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> DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA
> Nº 99
>
>
> Una lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos
> Servicio informativo quincenal del Programa Venezolano de
> Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
>
>
> Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
> Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
> Correo electrónico: provea@...
> A efectos de este Servicio Informativo utilice (*):
> coyuntura@...
> Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web:
> http://www.derechos.org.ve
> Para darse de baja de nuestra lista, comuníquelo por (*)
>
> Del 03 al 16 de Agosto de 2002
> PREÁMBULO
> **Últimos datos de encuestadora Keller y el imaginario de la violencia
> DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
> **Provea solicita a Cidh medidas cautelares para jueces
> **Inpsasel: nueva institución para viejos problemas
> **Desobediencia tributaria y otras reacciones ante reforma del IVA
> **Falta de cupos en las escuelas de Caracas
> **Derecho a la alimentación:
> 50% de niños menores de 2 años sufren carencia de hierro
> **Últimos indicadores epidemiológicos
> **II edición de la Cumbre de la Tierra: reedición de viejas disputas
> **Próximas acciones de la Campaña Continental Contra el Alca
> DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
> **Chaderton diluye responsabilidad estatal en derechos humanos
> **Otro asesinato en el conflicto por el derecho a la tierra
> **Fundehu y Renacer exigen protección de familias desplazadas en peligro
> **Acua rechaza expresiones homofóbicas en el debate político
> **Provea da la bienvenida a “Los del Medio”
> ARTÍCULOS DE OPINIÓN
> **“Dos años de gobierno: entre lo real y los sueños”
> **“Cárceles en Venezuela: ideas para diagnosticar al diagnóstico”
> **“Mal de muchos, consuelo de todos”
> **“El FMI y el drama social de Argentina”
> DOCUMENTOS
> **“Principios, políticas y acciones del Foro Social Nacional para el
> Ejecutivo Nacional”
> **“A un año del compromiso judicial el corazón de los niños con
cardiopatías
> congénitas sigue esperando en el J. M. de los Ríos.
> ¿Quién se responsabiliza por la amenaza a su salud y su vida?”
> **********************************************************************
> PREÁMBULO
> **ÚLTIMOS DATOS DE ENCUESTADORA KELLER
> Y EL IMAGINARIO DE LA VIOLENCIA
> Según los últimos datos recabados por la encuestadora Alfredo Keller, un
50%
> de la población venezolana considera “mucho o bastante” cercana la
> posibilidad “de que se produzca en los próximos meses un golpe de Estado”
> (Últimas Noticias, 20.08.02, pág. 12). Un 56% de la muestra poblacional
cree
> que “existe la posibilidad de que ‘en Venezuela lleguemos a una guerra
> civil, nos enfrentemos unos con otros y corra mucha sangre en nuestro país
’”
> (Ídem.).
> Este sondeo, correspondiente a la encuesta urbana nacional de opinión
> pública del 2do. trimestre del 2002, de una muestra de 1.000 personas de
> distintos sectores sociales y de nueve ciudades del país, igualmente
infiere
> que “18% estaría dispuesto a tomar las armas para defender a la oposición
y
> 16% al Presidente” (Op. cit., Últimas Noticias).
> Estos últimos datos son similares a los citados por Provea en febrero de
> este año, en su documento “Mitos que obstaculizan el diálogo y la
> profundización de los cambios democráticos”, acerca de la situación de
> polarización existente en la población venezolana (Provea, 27.02.02, http:
> //www.derechos.org.ve).
> En el mismo se aseguraba que “la realidad es que cerca de un 70% de la
> población [...] no pertenece a los ‘apoyos duros’ del chavismo o del
> antichavismo, no se siente reflejado en las posturas extremas de ambos
> bandos. Esa mayoría desea un clima en el que se reduzca la beligerancia y
> desatiende los discursos maniqueos, independientemente de donde provengan”
> (Provea, 27.02.02, http: //www.derechos.org.ve).
> Franzel Delgado Senior, ex presidente de la Sociedad Venezolana de
> Psiquiatría, a propósito de los datos de la firma encuestadora, comentó
que
> “en la medida en que la población de un país entra en un gran
desconcierto,
> se llega a una percepción desesperada de la situación, lo que induce a
> suponer, en función de lo que han visto, que cualquier salida es posible”
> (Op. cit., Últimas Noticias). Y, sin embargo, esto no da cabida a la
> aceptación mayoritaria de la violencia como alternativa a la crisis. Opina
> Delgado Senior que “la mayoría de los venezolanos está rechazando la
> violencia y la ha ido arrinconando. Da la impresión de que las actitudes
> violentas están languideciendo” (Op. cit., Últimas Noticias).
>
> DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
> **PROVEA SOLICITA A CIDH MEDIDAS CAUTELARES PARA JUECES
> Este 21.08.02, Provea introdujo una solicitud de medidas cautelares ante
la
> Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de los jueces
> Nelly Ayestarán Sánchez, Aura Cárdenas Morales, Miguel Ángel Gómez Oramas,
> Beatriz Montero Arévalo,  José Manuel Maldonado,  María Amanda Pérez  de
> Montalbán, Auristela Salazar De Maldonado, Cipriano Rondón Conde, Argenis
> Manaure Valles y Alegría Lilian Belilty Benguigui. Estos ciudadanos
> solicitaron el apoyo institucional de Provea para hacer llegar su queja a
> instancias internacionales, luego que fueran afectados por medidas
laborales
> ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), que les
> violó el derecho a la igualdad ante la ley y amenaza con violarles su
> derecho al trabajo, derechos garantizados en los Artículos 8, 24 y 25 de
la
> Convención Americana sobre Derechos Humanos.
> Los jueces cumplieron con todos los requisitos y trámites requeridos para
el
> reconocimiento de la titularidad de sus cargos ante la DEM, pero este
órgano
> pretende someterlos a nuevos requisitos que no estaban previstos en la
> normativa para la designación de cargos, desconociendo así los resultados
de
> la evaluación a la cual fueron sometidos y mediante la cual obtuvieron
> excelente calificación.
> El 17.06.02, Provea introdujo un escrito ante la Sala Constitucional del
> Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Provea, consultar servicio informativo
> Nº 94 en http: //www.derechos .org.ve), incorporándose como tercero
> interesado en el caso de la acción de amparo interpuesta por este grupo de
> jueces del área metropolitana de Caracas.
> Provea rechaza la aplicación de políticas arbitrarias e inconstitucionales
> en los procedimientos de selección de jueces que pretende ejecutar la DEM
> justificándose en la búsqueda de mejoras en la selección de los jueces.
>
> **INPSASEL: NUEVA INSTITUCIÓN PARA VIEJOS PROBLEMAS
> Este 17.08.02, el Ejecutivo Nacional, representado por el Ministerio de
> Salud y Desarrollo Social y el Ministerio del Trabajo dio el ejecútese al
> decreto que ordenaba, desde hace diez años, la creación del Instituto
> Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel). El mismo
> tendrá como objeto “ir procurando el sistema de seguridad social que el
país
> necesita” (Venpres, 18.08.02, http://www.venpres.gov.
> ve/archivo/Agosto/18-08-2002.htm).
> Con la puesta en vigencia del Inpsasel, se pretende dar respuesta a la
> demanda de asistencia social que representa, según cifras manejadas por el
> Instituto, unos 150 mil accidentes de trabajo anuales, de los cuales 15
mil
> terminan en discapacitación del trabajador y “500 casos son mortales”
> (Ídem.). La cifra la indicó Francisco González, presidente del Inpsasel
> quien expresó que la gravedad de la situación obliga a que el problema sea
> tratado como “un problema de  salud pública, que debe ser atacado con
> criterio de prioridad” (Últimas Noticias, 18.08.02, pág. 4).
> En el evento de apertura del Inpsasel, María Cristina Iglesias, titular de
> la cartera de  Trabajo, indicó que  “con la creación de este instituto, se
> tendrá que construir una red de establecimientos de salud del sistema
> público nacional, el espacio para la atención de los trabajadores” (Op.
> cit., Venpres).
>
> **DESOBEDIENCIA TRIBUTARIA Y
> OTRAS REACCIONES ANTE REFORMA DEL IVA
> El Colegio de Médicos del Distrito Federal rechaza la aplicación del IVA
> para los servicios asistenciales y odontológicos de cirugía y
> hospitalización prestado por entes privados. Informó Fernando Bianco,
> presidente del Colegio de Médicos, que la misma introducirá un recurso de
> amparo exigiendo la nulidad de la medida. Afirma Bianco que la aplicación
> del IVA en estos servicios privados implicará “el cierre de clínicas,
> despido de empleados y hasta un colapso en el sistema público ya que los
> venezolanos acudirán más a usarlos debido al encarecimiento que tendrá el
> servicio médico privado” (Tal Cual, pág. 7, 16.08.02). También reclama
> Bianco que el gremio médico no fue consultado por la Asamblea Nacional
(AN)
> sobre la aplicación de este tributo en los servicios médicos privados.
> Finalmente, amenazó con “no cobrar el impuesto hasta que no haya un cambio
> favorable a sus demandas” (Ídem.).
> Otra organización que rechaza la aplicación de esta reforma del IVA es la
> Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que anunció su propuesta
> de desobediencia tributaria “hasta que el Gobierno explique en detalle,
> amplia y suficientemente, y consulte a todos los sectores del país el
rumbo
> de la política económica” (El Globo, 29.08.02, pág. 5).
> Cabe recordar que la medida fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN)
este
> 15.08.02, dentro de la Reforma de Ley del IVA introducida por el Ejecutivo
> Nacional, y que se comenzará a implementar el 01.01.03.
