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Asunto:NoticiasdelCeHu 273/17 - GEOGRAFÍAS DE LA RESISTENCIA SOCIAL A LA GRAN M INERÍA EN LA ARGENTINA
Fecha:Jueves, 3 de Agosto, 2017  10:45:02 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticias @..............org>

NCeHu 273/17
 

 

 

II CONGRESO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA

La Nueva Geografía del Capitalismo

 

Mar del Plata – Argentina

 

28 al 30 de junio de 2017

 


 

GEOGRAFÍAS DE LA RESISTENCIA SOCIAL A LA GRAN MINERÍA

EN LA ARGENTINA

 

 

 Lic. y Especialista Graciela Patricia Cacace

 Lic. Jorge Osvaldo Morina

Universidad Nacional de Luján, Luján

 

 

 

1. Introducción

Teniendo como marco la extendida transnacionalización de la economía mundial, y siendo que la Argentina presenta varios perfiles productivos orientados a la exportación, con alto grado de extranjerización, el objetivo es presentar y explicar algunas características de la actividad minera, identificando transformaciones territoriales, problemas ambientales y conflictos sociales[1] que se derivan de ella. Los países de América Latina se convirtieron en uno de los principales destinos de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), sobre todo en la extracción de recursos naturales no renovables para el comercio internacional. En el siglo XXI se están aplicando formas cada vez más intensivas de explotación y exportación de bienes primarios, como es el caso de metales y minerales (Manzanal, 2016). Asistimos a una verdadera geopolitización de los recursos, con el fin de garantizar que los países desarrollados y algunos emergentes accedan sin restricciones a ellos. La geopolitización de los recursos lleva a la pérdida de seguridad ecológica (Delgado Ramos, 2012), de soberanía alimentaria y de soberanía ambiental[2]. En otras palabras, grandes corporaciones multinacionales se apropian de recursos naturales de los países periféricos, en el contexto de la reproducción ampliada del capital a escala mundial. En pleno siglo XXI el extractivismo sigue siendo uno de los ejes del estilo de desarrollo en nuestros países. Pero el extractivismo actual no implica la exclusión de las corporaciones multinacionales sino su afianzamiento con nuevas formas de asociación. Se busca atraer inversiones ya no sólo de EEUU, Canadá, Europa Occidental, sino también de países asiáticos, especialmente China.

2. Gran minería, problemas socio-ambientales y cambios territoriales en la Argentina

 

La mayoría de los proyectos, están dirigidos a la extracción de oro y, en menor medida, de plata, cobre, metales estratégicos y sales de muy alto valor utilizados en la industria de alta tecnología de los países desarrollados. Con más de 80 destinos en los 5 continentes, en 2011 las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron 16.310 millones de pesos (Secretaría de Minería de la Nación, 2012), posicionando al sector minero como uno de los líderes en materia de comercio exterior. Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y oro), Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata) en Santa Cruz pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina. En pocos años, en esas provincias y en otras, nuevos emprendimientos ingresaron en la etapa de construcción y/o comenzaron la extracción de minerales, aprovechando la continuidad y profundización en el presente siglo, del marco regulatorio específico a medida de las multinacionales puesto en vigencia en los años noventa.

A diferencia de la minería tradicional, las grandes explotaciones constituyen casi exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan métodos hidroquímicos, en procesos altamente contaminantes que plantean el riesgo cierto de catástrofes ambientales (Machado et al, 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace, Gómez y Morina, 2013). La actividad minera requiere un uso desmesurado de recursos como el agua[3] y la energía eléctrica destruyendo economías locales y reconfigurando territorios. Como en otras actividades extractivas, la concentración del capital es cada vez mayor. Las empresas mineras funcionan como enclaves económicos, espacios cercados y militarizados, no permitiendo siquiera el tránsito de los antiguos pobladores de la zona. Las poblaciones afectadas por la minería ven languidecer o desaparecer sus modos de vida preexistentes ante los múltiples riesgos y problemas que entraña el modelo megaminero. Entre ellos podemos destacar los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos, como Vis-Vis-Amanao y Santa María (en Catamarca) o Salí-Dulce (en Tucumán). Todos ellos se ven afectados por presencia de metales, superior a la aceptable, como consecuencia de recibir aguas residuales de la planta de tratamiento o el dique de cola proveniente de Bajo La Alumbrera (Machado et al, 2011). Otros efectos graves son los derivados del drenaje ácido, especialmente en el largo plazo. Este fenómeno se agrava cuando, como en el caso de muchos emprendimientos en la Argentina, las explotaciones mineras se encuentran en las cabeceras de las cuencas hídricas. El proceso del drenaje ácido es debido a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), calcopirita (sulfuro de cobre) u otros sulfuros, componentes habituales de las escombreras y diques de cola. Los sulfuros pueden convertirse en ácido sulfúrico y éste ser lixiviado por la lluvia y favorecer la liberación de metales pesados en cuencas subterráneas y escorrentías superficiales. El efecto de esta contaminación puede durar cientos a miles de años  (Giraud, M., 2014).

