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Asunto:[LEA-Venezuela] Fw: Provea: "Derechos humanos y coyuntura" Nº 91
Fecha:Domingo, 12 de Mayo, 2002  11:35:54 (+0900)
Autor:Héctor Bello Silva <hbseco @.....net>


----- Original Message -----
From: "Coyuntura" <coyuntura@...>
To: "Provea" <provea@...>
Sent: Saturday, May 11, 2002 7:03 AM
Subject: Provea: "Derechos humanos y coyuntura" Nº 91


> DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA
> Nº 91
>
> Una lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos
> Servicio informativo quincenal del Programa Venezolano de
> Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
>
> Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
> Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
> Correo electrónico: provea@...
> A efectos de este Servicio Informativo utilice (*):
> coyuntura@...
> Ediciones anteriores disponibles en nuestro sitio web:
> http://www.derechos.org.ve
> Para darse de baja de nuestra lista, comuníquelo por (*)
>
> Del 15 de Abril al 10 de Mayo de 2002
> PREÁMBULO
> **”La Comisión de la Verdad requiere de la unidad nacional”
> **Provea no pide la renuncia de Chávez,
> solicitamos la rectificación de Unión Radio
> **Provea: “Nadie gana con la guerra”
> **Visita del Cidh a Venezuela
> DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
> **Provea propone medidas compensatorias
> equitativas para las víctimas de los saqueos
> **OIT visita Venezuela
> **El aumento del salario mínimo y la legitimidad de la CTV
> **A propósito del derecho a huelga
> en el servicio público de salud
> **El caso La Ovallera y las quejas del Comité de Afectados
> **El Convenio entre la Avec y el Mecd
> **Por un mecanismo internacional de exigibilidad de los Desc
>  DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
> **La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras
>  **Los medios de comunicación privados y
> el derecho a la información
> **Los videos de Cotrain no se entregaron a la AN: rectificación de Liliane
> Blaser
> **Ana Elisa Osorio nunca quiso entregarse al
> ministerio público: rectificación del servicio informativo
> **Provea señala aplicación inadecuada de justicia militar
> **********************************************************************
> PREÁMBULO
> **”LA COMISIÓN DE LA VERDAD REQUIERE DE LA UNIDAD NACIONAL”
> Lo que sigue es el contenido de un comunicado de prensa del Centro de
> Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Centro
> de Estudios por la Paz de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la
> Vocería del Foro por la Vida.
> “Desde que ocurrieron los dolorosos y condenables hechos de violencia del
11
> de abril y días posteriores, las organizaciones de derechos humanos
volcamos
> todos nuestros esfuerzos por asistir y acompañar a las víctimas de las
> violaciones a los derechos humanos, por hacernos presentes en la Morgue
> Judicial de Bello Monte, por recopilar la mayor cantidad de información
> confiable sobre los hechos, facilitada por víctimas, sus familiares, y
> testigos de los hechos, con la convicción de que todo ello contribuiría en
> el futuro al esclarecimiento de la verdad y la sanción de los
responsables.
> Como siempre, nuestras actuaciones están dirigidas a impedir a toda costa
> que las violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad.
> Con posterioridad, y una vez recuperado el hilo constitucional que fuera
> vulnerado por quienes desconocieron la vigencia de la Constitución de la
> República Bolivariana de Venezuela, presentamos como Foro por la Vida una
> serie de propuestas que apuntaban a crear condiciones para fortalecer la
> vigencia del Estado de Derecho y sus instituciones. De ese cuerpo de
> propuestas destacaba la necesidad de investigar de manera exhaustiva e
> imparcial todas las violaciones ocurridas entre los días 11 y 14 de abril,
> mediante la conformación de una Comisión de la Verdad, que pudiera
presentar
> a toda la sociedad venezolana una versión objetiva de los hechos, la
> determinación de responsabilidades y propuestas para la debida sanción a
> quienes resultaran responsables y para la reparación moral, política y
> pecuniaria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o hechos
de
> violencia ocurridos en esos aciagos días.
> En este sentido, antes de aprobarse el acuerdo, que por consenso y
> unanimidad tomó la Asamblea Nacional, de conformar una Comisión de la
Verdad
> integrada por representantes de o postulados por las organizaciones de
> derechos humanos, centros de derechos humanos de las Universidades
Central
> de Venezuela y Católica “Andrés Bello” y de las Iglesias, remitimos un
> conjunto de sugerencias que permitieran su autonomía, base jurídica
> constitutiva y modo de funcionamiento. Luego de conocer el acuerdo de la
> Asamblea Nacional iniciamos un proceso de diálogo para explicar y dar a
> conocer nuestras observaciones y sugerencias para que la iniciativa
tuviera
> el respaldo y garantías en el cumplimiento de su mandato. El Foro por la
> Vida y los centros de derechos humanos de las universidades presentaron y
> fundamentaron las razones por las cuales la Comisión de la Verdad debía
> nacer de la aprobación de una ley que garantizara su plena autonomía e
> independencia, que estableciera claramente su mandato y funcionamiento,
así
> como los recursos presupuestarios y humanos necesarios y los mecanismos de
> seguimiento para las recomendaciones. Eso llevó a que destináramos mayores
> esfuerzos a lograr un piso jurídico a la Comisión de la Verdad que a la
> postulación de candidatos, pues nuestro ánimo era contribuir a garantizar
su
> instalación y el éxito futuro de su gestión.
> Dos semanas después de esta iniciativa, observamos con preocupación que
este
> tema, como tantos otros, se ha convertido en un elemento más de la
> confrontación político- partidista que divide y fractura a la sociedad
> venezolana, rompiéndose con ello el consenso y unanimidad que hubo en la
> Asamblea Nacional, al momento de aprobarse la moción de la creación de la
> Comisión de la Verdad. Lamentablemente la ausencia de este consenso
político
> en torno a la necesidad de la aprobación de un marco legal para el
> funcionamiento de la Comisión de la Verdad, se convierte en un obstáculo
de
> primer orden para que la Comisión se instale y tenga credibilidad para el
> conjunto de la sociedad venezolana.
> Por ello, hacemos un llamado a los distintos bloques de opinión de la
> Asamblea Nacional, a que realicen un esfuerzo para retomar el clima
inicial
> de unidad en la discusión que llevarán a cabo el día martes 14, aprobando
> por consenso esta iniciativa de ley, puesto que el escenario de una
decisión
> tomada por la imposición de una mayoría circunstancial no establecería las
> condiciones políticas idóneas para la participación ni para la instalación
> de la Comisión de la Verdad. Los defensores de derechos humanos somos de
la
> idea de que la búsqueda de la verdad y la justicia debe enmarcarse en un
> proceso de diálogo y rectificación de todos los sectores de la vida
> nacional. Si ello no es así, se corre el peligro de que una Comisión de la
> Verdad que surja de la división y la confrontación política, no conduzca a
> la verdad y la justicia, y por ende se convierta en un nuevo mecanismo de
> impunidad.
> Finalmente, ratificamos ante la opinión pública nacional e internacional,
> que si no prospera la iniciativa de la Comisión de la Verdad, seguiremos
> comprometidos con la búsqueda de la verdad y la justicia, y que
recurriremos
> a todas las instancias nacionales e internacionales, para que las
> violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado mes de abril  no
> queden impunes. ¡Que la razón ilumine a quienes tienen la responsabilidad
de
> tomar en representación del soberano esta histórica decisión!.
> Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
> Centro de Estudios por la Paz de la Universidad Central de Venezuela
> Vocería del Foro por la Vida”.
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 10.05.02)
>
>
> **PROVEA NO PIDE LA RENUNCIA DE CHÁVEZ,
> SOLICITAMOS LA RECTIFICACIÓN DE UNIÓN RADIO
> Lo que sigue es una carta enviada a Sergio Gómez López, director de la
> emisora Unión Radio, en cuyo contenido se explica la razón de una
> rectificación que Provea a solicitado a este medio de comunicación.
> “Por la presente queremos hacerle llegar nuestra preocupación por la
> transmisión de unas declaraciones puestas equivocadamente en boca del
> abogado Marino Alvarado, coordinador del Área de Defensa del Programa
> Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), así como por
la
> poca diligencia mostrada para rectificar dicho error.
