Frente
a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio
para las Américas (ALCA),
DECLARACIÓN DE
QUITO
Nosotros, Parlamentari@s de
México, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador,
Venezuela, Colombia, Québec,
reunidos en Quito los días 29 y 30 de octubre del 2002, en el marco del
“Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los parlamentos“, hacemos la
presente declaración, frente a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del
Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), de acuerdo a las siguientes
consideraciones:
Primera: Como delegatarios de la
soberanía popular, tenemos el ineludible compromiso de legislar para el
bienestar integral y en consecuencia para la mejoría de la calidad de vida de
nuestras comunidades nacionales.
Segunda: Que a pesar que los Estados democráticos y soberanos
sólo pueden existir y mantenerse con un apropiado sistema de participación e
información ciudadana y con un
régimen parlamentario fuerte , los ciudadanos de nuestros países y los
Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de
quienes llevan a cabo las negociaciones del ALCA. Los textos del ALCA, han sido
realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos
arbitrarios, documentos incompletos y de acceso
restringido.
Tercera: Que cualquier acuerdo de “libre comercio“ es una decisión política que modifica y
determina las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con la
soberanía popular y, por ende, debe
ser conocidos ampliamente, analizados, discutidos y sancionados por los
Parlamentos nacionales y refrendados por el conjunto de la
ciudadanía.
Cuarta: Que las grandes
potencias tienen un control sobre el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, los mercados, la
industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que
se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan
que los países latinoamericanos no
estén en capacidad de competir,
Quinta: Que la fórmula del
“libre comercio”, promovida por el ALCA favorece una política de apertura
indiscriminada que arruina la
producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores,
socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento
público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.
Sexta: Que el ALCA, tal como
está concebido reforzará las reformas económicas y la privatización de los
servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la
educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos
de usuarios de bienes y servicios en clientes de empresas transnacionales.
Séptima: Que el ALCA pretende
consolidar el control de recursos
estratégicos como son el petróleo, el agua , la biodiversidad, y el conocimiento
ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual-entre otros-, en manos de
transnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única
potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas, un mercado
de 800 millones de consumidores y
consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su
propio territorio
Octava:
Que otras iniciativas promovidas desde los
Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el ALCA, buscan mantener la hegemonía de este
país en detrimento del desarrollo de nuestros
pueblos.
Novena:
Que la imposición del
año 2005 para que entre en vigencia el ALCA no es aceptable ya que obliga a los
países adecuan sus instrumentos
legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y
violentando la voluntad popular que en
América Latina y el Caribe
demuestran que la ciudadanía
clama por cambios sociales,
justicia y dignidad.
Como
representantes electos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante
nuestros pueblos frente al ALCA , en consecuencia
declaramos:
Primera: Invitar los
Parlamentos nacionales, como
representantes de los pueblos americanos,
a discutir y decidir sobre todos los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía
y las condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas
soberanas con relación a la integración. En consecuencia, sugerimos que donde no
existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al ALCA y otros
proyectos de integración comercial similares.
Segunda:
Proceder, como paso
inicial a estas discusiones, a
evaluar los resultados y procesos
de varios acuerdos internacionales
como son el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, la
OMC, y otros.
Tercera:
Propiciar procesos de
integración de nuestros pueblos, en donde haya respeto a la dignidad y a la
autodeterminación. Cualquier
proceso de integración debe ser
equitativo y sostenible, debe satisfacer las necesidades de más 70% de nuestra
población que viven en situaciones de extrema pobreza y debe revertir la
tendencia de que el 70% de nuestras exportaciones sean recursos naturales y
materias primas.
Cuarta Proponemos que se de
una amplia difusión de los documentos que discuten los grupos de negociación,
definiendo claramente los países que presentan o apoyan y solicitar que se
elimine el carácter secreto que hasta ahora han tenido las
negociaciones.
Quinta: Promover la más amplia unidad nacional
de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general para
defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada
nación
Sexta: Proponer al Parlatino conformar una Comisión especial para abrir el
debate continental , mantener la vigilancia sobre cualquier tipo de negociación
en torno al libre comercio y ser promotores de la participación ciudadana
cumpliendo el mandato de nuestras representaciones.
Séptima:
Rechazar el ALCA y
exhortar a nuestros gobiernos a retirar de
las rondas de discusión a
sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y acuerdos de
integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, Mercosur, Caricom, entre
otros
Octavo: Finalmente expresamos
nuestro agradecimiento al Honorable Congreso Nacional del Ecuador y al Instituto
de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo quienes se han distinguido por su
fraternal acogida y la efectiva conducción de este encuentro parlamentario,
contribuyendo notablemente a su resultado exitoso.
Otra
integración es posible
Dado en Quito, el 30 de
octubre de 2002
Firman:
Miguel
Bartolini, México
Petra
Santos, México
Santiago
Guerrero, México
Mónica
Xavier, Uruguay
Juan
José Domínguez, Uruguay
Ritha Fletes,
Nicaragua
Agustín Jarquín Anaya, Nicaragua
Evo
Morales, Bolivia
Jorge
Alvarado, Bolivia
Marcelo
Aramayo, Bolivia
Félix
Santos, Bolivia
Jorge
Enrique Robledo, Colombia
Gerardo
Jumí, Colombia
Calixto Mejía, El
Salvador
Javier
Diez Canseco (delegado en Aída García),
Perú
Iris
Varela, Venezuela
Pedro
Carreño, Venezuela
Jesús
Garrido, Venezuela
Carlos
Espinoza, Venezuela
Antonio
Posso, Ecuador