La actividad minera ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la flexibilización y precariedad laboral, generando una progresiva desintegración social. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los trabajadores mineros en el mundo representan sólo el 0,9% de la población empleada, pero un porcentaje alto de ellos padecen muertes laborales, muchas no reportadas, y alta morbilidad por accidentes o por enfermedades que, a veces, se manifiestan tardíamente.

3. Conflictos y resistencias sociales

Lo sucedido en Esquel (Chubut), constituyó un caso emblemático. La comunidad se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto adjudicada a la empresa minera canadiense Meridian Gold y los vecinos organizaron un plebiscito en marzo de 2003. El 81 % de los consultados se expresó por el NO a la minería tóxica. El caso tuvo efectos multiplicadores en otras poblaciones y áreas afectadas.

Son numerosas las resistencias sociales en diferentes localidades y provincias. Existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre ellas se encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de la empresa transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mejicana. En 2011, el gobernador Beder Herrera firmó un convenio con la compañía canadiense Osisko, con la intención de reinstalar la explotación de ese yacimiento, después que años antes fuera impedida la propuesta de la Barrick. Estas luchas llevan implícita la del agua, como bien escaso de esta zona semiárida que hace incompatible la convivencia de una actividad extractiva con las agroindustrias (olivícola, vitivinícola, nogales y hortalizas) que dan sustentabilidad económica a la población (Giarracca y Hadad, 2009). Los pobladores no quieren continuar con la contaminación ni permitir el avance de otros emprendimientos mineros, algunos de los cuales (como Agua Rica o Pilciao 16, en Andalgalá) amenazan con terminar expulsando a la población de sus tierras e incluso de su ciudad.

En algunas provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y reprime la protesta. En enero de 2012, en Famatina, La Rioja, se produjo una gran pueblada que permitió dar visibilidad a conflictos en otras provincias del país y colocó la problemática en la agenda política nacional, intentando promover una democratización de las decisiones (consultas públicas, audiencias, plebiscitos). Ante las reiteradas protestas contra la minería a cielo abierto, el Gobierno nacional decidió convocar a mandatarios provinciales, cámaras empresariales y comisiones directivas de sindicatos de trabajadores mineros, para enfrentar los reclamos ambientales, políticos, económicos y sociales. Como parte de la estrategia general se impulsó la creación de la OFEMI -Organización Federal de Estados Mineros-, un organismo articulador entre el Estado nacional, los estados provinciales y las empresas del sector con el objetivo declarado de propiciar una minería sustentable. Las provincias integrantes de la OFEMI firmaron el Acuerdo Federal Minero que les otorga la potestad de constituir empresas públicas mineras provinciales, generando mecanismos para participar de la renta. En simultáneo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizaron bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a La Alumbrera. También se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán) contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (REDAJ), creada en 2009, expresó:

[...] registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería. Son cotidianas las amenazas y detenciones ilegales. Existe una vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente, que se ha puesto en jaque luego de la sanción de la ley Antiterrorista (Citado en www.noalamina.org, 31/01/2012).