>
> **FALTA DE CUPOS EN LAS ESCUELAS DE CARACAS
> La secretaria de Educación de la Alcaldía Mayor, María De La Paz Silva,
> reconoció que un total de 1.981 niñas y niños “no tienen garantizado su
paso
> de sexto a séptimo grado en algún liceo de la Zona Educativa del Distrito
> Capital” (El Universal, 28.08.02, pág. 4-2). En esta situación convergen
> varias razones, según explica la funcionaria, “por una parte tenemos el
> problema de que la mayoría de los planteles nuestros no tienen tercera
> etapa; por otra, ha habido un incremento de la matrícula, mientras las
> escuelas siguen siendo las mismas; además, el número de cupos se ha
reducido
> con la creación de las escuelas bolivarianas; paralelamente se está dando
el
> fenómeno de que los padres y representantes de las escuelas privadas los
> están cambiando al sistema de educación pública por no poder cubrir tanto
> gasto; agregándole a esto el problema de que niños del interior también
nos
> están solicitando cupo” (Ídem.).
> Por otra parte, Carlos Ciordia, presidente de la Comisión de Educación,
> Cultura, Ciencia y Tecnología del Cabildo Metropolitano, habla de un
número
> superior de niñas y niños afectados por la falta de cupos. Según el
> concejal, son “cerca de 3 mil jóvenes de séptimo grado de educación básica
> [quienes se quedarán] fuera del sistema educativo nacional. De ellos 2.150
> son de los sectores populares del Municipio Libertador” (El Globo,
29.08.02,
> pág. 8). El concejal Ciordia también señala otras causas de la situación
que
> complementan el panorama planteado antes por Silva. Asegura Ciordia que
“en
> los últimos cuatro años en el área metropolitana de Caracas no se ha hecho
> inversión en infraestructura, en materia educacional para séptimo, octavo
y
> noveno grado de Educación Básica” (Ídem.). Añade que “según cifras del
> Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en los liceos que dependen de
> este organismo, se está produciendo un índice de repitencia en séptimo
> grado, ‘muy superior al resto del sistema educacional, cerca del 28%”
> (Ídem.). Finalmente acusó el concejal al Estado porque “este año la
> inversión en infraestructura educacional ha sido ‘cero’” (Ídem.).
> Sea cual fuere el número exacto de estudiantes afectados por la carencia
de
> cupos para continuar su educación básica, así como las causas que la
> producen, esta situación ya fue denunciada por Provea desde hace tiempo
> atrás y la misma debe ser abordada con urgencia por el Estado, pues es su
> obligación establecida en el Artículo 103 de la Constitución. En el mismo
> puede leerse: “El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios
> suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación
> en el sistema educativo”.
>
> **DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:
> 50% DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS SUFREN CARENCIA DE HIERRO
> Según un estudio adelantado por el Centro de Medicina Experimental del
> Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), entre un 50% y
> 60% de niños venezolanos con menos de 2 años de edad sufren de falta de
> hierro en su dieta. Esto produce “retardo en el  rendimiento escolar y
> durante el resto de la vida” (El Universal, 24.08.02, pág. 4-4).
>
> **ÚLTIMOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS
> Alerta Epidemiológica, reporte epidemiológico del Ministerio de Salud y
> Desarrollo Social (Msds), registró durante la semana 32 del año en curso,
> correspondiente al período del 04 al 10 de agosto, 658 casos de malaria en
> el ámbito nacional, 39 más que la semana 30 (619 casos). Los casos
> acumulados de malaria hasta la semana 32 alcanza la cifra de 19.861, 6.878
> casos por encima de los reportados para ese mismo período del año pasado
> (12.983 casos).
> Sobre la situación del dengue, para la semana 32, Alerta reporta 729 casos
> en todo el territorio nacional, 25 menos que los registrados en la semana
30
> (754 casos). Sin embargo, comparando los casos nacionales acumulados hasta
> la semana 32 de este año (26.413 casos) con los del 2001 (22.066 casos),
se
> puede observar que hay 4.347 más casos.
> En cuanto al sarampión, la situación nacional reportada por Alerta no
sondea
> casos para la semana 32. El reporte del Msds afirma que hay 2.359 casos
> acumulados desde la semana 1 a la 32, mientras que para el año 2001 sólo
se
> registraron 109 casos en el ámbito nacional. Alerta detalla que hasta la
> semana 32 el Msds  ha vacunado 274.174 personas, ascendiendo el número
total
> de vacunados para este año a 12.699.716 personas a lo largo del territorio

> nacional.
> Es importante destacar que para éste 31.08.02 el Msds tiene organizada una
> jornada nacional de destrucción de criaderos del mosquito Anofeles,
> transmisor del dengue. Acompañarán a esta jornada la emisión de un decreto
> ministerial y un modelo de ordenanzas municipales, que pretenden
> implementarse como medida pública de control del dengue (Venpres.gov.ve,
> 27.08.02, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1).
>
> **II EDICIÓN DE LA CUMBRE DE LA TIERRA:
> REEDICIÓN DE VIEJAS DISPUTAS
>  “No aceptamos que la sociedad humana deba construirse sobre la base del
> principio salvaje de supervivencia del más fuerte” (BBC.com, 26.08.02,
http:
> //www.news.bbc.co.uk/). Con estas palabras Thabo Mbeki, presidente de
> Sudáfrica, inauguraba las jornadas de la 2da. edición de la Cumbre de
> Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, evento que se realiza en la
> ciudad de Johannesburgo entre las fechas del 26 de agosto al 04 de
> septiembre. Para el mismo se espera la asistencia de cerca de 40.000
> delegados oficiales a la que se sumarán más de 100 jefes de Estado para la
> segunda semana. Tal volumen de personas orientará su trabajo hacia el
debate
> de cinco temas centrales: energía, agricultura, biovidersidad, agua y
salud.
> Junto con su exhortación por un mundo más equitativo, Mbeki advirtió a los
> asistentes a la Cumbre sobre la urgencia que tiene la organización de
> producir un “‘plan de implementación real’ para reducir la pobreza”
> (Difusión Sela, 27.08.02, difusión-sela@...). Vale recordar que la
> reducción de la pobreza era uno de los compromisos asumidos durante la
> Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y que se espera pueda reactivarse con la
> definición de un plan concreto de acción.
> A la realización de este evento le corresponde su versión alternativa,
> autorizada por la ONU y coordinada por las organizaciones de la sociedad
> civil. Desde la etapa preparatoria al evento oficial éstas se han
> manifestado inconformes por la falta de compromisos concretos en las
> negociaciones para la Cumbre. Representantes de estas organizaciones han
> expuesto su preocupación por “el tono del documento” (El Nacional,
27.08.02,
> pág. C-3), que podría resultar de las jornadas. Tanto más si en éste no se
> llegan a establecer compromisos que vinculen a los países signatarios con
su
> discurso.
> La representación oficial nacional está encabezada por Ana Elisa Osorio,
> ministra de Ambiente y Recursos Naturales, quien declaró que “planteará en
> la Cumbre  que la pobreza sea vista como ‘el principal problema ambiental
de
> los países en desarrollo”(Op. cit., El Nacional, 26.08.02). La Ministra
> Osorio anunció que la delegación nacional insistirá en “la necesidad de
> crear un fondo humanitario para que las naciones desarrolladas ayuden a
las
> no desarrolladas a combatir la miseria” (Ídem.).
>
> **PRÓXIMAS ACCIONES DE
> LA CAMPAÑA CONTINENTAL CONTRA EL ALCA
> Según lo señala un comunicado enviado por la Secretaría operativa de la
> Campaña Continental contra el Alca/ASC (Secretaría, 13.08.02,
> sri_cut@...), la Campaña Continental contra el Alca iniciará, desde
> la primera semana de septiembre, una nueva fase de intensificación de sus
> actividades. “El proceso de consultas
> populares comenzará para entonces, con el plebiscito en Brasil, que se
> llevará a cabo del 01 al 07 de ese mes. Durante los meses siguientes, las
> consultas continuarán en los
> diversos países, hasta marzo de 2003” (Ídem.).
> Para el mes de octubre la Campaña se dedicará a acciones de movilización
> continental, la primera, programada para el 12 de ese mes, para celebrar
el
> Grito de los Excluid@s Continental y que tendrá como tema central la lucha
> contra el Alca. La segunda movilización está pautada para las fechas del
27
> de octubre al 01 de noviembre, con las Jornadas de Resistencia
Continental,
> en la ciudad de Quito, Ecuador, buscando un paralelo con la realización
del
> Encuentro Ministerial del Alca.
> La Secretaría también informa sobre II Encuentro Hemisférico de Lucha
contra
> el Alca, que se tiene pautado para las fechas del 25 al 28 de noviembre,
en
> Cuba.
> Así mismo, notifica la Secretaría que se ha creado el sitio Web
> http://movimentos.org/noalca/ con el objeto de acompañar la Campaña y
apoyar
> su promoción y difusión. “Se trata de una contribución de Alianza Social
> Continental, con el propósito de reforzar las actividades que se llevan a
> cabo nacional y regionalmente.  En este sitio multilingüe, que constituirá
> una puerta de entrada a los distintos lugares en Internet que difunden la
> Campaña, se encuentra el logotipo de la Campaña en cuatro idiomas. También
> está el afiche de las Jornadas de Resistencia (en español), que se puede
> bajar desde la portada, listo para imprimir y difundir en cada país”
> (Ídem.).
> Complementa la tarea de este sitio la dirección electrónica
> noalca@...,a cacias a la cual se puede acceder a información
> sobre el desarrollo de la Campaña y contribuir con ideas para la
promoción.
> La Secretaría invita a las organizaciones participantes a enviar
información
> sobre todas las actividades e iniciativas.
> Por último, hacen un llamado a cada red continental y campaña nacional con
> el fin de difundir este mensaje, y los siguientes, entre sus
organizaciones
> miembros.
> Para mayor información, puede comunicarse con la Secretaría Operativa de
la
> Campaña Continental contra el Alca/ASC por su correo-e:
sri_cut@...