> Luego de haber escuchado una noticia a las 7:30 pm del 18.04.02
trasmitidas
> por la emisora de radio “Unión Radio” (dial 107.3 FM), en la que se
> utilizaba el nombre de Marino Alvarado en el contexto de unas
declaraciones
> que no le correspondían, el abogado de Provea se comunicó inmediatamente
con
> la emisora. La persona que le atendió (una dama), se comprometió a
> devolverle la llamada, cosa que no hizo, por lo que Alvarado insistió
> llamando unos minutos después. En esa segunda oportunidad fue atendido por
> un caballero que le aseguró hacer llegar su reclamo a las instancias
> respectivas.
> En las siguientes ediciones de noticias, no se rectificó el error. Tal
> actitud no se corresponde con el excelente trato que en anteriores
ocasiones
> han recibido los voceros de Provea por parte de su emisora. Por ello, nos
> causa extrañeza la falta de atención y disposición a rectificar mostrada
en
> esta oportunidad.
> La rectificación es por demás necesaria porque la declaración en cuestión
> (que Provea solicitaba la renuncia del Presidente Chávez y de todos los
> gobernadores del oficialismo), contenía afirmaciones que comprometen la
> imparcialidad del trabajo no sólo del abogado Alvarado, sino de la
> organización de la cual él es vocero oficial, es decir, de Provea.
> Por lo arriba señalado, solicitamos que la emisora haga todas las
> diligencias necesarias a fin de enmendar tal falta”.
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 22.04.02)
>
> **PROVEA: “NADIE GANA CON LA GUERRA”
> A continuación ofrecemos a nuestros lectores un artículo de opinión
escrito
> por Antonio J. González Plessmann, coordinador del Área de Investigación
del
> Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). El
> mismo surge como respuesta al artículo de prensa de Aníbal Romero “El
> diálogo es inútil, y Chávez debe irse” (El Nacional, 08.05.02, pág. A-9).
> “NADIE GANA CON LA GUERRA
> A Aníbal Romero.
> Durante toda la convulsión política iniciada en el último trimestre de
2001,
> que tuvo un momento dramático en abril de 2002 y que aún no termina,
Provea
> ha argumentado a favor del diálogo. Al respecto, un documento que
sugerimos
> releer es el que publicamos en febrero: “Mitos que obstaculizan el diálogo
y
> la profundización de la democracia” (www.derechos.org.ve). Lo ahí señalado
> conserva hoy, a nuestro juicio, plena vigencia. En esa fecha invitamos a
> todo el país a “envainar la espada y a profundizar la democracia y la
> inclusión social”. Hoy queremos insistir en ello.
> Estamos convencidos de que, en términos gruesos, en Venezuela las opciones
> son el diálogo o la guerra. La guerra, ese modo de resolver nuestras
> diferencias haciendo uso de la violencia con el objetivo de “imponer
nuestra
> voluntad al enemigo” (Von Klausevitz), nos mostró en abril un pedacito de
> sus indeseables efectos. Todos (y no sólo uno de los bandos) perdimos con
el
> golpe de estado y con su violencia previa y posterior. El gran reto de
> Venezuela hoy, superar la pobreza mediante el fortalecimiento de la
> institucionalidad y la participación democrática, sigue y seguirá
postergado
> mientras nos mantengamos entrampados en esquemas que nos impiden reconocer
> al “otro” y comprender que no es posible de avanzar sin él.
> Si algo hay que aprender con el golpe, es que aunque el diálogo no sea
> garantía de resolución de todos los conflictos, siempre permitirá
> administrarlos mejor y con menos saldos negativos que la guerra. Aún en
esas
> circunstancias en las que las diferencias son tan contundentes que no
pueden
> ser resueltas mediante el diálogo, todavía éste es preferible como vía
para
> administrarlas, acotarlas e intentar conjurar las formas violentas. No
cabe
> ninguna duda de que es mucho mejor tener adversarios de por vida que
> enemigos dispuestos a quitarnos la vida.
> El Ejecutivo aceptó la exigencia social de iniciar el diálogo. Se pueden
> tener diferencias con él sobre la metodología o los actores seleccionados,
> se puede tener desconfianza, pero hay ahí un logro para toda la sociedad
y,
> particularmente, para la parte de ella que ha insistido en el diálogo.
Jugar
> al éxito de ese diálogo, lo que no implica dejar de formular críticas, es
> hoy la única opción responsable para quien defienda una política
> democrática. Por creer profundamente en lo que decimos, no podemos menos
que
> alarmarnos cuando leemos frases como ésta: “el diálogo es inútil (...) es
> una estupidez (...) una parte sustancial de nuestra sociedad ha decidido
que
> la guerra civil, aunque horrenda e indeseable, es preferible a la
esclavitud
> a que nos conduce la revolución chavista. No queremos guerra, pero si es
> necesario, la haremos (...) no resta espacio para el diálogo ni las
> rectificaciones hipócritas. Es tarde para eso” (El Nacional, 08.05.02,
A-9).
> El autor de la frase es el analista Aníbal Romero, quien agrega que “se
está
> conformando el escenario para una intervención militar masiva y cruenta,
> destinada a extirpar una amenaza que empieza a ser percibida como
apremiante
> y crítica, y de cuya eliminación depende la supervivencia misma de la
> institución armada nacional” (idem).
> De la fuerza social y política que pueda construirse para impulsar la
> democracia y la justicia social, depende que posiciones como las de Romero
> (que cuenta lamentablemente con base social) no se impongan. Esas fuerzas
> democráticas, así como las autoritarias, están presentes tanto en sectores
> que adversan al gobierno como en sectores que lo defienden. Si las fuerzas
> democráticas fracasan, las palabras “extirpar” y “eliminación”, que forman
> parte del arsenal del fanatismo, comenzarán a sernos cada vez más comunes”
.
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 09.05.02)
>
> **VISITA DEL CIDH A VENEZUELA
> Este 10.05.02, La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh),
> realizó la rueda de prensa con la que cierra su visita in loco. En ésta,
> Juan Méndez, presidente, manifestó que "los resultados de las
> investigaciones que se han dado a un mes de los acontecimientos [del 11 de
> Abril] es para nosotros decepcionante"
> (http://www.globovision.com/nacionales/2002.05 /10/oea/index.shtml).
> La misión de la Comisión recomendó el fortalecimiento del Estado de
Derecho
> en Venezuela a través de la consolidación de la respectiva independencia
de
> los poderes públicos. Criticaron el carácter deliberativo de la FAN, al
> considerarlo “riesgoso para la estabilidad democrática” (Ibíd.).
> Sobre los eventos del 11 de Abril, avalaron la creación de la Comisión de
la
> Verdad y recordaron que la Cidh condenó el golpe de Estado ocurrido el 11
de
> Abril.
> Méndez afirmó que la misión celebra el diálogo entre sectores impulsado
por
> el presidente Hugo Chávez, aún cuando lamentan reconocer que no han visto
> “actitud de diálogo tanto de la parte gubernamental como de la oposición
que
> a corto plazo puedan superar los escollos y la crispación dentro del
debate
> político" (Ibíd.).
> La misión considera que “si bien no ha habido cierre de periódicos o
medios
> ni detención de periodistas [...] eso no garantiza la libertad de
expresión”
> . Del mismo modo, señaló Méndez en representación de la misión que “el
clima
> de confrontación con los medios pone en peligro este derecho” (Ibíd.).
> Igualmente, la misión hizo observaciones a los medios de comunicación y,
con
> insistencia, les recomendaron realizar “una reflexión sincera sobre su
papel
> y si informaron o no a la población durante los días del golpe de Estado”.
> Méndez destacó con énfasis que en Venezuela, "de los días 12 al 14 de
abril
> hubo una privación de acceso a la información importante en momentos en
que
> los venezolanos necesitaban saber lo que estaban pasando [...] también
> tenemos testigos que dicen que hubo decisiones editoriales sobre privación
> de ciertas fuentes informativas que parecieran haber sido basadas en
> consideraciones políticas y no periodísticas".
> El presidente de la Comisión manifestó su satisfacción por las entrevistas
> que realizaron y las facilidades que tuvieron para llevarlas a cabo.
Señaló
> que han sido invitados cuando sea necesario, y anunciaron que establecerán
> visitas regulares para estar informados sobre cómo va la situación en
> Venezuela.
> Finalmente informó que la misión presentará un informe sobre su visita a
> Venezuela en la Asamblea General que se celebrará en junio en Barbados.
> Puede consultar el documento de las observaciones preliminares de la
visita
> in loco hecha por la misión de la Cidh en la página web
> http://www.cidh.oas.org.
