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Asunto:[LEA-Venezuela] Número Especial por Golpe de Estado/ 13 de Abril 2002--Organizaciones de DDHH ante el Golpe de Estado
Fecha: 14 de Abril, 2002  00:32:12 (+0200)
Autor:Jorge Hinestroza <vitae @.....net>

PROVEA: DERECHOS HUMANOS Y COYUNTURA
Sábado, 13 de Abril de 2002 12:57 
Número Especial por Golpe de Estado/ p.m.

Como hemos señalado, en Venezuela se produjo una ruptura del hilo constitucional
que desde Provea caracterizamos como un Golpe de Estado. A continuación
presentamos una visión general de la situación de los derechos humanos
violentados por el gobierno de facto:

Nuevo régimen viola la libertad de expresión
Este Sábado 13 de abril el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (Provea) recibió denuncias de ataques a medios de comunicación social y
comunitarios por parte de efectivos de policías estadales y nacionales. En
Maracaibo la emisora de Radio Fe y Alegría recibió la visita de funcionarios de
la policía del Estado Zulia que obligaron a los responsables de la radio a dejar
de transmitir información sobre la situación del país. La radio pudo continuar
sus transmisiones pero sólo con una programación musical. Los responsables de la
emisora Fe y Alegría de Caracas denunciaron a Provea que  recibieron llamadas de
amenaza durante todo el día.

Durante el día viernes las televisoras comunitarias TV Caricuao y Catia TV
fueron allanadas, así como las emisoras comunitarias Radio Catia Libre y Radio
Perola. En la noche del viernes y durante el día sábado Provea recibió
información sobre la realización de protestas populares en Caracas por la
detención del Presidente Hugo Chávez Frías frente a su lugar de detención, el
Fuerte Tiuna y en las zonas del centro y el oeste de la capital que habrían sido
reprimidas por los cuerpos de seguridad y en las que se habrían producido
muertes. Ninguna de estas informaciones se pudo conocer por los medios de
comunicación privados de alcance nacional, mientras la emisora de televisión del
estado Venezolana de Televisión permanece sin programación. Provea recibió
informaciones desde dos periódicos de alcance nacional, desde un canal de
televisión privado y desde el Palacio de Miraflores que indican una política de
restrición absoluta para las noticias sobre las protestas y detenciones que se
realizan en Caracas y algunas ciudades del interior del país.

Provea reitera que los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República de
1999 establece que la libertad de expresión es inviolable y que “toda persona
tiene derecho a expresar sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o
mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier
medio de comunicación y difusión”.

Al cierre de esta nota, la periodista Luisana Colomine, jefa de prensa de la
Asamblea Nacional nos informó que estaba en un lista de personas a las que se les
allanarían sus hogares  y que la periodista Milagros Pérez se encontraba en la
misma situación.

Violación a la inviolabilidad del domicilio
Fueron allanados, además de los cuatro medios comunitarios antes señalados:
Fundasucre, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Trabajo y la habitación del
Ministro del Interior y del diputado Tarek William. También allanaron las sedes
de organizaciones sociales que apoyan al Presidente Chávez. Una empleada de
Fundasucre denunció a Provea que luego del allanamiento sin orden judicial, en el
que causaron destrozos, el personal que ahí se encontraba fue desalojado y
apuntados con armas de fuego. Un empleado público señaló a Provea que las armas
encontradas en el allanamiento al Ministerio del Ambiente fueron “sembradas” por
los organismos de seguridad.

Desde el día de ayer, Provea recibe fuertes rumores de que su sede fue allanada.
Pese a que esto no ocurrió, exhortamos a los lectores de este servicio a estar
atentos. 

Represión a manifestaciones
Desde el día de ayer (viernes), se observan manifestaciones por la restitución
del Estado de Derecho en distintos lugares del país. Provea pudo constatar que un
manifestación ocurrida en la noche del viernes en frente al Fuerte Tiuna a la
altura de la carretera Panamericana (en donde se supone se encuentra detenido
Hugo Chávez), fue reprimida por la Policía Metropolitana con disparos de armas de
fuego y dos ballenas. En ella, según denunciaron los manifestantes, resultaron
dos personas heridas por armas de fuego.