>
> DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
> **CHADERTON DILUYE
> RESPONSABILIDAD ESTATAL EN DERECHOS HUMANOS
> Roy Chaderton, ministro de Relaciones Exteriores, recientemente señaló que
> "las cartillas burocráticas [...] dicen que sólo el Estado viola los
> derechos humanos, por lo que un atropello de un policía venezolano contra
un
> ciudadano califica, mientras que los crímenes del terrorismo, como el
> Holocausto súbito del 11 de septiembre, desbordarían los esquemas mentales
> de un burócrata dogmático" (El Nacional, 20.08.02, pág. A-2). Tal
afirmación
> implica un desconocimiento del derecho internacional de los derechos
> humanos, asunto que adquiere particular relevancia por tratarse de
palabras
> del Ministro Chaderton.
> Que un delito en particular no constituya violación de derechos humanos,
no
> significa que carezca de gravedad. El derecho internacional de los
derechos
> humanos tiene como garantes a los Estados. Esto no es asunto de esquemas
> mentales burocráticos o dogmáticos, tal como pretende señalar el Ministro,
> sino un dato concreto sobre cómo está constituido este derecho, que no es
el
> único que vela por la dignidad de las personas y los pueblos. En materia
de
> derechos humanos, la propuesta de apertura de responsabilidades, que
> pretende incluir a particulares, ha sido enarbolada por varios Estados con
> el fin de diluir sus responsabilidades ante los derechos humanos y mostrar
> que no son “los únicos que los violamos”.
>
> **OTRO ASESINATO EN EL CONFLICTO POR EL DERECHO A LA TIERRA
> Este 25.08.02, el médico Pedro José Doria Castillo, dirigente campesino y
> presidente de del Comité de Tierras de San José de Perijá, municipio
> Machiques, Edo. Zulia, cayó muerto víctima del sicariato. Su caso se suma
a
> los de otros dirigentes campesinos: José Avendaño, asesinado en el Caño
> Caimán, sector del sur del Lago, Edo. Zulia, en el año 2000; Luis Mora,
> dirigente merideño muerto en la zona fronteriza de los Edos. Mérida y
Zulia,
> el 10.01.02; y, al de José Huerta, ex delegado regional del antiguo IAN y
> profesor universitario, herido gravemente en un atentado de similares
> características a los perpetrados sobre los otros tres dirigentes, en la
> misma fecha que se lanzó el atentado contra Mora.
> Según destaca la prensa, el Comité de Tierras que presidía Doria Castillo
> ganó un juicio contra la hacienda Los Bajos, “propiedad de Omar Contreras
> Barboza, hacendado de la zona y hermano del ex gobernador del Zulia,
Carmelo
> Contreras Barboza” (Últimas Noticias, 28.08.02, pág. 22), que favorecía la
> entrega de 1.190 hectáreas correspondientes a esta finca a un grupo de
> familias campesinas “quienes las habían solicitado [...] por encontrarse
> supuestamente ociosas” (Últimas Noticias, 29.08.02, pág. 20). José Luis
> Acosta, diputado del Consejo Legislativo del Edo. Zulia por el Movimiento
> Quinta República (MVR), favorece la hipótesis de venganza en el caso de
> Doria, ya que “24 horas antes de que lo mataran, el médico tuvo un
altercado
> en dicha hacienda, donde se encontraban grupos armados” (Ídem.). Judith
> Doria, hermana del difunto admite conocer de amenazas contra la vida de su
> hermano “por ese asunto de las tierras” (Panorama Digital, 26.08.02,
> http://www.panodi.com/hoy/fsu.html). Idelfonso Urdaneta, jefe del Cuerpo
de
> Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el
Zulia,
> se pronunció acerca del sentido que orienta sus investigaciones y afirma
que
> “el móvil del asesinato de Pedro Doria [...] fue un acto de sicariato
ligado
> a las actividades de este dirigente” (Op. cit., Últimas Noticias,
29.08.02).
> De los casos ocurridos previamente al de Doria, las investigaciones de los
> cuerpos policiales no dan resultados esclarecedores y la impunidad
favorece
> a los criminales.
>
> **FUNDEHU, RENACER Y ASOCOBRICA EXIGEN
> PROTECCIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS EN PELIGRO
> Este 28.08.02, las organizaciones de derechos humanos Fundehu y Renacer,
> acompañadas de la Asociación Cooperativa Asocobrica, asentadas en la zona
> fronteriza con Colombia, transmitieron un comunicado (Fundación Renacer,
> 28.08.02,  fundanacer@...,  casveu, casvel@...,
Asocobrica,
> asocobrica@...) en el que denuncian las actividades de los grupos
> paramilitares en el espacio geográfico de la frontera colombo-venezolana.
> Según se expresa en el comunicado, las acciones del paramilitarismo
> colombiano invadieron territorio venezolano tras la búsqueda de los
> sobrevivientes del exterminio de El Catatumbo (Norte de Santander)
acaecido
> en el año 1999. Los mismos habían logrado asentarse en Río de Oro, Edo.
> Zulia, cuando el 01.08.02 sufrieron otra arremetida del paramilitarismo.
En
> ésta, casi mil personas quedaron en condiciones infrahumanas. Entre el 09
y
> 14 de agosto, las organizaciones emisoras del comunicado se apersonaron y
> pudieron recabar información que da cuenta de “25 campesinos masacrados,
> aproximadamente 60 desapariciones forzosas, secuestros masivos de
población,
> personas torturadas y varios heridos, el cierre de una escuelita
> comunitaria, bloqueo general, desabastecimiento de víveres [...] así mismo
> se constató el asesinato de 2 personas de nacionalidad colombiana los días
> 11 y 12 de agosto [...] los señores Agustín Rodríguez y Jhon Jairo
Hernández
> (amparados bajo medidas cautelares emitidas por el Cidh de la OEA el 12 de
> marzo de 2001” (Ídem.).
> Por esta razón, las organizaciones hacen un llamado “al General Wilfredo
> Cruz Weffer, comandante del Teatro de Operaciones Nº 2, quien ya tiene
> conocimiento, mediante escrito dirigido a su despacho por estas ONG, de la
> situación planteada; a la Comisión de Fronteras de la Gobernación del
Estado
> Zulia; a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional; al
> Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Andino; al organismo de socorro
> internacional Cruz Roja; al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
> Refugiados (Acnur); y, al ciudadano Ministro de la Defensa a los fines de
> que ordene la activación del plan refugio en su fase alerta, y a todos los
> organismos oficiales y no oficiales vinculados a la defensa de los
derechos
> humanos” (Ídem.).
> Para el 28.08.02, las organizaciones informaron sobre una nueva incursión
de
> grupos paramilitares colombianos en la parte alta de Río de Oro
(Cooperativa
> Shapadana y reserva indígena Parque Natural de Perijá). En esta nueva
> agresión se presentaron “desplazamientos masivos de población colombiana a
> territorio venezolano (áreas montañosas de la sierra de Perijá), un
bloqueo
> general en el área. Las organizaciones señalan que “esta situación es de
> conocimiento pleno del Estado venezolano sin que hasta el momento se
> presente en la zona y cumpla con el mandato constitucional de salvaguardar
> la vida, los bienes y soberanía de nuestro país. Aproximadamente más mil
> personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos se encuentran en
> condiciones infrahumanas, sin seguridad, alimentos, medicinas y otros”
> (Ídem.).
>
> **ACUA RECHAZA
> EXPRESIONES HOMOFÓBICAS EN EL DEBATE POLÍTICO
> La organización Unión Afirmativa de Venezuela (Acua), emitió un comunicado
> en el que rechaza las declaraciones de Juan Barreto, diputado del
Movimiento
> Quinta República (MVR), quien en un acto público, registrado por varios
> medios de comunicación, utilizó la palabra “maricones” para insultar a sus
> contrapartes del partido de oposición Primero Justicia.
> José Ramón Merentes, representante de esta organización pro derechos de la
> población gay, lesbiana, bisexual y transexual (Glbt), denunció en el
> documento “esta clase de atropellos que, con la intención de ofender y
> provocar la ira de sus adversarios políticos, utilizan personajes
públicos,
> denigrando la condición de personas homosexuales tan ciudadanas de este
país
> como el resto, y quienes no merecen ser comparadas con lo peor posible ni
> mucho menos que se utilice su condición en forma peyorativa para tratar de
> ofender al contrario”(El Nacional, 22.08.02, pág. D-5).
>
> **PROVEA DA LA BIENVENIDA A “LOS DEL MEDIO”
> Un grupo de profesionales de los medios de comunicación conformaron la
> organización independiente “Los del Medio” que, para inaugurar sus
> funciones, realizó una misa el 17.08.02 en la iglesia Santa Teresa ubicada
> en el centro de Caracas. Dicha actividad estaba dedicada a “promover la
paz,
> el respeto y el consenso”. La ocasión sirvió para distribuir un documento
> que describe el estado de preocupación que motivó a los profesionales de
la
> comunicación a organizarse en este colectivo: “Nuestra profesión no nos
> permite administrar la verdad a conveniencia y sin sustento a favor de...
o
> en contra de... porque entonces nuestras palabras serían simples juicios
de
> valor generalizados” (El Nacional, 18.08.02, pág. C-3).
> El oficio religioso también permitió a la novel organización distribuir
> entre los periodistas asistentes, una planilla que les permitirá consignar
> denuncias de abusos cometidos contra ellos. También anunciaron
públicamente
> la apertura de una cuenta de correo que podrá ser utilizada para
formalizar
> las denuncias de los casos. El correo-e es el siguiente:
> losdelmedio@...
>
> ARTÍCULOS DE OPINIÓN
> **“DOS AÑOS DE GOBIERNO: ENTRE LO REAL Y LOS SUEÑOS”
> Lo que sigue es un artículo de opinión realizado por Carlos Correa,
> Coordinador General de Provea. El artículo fue publicado por el diario
> vespertino Tal Cual este  20.08.02, en la página 6.
> “Las políticas sociales del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, se
> deslizan de un modo vertiginoso por las ambigüedades que anuncian un
> discurso inclusivo, con una perspectiva adecuada a lo establecido por las
> normas internacionales de los derechos humanos y la ineficiencia de la
> estructura estatal con escasos resultados positivos.