>
> DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
> **PROVEA PROPONE MEDIDAS COMPENSATORIAS
> EQUITATIVAS PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS SAQUEOS
> A continuación ofrecemos una nota de prensa emitida el 24.04.02 a
propósito
> de los saqueos ocurridos inmediatamente después del 11 de Abril.
> “APOYO CREDITICIO PARA COMERCIANTES Y
> PROTECCIÓN Y SUBSIDIO A LOS DESEMPLEADOS
> Los trágicos hechos sucedidos  a partir del día 11 de abril, dejaron un
> saldo lamentable de personas muertas y heridas. Ante ello, Provea exigió
> responsablemente que la Fiscalía General de la República y los tribunales
> correspondientes esclarezcan la situación, determinen las
responsabilidades
> y sancionen a los responsables de las violaciones al derecho a la vida y
la
> integridad personal de tantos venezolan@s que ejercían el derecho a
> manifestar pacíficamente por las calles de Caracas.
> A todas estas violaciones a los derechos civiles y políticos, los días
> posteriores al 11 de abril, se sumaron en distintos sectores de Caracas y
en
> algunas ciudades del interior del país, acciones de saqueo a
> establecimientos comerciales, que dejaron otro saldo lamentable en
pérdidas
> de vidas humanas, y adicionalmente la pérdida total o parcial de numerosos
> establecimientos comerciales y pequeñas empresas, con la consecuente
> pérdidas económicas de sus dueños y la afectación del derecho al trabajo
de
> al menos 80 mil trabajadores, que pasan a engrosar las filas del
desempleo.
> Ante ello, Provea asumiendo su misión prioritaria de promover y defender
los
> derechos económicos, sociales y culturales (Desc), garantizados por el
Pacto
> Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) de
> Naciones Unidas y por el articulado del Capítulo “De los derechos sociales
y
> de las familias” contenidos en la Constitución de la República Bolivariana
> de Venezuela, quiere poner a la consideración de la Asamblea Nacional y
del
> Ministerio del Trabajo las siguientes propuestas:
> - Realizar un censo global que dé cuenta del número y ubicación de los
> comercios afectados por los saqueos, incluyendo la estimación de las
> pérdidas económicas, cantidad de empleados contratados y condiciones
> laborales de los mismos.
> - Garantizar a través del Ministerio de Industria y Comercio la puesta en
> marcha de un plan de otorgamiento de créditos que posibiliten a los
> comerciantes afectados resarcir las pérdidas y reconstruir su actividad
> económica.
> - Garantizar a través del Ministerio del Trabajo la protección de los
> derechos laborales de los trabajadores afectados por el cierre de los
> establecimientos comerciales, en especial el pago de las jornadas
laboradas
> y las indemnizaciones correspondientes con motivo de la interrupción de la
> relación laboral, en concordancia con la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
> Asimismo, publicar un Informe Especial sobre las condiciones de
contratación
> de los mismos.
> - Garantizar que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss),
> pague de manera inmediata el paro de seguro forzoso a los trabajador@s
> desemplead@s a consecuencia del cierre de comercios y pequeñas empresas a
> consecuencia de los saqueos.
> - Garantizar que la Asamblea Nacional apruebe un crédito adicional para
> otorgar un subsidio especial extraordinario al desempleo, del cual serán
> beneficiarios todos aquellos trabajadores que quedaron desempleados y que
no
> sean beneficiarios del paro de seguro forzoso como consecuencia del
> incumplimiento de la LOT por parte de sus empleadores.
> - Garantizar a través del Ministerio de Industria y Comercio la
elaboración
> de un plan de empleo temporal, uno de apoyo crediticio para
emprendimientos
> microempresarios, así como un plan de capacitación y formación
profesional,
> para los trabajadores desempleados a consecuencia del cierre de
> establecimientos comerciales afectados por los saqueos.
> - Garantizar que el Ministerio del Trabajo sancione a aquellos
comerciantes
> que hayan incumplido la LOT antes de ser afectados por los saqueos, en
> referencia a las condiciones contractuales de sus empleados.
> Proponemos estas iniciativas, ante la evidencia de que las iniciativas
> gubernamentales y privadas conocidas hasta la fecha, favorecen sólo a los
> propietarios de establecimientos comerciales y pequeñas empresas, sin
> contemplar el debido equilibrio respecto del sector mayoritariamente
> afectado, que son los trabajador@s desemplead@s que, de no recibir la
debida
> protección por parte del Estado, engrosarán las filas de la desocupación y
> la marginalidad social.
> Sólo la vigencia integral de los derechos humanos puede garantizar el
> establecimiento de un Estado democrático y participativo, como lo
anhelamos
> la mayoría de los sectores que defendemos la vigencia de la democracia”.
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 24.04.02)
>
> **OIT VISITA VENEZUELA
> Adrián Goldin, representante del director general de la Organización
> Internacional del Trabajo (OIT) y vocero de la misión de Contacto Directo
> que visita al país para verificar el cumplimiento de los convenios 87 y 98
> de la OIT, afirmó que “en tanto la Constitución de un país está en
> contradicción con los convenios intyernacionales, que son obligatorios y
que
> han sido ratificados por Venezuela, ésta tendría que dar los pasos
> necesarios para ajustarse a estos convenios”  (Diario 2001, 08.05.02, pág.
> 5).
> En esta visita, la misión de la OIT cumplió una agenda que cubrió
reuniones
> con representantes de Fedecámaras, Ministerio del Trabajo, Confederación
de
> Trabajadores de Venezuela (CTV), Asamblea Nacional, Ministerio Público,
> Contraloría y Consejo Nacional Electoral.
> Según Golding, uno de los objetivos de estas visitas, era “supervisar el
> cumplimiento efectivo” (Ibíd.) de los convenios referentes a la libertad y
> la autonomía sindical, es decir, el 87 y 98 de la OIT.
> Aseguró Golding que la OIT está “particularmente” preocupada por el
aspecto
> normativo del derecho oficial venezolano y por el proceso electoral
sindical
> ocurrido el año pasado. Sobre éste aspecto, el vocero de la organización
> cuestionó “los procesos electorales que permiten la intervención de
organism
> o ajenos al movimiento sindical al igual que los estatutos” (Ibíd.). En
ese
> sentido, Golding señaló que “cuando existen unos comicios que ya
concluyeron
> y que tiene una decisión legal pendiente, hasta que no se produzca esta
> decisión, ‘debe reconocersse la validez del resultado emergente de la
> autonomía sindical’” (Ibíd.).
> Para julio de este año se entregará el informe de la misión visitante en
el
> marco de la celebración de la convención anual de la OIT en Ginebra.
>
> **EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y LA LEGITIMIDAD DE LA CTV
> La decisión de un aumento del 20 % del salario mínimo, tomada por el
> Presidente de la República el pasado 07.04.02 (http:
> /www.globovision.com/documentos/discursos.
> transcripciones/200204/07/alopresidente, 08.04.02), y publicada bajo el
> Decreto Nº 1.752, en Gaceta Oficial del 28.04.02, Nº 5.585, asienta un
nuevo
> precedente en la violación de los procedimientos legales que constituyen
el
> marco legítimo de la LOT, al aplicar un aumento de salario sin consultar
las
> demás instancias involucradas, por ley, en esta dinámica, léase sector
> laboral y sector empresarial.
> Aunque saludamos la decisión de llevar el aumento del salario mínimo a un
> porcentaje superior al cálculo de la inflación alcanzada en el año 2001,
el
> procedimiento para fijar éste 20%, repetimos, es una clara evasión del
> diálogo tripartito, es decir de un mandato legal que hasta ahora ha sido
> reiteradamente lesionado.
> Cabe destacar que, en la misma línea que el Decreto Nº 1.368 de Agosto de
> 2001, el trabajador doméstico fue excluído del beneficio del aumento del
> salario mínimo.
>
> **A PROPÓSITO DEL DERECHO A HUELGA
> EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD
> Entre los conflictos colectivos de los servicios públicos esenciales, por
> tradición son los del gremio médico los que tienden a ser los más
> controvertidos. En más de una ocasión, han devenido en la radicalización
de
> la acciones colectivas, poniéndose en peligro el derecho a la vida y a la
> protección a la salud de las personas usuarias.
> Precisamente, uno de los aspectos relacionados con la huelga, que ha sido
> objeto de grandes reflexiones es el relativo a los efectos que ésta tiene
en
> los servicios públicos. En especial, por la incidencia sobre los derechos
de
> un colectivo que no es parte del conflicto. De ahí que se justifique la
> necesidad de regulación del derecho a huelga.