Se solicitan medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a favor de la libertad de Hugo Chávez y Tarek William Saab

Provea solicitó y la CIDH concedió medidas cautelares a favor de la libertad del
diputado Tarek William Saab. Estas medidas “tendrán una vigencia de seis meses”.

Provea apoyó al abogado Ricardo Dorado en la solicitud de medidas cautelares a
la CIDH a favor de la libertad del Presidente Hugo Chávez, quien según  denuncia
su hija, se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna. Estamos a la espera de
respuestas.

 Intolerancia social es permitida por funcionarios de seguridad

Un grupo de personas que manifiestan desde hace dos días frente a la Embajada de
Cuba, en donde según ellos señalan se encuentra asilado un ministro del gobierno
de Chávez, cortó la electricidad, impiden el acceso de alimentos, medicionas y el
agua de la embajada y rompió vehículos de personas que se encuentran adentro. Una
de las personas que está dentro de la Embajada, denunció a Provea que esto está
ocurriendo ante la presencia de cuerpos de seguridad que, sin embargo, lo
toleran. En la sede de la embajada de Cuba en Venezuela, están también varios
niños.

 Cominucado de Cejil sobre coyuntrura venezolana

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sigue con
detenimiento y preocupación los hechos que han ocurrido en Venezuela,
especialmente en los últimos días. CEJIL repudia la violencia con que se agredió
a quienes manifestaban pacíficamente en las calles el día 11 de abril y llama a
una investigación inmediata que esclarezca los hechos y sancione a los
responsables. 

Asimismo, CEJIL manifiesta su preocupación por la asunción al poder del Sr.
Pedro Carmona y la detención del Presidente Hugo Chávez, que han generado
incertidumbre sobre la vigencia del orden constitucional en Venezuela. Asimismo,
manifiesta su preocupación por la información recibida acerca de los múltiples
allanamientos y detenciones que han ocurrido en el transcurso de los últimos dos
días. Las medidas que ha tomado este gobierno interino preocupan especialmente
por cuanto la disolución de la Asamblea Legislativa, la intervención del Poder
Judicial, la destitución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del
Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, erosionan aún más la
legitimidad democrática de Venezuela.

CEJIL comparte la resolución de los jefes de Estado y de gobierno miembros del
Grupo de Río reunidos en Costa Rica, la cual condena la interrupción del orden
constitucional en Venezuela y pide la intervención de la Organización de Estados
Americanos. Específicamente, el grupo de Río solicitó al Secretario General de la
OEA convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para
“realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que
estime convenientes”. Todo esto aplicando por primera la vez la Carta Democrática
Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA en su Vigésimo Octavo
Período de Sesiones el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, la cual reconoce
que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad y la paz en
la región.

El artículo 20 de la citada Carta establece: 

“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado
Miembro o el Secretario General, podrá solicitar la convocatoria inmediata del
Consejo Permanente.”

CEJIL celebra la invocación de la Carta Democrática Interamericana, y confía que
el Consejo Permanente de la OEA encuentre los mecanismos adecuados para la
reconstrucción del proceso democrático venezolano, con el pleno respeto de sus
obligaciones en materia de derechos humanos.

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

Washington, 13 de abril de 2002

 

Se profundiza la ilegitimidad del régimen de facto

La situación antes descrita, junto a las primeras medidas tomadas por el
gobierno de facto (disolución de los Poderes Públicos) y el incumplimiento del
Acuerdo de Gobernabilidad que hace pocas semanas firmó Pedro Carmona Estanga en
representación de Fedecámaras (que establecía el respeto a la Constitución de
1999), apuntan hacia la profundización de su ilegitimidad.

Provea recuerda que las amenazas autoritarias a la democracia, que efectivamente
existían en el gobierno de Hugo Chávez, no se resuelven con más autoritarismo,
sino con más democracia. Pese a que el gobierno de Carmona Estanga se presentó
como una alternativa democrática, pronto se observaron desmanes que indican lo
contrario.