> El principal problema de la sociedad venezolana es la pobreza, en sus
> diversos grados. Una situación que se encontraba sumergida en el desdén y
en
> las vacilantes políticas públicas que gravitaban alrededor de las
> consideraciones de una racionalidad económica de camino único y fatalista,
> el liberalismo económico, con un fetiche exacerbado: el mercado. Ello
> condujo a un  progresivo desdén por los argumentos de carácter ético y el
> vaciamiento de los roles del Estado en las políticas sociales.
> El discurso gubernamental apunta a reivindicar a los pobres, como sujetos
> sociales y a ofrecer caminos para una visualización social de sus anhelos
de
> justicia social, participación democrática y desarrollo. Ese es el
principal
> logro de la gestión gubernamental en estos dos años de gobierno, después
de
> aprobada la constitución en 1999.
> Los resultados más relevantes están en los anuncios de la gratuidad de la
> educación pública, que eliminaron cobros que generaban exclusión escolar,
lo
> que se tradujo en un aumento de los matriculados en educación básica en el
> curso escolar 2000-2001 y la prohibición de cobros en hospitales y
> ambulatorios que facilitaron el acceso de los servicios médicos a las
> personas empobrecidas.
> Los anuncios son magnificados y los logros son flacos ante lo planificado.
> El desbalance de contradicciones se nos muestra en el camino de las
> concreciones de esos sueños anunciados, no realizados. Los anuncios de
> justicia social se encuentran con el muro de la ambigüedad, la corrupción
y
> los escasos argumentos de eficiencia en la gestión del ejecutivo.
> El gobierno desarrolló una política económica conservadora, de libre
mercado
> y apertura comercial, que no produce empleos y con pocos cambios en la
> organización del Estado que contribuyan a fortalecerlo para cumplir con el
> papel que le dibuja la constitución en la tarea de garantizar los derechos
> sociales. Dos años después tenemos más tareas para el Estado y menos
> capacidad de gestión. La superación de pobreza exige un Estado fuerte y
ello
> requiere juntar los esfuerzos de la sociedad para exigir la incorporación
> transversal de la perspectiva de derechos humanos en las políticas
públicas,
> facilitar el desarrollo sustentable y la inclusión social”.
> (Provea, 19.08.02, http: //www.derechos.org.ve)
>
> **“CÁRCELES EN VENEZUELA:
> IDEAS PARA DIAGNOSTICAR AL DIAGNÓSTICO”
> El siguiente es un ensayo escrito por Vicmar Morillo Gil, integrante del
> Área de Investigación y Documentación de Provea. El mismo fue publicado
por
> la revista Question, en su número 2 correspondiente al mes de agosto.
> “El diagnóstico sobre la situación en las cárceles en Venezuela en la
última
> década sigue arrojando una conclusión común, a saber, que en la mayoría de
> los centros de reclusión persisten condiciones infrahumanas y se registra
> una violación generalizada de derechos humanos. Pese a la persistencia de
> este diagnóstico, a partir de la implementación del Código Orgánico
Procesal
> Penal (Copp), en 1999, se han registrados algunas variaciones en los
> indicadores de la violencia carcelaria, hacinamiento y la proporción de
> reclusos procesados y penados.
> A finales de 1998, la situación se mantenía adversa para el resguardo de
los
> derechos de las personas privadas de libertad, y entre los indicadores
> encontramos que, según cifras oficiales, 1998 registró el mayor número de
> víctimas de la violencia carcelaria en los últimos cinco años: 471
reclusos
> muertos y 2.014 heridos (1). Para entonces, el hacinamiento se ubicó por
> encima del 50% de la capacidad instalada de las cárceles (2).
> En 1999, el inicio de un nuevo período constitucional y la entrada en
> vigencia del Copp implicaron cambios en el mapa de la situación
carcelaria.
> El nivel de hacinamiento y la tradicional relación de un mayor número de
> reclusos procesados (es decir, en espera de una sentencia), que penados,
> registraron variaciones significativas. Entre agosto de 1999 y agosto de
> 2000, el total de la población reclusa acusó un descenso de 38%; y por
> primera vez, al menos en la última década, la relación entre reclusos
> procesados y penados se invirtió, para un total, en agosto de 2000, de
> 55,35% de reclusos penados. Asimismo, en cifras globales no se registró
> hacinamiento (3), y la población ocupaba el 84% de la capacidad instalada
en
> los recintos carcelarios. Vistas las cifras sobre los reclusos muertos y
> heridos en hechos violentos entre los años 1998 y 2001, se observa una
> disminución sustancial: 52% en el renglón de muertos y  61% en el de
> heridos.
> A la par de estos cambios, la situación de las condiciones de reclusión y
el
> resguardo de los derechos humanos sigue en una situación crítica para la
> mayoría de los reclusos, en especial los derechos a la vida y a la
> integridad personal. Las denuncias sobre la insalubridad; la ausencia y
> deficiencia en el acceso a servicios básicos; la aplicación de maltratos
> físicos y vejaciones como imposición de disciplina; las prácticas
> denigrantes y las vejaciones que sufren los familiares y visitantes de los
> centros de reclusión; una infraestructura, que en muchos casos, atenta
> contra la seguridad de reclusos y autoridades; las deficiencias de los
> operadores del sistema de administración de justicia en los procesos
> judiciales y aplicación de beneficios; el comercio de bienes y servicios
> escasos y de los ilícitos dentro de los recintos, continúan presentes en
la
> agenda carcelaria.
> La contundencia de las deplorables condiciones de reclusión opacan los
> cambios positivos que se registran; y aún con el descenso en las víctimas
de
> la violencia carcelaria, la cifra sigue siendo elevada. En el año 2001, se
> registró un promedio 20 muertes violentas al mes al interior de las
> cárceles.
> Es probable que el reiterado diagnóstico sobre la situación de las
cárceles
> en Venezuela, haya contribuido a que se hagan invisibles los cambios,
> favorables o desfavorables, que allí operan. Así, desde hace una década la
> fotografía es la misma, y la receta de solución, asimismo, invariable.
Desde
> esta perspectiva, no es posible reconocer cambios en los sujetos de su
> acción.
> A la pregunta más obvia ¿porqué las políticas y medidas implementadas y
> propuestas en los últimos 12 años no han logrado revertir las realidad
> penitenciaria en Venezuela?, se responde haciendo referencia a
problemáticas
> harto identificadas y señaladas; una de ellas la violencia. Precisamente,
> las medidas adoptadas para enfrentar la violencia carcelaria nos ilustran
> sobre cómo la dificultad para percibir los matices, deriva en que los
> efectos de la trama que allí se teje, sean tomados como sus causas.
>  Así, se configura un engranaje en el que el cuestionado funcionamiento de
> las cárceles, se enfrenta con medidas que contribuyen a que este siga
> operando tal cual está: se reorganizan las prácticas que se buscan
eliminar.
> Luego de varios años en torno a un balance más o menos común, cabría
> preguntarse en qué lógicas o racionalidades sociales, económicas y
> culturales se inscriben las prácticas identificadas, y de la que
participan
> todos los actores; y cuáles son los beneficios que ellas producen a los
> distintos actores involucrados.
> Medidas y violencia
> Ajenas a los cambios que se registran en la escena de la violencia y la
> incidencia que en la misma tienen, hay un conjunto de medidas que se han
> aplicado y siguen aplicando las autoridades, ante la ocurrencia de hechos
> violentos dentro de los recintos: A) requisas intempestivas y desarmes, B)
> los traslados como medidas de disciplina, C) ceder la administración de
los
> centros al control militar y, D) la persecución a las “mafias carcelarias”
.
> También se incluye como política, aunque no es exclusiva al abordaje de la
> violencia, E) la construcción de nuevos centros. Con sus matices, todas
> estas prácticas han mostrado su total, o en algunos casos, parcial fracaso
> en su meta de control y reducción de la violencia. Por otro lado, también
> han mostrado su efectividad para contribuir a mantener activa la
violencia,
> así como las condiciones que caracterizan a las cárceles en Venezuela.
> A) Requisas y desarmes
> Los desarmes y las requisas significan, antes que una merma en los hechos
> violentos, un reacomodo en la tenencia y distribución de las armas
> disponibles; así como un nuevo arsenal disponible para su tráfico.
> A propósito del plan nacional de desarme por la paz de la población
reclusa,
> iniciado en agosto de 1999 y el cual no prosperó, la reacción de un reo,
> según lo recogió la prensa, en el acto de presentación a la población
> reclusa, fue decir “Aquí el que se desarma es hombre muerto” (4). Como
bien
> señaló en su momento el criminólogo Elio Gómez Grillo, no se trata de que
el
> recluso no posea armas, sino que cesen las condiciones para que él tenga
la
> necesidad de poseerlas.
> Uno de los mitos que se ciernen sobre la violencia, es aquel de que si no
> hay armas, no hay violencia; es decir, es un problema de instrumentos y no
> de motivaciones y necesidades. Ante esta lectura, se contrapone que la
> violencia es una opción estratégica de los actores en conflicto; así, la
> violencia no se reduce porque no hay armas, sino cuando se reduce la
> disposición a (y la necesidad de) usarlas como mecanismos de resolución de
> conflictos (5).
> B) Traslado como medida de disciplina
> Esta medida tiene como supuestos que los motines y otros hechos violentos
> tienen entre sus causas a los reclusos señalados como violentos y
> problemáticos. Por lo tanto, una vez que son aislados, el conflicto
debería
> cesar.