> En Venezuela, se le reconoce como un derecho limitado a las condiciones
que
> establezca la ley, de conformidad con el Artículo 97 de la Constitución.
Sin
> embargo, en total coincidencia con la Organización Internacional del
Trabajo
> (OIT), en su Declaración sobre los Derechos y Principios Fundamentales en
el
> Trabajo, hay que señalar que los mecanismos de prevención y soluciones de
> conflictos o la regulación a que está sometido el derecho a huelga, no
> podrían impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad.
> En consecuencia, somos de la  opinión que, en aras de garantizar la
> finalidad del derecho a huelga, las condiciones de ley a que somete el
> derecho deben ser tan limitadas como su propia naturaleza. En especial,
> cuando se le reconoce como finalidad permitir la promoción y defensa de
> intereses económicos y sociales.
> Así encontramos que nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la LOT y
su
> reglamento, regulan el ejercicio del derecho a huelga en los servicios
> públicos esenciales, identificando como condición indispensable de la
> legalidad del proceso, la prestación de lo que se entiende por servicios
> mínimos indispensables. Precisamente, el Artículo 498 de la citada ley
> señala que, entre los servicios que no pueden ser suspendidos aún
declarada
> la huelga, están aquellos que sean indispensables para la salud de la
> población. Igualmente, el Artículo 209 del Reglamento de la LOT, señala
que
> son aquellos servicios que de ser suspendidos causarían un daño
irreparable
> a la población y a la institución.
> Precisamente, uno de los aspectos más cuestionables durante los conflictos
> de trabajo del sector público de la salud, ha sido la calificación y
> prestación de los servicios mínimos indispensables. En la mayoría de éstos
> conflictos de trabajo, como fue el reciente conflicto entre Colegio de
> Médicos del Distrito Federal y la Alcaldía Metropolitana, en el cual aún
> declarada la huelga, no se cumplió con el procedimiento de ley para la
> calificación de los servicios mínimos indispensables. Si bien, se
garantizó
> la prestación de los servicios de atención de emergencia, éstos en vez de
> ser calificados en consenso por las partes en conflicto, fueron
calificados
> de manera arbitraria e individual por cada uno de los centros de salud
> declarados en huelga. Lo que generó denuncias de falta de atención a
mujeres
> en estado de gravidez e incluso, en trabajo de parto y a personas con
> enfermedades crónicas que requerían de una atención de salud
ininterrumpida.
> Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia de la
Sala
> Constitucional de fecha 19/02/02 con ponencia del magistrado José M.
Delgado
> Ocando, en virtud de una Acción de Amparo interpuesta por la Defensoría
del
> Pueblo contra el Colegio de Médicos del Distrito Federal y la Alcaldía
> Metropolitana, señaló que siendo el derecho a huelga un derecho relativo
> supeditado a cumplir los requisitos de ley, entonces conforme a esa ley,
el
> responsable último de la fijación de los servicios mínimos indispensables
es
> el Ministerio del Trabajo, en el supuesto que las partes en conflicto no
> llegaren a acuerdo alguno. Y sólo una vez fijados es que se puede ejercer
un
> control posterior.
> En reparo a lo señalado por esta decisión judicial, en el conflicto actual
> entre la representación gremial de los Colegios de Médicos de la
República,
> la Federación Médica de Venezuela (FMV) y el Ministerio de Salud y
> Desarrollo Social (Msds), de manera emblemática, las partes en conflicto
> fijaron de mutuo acuerdo los servicios mínimos indispensables a garantizar
> por el tiempo que dure el conflicto. A saber, las emergencias médico
> quirúrgica, pediátricas y obstétricas en ambulatorios y hospitales; la
> evaluación diaria de los pacientes hospitalizados; la atención del
paciente
> oncológico, nefrópata agudo o crónico; las mujeres embarazadas y los
niños;
> la atención de cuidados intensivos, de quemados, los postoperatorios,
> cirugía cardiovascular, diálisis, cuidados intermedios, cuidados
> neurológicos, unidades de trauma shock, unidades de cuidados
respiratorios,
> unidades neonatales, unidades de cuidados intermedios obstétricos;
unidades
> de tomografía, ecocardiografía y resonancia magnética.
> Así, cuando se trata de un conflicto colectivo del sector público de
salud,
> la conciencia colectiva reflexiona sobre las incidencias de la suspensión
> del trabajo, lo cual es válido y de allí que su ejercicio se limite y
> condicione a la prestación de servicios mínimos indispensables, en aras de
> no suspender servicios que de ser interrumpidos pongan en peligro la vida
y
> bienestar de la población que de ellos se beneficia. Por el contrario, no
> hay reflexión alguna sobre el incumplimiento de las obligaciones del
Estado
> de dar prioridad al gasto público de salud, no sólo para beneficiar y
> cumplir con los compromisos laborales de aquellos trabajadores que se
> dedican a laborar a favor de la contribución con las prestaciones de salud
> del sector público, sino además, para que garantice un funcionamiento
> continúo, adecuado y de calidad de los centros de salud adscritos al
sector.
> Para concluir, aún cuando el ejercicio del derecho a huelga en el servicio
> público de salud seguirá dando de que hablar, Provea seguirá del lado que
> defiende a la huelga como un derecho irrenunciable del trabajador.
> (Provea, 12.04.02)
>
> **EL CASO LA OVALLERA Y LAS QUEJAS DEL COMITÉ DE AFECTADOS
> En el año 1993 ocurrió un accidente tóxico químico en el Hospital José
> Antonio Vargas, ubicado en el sector La Ovallera de Maracay, estado
Aragua,
> el cual provocó la intoxicación del personal obrero, técnico y médico, así
> como de algunas personas hospitalizadas. El hecho fue producto de la
> inhalación de gases tóxicos generados por la inadecuada instalación del
> sistema de aire acondicionado y la realización de trabajos de fumigación
de
> las áreas verdes. A pesar de que inicialmente intervinieron las
autoridades
> del Ministerio Público, Bomberos del Estado Aragua, la antigua Dirección
de
> Ingeniería Sanitaria de Malariología y la Dirección de Toxicología del
> Seguro Social, no fue sino hasta 1996 que se estudiaron médicamente las
> personas afectadas en el accidente. El diagnóstico arrojado en esa
> oportunidad evidenció síntomas como afecciones en la piel, riñones,
hígado,
> ojos, sistema endocrino, pulmones, oídos, cerebro y otros órganos.
> En 1999 Provea brindó apoyo jurídico al Comité de Afectados de La Ovallera
> en las negociaciones con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
> (Ivss). En esa  ocasión se logró la firma de un Acta Convenio que acuerda
la
> creación de un  fondo rotativo para garantizar a los pacientes la entrega
de
> medicamento y la realización de exámenes de manera oportuna y adecuada.
> Igualmente contenía dicha Acta la procedencia a las declaratorias de
> incapacidades y jubilación de gracia de los afectados, por no estar en
> condiciones físicas para continuar en los cargos que desempeñaban. También
> se acordaba garantizar la participación de un equipo técnico
> interdisciplinario a cargo del estudio sistemático e integral de las
> personas afectadas por el accidente.
> Actualmente, los pacientes reciben los medicamentos con retardo y se
quejan
> de un trato discriminatorio por parte del equipo médico que los asiste.
Otra
> objeción a la materialización del acuerdo logrado es que los casos de
> incapacitación no corresponden a las causales ni a la gravedad de la
> condición de salud identificadas como consecuencia del accidente. Por otra
> parte, en más de una ocasión se solicitó al Ivss, sin respuesta alguna, el
> estudio y la atención médica de los familiares de los afectados que
también
> han presentado patologías similares a éstos últimos.
>  (Provea, 12.04.02)
>
> **EL CONVENIO ENTRE LA AVEC Y EL MECD
> Este convenio firmado entre la Asociación Venezolana de Educación Católica
> (Avec) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Mecd), por primera
> vez en el año 1990, ha presentado algunas dificultades a partir de 1999,
> situación que ha tomado estado público, prestándose a diversas
> interpretaciones. Ofrecemos a continuación un resumen de los aspectos
> medulares  del mismo, así como de las vicisitudes sufridas en los últimos
> años  Para ello, nos basamos en un documento redactado por Fe y Alegría
> aparecido en el encarte Urbe y Orbe de El Nacional del día 31.03.02 (págs.
4
> y 5) , así como en una entrevista concedida el 10.04.02 a Coyuntura por el

> Hno. Antón Marquiegui, directivo de Avec.