Sábado, 13 de Abril de 2002 12:57 p.m
ONGS DE DDHH ANTE EL GOLPE DE ESTADO:
------------------------
La única salida a la crisis es el estricto apego a la Constitución
Organizaciones de Derechos Humanos cuestiona ruptura del Estado de Derecho en
Venezuela
--------------------
.
--------------------
 La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Humana Dignitas, la Vicaría de
Derechos Humanos de Cumaná y Provea, ante las circunstancias especialmente
difíciles por las que está atravesando nuestro país, vuelve a manifestarse ante
la comunidad nacional e internacional, en función de la Constitución de 1999 y en
los instrumentos de protección internacional de derechos humanos firmados por la
República. Somos organizaciones de derechos humanos de carácter independiente
que, como lo hemos hecho por más de una década, actuamos en apego a principios y
normas aplicables sin discriminación alguna. En tal sentido manifestamos:

 1.- No hay en este momento una verificación independiente e imparcial de la
renuncia del Presidente electo, lo único cierto es que se encuentra
arbitrariamente privado de su libertad. De ser verificada la voluntad de
renunciar del mismo, el artículo 233 de la Constitución señala los procedimientos
que garantizan la continuidad constitucional, ninguno de los cuales se ha
garantizado. Si no ha renunciado, igualmente coloca a las autoridades al margen
de la Constitución y del Estado de Derecho, en una situación que caracterizamos
como un Golpe de Estado. 

2.- El “gobierno provisional”, encabezado por el Pedro Carmona Estanga es
inconstitucional. Sin embargo, en tanto tiene control sobre la población y sobre
el territorio, tiene obligaciones concretas en materia de respeto y garantía de
los Derechos Humanos que protegen a toda la población en el actual conflicto.
Hemos presenciado en los primeros dos días de este gobierno, la ejecución de
allanamientos y detenciones arbitrarias a dirigentes políticos y sociales que
cuestionan el golpe de Estado (algunos de los cuales tienen inmunidad
parlamentaria) y la represión a manifestaciones que exigen la liberación del
Presidente Hugo Chávez, con saldos de al menos una persona muerta.

3.- Especialmente exigimos que todas las detenciones e investigaciones que se
están realizando sobre los sucesos del 11 de abril, respeten las garantías
judiciales y los derechos humanos de las personas investigadas y sean realizadas
por los órganos establecidos en la Constitución de 1999. Rechazamos en especial
cualquier intento de detención de personas sobre la base de “delitos de opinión”,
como ocurrió en la detención del diputado y defensor de los derechos humanos
Tarek William Saab, en el día viernes.

4.- Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, realizadas por los
órganos establecidos en la Constitución de 1999, acerca de las muertes y heridos
registrados en los sucesos del 11 de abril, que causaron más de una decena de
muertos y un centenar de heridos de bala, en los que se involucra a cuerpos de
seguridad nacionales y regionales.

5.- Tal como lo veníamos señalando repetidamente,  expresamos nuestra 
preocupación por las muestras de  intolerancia social observadas, tanto en el
contexto de las detenciones de funcionarios públicos como en la manifestación que
está ocurriendo frente a la Embajada de Cuba, a la que se le mantiene sitiada, se
le cortó la electricidad,  el agua, frente a la presencia de funcionarios
policiales. Estas acciones no favorecen la construcción de la paz y la concordia
a la cual aspira legítimamente todo el pueblo venezolano.

5.- Llamamos a las organizaciones sociales internacionales de derechos humanos a
expresar, por las vías que consideren necesarias, su solidaridad con la sociedad
venezolana ante la situación de crisis política en nuestro país, que se resolvió
a través de la ruptura del hilo constitucional.  Especialmente, solicitamos que
presionen a sus Estados para que no reconozcan al gobierno de facto y abran sus
embajadas en el país para que brinden protección a los perseguidos políticos.

6.- Llamamos a la Comunidad Gubernamental Interamericana a tomar posición ante
la crisis institucional que vive Venezuela, en aplicación del Artículo 19 de la
Carta Democrática Interamericana que plantea la condena de “la ruptura del orden
constitucional  que afecte gravemente el orden democrático” de los Estados
Miembros, al tiempo que llamamos a los gobiernos democráticos del continente a
solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en virtud de la aplicación del artículo 20 de la
referida Carta, para que dicha instancia pueda “realizar una apreciación
colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Caracas, 13 de abril de 2002




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