> Contrario a lo esperado, se genera mayor violencia y la misma constituye
una
> medida de violación de derechos humanos. El traslado significa, como lo
> admitió un funcionario en el año 2001, reducir los lideres de banda
rivales
> “a simples reos en las cárceles donde llegan, ya que carecen de poder y
> tienen que enfrentarse a las mafias que tienen el mando en esos penales”
> (6). Esto es, colocarlos como castigo en situación de vulnerabilidad
frente
> a otros reclusos. Al igual que con los desarmes, se produce una nueva
> distribución en la dinámica de liderazgo y dominación dentro de los
> recintos. Como correlato, en muchos casos, a los traslados como medida
> disciplinaria, tras un motín, le siguen otros hechos violentos de igual o
> menor magnitud: en los sitios que dejan, porque sobreviene la lucha por el
> control y liderazgo de los pabellones; en los de llegada, porque deben
> procurarse un espacio en la nueva trama o enfrentar viejas rencillas, en
> situación de desventaja.
> C) Ceder el control de los recintos a la custodia militar
> La búsqueda del control de los recintos y la disminución de la violencia
> bajo la administración militar, tampoco ha brindado los resultados
> esperados. Legalmente está tipificado que los organismo militares se
> abstendrán de toda intervención en el régimen y vigilancia interior, salvo
> en los casos que sea expresamente requerido por el director del
> estableciendo. Asimismo la normativa internacional recomienda que el
> personal militar no sea encomendado en labores de vigilancia de reclusos.
En
> diciembre de 1994, seis cárceles pasaron al control de la GN. La medida,
> presentada como excepcional y justificada por la inestabilidad que
> presentaban los recintos, inicialmente duraría un año y se extendió por
> cuatro. Al año, la Fiscalía General de la República señalaba que en los
> recintos objeto de la medida persistía la inseguridad, y se había
instaurado
> la violencia de los efectivos que aplicaban maltratos físicos a los
reclusos
> (7). A principios de octubre de 1999 y en el marco de la emergencia
> carcelaria, el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) delegó el control
> interno de cuatro recintos a la GN, en lo que se denominó “Plan de
> Restablecimiento del Control Interno”Control”. La medida recayó sobre
“Rodeo
> I”, “Yare I”, la PGV y el I. J. de Anzoátegui “Puente Ayala” y se extendió
> más allá de la fecha pautada para su cese. Sobre la Penitenciaría General
de
> Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico, recayeron las dos medidas
de
> control por efectivos de la GN; y al menos desde 1997 figura entre los
> centros más violentos, con base en el número de reclusos muertos en
acciones
> violentas. Record que comparte con el C. P. de la Región Capital “Yare I”,
> que en 1999 estuvo bajo custodia militar, y a finales de 2001 figuró como
> uno de los centros más violentos. Las masacres acontecidas en recintos
> penitenciarios en la década del 90 contaron con la participación de
> funcionarios de la GN: Sabaneta, 1994; Tocorón, 1994; La Planta, 1996; El
> Dorado, 1997.
> D) Persecución de las mafias carcelarias
> El tema de las mafias carcelarias, con complicidad de las autoridades y
los
> funcionarios civiles y militares adscritos a las cárceles, tanto en años
> anteriores, como ahora, es un argumento esgrimido por los responsables del
> sistema carcelario como causa del problema. Efectivamente se ha constatado
> el funcionamiento de redes que negocian y trafican con todo lo que escasea
> y/o lo que es considerado ilícito; no obstante, su presunto poder y
alcance
> ha sido utilizado, en muchas coyunturas, para magnificar las dimensiones
de
> la crisis carcelaria, presentándola como inmanejable; justificar el
> recrudecimiento de acciones netamente represivas; y exonerar de
> responsabilidad al Estado y las instituciones del incumplimiento de su
papel
> como garante de la vida e integridad de la población reclusa. Ante
acciones
> de protestas y la ocurrencia de motines, las autoridades también han hecho
> uso de las mafias para descalificar las demandas de los reclusos, y
atribuir
> los hechos a los intentos de generar crisis o desestabilizar el sistema
por
> parte de las “mafias carcelarias”.
> Sobre un motín en el que murieron 10 reclusos y se registró un centenar de
> heridos, ocurrido en “El Dorado”, en agosto de 1998, precedido por
> antecedentes de fuertes maltratos, el entonces ministro de Justicia
señaló:
> “la impresión que tengo es que este brote de violencia de 1.776 internos
no
> fue producto de una falta de comida o gas, sino algo bien planificado con
> muchos días de anticipación. Las mafias de las drogas podrían estar detrás
> de este nuevo amotinamiento” (8). Entre octubre de 1997 y septiembre de
> 1998, lapso en el que el despacho de justicia estuvo a cargo de este
> funcionario, del total de decesos registrados al interior de las cárceles
en
> 8 casos la responsabilidad recayó en el personal civil y militar allí
> destacado: GN (4); Directores de Cárcel (2); Vigilantes de prisiones (2)
> (9).
> E. Construcción de nuevas cárceles
> La deplorable condición de la estructura carcelaria se ha presentado como
> una causa en ausencia de control de los recintos, por tanto en la
violencia
> interna. Al menos desde 1996, la inversión en la construcción de nuevas
> edificaciones no se ha correspondido con una mejora en la situación de los
> recintos. En 1996 se inauguraron los centros de reclusión ahora conocidos
> como Yare II y Rodeo II, en el estado Miranda, con una inversión
aproximada
> de 1.700 millones de bolívares. Al año ya registraban denuncias sobre
> deficiencias en la infraestructura, personal y maltratos contra los
reclusos
> (10). Un año después se demolió el conocido “Retén de Catia”, el 16.03.97,
y
> los reclusos allí recluidos fueron trasladados a los nuevos centros, que
> acusaban problemas. En agosto de 1998, fue reinaugurado el C. P. de la
> Región Oriental, estado Bolívar, conocido como “El Dorado”, y un mes
después
> se producían las denuncias por maltratos; la situación no mejoró y en
> diciembre del mismo año se produjo un motín que dejó 10 recluso muertos y
la
> destrucción del 60% de las instalaciones (11). En diciembre de 1999 entró
en
> funcionamiento el C. P. de la Región Centro Occidental, estado Lara,
> conocido como “Duaca” o “Uribana”, bajo el concepto de “Penal de Trabajo
> Penitenciario”. A los años de su apertura, era objeto de denuncias, lo que
> motivó en mayo de 2001 una inspección de jueces, fiscales y Defensoría del
> Pueblo.
> La cárcel: un fracaso exitoso
> Si los lentes desde los que se formula el diagnóstico de la realidad
> carcelaria no son capaces de hacer ver matices, se produce una opacidad en
> el mapa del entramado sobre el que se pretende actuar. Ello lleva a que se
> sigan aplicando, en muchos ámbitos, medidas que han evidenciado su poca
> efectividad para contrarrestar los problemas que se pretenden resolver o
que
> inciden en la conformación y reconfiguración de las prácticas que imperan
> dentro de los recintos.
> Si es vox populi que el desarme no reduce la violencia y que como práctica
> mantiene operativo el tráfico de armas ¿Por qué se sigue realizando? Si
los
> traslados generan otras formas de violencia ¿Por qué se justifican como
> medida de disciplina? Si bajo la administración de efectivos militares no
ha
> mermando la violencia entre reclusos y se incrementan los maltratos ¿Por
qué
> se mantiene más allá de las situaciones excepcionales? Si la construcción
de
> nuevas cárceles no ha evitado que se reproduzca la realidad que prevalece
en
> las viejas edificaciones ¿Por qué se pretende que la situación cambie en
las
> nuevas cárceles?
> Para muchos la respuesta es obvia. La cárcel es un negocio del que se
lucran
> todos sus actores, y donde el eslabón más débil de la cadena es el
recluso.
> Por lo tanto sus beneficiarios son los menos interesados en que la
situación
> cambie. Aunque de todos los lugares comunes que explican o tratan de
> explicar la trama carcelaria este es el que más apunta develarla, resulta
> claramente insuficiente. Sin embargo, pese a su insuficiencia, en él
subyace
> una apuesta epistemológica para el estudio de lo carcelario: una cadena de
> relaciones en la trama carcelaria genera “beneficios” (lícitos o ilícitos)
a
> los diversos actores de la misma.
> La idea no es original, fue formulada por Michel Foucault en “Vigilar y
> Castigar”, a mediados de los setenta: la cárcel fracasa porque al hacerlo
> genera múltiples éxitos. Según aconsejó aquél filósofo, todo intento de
> “cambio” que no parta de una análisis de las relaciones de poder, móviles,
> inestables, flexibles, que existen en el interior y exterior de los muros
> carcelarios, y de la racionalidad de esas relaciones (es decir, la
> concatenación de los “beneficios” que produce), no hará más que reproducir
> el “fracaso”.
> Por “beneficios” hay que entender, al mismo tiempo, los pequeños o grandes
> privilegios que puede lograr un recluso o un custodio mediante un acto
> ilícito, pero también la necesaria apariencia de efectividad que debe
> mostrar el ministro de justicia de turno y que podría lograr con la
> inauguración de un nuevo establecimiento o la importancia social que
> adquiere la cárcel como elemento criminalizador de los sectores populares
> (los presos son los pobres, los pobres son peligrosos, los que no son
pobres
> no son peligrosos), que no es más que la violación estructural del derecho
> humano a la no discriminación. Se trata, pues de una cadena de
 “beneficios”
> personales, institucionales y societales, que se apoyan mutuamente y que
> terminan generando una racionalidad de funcionamiento del sistema
> carcelario. Una racionalidad distinta a la que explícitamente señalan las
> leyes, pero, sin duda, mucho más explicativa de la vida carcelaria.
> El tema de las cárceles pasa por el reconocimiento de una trama que,
dentro
> o fuera de la institucionalidad y la legalidad, genera beneficios a los
> actores involucrados directa o indirectamente. Frente a ello, se impone un
> esfuerzo por diagnosticar al diagnóstico con el que se ha venido
trabajando,
> para reformularlo según nuevas coordenadas y plantearse, luego, un enfoque
> progresivo de solución a partir de las especificidades de las relaciones
de
> poder-beneficio que se producen en el entramado carcelario. La
> reivindicación de los derechos humanos de la población reclusa, pasa por
> ahí.
> Notas
> (1)Ministerio del Interior y Justicia. Oficina de Fiscalización y Control
> del Sistema Penitenciario: Información  estadística. Mimeo. Caracas, junio
> 1999.