> El Convenio Avec–Mecd es un entendimiento inspirado en los principios
> fundamentales de corresponsabilidad y equidad- entre el Estado,
representado
> por el Mecd, y la Avec, en representación de los centros educativos de los
> sectores populares que se acogen al mismo (557 planteles, 191 centros de
> capacitación laboral y 709 centros radiofónicos o de alfabetización). Cada
> una de las partes asume unos deberes y unos derechos. Los centros
educativos
> aportan sus plantas físicas, con su dotación, su personal y su tecnología
> educativa. Las familias aportan  módicas cuotas de acuerdo con sus
> condiciones socioeconómicas. El Estado, por su parte, completa lo que
resta
> al presupuesto, para pago de nómina y arreglos menores, a fin de que las
> mensualidades de los padres se mantengan en límites accesibles y se
> compromete a pagar los dozavos del presupuesto en tiempo oportuno.
> El mecanismo de funcionamiento se desarrolla de acuerdo con los siguientes
> pasos:
> 1.- Los colegios envían cada año su presupuesto integral a la oficina
> respectiva de la Avec.
> 2.- La Avec consolida un solo gran presupuesto que somete a la
consideración
> del Mecd.
> 3.- El Mecd lo aprueba, lo incorpora a su presupuesto y lo eleva a la
> Oficina Central de Presupuesto (Ocepre) quien hace los ajustes necesarios
> para presentarlo a la Asamblea Nacional que lo aprueba como ley de
> Presupuesto para ese año.
> 4.- El Mecd emite las correspondientes órdenes de pago a la Tesorería
> Nacional, quien va pagando a la Avec por dozavos.
> 5.- Al recibir el dinero, la Avec lo distribuye entre los planteles
> signatarios, supervisa su ejecución conforme con el presupuesto
previamente
> aprobado y periódicamente rinde cuentas de la ejecución al Mecd.
> 6.- Al comienzo de cada año fiscal (generalmente en los primeros días del
> mes de enero) se firma un nuevo Convenio, previa presentación por parte de
> la Avec de un informe pormenorizado de la ejecución del ejercicio
anterior.
> El primer Convenio ha sido firmado en 1990, y hasta el año 1999,  los
> desajustes entre lo solicitado y lo acordado (por ejemplo, variaciones en
> las condiciones salariales y otros beneficios que se van produciendo en el
> año fiscal y no pudieron preverse al elaborar el presupuesto) se
> solucionaban a través del mecanismo del crédito adicional.
> En 1999 surge un primer desajuste crítico, cuando se disminuyó la
asignación
> en 7 millardos
> En el presupuesto del año 2000 se hizo otro recorte de millardo y medio.
Se
> concedió sólo lo relativo al salario base, y se desestimó la solicitud de
> recursos para el pago de costos y mejoras salariales. Al solicitarse un
> crédito adicional de 21 millardos, sólo fueron aprobados 12 millardos.
> En el año 2001, el crédito adicional solicitado fue de 73 millardos, de
los
> cuales se aprobaron 15,8 millardos.
> Al presupuesto del año 2002, se le ha hecho un recorte del 27%,
proporcional
> al sufrido por todo el presupuesto nacional.
> A ello se suman atrasos en los pagos de los dozavos. Todo ello coloca a
> estos planteles  ante una situación difícil: o intenta mantener los mismos
> servicios negando al personal los beneficios que les corresponden, o se
> rechazan las demandas de nuevos programas, prosecuciones escolares,
> ampliaciones, aperturas, etc.
> En la entrevista con el Hno. Antón Marquiegui, éste destaca que las
órdenes
> de pago del 2002 ya han sido emitidas por el ME. Asimismo, ya se
efectuaron
> 8 órdenes de pago, de las 10 que restaban como deudas del año 2001. “Esto
> demuestra”,  dice Marquiegui, “voluntad política de parte del Mecd de
honrar
> los compromisos adquiridos. Donde aparecen las trabas es en Finanzas, no
> sabemos por qué razones, si políticas, si por ineficiencia o por
> establecimiento de otras prioridades. Preferimos otorgar el beneficio de
la
> duda y pensar que son razones de ineficiencia”.
> En opinión de Provea, al firmar un Convenio de este naturaleza, el Estado
no
> está otorgando una dádiva, sino que está cumpliendo con parte de su
> obligación como garante del derecho a la educación. Por ello, no solamente
> exhortamos a que se continúen subsanando las deficiencias en los retrasos
> señalados,  sino que se revisen los  recortes realizados a los
presupuestos
> presentados por la Avec, a fin de que los planteles beneficiados no se
vean
> impelidos a tomar ninguna de las dos acciones antes señaladas:
> la primera porque afecta los derechos salariales y la condición
> socioeconómica de los docentes que trabajan en estos planteles, y la
segunda
> porque afecta la universalidad y la generalización de la educación, dos
> contenidos del derecho a la educación, a los cuales el Estado está en la
> obligación de atender. Cabe recordar que en el Informe Anual
correspondiente
> al período 99-00, en el capítulo sobre el derecho a la educación, Provea
> reseñaba la opinión de Luisa Pernalete, Coordinadora Regional de Fe y
> Alegría, la cual se refería a la ausencia de nuevos planteles oficiales de
> educación básica en Ciudad Guayana (Edo. Bolívar) que ofrecieran cupos
para
> una masa creciente de alumnos, lo cual aumentaba la demanda sobre Fe y
> Alegría y a la cual esta institución no podía responder.
> Es importante destacar que ante las dificultades por la que atraviesa el
> Convenio, los directivos de Avec han resuelto priorizar el diálogo, no
sólo
> como estrategia sino porque están convencidos de que : 1) El diálogo es
más
> eficaz; 2) Existe una buena disposición gubernamental; 3) El diálogo es
más
> educativo por su dimensión cívica y cristiana. Ante posibles acciones
> ciudadanas públicas en defensa de este Convenio, que asumen como
legítimas,
> manifiestan su voluntad de no dejarse mediatizar por intereses políticos
ni
> del gobierno ni de la oposición, no aceptar que las reivindicaciones aún
> legítimas del personal perjudiquen a los alumnos, no utilizar a los niños
en
> posibles acciones de calle a no ser que vayan acompañados de sus padres y
> representantes y no perturbar el orden público ni causar molestias a la
> ciudadanía.
> Con fecha 02.05.02, la Avec publicó un remitido, cuyos aspectos más
> importantes resaltamos a continuación: “ En sus intervenciones públicas el
> Ministro Istúriz ha venido afirmando, una y otra vez, que le ha cancelado
a
> la Avec toda la deuda pendiente. Y efectivamente ha emitido las órdenes
> correspondientes a lo que el Estado nos debe (2001 y lo transcurrido del
> 2002). Pero no ha explicado, con igual contundencia, a la opinión pública
> que una cosa es una orden de pago girada por el Mecd y otra que la
Tesorería
> Nacional la haga efectiva. De hecho, para el 30 de abril de 2002 el Estado
> tiene una deuda con la Avec de más de 63 millardos. [...] Por tal razón,
la
> ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA quiere, con toda
responsabilidad
> y en uso de sus derechos, exigir públicamente: - A la tesorería Nacional
que
> cancele cuanto antes la deuda contraída y que no continúe con este esquema
> de pagos por goteo que, aparte de ser humillante no nos permitirá nunca
> salir de la crisis. – Al ministro Aristóbulo Istúriz que declare ante la
> opinión pública la verdad de los hechos para que no se siga cuestionando
> nuestra honestidad. Que diga claramente que una cosa es la orden que el
> Despacho emite y otra muy distinta que los demás organismos del Estado
> honren ese compromiso. Y que el Estado, del cual el Despacho de Educción
> forma parte, sigue teniendo deudas pendientes con la Avec. – Al Estado
> venezolano que valore adecuadamente el servicio educativo  que los
planteles
> de Avec están prestando a los sectores menos favorecidos de la sociedad y
> reconozca el esfuerzo realizado y la calidad del servicio que prestan,
> abandonando cualquier política de estrangulamiento y discriminación y
> cumpliendo cabalmente los compromisos asumidos a través de este Convenio
de
> mutua colaboración que vincula estrechamente al Estado con la Avec para el
> servicio de la educación. – A las comunidades educativas de los centros
que
> analicen objetivamente la realidad y no enfoquen esta problemática con
> criterios político-partidistas de cualquier signo, sino que nos ayuden a
> encontrar soluciones que garanticen la viabilidad económica y financiera
de
> los centros educativos donde estudian sus hijos. –A la opinión pública que
> entienda que estamos tratando de enfrentar esta difícil situación con la
> mayor ecuanimidad y paciencia posibles en defensa del derecho a la
educación
> de nuestros alumnos, la justicia para con centenares de miles de familias
> venezolanas y el justo salario de nuestros docentes, empelados y obreros”
> (El Nacional, 02.05.02, pág. F-últ.).