La provincia de Catamarca, desde los años noventa y cada vez más en el siglo XXI, ha tenido gestiones políticas sensibles a las compañías mineras. Después de la feroz represión al denominado Andalgalazo, del 15/02/2010, la asunción de la gobernadora Lucía Corpacci no modificó esas políticas de Estado. En julio de 2012, la policía provincial actuó junto a grupos de choque pro-Alumbrera para desalojar con violencia un corte de ruta selectivo en Cerro Negro. En esa ocasión se aplicó un estricto control jurisdiccional, expulsando a los asambleístas y militantes que habían llegado desde otros puntos del país, en solidaridad con una causa que entienden de escala nacional. La oposición de los pueblos a la megaminería se ha extendido por distintas regiones de la Argentina. Así ocurrió también en Rawson, Chubut, el 27 de noviembre de 2012, cuando frente a la Legislatura Provincial, decenas de asambleístas del movimiento No a la Mina fueron atacados y heridos por una agrupación armada y solventada por empresarios mineros que se identifica como parte de la U.O.C.R.A. (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). Representantes de No a la Mina expresaron: “Hacemos responsables por lo sucedido y por lo que pueda suceder al diputado Carlos Eliceche y al gobernador Martín Buzzi por haber liberado la zona” y por la represión tercerizada, concretada mediante patotas sindicales (Comunicado de la Unión de Asambleas Patagónicas, 28/11/2012). El 25 de noviembre de 2014 la policía provincial reprimió a miembros de las asambleas ciudadanas movilizados contra la gran minería. Como siempre, el Estado capitalista cumple simultáneamente las funciones económica, político-ideológica y represiva (Quiroga, 1985).

La resistencia social a la megaminería se expresa también en la comarca andina patagónica de Chubut y Río Negro. Así, el 19 de diciembre de 2012, se realizó en San Carlos de Bariloche, una importante marcha contra las corporaciones mineras y por la restitución de la Ley 3981, conocida como Ley Anticianuro, promulgada en Río Negro en 2005 como resultado de las luchas de las poblaciones de Bariloche y El Bolsón, entre otras localidades. Pocos días después, al cumplirse un año de la derogación de la citada Ley, San Carlos de Bariloche volvió a ser escenario de una gran movilización, que contó con el apoyo de cientos de turistas y culminó con dos comunicados: el primero fue la Carta al Pueblo de Río Negro y el otro consistió en el Primer Decreto Popular de Bariloche (o La ley de la Vida). Sancionada y promulgada el 30/12/2012, reinstala la Ley 3981 “que protege a la población de la contaminación y el abuso del agua por parte de las corporaciones”, desconoce “la capacidad e integridad de estos políticos que deciden a espaldas del pueblo, quienes derogaron la Ley [...]”. En los artículos 4º, 5º y 6º declara a los legisladores que votaron la derogación como traidores al pueblo de Río Negro, al medio ambiente y a las industrias productivas tradicionales. El artículo 9º reza “Nómbrese a los traidores”, transcribiendo los nombres y apellidos de cada uno de los legisladores que un año antes votaron en función de los intereses de las empresas mineras, tomados como propios por las autoridades nacionales y provinciales (Prensa de Vecinos Autoconvocados de Bariloche contra la Megaminería, 30/12/2012). En enero de 2014 se concretó en San Carlos de Bariloche la marcha Nº 43 exigiendo la restitución de la ley de marras.

La organización y coordinación de las resistencias se tornó más fuerte. Es así que, en Neuquén, San Juan, Chubut y otras provincias, se suceden hasta hoy los conflictos y las represiones a las protestas. Cada vez más se evidencia la acumulación por desposesión, característica de la actual etapa del capitalismo (Harvey, 2004). La población pierde sus derechos comunales porque los dominios están privatizados. La resistencia de los movimientos sociales frente a estos procesos constituye, formalmente, una indudable expresión de la lucha de clases.

