El ataque neoliberal a la enseñanza pública
la refundación silenciosa del
modelo educativo a la que estamos asistiendo en las dos últimas décadas, y que
desde los poderes públicos se nos quiere presentar como inexorable, se
fundamenta en el total sometimiento de la escuela a la razón económica, en clara
consonancia con el neoliberalismo dominante en los ámbitos político, social y
productivo.
Renunciando al tradicional ideal humanista de la consecución de una
ciudadanía consciente, responsable y cultivada mediante el acceso masivo a la
educación, el sistema de enseñanza se redefine como un mero instrumento
productivo cuya misión esencial es responder a las exigencias empresariales de
cualificación profesional, actualización tecnológica y adaptabilidad al
cambiante mercado laboral. En palabras de Christian Laval, "la institución
escolar ya no encuentra su razón de ser en la más equitativa distribución
posible del saber, sino en las lógicas de productividad y rentabilidad del mundo
industrial y mercantil".
Esto es, el objetivo de la educación no es ya el desarrollo personal y social
del individuo, sino el de un ser esencialmente económico y necesariamente
privado al servicio de las leyes de mercado. Y, por ende, la educación no
constituye ya un bien social común que nos permita participar de una esencia
humana universal, sino una inversión centrada en los 'saberes útiles' adaptados
a las necesidades de las empresas y que produzca beneficios pecuniarios.
La institución escolar, hasta entonces entendida como una necesidad moral y
política de la sociedad, se ha convertido en una oferta interesada por parte de
una organización pública o privada.
Las teorías imperantes del 'capital humano' y de los 'recursos humanos'
quieren situar así al conocimiento en el nivel de un recurso económicamente
explotable, no sólo como factor de producción, sino también como mercancía
comercializable en sí mismo.
Contención del gasto
Es, primero, un producto vendible al 'cliente' o 'usuario' potencial de los
servicios educativos, que ha de generar luego a éste unas expectativas de
mejores ganancias en la medida en que se adapte adecuadamente a los
requerimientos de mayor competitividad y productividad del patrón que le
contrate.
Y en base a este planteamiento, se presenta como algo absolutamente coherente
la idea de que la financiación del sistema educativo se debe trasladar
progresivamente del Estado al propio individuo: las familias han de asumir una
parte creciente del gasto educativo, en proporción directa a las posibles
ventajas privadas que en el futuro puedan obtener de la formación de sus
hijos.
Esto favorece, además, otro de los postulados fundamentales del
neoliberalismo económico, cual es la contención del gasto público en la
prestación de servicios sociales, posibilitando a la vez la reducción de
impuestos directos y la consecución del déficit cero.
Todo esto conduce, por una parte, a la 'deshumanización' de la escuela en su
conjunto, al priorizar un tipo de contenidos académicos que ya no se estructuran
en torno al conocimiento humanista para el enriquecimiento personal y colectivo
de la ciudadanía, sino a las 'competencias' personales y profesionales más
rentables desde una perspectiva puramente económica de productividad,
competitividad y rentabilidad. Y también, por otra, a la 'desregulación' y
progresiva privatización del sistema educativo.
Al considerar, según este nuevo modelo, la educación como un bien de
capitalización privado, se imponen políticas educativas que, basadas en el
supuesto derecho de libre elección de las familias de la escuela y en el
pretendido aumento de la calidad educativa, a los que se adhieren incluso muchos
políticos progresistas, se impulsa la diferenciación y competencia entre los
centros educativos y se justifica la cada vez mayor financiación con fondos
públicos de la enseñanza privada, argumentando que ésta viene a cumplir la misma
función (ahora ya más económica que social) que la pública y, por tanto, ambas
deben situarse en igualdad de condiciones y someterse del mismo modo a la
estrategia liberal de la oferta y la demanda.
La forma más directa de constitución de un mercado de la enseñanza consiste
en fomentar el desarrollo de un sistema de escuelas privadas, como hace, por
ejemplo, el Banco Mundial en los países pobres y carentes de una sólida
estructura pública, o de privatizar en parte o en su totalidad las escuelas
públicas existentes en los demás.
Junto a esto, y en la misma línea, la 'descentralización' que desde hace
tiempo se está llevando a cabo en la enseñanza pública se dirige más hacia la
constitución de un verdadero mercado escolar que hacia un incremento de la
democracia en los centros educativos, haciendo que el sector público ofrezca la
misma diversidad que la escuela privada y facilitando así, bajo el eufemismo de
su "misión común de servicio público", la integración de ésta en una gran red
unificada a favor de la cual el Estado reduce y delega su propia acción
educativa.