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 09.05.02)
>
> **POR UN MECANISMO INTERNACIONAL DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC
> Por esta vía le hacemos llegar la Declaración Final del II Foro de
Derechos
> Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Bilbao 2002, importante
> documento que deseamos compartir con instituciones y personas involucradas
e
> interesadas en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
Con
> la difusión de esta declaración, también esperamos la aprobación y
adhesión
> de quienes la consideren representativa de sus intereses y misiones
> organizativas y personales. Contamos con su
> atención y disposición a participar en este proceso que aspiramos
contribuya
> en la
> justiciabilidad y exigibilidad de los Derechos Humanos.
> ”Del 27 de Febrero al 1 de Marzo se reunieron en Bilbao, en torno al II
Foro
> Internacional por la Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y
> Culturales, organizaciones y personalidades de diversos países expertas en
> Derechos Humanos, Cooperación Internacional al Desarrollo y Relaciones
> Internacionales.
> En esos tres días se compartieron las diferentes situaciones de los Desc
en
> varios países así como las experiencias de trabajo por el cumplimiento de
> los Desc. Asimismo, se trató de la situación general de los Desc en el
mundo
> globalizado y de su defensa por medios jurídicos, sociales y políticos y
la
> relación entre los Desc y la Cooperación Internacional al Desarrollo.
> Las organizaciones presentes coincidieron en la necesidad de profundizar
los
> mecanismos internacionales de protección de los Desc y, considerando la
> próxima apertura del 58º Período de sesiones de la Comisión de Derechos
> Humanos de las Naciones Unidas quieren hacer llegar su voz a esta
Comisión,
> a sus delegaciones, al Experto Independiente y a la comunidad
internacional.
> La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce un catálogo de
> Derechos Humanos en el que no se hace diferencia entre categorías de
> derechos, no se jerarquizan, ni se otorga preeminencia a unos sobre otros.
> Sin embargo como efecto de la Guerra Fría, en 1966 se materializó la
ruptura
> de este principio de indivisibilidad e interdependencia y los estados
> adoptaron dos pactos vinculantes con obligaciones muy distintas. Las
> obligaciones del Pidesc a diferencia de las que emanan del Pacto
> Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien exigibles, se
> encuentran limitadas por el criterio de progresividad y disponibilidad de
> recursos. Otra de las diferencias sustanciales entre los dos pactos son
los
> mecanismos de supervisión de la conducta de los estados. Mientras resulta
> posible presentar denuncias individuales ante el Comité de Derechos
Humanos,
> el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales revisa la conducta
> de los estados a través del análisis de sus informes periódicos.
> La adopción de los dos pactos contribuyó además a la marginalización de
los
> Desc en la agenda de derechos humanos. Se consolidó la concepción de estos
> derechos como meros principios u objetivos con relación a los cuales los
> Estados contaban con un amplio grado de discrecionalidad.
> En la dirección contraria numerosos expertos y organizaciones trabajaron
> para señalar el contenido exigible de estos derechos y para contribuir a
la
> clarificación de las obligaciones asumidas por los estados a través de la
> ratificación del Pidesc. En esta línea se destaca la labor del Comité de
> Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus observaciones generales.
> En 1993 los derechos económicos, sociales y culturales lograron retomar su
> conceptualización como Derechos Humanos. En la Declaración y Plan de
Acción
> de la Conferencia de Viena, los Estados dieron fin al debate que había
> dejado abierta la adopción de los dos pactos y ratificaron la
> indivisibilidad e interdependencia de todos los Derechos Humanos. Con
> posterioridad a Viena, hemos presenciado por ejemplo la incorporación de
los
> Desc al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y
> el nombramiento de varios relatores especiales sobre estos derechos en el
> ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
> Consideramos que la adopción de un protocolo que permita la realización de
> denuncias individuales es una de las medidas necesarias para implementar
la
> indivisilidad de las dos categorías de derechos. La resolución de casos
> individuales permitirá además al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
> Culturales dar aún más claridad a los derechos contenidos en el Pidesc y
> facilitará a los Estados la adopción de políticas respetuosas del pacto.
> A pesar de ello, el proyecto de protocolo no ha avanzado sustancialmente
> desde que fuera elaborado por el Comité en 1997. El próximo período de
> sesiones resulta crucial para que el proyecto no vuelva a ser paralizado.
El
> trabajo técnico ya ha sido realizado por el Comité, es hora de que los
> Estados inicien el debate político con vías a la adopción del texto. Este
> debate solo es posible en el ámbito de un grupo de trabajo de la Comisión.
> Sobre la base de lo anterior, los participantes y adherentes al II Foro
> Internacional para la exigibilidad de los Derechos Económicos Sociales y
> Culturales hacemos un llamado:
> 1.      A los Estados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de
> Naciones Unidas para que en el próximo período de sesiones creen el grupo
de
> trabajo para el estudio del Proyecto de Protocolo Facultativo elaborado
por
> el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
> 2.      A las organizaciones de la  sociedad civil española con el fin de
> que insten al Gobierno Español, como presidencia de la UE, a que promueva
la
> creación de un grupo de trabajo en la próxima sesión de la Comisión de
> Derechos Humanos.
> 3.      A las organizaciones no gubernamentales europeas e internacionales
a
> sumarse al esfuerzo que algunas organizaciones vienen desarrollando en el
> marco de la Comisión de Derechos Humanos en favor de la aprobación del
> Protocolo.  El próximo período de sesiones de la Comisión constituye en
una
> valiosa oportunidad para que las ONG promuevan el tema con la fuerza
> necesaria para que los estados decidan la creación de un grupo de trabajo
> que comience el estudio del proyecto de Protocolo Facultativo al Pidesc”.
> (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 08.04.02)
>
> DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
> **LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS NO TIENE FRONTERAS
> Una nota publicada en la edición del diario El Nacional, del 10.05.02,
pág.
> A/2,  titula: “Una ONG colombiana intervino a favor de Chávez. La
asociación
> Minga contactó a la OEA el 12 de abril para pedir las medidas cautelares”.
> La nota hace referencia a la Asociación para la Promoción Social
Alterantiva
> (Minga), organización de derechos humanos colombiana, que solicitó medidas
> cautelares a favor del presidente de la República Bolivariana de
Venezuela,
> Hugo Chávez Frías y del diputado, Tarek William Saab, en fecha 12 de abril
> de 2002, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
> La misma nota se hace eco de las acusaciones de un senador colombiano,
según
> se reseña en el informe sobre Colombia de 1999 de la Cidh, realizadas con
> base en grabaciones interceptadas por la inteligencia militar colombiana
que
> indicarían la presunta vinculación de Minga con grupos disidentes armados;
> así como de un artículo publicado en el Financial Post, por la periodista
> Diane Francis, quien habría realizado acusaciones sobre una agencia
> canadiense que financiaría ONG relacionadas con grupos terroristas,
> nombrando entre ellas a Minga, y ya directamente señalaría a esta
> organización de distorsionar la realidad al señalar solo al gobierno
> colombiano como responsable de la pobreza y del derrumbe de ese país,
> omitiendo la incidencia de los grupos disidentes armados
> Más precisamente, el artículo transcribe parcialmente y además modifica el
> informe de la Cidh (Tercer informe sobre la situación de los derechos
> humanos en Colombia, OEA/SER.L/V/II.102, doc. 9 rev. 1, en www.cidh.org),
el
> cual dice: “Un caso de intervención telefónica mereció la atención pública
> en ocasión en que un integrante del Senado colombiano anunció públicamente
> que tenía en su poder transcripciones de conversaciones telefónicas
> mantenidas con miembros de la Asociación para la Promoción Social
> Alterantiva (“Minga”). El senador sostuvo que las grabaciones realizadas
por
> la inteligencia militar de las conversaciones telefónicas interceptadas
> probaban su denuncia de que la organización de derechos humanos actuaba
con
> los grupos disidentes armados”. La transcripción en el artículo de prensa
> hizo referencia a  “conversaciones telefónicas de miembros de la
Asociación
> para la Promoción...” y además excluyó la palabra ‘interceptadas’ que
> indicaba la manera cómo habían sido obtenidas las grabaciones.
