Líder indígena cobraba por asignar parcelas a mineros ilegales

Javier Ignacio Mayorca

EL NACIONAL - SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Un capitán indígena, de apellido Cardozo, es señalado como la persona encargada de otorgar parcelamientos de hasta 20 hectáreas a los venezolanos, brasileros y guyaneses que ejercen la minería ilegal al sur del estado Bolívar.

Así fue detectado por las autoridades que participaron en la Operación Caroní, desarrollada entre el 11 y el 17 de septiembre, con la finalidad de mitigar la extracción ilícita de oro y diamante en las márgenes del río que lleva el mismo nombre. Allí actuaron el fiscal 30 del Ministerio Público, Oswaldo Domínguez, así como representantes del Ministerio del Ambiente y de la Guardia Nacional.

En su afán por obtener metales preciosos, los mineros remueven sedimentos del fondo de los ríos y producen amplias deforestaciones que, de acuerdo con los informes levantados en esta oportunidad, podrían afectar a todo el complejo hidroeléctrico de Guri.

Hace 9 meses, los pobladores del sur del estado Bolívar vienen percibiendo una intensa actividad extractiva en los alrededores de una pista de aterrizaje de 470 metros de longitud, ubicada en Sabanita de Antavari. Al realizar la Operación Caroní, se encontró en poder del líder aborigen de la etnia pemona un conjunto de registros que revelan la entrada y salida de 315 aeronaves, aparentemente fletadas por los consorcios mineros que se aprovechan de la actividad de estos garimpeiros, durante los meses de julio a septiembre.

En la semana que duró la pesquisa, fueron detenidas 16 personas, en su mayoría por ejercer actividades que van en detrimento de la flora y la fauna de esa región. Por ejemplo, un brasilero de apellido Lopes fue aprehendido con 1 kilo de mercurio, elemento altamente tóxico utilizado en la depuración rudimentaria del oro. La misma suerte corrieron 5 personas de origen guyanés, quienes habrían sido deportadas por no tener documentos de identidad.

Pero la mayor sorpresa la llevaron las autoridades en el sector El Infierno, cerca de la referida pista de aterrizaje. Allí, y de acuerdo con los testimonios de los propios mineros, el indígena Cardozo supuestamente se aprovechaba de su liderazgo para cobrar 200 mil bolívares por asignar las parcelas, utilizando para ello tecnología de GPS; otro medio millón de bolívares por el ingreso de maquinaria a los lotes; 150 mil bolívares mensuales por concepto de operación, y otros 50 mil bolívares mensuales por negocio instalado (bodega, bar, etc.).

A cambio, Cardozo emitía recibos en los que atribuían estos pagos a una supuesta "recuperación ambiental". El asentamiento minero que se formó alrededor de la "bulla" tenía una población de 4 mil personas. Fue fotografiado desde el aire por la Guardia Nacional, como parte del expediente penal.

De ellos, 2.300 fueron desalojados. El resto huyó. Esta semana, cuando culminaba el traslado de los mineros hacia Ciudad Bolívar, se presentaron en el enclave de Urimán los diputados regionales Orlando Pereira y Rafael Núñez, junto con el defensor del pueblo José Araque, la fiscal Miriam Martínez y otros funcionarios locales, quienes se enfrentaron a la GN para impedir que continuase el desalojo de los mineros y solicitar el envío de alimentos. Los militares optaron por cesar la operación, hasta que se dilucide este impasse.