> (2) Para julio de 1998, según datos del Ministerio de Justicia, la
capacidad
> instalada en las 2 cárceles operativas era de 16.171 cupos; con una
> población, al mismo mes, de 24.929 reclusos.
> (3) Pese a que no se registró hacinamiento global, en 11 recintos, de las
30
> cárceles en funcionamiento, el número de reclusos superó las plazas
> existentes, con un promedio de hacinamiento sobre el 55%. Ver: Provea:
> Informe Anual 1999 – 2000. pág. 134.
> (4) El Mundo, 28.09.99, pág. 1.
> (5) Sanjuán, Ana María: Sobre la violencia: algunos mitos y realidades.
> Mimeo. Caracas, julio 2002.
> (6) Últimas Noticias, 23.08.01, pág. 31
> (7) Fiscalía General de la República: Memoria y Cuenta 1996. Caracas,
1997,
> pág. 240.
> (8) El Nacional, 11.12.98, pág. C/última.
> (9) Provea: Informe Anual 1997 – 1998. Pág. 117.
> (10) Provea: Informe anual 1996 – 1997. Págs. 104 y 105.
> (11) Provea: Informe anual 1998 – 1999. Págs. 143 y 144.
>
> **“MAL DE MUCHOS, CONSUELO DE TODOS”
> Lo que sigue es un artículo de opinión de María Isabel Bertone,
coordinadora
> del Área de Educación de Provea.
>
> “En medio de las escenas violentas que suelen mostrar las televisoras del
> mundo, en los primeros días de agosto hubo unas que nos llamaron
> especialmente la atención. ¿Dónde se desarrollaban, -preguntamos
> consternados- esas escenas de brutalidad policial? La respuesta no tardó
en
> llegar: sucedían en Montevideo (en la capital del paisito, como gustan
> llamarlo cariñosamente sus mismos habitantes, el que alguna vez fue
> considerado la “Suiza de América”), como respuesta al hambre de parte de
su
> población. La asociación con Eduardo Galeano, uno de los uruguayos
> universales, fue inmediata. Le habíamos leído un tiempo atrás, palabras
más,
> palabras menos, que el refrán que llegó hasta nosotros como “Mal de muchos
> consuelo de tontos” era una deformación perversa e interesada del
original,
> que sostenía, “Mal de muchos, consuelo de todos”, ya que enunciado de esta
> última forma convocaba a la solidaridad e invitaba a las soluciones de
> conjunto, en contraposición con el individualista desprestigio del
consuelo
> colectivo.
> ¿Hace falta evidenciar cuál es ese “mal de muchos”, que aqueja  cada vez a
> mayor porcentaje de ciudadanos desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande?
> Pareciera que sí, si nos atenemos a lo que todavía se lee y escucha en
> ámbitos públicos, incluso académicos. Para otros, por el contrario, la
> respuesta será unívoca. Si en casi toda Latinoamérica, en forma creciente
y
> rápida, familias enteras quedan al margen de la vida digna, y por lo
mismo,
> sus hijos deben incorporarse a edades cada vez más tempranas a trabajos
que
> bien pueden considerarse nuevas formas de esclavismo; si para muchos
jóvenes
> latinoamericanos la emigración es la única respuesta a la frustración que
> significa no encontrar trabajo en su propio país; si la inseguridad
> ciudadana es tema de conversación cotidiana en ciudades donde hasta hace
muy
> poco, esa preocupación no existía; ¡si las escenas de cientos de miles de
> familias buscando en la basura su alimento diario son cotidianas en Buenos
> Aires, capital de cuyo país se dijo que “había entrado al primer mundo”!;
> si, en definitiva, en estas  últimas décadas nos hemos igualado en lo
peor,
> triste expresión para usar la palabra igualdad, pero elocuente por lo
> cierta, ¿no será hora de empezar a pensar que esos resultados tan
homogéneos
> en países con características geográficas, económicas y socioculturales
bien
> diversas se debieron a la aplicación de un conjunto de  políticas, que
hoy,
> lo menos que demuestran es que no produjeron los resultados que prometían?
> En nuestro país, hasta 1998 las prédicas fueron semejantes a las del
> continente. Incluso se llegó a intentar revertir y/o violar el precepto
> constitucional (nos referimos a la Constitución de 1961) de la gratuidad
de
> la educación superior y se generalizaron las prácticas de cobro en las
> instituciones públicas de salud y educación. A partir del proceso
> constituyente, el discurso oficial fue contrario a la aplicación de
> políticas neoliberales y la Constitución de 1999 plasma de manera
explícita
> la responsabilidad del Estado como garante de todos los derechos, no sólo
de
> los civiles y políticos sino también de los económicos, sociales y
> culturales. En tal sentido, Venezuela pareciera apartarse de las
tendencias
> que estamos analizando, una de las cuales es la tesis de la reducción de
la
> influencia del Estado en la vida pública y la consideración (en la
práctica
> social)de la salud y la educación como mercancías, sujetas a las leyes de
la
> oferta y la demanda, y no como derechos.
> Sin embargo, los activistas de derechos humanos bien sabemos que “Tener
> Derechos no Basta”, lema que identifica una de nuestras colecciones
> educativas. Hace falta, además, ejercerlos, exigirlos cuando se nos niegan
y
> alertar sobre las posibles violaciones a los mismos.  Hoy en Venezuela
> deberíamos estar dando un debate que toca el núcleo de lo que estamos
> afirmando, y tendríamos la ventaja de poder hacerlo analizando
experiencias
> precedentes. Nos referimos al derecho humano a la seguridad social. Hay un
> fiel que puede indicar, en relación con este derecho, si el discurso
contra
> el neoliberalismo es coherente o no con las políticas aplicadas, y es el
que
> se relaciona con la forma de participación del capital privado en la
> administración de los fondos de pensiones que se prescribirá en la ley
Marco
> de Seguridad Social que se está discutiendo en el Congreso. Si la salud y
la
> educación no son mercancías, tampoco lo es la seguridad social. De la
> consideración de ésta en uno u otro sentido dependerán las políticas que
se
> desarrollen frente a la misma. Y al decir esto no somos utópicos, somos
más
> que realistas. No aceptemos recetas claramente fracasadas en otros
> contextos. Mejor inventemos, porque ya está más que demostrado que
> sacralizando el mercado, hemos errado” (Provea, 16.08.02, http: //
> www.derechos.org.ve).
>
> **“EL FMI Y EL DRAMA SOCIAL DE ARGENTINA”
> A continuación, ofrecemos un artículo de opinión escrito por Raúl Cubas,
> miembro Asociado de Provea.
> “Clarín, el periódico más leído de la nación sureña, resumió días atrás la
> dramática situación social de quien fuera uno de los países con mayor
> progreso social de Latinoamérica hasta hace tres décadas atrás, cuando
> progresivamente la clase militar y política dirigente, comenzó a
implementar
> los dictados de los organismos multilaterales de crédito, en especial el
FMI
> y el Banco Mundial. El resumen pretendía influir en los resultados de la
> visita de secretario del Tesoro norteamericano Paúl O'Neill, a quién el
> matutino le exponía crudamente la situación: “19 millones de pobres.
> Representa más de la mitad de la población: 52,8 por ciento. 4 años de
> recesión. En ese lapso la Argentina se achicó un 20 por ciento, la
inversión
> se desplomó un 52,2 por ciento y el consumo privado descendió un 22 por
> ciento. Y creció tanto el desempleo que ya suma 3 millones de personas. De
> los 19 millones de pobres, más de 8 millones son adolescentes y niños.
16,3
> por ciento es la caída que sufrió el Producto Bruto Interno en el primer
> trimestre del año, de acuerdo a la medición que difundió el Indec. El 70
por
> ciento de los que trabajan tienen salarios que no alcanzan para cubrir el
> costo de una canasta básica de alimentos y servicios. Hay 1,7 millón de
> jefes de hogar desempleados que, en el mejor de los casos, reciben del
> Gobierno 150 pesos mensuales, (1,30 dólares diarios), menos que el costo
de
> una canasta de indigencia.”
> Muchos venezolanos se preguntan hoy con razón como es que un país que fue
> destacado por la mayoría de los economistas como un modelo a seguir, pues
> había implementado todas y cada una de las recetas del FMI para
liberalizar
> la economía: privatizar las empresas estatales inclusive la petrolera YPF,
> flexibilizar las leyes laborales, privatizar la seguridad social y la
libre
> flotación de la moneda, hoy es abandonado a su suerte por aquellos mismos
> organismos que dictan la misma receta para los pueblos de esta parte del
> mundo. Paradójicamente, nadie mejor que Joseph Stiglitz, jefe de asesores
> económicos de Clinton, vicepresidente del Banco Mundial y premio Nóbel de
> Economía 2001, para responder esta crucial pregunta. Su libro “El malestar
> de la globalización”, es de lectura obligatoria para todo aquel interesado
> en conocer los intríngulis del fracaso neoliberal en la economía mundial,
en
> momentos que todavía muchos economistas locales, inclusive oficialistas,
> siguen apostando a recetas ya fracasadas, como la privatización de la
> seguridad social, el incremento del IVA o la privatización (o concesión)
de
> las empresas eléctricas, por citar las más notorias. Más recientemente,
> Stiglitz confesó al matutino Página 12 que: “En el caso de Argentina, las
> políticas del FMI tiene mucho que ver con los problemas actuales. El apoyo
> entusiasta al tipo de cambio fijo, cuando el FMI no debería haber alentado
a
> Argentina para moverse hacia ese sistema. La mayoría de los economistas,
que
> no fueran del equipo del FMI, sabían que no podía sobrevivir. La forma en
> que las privatizaciones fueron hechas, la privatización del sistema de
> seguridad social, son todos elementos que agravaron los problemas.
> Finalmente, las políticas fiscales contractivas, cuando la economía
> atravesaba una profunda recesión, fueron claramente equivocadas”
(subrayado
> del autor).