> Acto seguido, también se omite del texto original del informe de la Cidh
> información contundente, que en el mismo párrafo incluye: “Funcionarios de
> la Fiscalía general de la nación posteriormente confirmaron que dicha
> oficina no había impartido orden alguna que permitiera esas intercepciones
> telefónicas”. Igualmente se suprimió el párrafo subsiguiente, que
constituye
> las conclusiones de la Cidh, y las cuales dicen textualmente: “51. Cuando
> las fuerzas de seguridad del Estado realizan este tipo de actividades de
> inteligencia secretas e intrusivas sin la debida autorización, violan la
> legislación colombiana y el derecho a la vida privada consagrado en la
> Convención Americana [sobre Derechos Humanos]. La Constitución de Colombia
> dispone que “[la] correspondencia y demás formas de comunicación privada
son
> inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
> judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”
> [artículo 15]. El artículo 11 de la Convención dispone que nadie puede ser
> objeto “de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
> su familia, en su domicilio o en su correspondencia”.
> El mismo 12.04.02, cuando la organización colombiana Minga introdujo la
> solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, a favor del diputado Tarek
> William Saab, Provea hizo lo mismo desde Caracas, y para entonces ya había
> sostenido comunicaciones con Minga, suministrándole información sobre el
> caso de dicho ciudadano. Ese mismo día, asistió formalmente a tres
> ciudadanos venezolanos en la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh
a
> favor de los ciudadanos Hugo Rafael Chávez Frías y Diosdado Cabello
Rondón,
> presidente de la República y vicepresidente, respectivamente. Ambas
> solicitudes fueron transmitidas, vía fax, a la Secretaría de la Cidh en
> Washington, el 12.04.02, en la tarde.
> Las actuaciones de Minga y de Provea se ajustan al marco del Estado de
> derecho, regido por la constituciones nacionales de nuestros respectivos
> países y por los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados
> por Colombia y Venezuela. Las actuaciones antes mencionadas son
desarrollos
> legítimos de ese Estado de derecho, y en particular se ajustan a la
> Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, aprobada mediante
> Resolución número 53/144, del 9 de diciembre de 1998, por la Asamblea
> General de la Organización de las Naciones Unidas, en particular de los
> siguientes artículos:
> Artículo 5. “A el fin de promover y proteger los derechos humanos y las
> libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o
> colectivamente, en el plano nacional e internacional: [...] c) a
comunicarse
> con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”
> Artículo 9, parágrafo 1. “En el ejercicio de los derechos humanos y las
> libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los
> derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona
> tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos
eficaces
> y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.”
> Parágrafo 4. “A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho,
> individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y
> procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los
> organismos internacionales que tengan competencia general o especial para
> recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y
> libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos”.
> Provea actuó en los casos antes referidos, en desarrollo de la legítima
> actividad de defensa de los derechos humanos; de la misma manera como lo
> hizo al tomar parte de las ONG que visitaron al cuidadano Pedro Carmona
> Estanga cuando se encontraba detenido en las instalaciones de la Disip, el
> 16.04.02, día en que fue presentado ante tribunales, a objeto de verificar
> que se le respetaran sus derechos humanos.
> Finalmente, y en atención al referido artículo, creemos necesario llamar
la
> atención sobre el riesgo que corren las organizaciones de derechos humanos
> en Colombia. Acusaciones o sospechas infundadas, como las que se recogen
en
> el artículo de El Nacional, del 10.05.02, contribuyen a agudizar el riesgo
> que pesa sobre la actividad de defensa de derechos humanos en Colombia.
> De la misma manera como en Venezuela se señala, tanto el sector oficial
como
> diferentes actores sociales, a las organizaciones de derechos humanos como
> “defensoras de malandros y delincuentes”, y son presentadas como
“obstáculos
> de la actividad policial”; en Colombia se señala, desde hace años y de
> manera sistemática, a las organizaciones de derechos humanos como
“fachadas
> de la guerrilla” y como un obstáculo para el accionar de las Fuerzas
Armadas
> colombianas. En el caso colombiano esas acusaciones no sólo han buscado
> desprestigiar a los defensores de derechos humanos, sino que también han
> creado las condiciones para que muchos de ellos sean asesinados,
detenidos,
> desaparecidos, torturados o conminados al exilio.
> Como afirma el mismo informe de la Cidh sobre Colombia: “55. Preocupan
> también profundamente a la Comisión los informes que indican que aveces se
> utiliza la inteligencia militar para facilitar las ejecuciones
> extrajudiciales de trabajadores de los derechos humanos a manos de las
> fuerzas de seguridad del Estado o de grupos paramilitares que actúan con
la
> aprobación o la aquiescencia de los agentes del Estado. Por supuesto que
> estas ejecuciones resultan en la responsabilidad del Estado por
violaciones
> flagrantes del derecho a la vida protegido en el artículo 4 de la
Convención
> Americana.”
> (Provea, 10.05.02)
>
> **LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS Y
> EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
> El atropello a la pluralidad de la información, que se vivió durante las
> jornadas del 11, 12 y 13 de Abril ha quedado patente en las últimas
> declaraciones de varios profesionales de la comunicación social.
> Es el caso del periodista Andrés Izarra, quien fungía como gerente de
> producción del noticiero del canal de televisión Radio Caracas Televisión
> (Rctv). En un reportaje del 24.04.02 (Tal Cual, pág. 15), Izarra denucia
> “una serie de irregularidades en cuanto a la cobertura de los hechos [...]
> No se cubrieron las protestas pacíficas de los chavistas en Fuerte Tiuna,
> tampoco otros disturbios. La línea era transmitir la idea de que todo
estaba
> tranquilo en Caracas. Y no era cierto” (Íbid.). El periodista hizo pública
> su renuncia al cargo que ejercía en Rctv para desvincularse de la línea
> editorial que se pretendió establecer de forma parcializada “con una
> aventura política que estaba tratando de refrendarse en los medios”
(Íbid.).
> La misma vertiente crítica se presenta en una denuncia introducida por
otro
> periodista, quien solicitó a Provea reservar su nombre. “El 13 de abril,
> relata el profesional de la comunicación, había recibido dos denuncias de
> personas que señalaban que había desorden y saqueo desde el mismo viernes
en
> Guarenas, Edo. Miranda, y allanamientos en El Valle, me dirigí a la
estación
> de radio y llamé el dueño para transmitir información o hacer llamados a
la
> calma (lo que se estila en esos casos) y me dijo que sí y que lo esperara
en
> la radio, subo a la emisora y mi sorpresa fue grande cuando escucho a un
> locutor confirmando la instrucción que recién había recibido de él mismo:
> prohibido sacar alguna información al respecto ese fin de semana”.
Continúa
> el periodista: “hablamos 10 minutos más tarde y me explicó que la Cámara
de
> Radio había decidido no sacar ninguna información sobre el tema y que
> ‘inclusive me llamaron la atención por haber sacado el boletín del carro
> lleno de municiones de Bandera Roja’ eso confirmó mis sospechas de censura
> previa; sin embargo él me comentó que primero iría a la Cámara y luego
> llegaba a la emisora, ‘seguro son rumores así que es mejor no sacar nada’,
> decidí irme para verlo por estaciones televisivas venezolanas y lo único
que
> encontré fue la programación regular, en la emisora Unión Radio la
reportera
> relataba lo que estaba pasando en el Palacio de Miraflores cuando
evacuaron
> a personal civil al Regimiento de la Guardia de Honor y el locutor que
> estaba en ese momento decía todo está en calma, no hay de que preocuparse’
,
> solo la estación Fé y Alegría estaba transmitiendo lo que pasaba
realmente,
> luego vi CNN y me enteré de todo lo que estaba pasando” (mimeo.).
> Las denuncias contra la parcialización de la mayoría de los medios de
> comunicación nacionales también son recogidas por el columnista y escritor
> Ibsen Martínez. El escritor define a la coyuntura mediática generada el 11
> de Abril, como “incalificable censura noticiosa y de opinión,
maliciosamente
> impuesta a los venezolanos durante horas muy graves de la vida nacional
> [...] contrariando el deber de no retener información relevante que
> permitiese normar el juicio de ese mismo público, cediendo a motivos que
no
> se conciben sino como políticos, y todo ello cumplido por la concurrente
> omisión de una significativa mayoría de medios radioeléctricos del país”
(El
> Nacional, 20.04.02, pág. A-8).
