de 1997, dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y publicado en la Gaceta N° 36.215 de fecha 28 de mayo de 1997, mediante el cual se dictó el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca. Este pronunciamiento judicial es, en lo básico, del siguiente tenor:

"l –ACUERDA DECRETO CAUTELAR por el cual ordena al Ministerio de Energía y Minas se abstenga de otorgar concesiones, autorizaciones y cualquier otro acto vinculado a la actividad minera, exploración, explotación e infraestructura, proyectos de exploración y explotación geológica, objeto del Decreto No 1850, de fecha 14 de mayo de 1997, hasta tanto esta Corte emita pronunciamiento definitivo sobre la denunciada inconstitucionalidad e ilegalidad del cuerpo normativo que el mismo contiene".

(Subrayado nuestro)

Con la construcción del tendido eléctrico para dotar de energía a las empresas mineras localizadas dentro de la superficie de la Reserva Forestal Imataca, llámese Las Claritas o Las Cristinas, se evidencia el desacato de las autoridades del Poder Ejecutivo a cumplir con esta decisión del máximo tribunal de la República aún en vigencia.

 

Geógrafo Jorge Padrón, Coordinador de la Unión Nacional Ecológica y Social  UNES Caracas, Venezuela