> Los venezolanos debemos mirarnos en el espejo argentino, para con
sabiduría
> decidir no recorrer caminos que ya sabemos conducen a mayor pobreza y
> exclusión social. Por ello, debe llamar la atención de todos los miembros
de
> la Asamblea Nacional la confirmación de Stiglitz de que una de las causas
> del fracaso argentino fue la privatización del sistema de seguridad
social,
> que por cierto es de carácter mixto, modelo que parece tener la
preferencia
> de muchos diputados y del gabinete económico. El caso argentino debe ser
> analizado a profundidad, y a la luz de esa experiencia centrar el debate
en
> el proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Social presentado por la
> Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, ya aprobado en primera
> discusión  y que en opinión de Provea se ajusta a los principios
> establecidos en el Artículo 86 de la Constitución” (Provea, 14.08.02,
http:
> //www.derechos.org.ve).
>
>
> DOCUMENTOS
> **“PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y ACCIONES
> DEL FORO SOCIAL NACIONAL PARA EL EJECUTIVO NACIONAL”
> A continuación ofrecemos el documento “Principios, políticas y acciones
del
> Foro Social Nacional para el Ejecutivo Nacional”, puesto a circular por
> Oscar Bastidas (oscarbastidas@...) vía electrónica.
> “Principios
> 1-                 Consideramos necesario abrir discusiones para repensar
el
> Modelo de Desarrollo existente, incorporando las perspectivas de Derechos
> Humanos y Democracia participativa, entre otras. Estimamos indispensable
el
> diseño de un modelo de desarrollo sustentable y bienestar social que
respete
> y promueva formas alternativas de producción colectiva y artesanal, bajo
los
> principios de una economía social solidaria, que se avoque a resolver las
> necesidades colectivas existentes dentro de los sectores de la economía
> informal, así como las referidas al trabajo precario y el desempleo,
> promoviendo cambios en la cultura de consumo.
> 2-                 Proponemos un debate que propicie un proyecto nacional
> para la participación; rescatando principios como: la solidaridad, la
> apropiación colectiva del conocimiento, la horizontalidad, la vinculación
y
> articulación, la crítica y la autocrítica, la visión global, y su carácter
> autónomo e independiente.
> 3-        La democracia económica y solidaria, así como su relación con la
> producción agroalimentaria y el uso de propiedad de la tierra, que no la
> propiedad privada de la naturaleza, sólo es posible en el marco de la
> aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
> la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Pesca y otras, por lo que
> defendemos todo ese marco legal y el espíritu originario de esas leyes.
> 4-                 Reivindicamos la transversalidad en todas las
> instituciones del Estado del “principio de soberanía” y valoramos como
> esencial la “soberanía alimentaria”.
>  Políticas
> 1-        Generar espacios para que las Organizaciones Sociales,
Movimientos
> Sociales participen en el diseño, gestión, evaluación y control de las
> políticas públicas y proyectos sociales.
> 2-                 Proponemos al Ejecutivo Nacional la realización de un
> amplio proceso de información, comunicación y debate público sobre la
> propuesta del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), que
culmine
> con la realización de un Referéndum consultivo, para que el pueblo
> venezolano apruebe o no soberanamente la incorporación de Venezuela a esa
> iniciativa regional.
> 3-        Que el Ejecutivo Nacional mantenga una posición de independencia
> frente a las propuestas intervensionistas frente a la situación interna de
> Colombia, favoreciendo las propuestas que favorezcan el diálogo y la paz,
a
> fin de promover una salida política al conflicto que vive Colombia.
> 4-                 Democratización de la Comisión de Diálogo Presidencial,
> por medio de nuevas estrategias que permitan la participación popular, que
> no responda solamente a la situación de conflicto que vive el país
> actualmente mediante:
> - La promoción de Mesas de Diálogo en cada Ministerio.
> - La creación de mecanismos de articulación para la participación de
> organizaciones populares en el Diálogo Nacional.
> Consideramos necesario recomendar a la Comisión Presidencial de Diálogo
> Presidencial lo siguiente:
> - Comunicar al país la existencia de la Comisión Nacional de Diálogo,
> quiénes la conforman, quiénes la dirigen y cuáles son sus políticas.
> - Proponer la discusión de problemas más concretos y prioritarios en cada
> una de las áreas (política, económica, social, etc.) priorizando el tema
de
> la seguridad social, y particularmente el tema de las pensiones.
> - Que se de a conocer lo que discuta en las Mesas de Diálogo y los
> resultados de tales discusiones.
> 5-                 Proponemos al Ejecutivo Nacional la conformación de una
> Mesa de Diálogo específica sobre Derechos Humanos y Política Social, con
el
> objetivo de convocar a una amplia consulta social para elaborar un Plan
> Nacional de Derechos Humanos, que se convierta en el instrumento rector de
> las Políticas Públicas en esa materia.
> 6-                 Proponemos al Ejecutivo Nacional que apoye y difunda
por
> los medios de comunicación del Estado la Declaración: “Nosotros los
Pueblos
> creemos que otro mundo es posible”, que busca recoger un millón de firmas
> para entregar a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en
Johannesburgo
> (Sudáfrica) en Septiembre de 2002. Asimismo, solicitamos que el Ejecutivo
> Nacional abra un amplio proceso de participación para conformar la
> delegación nacional que representará al país en dicho evento, donde la
> participación de las organizaciones ecologistas y ambientalistas es
> esencial.
> 7-                 Expresamos nuestro pleno apoyo al Proyecto de Ley del
> Sistema de Seguridad Social Integral aprobado en primera discusión por la
> Asamblea Nacional, pues se ajusta - en nuestra opinión-, a los principios
> establecidos en el Artículo 86 de la Constitución Bolivariana sobre el
> carácter de servicio público, universal, solidario y no lucrativo de dicho
> Sistema. En tal sentido, solicitamos al Ejecutivo Nacional, que exprese
> públicamente su apoyo a esta iniciativa parlamentaria, que viene siendo
> objetada y criticada por los poderosos intereses económicos y financieros;
> en particular a los miembros del Gabinete Social, los llamamos a apoyar
las
> iniciativas para el fortalecimiento de las redes y movimientos sociales
> autónomos que vienen trabajando en todo el territorio nacional; y a los
> miembros del Gabinete Económico a no escatimar esfuerzos para que el
Sistema
> de Seguridad Social Integral que apruebe la Asamblea Nacional, cuente con
> los recursos fiscales necesarios para que progresivamente sea implementado
> en el plazo que establezca la Ley.  Si la economía debe estar al servicio
> del Ser Humano, la Seguridad Social debe garantizarse y desarrollarse, a
> pesar de la escasez de recursos fiscales.
> 8-        Es preciso incluir a las Universidades como un espacio natural
de
> discusión y capacitación, para adecuar los planes de estudio al proceso de
> autogestión y empleo que vivimos en la actualidad, lo que partiría también
> profundizar el concepto de solidaridad en el marco de la economía social
> 9-        Que el Ejecutivo Nacional defina con claridad la aplicación del
> Proyecto Educativo Nacional; y que así mismo promueva un Plan Nacional
> Educativo basado en modelos alternativos de vida existentes en el país.
> 10-      Planteamos la necesidad del rescate de toda la infraestructura
> agrícola que pertenece a la Nación -actualmente privatizada-, como un
factor
> que favorecerá la formación de agroempresas y cooperativas
agroindustriales
> que les den respuesta al desempleo y manejo correcto de los alimentos
> estratégicos.
> 11-             Proponemos al Ejecutivo Nacional apoyar e impulsar la
> autogestión de empresas por parte de los trabajadores asociados en forma
de
> cooperativas, impulsando la formación en cooperativismo y tomando la
> cooperativa como espacio de formación.
> 12-      Es necesario una selección idónea de los funcionarios que laboran
> en las instituciones relacionadas con  la economía social, porque con
> frecuencia los mismos personajes que siempre han favorecido la corrupción,
> siguen ocupando los puestos claves en oficinas públicas y dan preferencia
> los grandes productores.
> 13-      Vemos la necesidad de que las instituciones públicas relacionadas
> con el área de la economía social adopten una metodología única y sencilla
> para la gestión de proyectos productivos. Asimismo es preciso crear bancos
> de proyectos viables y de segura rentabilidad, recogiendo experiencias
> exitosas que ya existen en el ámbito de la economía social, para ampliar
las
> alternativas de quienes quieran emprender iniciativas de economía
solidaria.
> 14-             Revisión y democratización del espacio Radioeléctrico para
> garantizar el derecho a la comunicación e información.
> 15-      Que el Ejecutivo tome la iniciativa de proponer la Ley de
> Telecomunicaciones Comunitarias Alternativas.
> 16-      Activar el Fondo de Financiamiento para los Medios de
Comunicación
> Alternativos. Flexibilizando los mecanismos de acceder a los fondos de
> acuerdo a la realidad de las organizaciones comunitarias.
> 17-      Que el Ejecutivo nacional asegure la conformación inmediata de la
> Comisión Nacional para los Refugiados, garantizando la respectiva
asignación
> de los recursos necesarios para su implementación; así como la elaboración
> del Reglamento General correspondiente a la Ley sobre Refugiados o
> Refugiadas y Asilados o Asiladas, a través de un proceso de consulta con
el
> sector gubernamental y no gubernamental involucrado en la materia.
> Acciones
> 1-     Que el Ejecutivo Nacional promueva ante el Grupo de los 77 la
> propuesta de constitución del Club o Bloque de Deudores, que aborde de
forma
> mancomunada la problemática de la Deuda Externa de los países en
desarrollo,
> debido a que ésta se ha convertido en un dispositivo estratégico de
> dominación (política, social, económica, ambiental, cultural) de nuestros
> países.
> 2-     Realizar una vigilancia y control social del endeudamiento y el
> tratamiento de la Deuda pública y privada. Las características de
Venezuela
> no justifican el endeudamiento externo ya que tiene recursos económicos,
> sólo se requiere tecnología que debemos apuntar a crear la internamente.