> En el mismo artículo, Martínez relata lo sucedido al sociólogo y
columnista
> del mismo medio, Tulio Hernández, que nos permitimos transcribir por su
> relevancia: “Este último [Hernández] ha acudido al canal con el propósito
de
> denunciar las persecuciones que el fugaz ‘gobierno’ de Carmona Estanga
había
> desatado contra diputados y funcionarios oficialistas. La conductora,
> humillada en lo más íntimo y llorando de vergüenza, confiesa a Tulio lo
que
> le ocurre. Tulio la conforta y le ofrece una salida: ‘pregúntame lo que te
> instruyen y deja de mi cuenta lo demás’ [...] A partir de una pregunta
> inocua, Tulio se las apañó para abordar los sucesos y los temas cruciales
> del momento. Pero su intervención no sobrevivió al  primer corte de
segmento
> y la trunca entrevista fue reemplazada por otra cuyo protagonista, un
> político adversario del régimen resultaba más ádecuado’” (Íbid.). Martínez
> también recuerda otro incidente semejante sufrido por el ex consituyente
> Hemann Escarrá, en el que “los censores se dejaron ver en el estudio y
> pretendieron trazar de viva voz los límites de la entrevista” (Ibíd.).
> Teniendo como trasfondo este debate sobre el papel de los medios de
> comunicación en la coyuntura del golpe de Estado en Venezuela, la
agrupación
> “Por todos los medios” organizó un foro de discusión, que se celebró en la
> Casa Rómulo Gallegos (Celarg), el pasado vienes 03.05.02, desde la 6:00
p.m.
> En el foro participaron como miembros del panel profesionales del
> periodismo, quienes expusieron, desde la propia práctica periodística, sus
> respectivos análisis sobre la ética periodística y el ejercicio del
derecho
> humano a la expresión e información en la actual coyuntura sociopolítica
que
> signa el país, con base en una lectura crítica y propositiva.
> (Provea, 10.05.02)
>
> **LOS VIDEOS DE COTRAIN NO SE ENTREGARON A LA AN: RECTIFICACIÓN DE LILIANE
> BLASER
> El siguiente es un comunicado escrito por Liliane Blaser Aza,
documentalista
> de la Comunidad de Trabajo e Investigación (Cotrain), el cual nos hizo
> llegar para su respectiva transmisión:
> “Durante los sucesos del 11 de Abril realicé tomas que entregamos a
> organizaciones de derechos humanos y otras vinculadas con la defensa de
los
> mismos, con el fín de contribuir a las investigaciones sobre las muertes
> acaecidas en esos terribles momentos.
> Algunas de esas tomas aparecen en el montaje presentado en la Asamblea
> Nacional (realizadas en la esquina de Pedrera de la Avenida Baralt).
> En Cotrain queremos enfatizar que ese montaje no fue realizado por
nosotros.
> Igualmente deseamos informar que las tomas no se encuentran en nuestra
sede.
> Esperamos que una Comisión por la Verdad constituida en forma imparcial,
con
> la participación de expertos y organizaciones nacionales e internacionales
> de derechos humanos, establezca las responsabilidades de tan dolorosos
> hechos. Así constituida, nos ponemos a su disposición para aportar la
> información que le pueda ser útil.
> Asimismo esperamos que, entretanto se establezca la verdad, y vigilantes
de
> que este proceso de investigación se desarrolle de la manera más objetiva
e
> independiente, los venezolanos podamos regresar al debate político
> democrático sin violencia, siguiendo los canales institucionales, y al
> esfuerzo por enfrentar los graves y urgentes problemas del país, siendo
uno
> de los más importantes la superación de la pobreza y el establecimiento de
> la justicia social.
> Aspiramos que de este episodio y los que le siguieron, aprendamos todos y
> entendamos que la paz requiere para su concreción, de niveles aceptables
de
> equidad”.
> (cotrain@...)
>
> **ANA ELISA OSORIO NUNCA QUISO ENTREGARSE AL
> MINISTERIO PÚBLICO: RECTIFICACIÓN DEL SERVICIO INFORMATIVO
> Provea desea rectificar la información contenida en la edición “En
> Emergencia 2” de este servicio informativo, en la cual se afirmaba que Ana
> Elisa Osorio, Ministra de Ambiente, se había comunicado telefónicamente
con
> Provea, para manifestar que quería “entregarse ante funcionarios de la
> Fiscalía General de la República, en vista de las persecuciones contra
> miembros de su partido” (Provea, http: //www.derechos.org.ve, 13.05.02).
> Como se recordará, en esa fecha y al momento en que salía esta edición, el
> país estaba viviendo una situación política determinada por un golpe de
> Estado. Uno de los efectos que esta coyuntura generó fue la violación de
los
> derechos civiles de algunos representantes del gobierno nacional, y la
> amenaza que pesaba sobre estos. Para ese entonces, Provea recibía una
> cantidad de denuncias que se intentaban sistematizar en lo posible. En ese
> contexto de riesgo, priorizamos la difusión de información, orientada a
> salvaguardar la integridad física de quienes se presumía corrían peligro,
> por sobre la confirmación de las denuncias que eran recibidas. Pasada la
> emergencia, asumimos la tarea de sistematizar y documentar debidamente
esas
> denuncias; y en ese sentido expresamos nuestras más sinceras disculpas por
> los errores  e impresiciones incurridos.
> En ese sentido, ofrecemos nuestras más sinceras excusas y, por esta vía,
> esperamos enmendar los errores cometidos.
> (Provea, 10.05.02)
>
> **PROVEA SEÑALA APLICACIÓN INADECUADA DE JUSTICIA MILITAR
> Provea expresa su preocupación por las informaciones de prensa que
aseguran
> que, por órdenes del Ejecutivo, se abrirán averiguaciones y juicios
> marciales contra militares activos presuntamente comprometidos con el
golpe
> de Estado (El Nacional, 21.04.02, pág. D-5), (Quinto día, 10.05.02, pág.
> 11).
> Hay que recordar que cualquier solicitud de ese tipo es violatoria del
> Artículo 261 de la Constitución, que expresamente establece que “la
> jurisdicción penal militar es parte integrante del poder judicial”. De
> conformidad con ésta norma, el poder judicial es independiente y autónomo,
> por lo tanto ni el Presidente de la República ni el Ministro de la Defensa
> pueden inmiscuirse en los asuntos de la justicia militar.
> Todo artículo del Código de Justicia Militar vigente que faculte a dichos
> funcionarios a intervenir, son contrarios a la Constitución y no pueden
> alegarse en ningún proceso.
> De la misma manera, expresamos nuestro rechazo a la actuación de la
justicia
> militar en el caso del ciudadano Isaac Pérez Recao, puesto que ello es
> contrario al Artículo 261 que establece que la competencia de los
tribunales
> militares se limita a delitos de naturaleza militar.
> Como reiteradamente lo recomienda la Cidh y lo sentecia la Corte
> Interamericana de Derechos Humanos, la justicia militar sólo le es
aplicable
> a los militares activos en funciones y la aplicación de la justicia
militar
> a civiles es violatoria de el derecho al juez natural establecido en la
> Convención Americana de Derechos Humanos.
> Hay que destacar que resulta contradictorio que al ciudadano Pedro Carmona
> Estanga se le esté juzgando en tribunales civiles y al ciudadano Pérez
Recao
> se le esté investigando en la justicia militar.
> Igualmente, debe considerarse a los militares retirados como civiles y se
> les debe juzgar en la jurisdicción ordinaria y no en tribunales militares.
> Exhortamos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a que
realicen
> las gestiones que sean necesarias para que, en el juzgamiento de los
> presuntos responsables en el golpe de Estado del 11de Abril, se cumpla el
> debido proceso con apego estricto a la Carta Magna y a la Convención
> Americana de Derechos Humanos.
> De la misma manera alentamos al Tribunal Supremo de Justicia a que
garantice
> el cumplimiento de la Constitución en todas las actuaciones que se
realicen
> vinculadas al juzgamiento de los altos oficiales presuntamente
comprometidos
> con el golpe de Estado.
> (Provea, 10.05.02)
>
>
>  **************************************************************
> El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
> una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción
de
> los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), que tiene como fin
la
> plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de
Derecho,
> en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que
> lleva a cabo Provea apunta, en última instancia, a beneficiar a las
víctimas
> o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola
sus
> derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus
> derechos.
>
>
>





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