Así lo plantea claramente Laurette Onkelinckx, ex ministra de Educación
belga, cuando afirma sin rubor que "hay que abandonar el pesado paquebote de la
enseñanza dirigida por el Estado y sustituirlo por una flotilla de pequeños
navíos más fáciles de gobernar", en una metáfora mucho más explícita de lo que
ella misma imagina: el riesgo real, en efecto, es que unos ganarán una lancha
rápida o un lujoso yate mientras que otros serán relegados a una patera o a una
barca de remos.
En la práctica, queda en evidencia que tanto la una como la otra no
desembocan sino en una mayor 'descomposición social'. Olvidando, en nombre de la
rentabilidad y de la competencia, los principios, antes básicos, de igualdad de
oportunidades, equidad y cohesión social inherentes a la propia existencia de la
escuela pública, la individualización de la educación como inversión personal y
la liberalización de la oferta educativa relegan, en base a las posibilidades
socioeconómicas de las familias, a los alumnos más desfavorecidos a los centros
públicos, mientras que las familias de las clases medias y superiores envían a
sus hijos a los privados, lo que provoca que la segregación del alumnado se
retrotraiga a estadios históricos anteriores al logro social de la
generalización de la educación para toda la población.
La 'escuela-gueto'
Por otro lado, y desde una perspectiva estrictamente económica, los alumnos
mejor dotados aprenden deprisa y a un coste limitado, haciendo que la inversión
resulte rentable, mientras que los menos dotados tienen dificultades para
obtener diplomas cuyo coste no compensa los beneficios futuros, puesto que
necesitan medidas educativas y recursos extraordinarios que ralentizan y
encarecen el proceso y, entonces, deben ser desviados cuanto antes al sector
laboral productivo.
Paralelamente, los impulsos privatizadores no hacen sino incrementar esta
tendencia: éstos se sustentan sobre el pretendido deterioro de la escuela
pública, pero el consecuente flujo de los alumnos más favorecidos al sector
privado acentúa el surgimiento de escuelas-gueto en el público y, por tanto, la
retroalimentación de esta dinámica perversa.
Más aún cuando la 'descapitalización' constante de la escuela pública y el
desvío a la enseñanza privada de los fondos públicos necesarios para resolver
sus carencias responde a una estrategia política perfectamente diseñada: en el
Cuaderno de Política Económica nº 13 de la OCDE, organismo de reflexión
estratégica del capitalismo mundial, Christian Morrison indicaba, con un cinismo
cruel, cómo debían proceder los gobernantes: "Si se disminuyen los gastos de
funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se
disminuya la cantidad de servicio, aun a riesgo de que la calidad baje. Se
pueden reducir, por ejemplo, los créditos para el funcionamiento de las escuelas
o las universidades, pero sería peligroso restringir el número de alumnos
matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus
hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la
enseñanza, y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución
económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en
una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera que se evita
el descontento generalizado de la población."
Finalmente, queda patente que la política educativa de la Unión Europea se
diseña también en subordinación a los objetivos de "flexibilidad" y
"adaptabilidad" de la mano de obra a las cambiantes condiciones del mercado de
trabajo actual.
Valor social
Por ello, se pretende diversificar a conveniencia de las empresas la
certificación de las 'competencias' (ya no conocimientos, saberes o
cualificaciones) en base a su adquisición tanto en la educación formal de la
escuela, la no formal de la experiencia laboral y la informal de la experiencia
social, convirtiendo la propia "empleabilidad" en una responsabilidad personal y
el proceso formativo en algo que ha de gestionarse de forma individual.
Se produce así una profunda e interesada 'deslegitimización' o devaluación de
los títulos otorgados por las instituciones educativas, sobre los que el Estado
detentaba un control evaluador casi absoluto que garantizaba su homogeneidad, y
en base a los cuales se articulaba, mediante los convenios colectivos que así
los reconocían, buena parte de las categorías profesionales, sus
correspondientes condiciones laborales y retributivas y, en definitiva, los
derechos del trabajador asalariado ante el contratista.
Ahora, en cambio, el valor social de los individuos amenaza con depender cada
vez más estrechamente de competencias personales, sociales y profesionales que
el mercado de trabajo confirmará de la manera menos institucional y menos formal
posible y cuya acreditación se pone en manos de la propia empresa o de otros
agentes privados, dejando así al trabajador indefenso ante la evaluación
subjetiva de las mismas por parte de su empleador y, consiguientemente,
reduciendo al plano estrictamente bilateral entre ambos la delimitación de sus
condiciones de trabajo ante la ausencia de referentes colectivos objetivos legal
y comúnmente asumidos, sometiendo también éstas a la cruel ley de la oferta y la
demanda, provocando la total desregulación de las relaciones laborales y, en
definitiva, aumentando los niveles de precariedad e inestabilidad del conjunto
de los trabajadores.
El ataque neoliber
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