> 3-                 Proponer que los recursos provenientes de endeudamiento
> deben estar direccionados por un plan de desarrollo y control social
> 4-                 Solicitamos al Ejecutivo Nacional, que diseñe e
> implemente con la participación de redes y sectores sociales organizados,
un
> Plan de Emergencia Social que apunte a solventar las necesidades más
> urgentes de la población, en áreas esenciales como: salud, educación,
empleo
> y seguridad ciudadana.
> 5-                 Exigimos al Ministerio del Ambiente una moratoria del
> decreto que permite la liberación del uso de semillas y productos
> transgénicos (organismos modificados genéticamente -OMG-) sumándonos a la
> propuesta del Foro Social Mundial de Porto Alegre.
> 6-        Es preciso que el Ejecutivo Nacional tome la iniciativa respecto
a
> una Ley de Economía Solidaria, basadas en las particularidades locales y
> municipales, facilitando los procesos de parroquialización de los
servicios
> por medio de cooperativas (por ejemplo: de uniformes, meriendas,
escolares).
> 7-        Es preciso que el Ejecutivo Nacional promueva las Contralorías
> Sociales o Populares, para la mejor ejecución de las obras sociales y los
> presupuestos locales.
> 8-        Apoyar procesos de diálogo sobre participación de la comunidad
en
> la elaboración del presupuesto público, tomando como referencia la
> experiencia en el Presupuesto participativo de Porto Alegre.
> 9-                 Exigimos que el Ejecutivo Nacional garantice el derecho
> de los pobladores tradicionales a habitar sus territorios de usos
ancestral.
> Igualmente, proponemos la realización de un Encuentro Nacional de
> Agricultura y Pesca Sustentable; para analizar sus múltiples realidades y
> elaborar una agenda básica de acción a concretar en este ámbito
> 10-      Crear mecanismos para que el anteproyecto de Ley de
Responsabilidad
> Social elaborada por Conatel, sea discutida con las comunidades y los
> movimientos sociales.
> 11-      Que el Ejecutivo Nacional tome en cuenta las observaciones de los
> Movimientos Sociales entorno a la Política Comunicacional del Gobierno.
> 12-      Que el Ejecutivo Nacional otorgue prioridad a la creación de un
> mecanismo de implementación de la Ley de Juventud, desarrollando y
aplicando
> el Artículo 79 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
> 13-      Que el Ejecutivo Nacional de apoyo institucional y financiero a
los
> procesos de articulación y diálogo nacional generados autónomamente desde
> las organizaciones populares”.
>
> **“A UN AÑO DEL COMPROMISO JUDICIAL
> EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
> SIGUE ESPERANDO EN EL J. M. DE LOS RÍOS
> ¿QUIÉN SE RESPONSABILIZA POR LA AMENAZA A SU SALUD Y SU VIDA?”
> A continuación trascribimos un comunicado emitido por la organización
> Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y difundido por vía
> electrónica (Cecodap, 20.08.02, derechamos@...), con motivo de
> cumplirse un año del acuerdo logrado entre las instituciones estatales,
> municipales y las organizaciones de derechos humanos que participamos en
el
> proceso judicial que perseguía la restitución del derecho a la salud de
los
> niños y niñas con cardiopatías congénitas.
> “El próximo 27 de Agosto se cumplirá un año de la firma del Acta que
> registra los acuerdos y compromisos de la Mesa de Diálogo ordenada por el
> tribunal para afrontar la problemática de las niñas y niños con
cardiopatías
> congénitas del Hospital de Niños J. M. de los Ríos.
> A partir del 24 de septiembre de 2001,  se ha venido reuniendo, en la
> Defensoría del Pueblo, la Comisión de Seguimiento para evaluar el
> cumplimiento de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo. En la
última
> reunión del día 16-8-02, fue significativa la ausencia de las autoridades
de
> la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana y de la Dirección del
> Hospital J. M. de los Ríos. Las organizaciones de Derechos Humanos
> accionantes, Accsi, Cecodap y Provea perciben este hecho como un irrespeto
e
> incumplimiento de los acuerdos establecidos según el mandato de la Sala
> Cuarta del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente para proteger
> el derecho a la vida y a la salud de los pacientes.
> 365 días no han bastado para que se cumplan los siguientes acuerdos
> adquiridos:
> Remodelación del Servicio de Cardiología.
> Debió estar listo para finales de Diciembre del 2001. Desde el mes de
> septiembre los pacientes se están atendiendo en un espacio provisional que
> no cuenta con los requerimientos necesarios, según lo expresan los médicos
y
> familiares. La no finalización de las obras ha impedido instalar el Equipo
> de Hemodinamia (permanece embalado en el pasillo del hospital desde el
> 27-3-02), lo que impide realizar cateterismos para diagnósticos e
> intervenciones y terapéuticos que permitiría intervenir al 30% de los
niños
> que están en la lista de pacientes quirúrgicos. El ente responsable de
esta
> remodelación es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a través del
> Plan Extraordinario de Inversión.
> Cumplimiento del Turno Quirúrgico.
> A pesar de que el Quirófano No 8 está operativo para poder responder a los
> siete turnos quirúrgicos semanales establecidos en el acta compromiso, en
la
> evaluación se constató que no se ha cumplido por varias razones: no
> funcionamiento de los ascensores (lo que impide trasladar los pacientes
> hasta el quirófano), dificultad para contratar el personal externo
requerido
> (anestesiólogo, perfusionista) y, por el hecho de ser el quirófano mejor
> dotado, es utilizado para las intervenciones requeridas por otros
servicios.
> El ente responsable del funcionamiento de los quirófanos y cumplimiento de
> los siete turnos (a partir del 3 de septiembre 2001) es la Secretaría de
> Salud de la Alcaldía Metropolitana. Se comprometieron a estudiar la
> posibilidad de rehabilitar otros quirófanos a fin de que el quirófano
número
> 8 pueda ser exclusivo para cirugía cardiovascular, dada la complejidad de
> las intervenciones y lo imprevisible de sus emergencias. Hasta el momento
no
> se ha presentado un plan de recuperación de los cuatro quirófanos del
> hospital que no están funcionando.
> Otra de las variables que inciden en el incumplimiento de los 7 turnos
> quirúrgicos, es la falta de contratación de los especialistas requeridos
por
> unidades de trabajo, responsabilidad esta compartida por la Dirección de
> Salud de la Alcaldía Metropolitana y la Dirección del Hospital.
> Ascensores.
> Constituyen uno de los aspectos fundamentales para que se pueda o no
cumplir
> con las intervenciones quirúrgicas programadas. Es por ello que la
> Defensoría del Pueblo realizó una inspección (19-8-02) en el hospital para
> constatar las condiciones del funcionamiento de los ascensores, hasta
tanto
> no se cuente con los nuevos, y verificar in situ el proceso de instalación
> de los ocho nuevos ascensores a cargo de la Alcaldía Metropolitana.
> Equipamiento del Quirófano.
> A pesar de que las operaciones se siguen realizando, parte del
equipamiento
> del quirófano tiene muchos años de funcionamiento y debe ser reemplazado.
> Algunos de los nuevos equipos todavía están pendientes (monitores,
> ventiladores, máquina de anestesia, bombas de infusión…) Debieron haber
> llegado en diciembre del 2001. El ente responsable es el Ministerio de
Salud
> y Desarrollo Social a través del PEI.
> Remodelación de la Planta Física. Para la remodelación del Servicio de
> Cirugía General (piso 6), se estableció un lapso de 10 meses. El mismo
> beneficia a todos los niños que son hospitalizados, no solamente a los
> cardiópatas. En el mes de junio de 2002 se debió culminar los trabajos y
> equipado con el mobiliario correspondiente. Hasta el presente solo la
mitad
> del servicio fue remodelado. El responsable de los trabajos es la
Secretaría
> de Salud de la Alcaldía Metropolitana.
> Como organizaciones de derechos humanos nuestra deber es velar porque los
> niños con cardiopatías congénitas cuenten con un tratamiento eficaz y
> oportuno. Exigimos que se reanuden, a la brevedad, los trabajos que
> posibiliten el uso de las áreas remodeladas y el funcionamiento de los
> equipos adquiridos.
> Las organizaciones accionantes instamos al Ministerio Público y a la
> Defensoría del Pueblo para que realicen las inspecciones, el seguimiento,
> así como agotar los procedimientos pertinentes para exigir el cumplimiento
> de los acuerdos, en lo inmediato y establecer las responsabilidades a que
> hubiere lugar.
> Por nuestra parte, junto a los familiares de los pacientes, seguiremos
> ejerciendo la contraloría para el cumplimiento de la totalidad de los
> compromisos adquiridos, tomando todas las medidas ajustadas al marco
> jurídico vigente para garantizar los derechos humanos de la niñez y
> adolescencia con cardiopatías congénitas.
> Cada vez que visitamos el hospital  y vemos el equipo de  hemodinamia
> embalado en la entrada o constatamos la paralización de las obras en  las
> salas en remodelación, o nos toca subir por las escaleras porque los
> ascensores no funcionan, pensamos  en los niños, niñas y adolescentes cuyo
> corazón dejó de latir durante este período.
> Si los equipos y ascensores estuvieran funcionando en buenas condiciones y
> finalizadas las remodelaciones en las fechas previstas, seguramente se
> hubiesen evitado las complicaciones y muertes de los pacientes y del dolor
> de los familiares que tienen que llevar luto porque sus niños no pudieron
> recibir el tratamiento y la intervención oportuna para que su corazón
> siguiera latiendo” (Cecodap, 20.08.02, derechamos@...).
>
> **********************************************************************
> El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
> una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción
de
> los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), que tiene como fin
la
> plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de
Derecho,
> en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que
> lleva a cabo Provea apunta, en última instancia, a beneficiar a las
víctimas
> o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola
sus
> derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus
> derechos.
>
>
>




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