4. Palabras finales

Escuetamente, reseñamos algunos rasgos de la minería transnacional a cielo abierto, los consecuentes efectos socio-ambientales que deterioran a las economías locales y la emergencia de conflictos y crecientes resistencias de las poblaciones afectadas por la actividad. Se asiste a consideraciones muy limitadas de los impactos causados por la gran minería, a partir de una concepción productivista impulsada por las empresas y el Estado, que se orienta a la puesta en valor de bienes comunes asumidos como recursos naturales por el capital. De ese modo, se deja de lado la visión ecosistémica y se explotan minerales demandados por el mercado internacional, externalizando los costos y operando para ocultar las múltiples consecuencias negativas. En ese contexto se enfrentan de manera asimétrica, por un lado, las poblaciones que ven comprometidas sus estrategias productivas preexistentes y en riesgo su futuro, que se organizan para conquistar espacios de visibilidad y, por otro, las corporaciones mineras con su poder de cooptación o asociación con el Estado, medios de comunicación y algunos actores locales. La generación de tramas discursivas favorables a la gran minería, la vigencia de las normativas creadas a la medida de las corporaciones del sector, la persecución, el procesamiento y las violencias aplicadas contra los movimientos sociales organizados para resistir, definen el neocolonialismo del siglo XXI.  Por último, hacemos constar que el gobierno nacional asumido el 10/12/2015, demoró muy pocos días en eliminar las retenciones a las exportaciones de las empresas mineras. Simultáneamente, el régimen ultraliberal[4], que viene aplicando políticas económicas y sociales propias de la última dictadura, avala la ola de despidos ejecutada por las corporaciones del sector.

 

Referencias bibliográficas

 

BEINSTEIN, J. (2017). “Argentina en contrarrevolución (accidentada). La tentativa de construcción de una dictadura mafiosa”. [Consulta: 25/04/17]. Disponible en http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/04/22/argentina-en-contrarrevolucion-accidentada-la-tentativa-de-construccion-de-una-dictadura-mafiosa-por-jorge-beinstein/

CACACE, G., GÓMEZ, M. y MORINA, J. (2013). La megaminería en la Argentina del siglo XXI: saqueo extractivista neocolonial. En G. Cacace, M. Gómez, J. Morina y G. Suevo (comp.), Geografías Regionales y Extractivismo en la Argentina de los Bicentenarios. pp. 391-441. Instituto de Investigaciones Geográficas, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. Luján.

COMISIÓN AMBIENTAL de COB-LA BRECHA (2012). “UAC contra el saqueo y la contaminación”. [Consulta: 28/11/12]. Disponible en  redaccion@anred.org 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL (2012). “Estrenan Ley Antiterrorista contra asambleístas de Catamarca”. [Consulta: 28/01/12].Disponible en  http://www.comambiental.com.ar 

DELGADO RAMOS,  G. (2012). “Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de los recursos”. Revista América Latina en movimiento, 473, 1-4.

GIARRACCA, N. y G. HADAD (2009). Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena. En M. Svampa y M.  Antonelli (Eds.), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. pp. 229-253. Biblos, Buenos Aires.

GIRAUD, M. (2014). “De los mitos del extractivismo minero a la extracción indispensable”. Conferencia de apertura de las III Jornadas Nacionales de Investigación y Docencia en Geografía Argentina, 7 de mayo de 2014. CIG- FCH-UNCPBA, Tandil.

GÓMEZ LENDE, S. y VELÁZQUEZ, G. (2008). Orden global y territorio, verticalidades y horizontalidades. El caso de la minería metalífera en Argentina (1998- 2007). En J. Morina (comp.) Cuestiones regionales en la Argentina al comenzar el siglo XXI. Consecuencias sociales, económicas y ambientales de la explotación de recursos naturales. pp. 55-102. Programa de Estudios Geográficos (PROEG) Nº 5, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu-ANPCyT. Buenos Aires-Luján.

HARVEY, D. (2004). El Nuevo Imperialismo. Akal. Madrid.

MACHADO, H., SVAMPA, M., VIALE, E., GIRAUD, M. et al. (2011). 15 Mitos y Realidades de la Minería Transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero.  Ediciones Herramienta. Buenos Aires.

MANZANAL, M. (2016). Territorio, desigualdad y poder. Producción del espacio bajo los procesos de sojización dominantes en el Cono Sur latinoamericano. En D. Lan (Comp.) Geografías en Diálogo. Debates Contemporáneos. Tomo II. pp. 25-32. PDF. CIG, UNCPBA, Tandil.

NO A LA MINA  [Consultas: 31/01/2012; 5 y 20/11/2013; 28/01/2014; 21/11/14]. Disponible en www.noalamina.org

PORTO GONCALVEZ, C. W. (2016). “Por una Geografía desde abajo”. Conferencia inaugural del V Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas. En G. Pérez y L. Higuera (Coord.) Geografías por Venir. PDF. U. N. del Comahue, Neuquén. Pp.15-22.

PRENSA de VECINOS AUTOCONVOCADOS de BARILOCHE contra la MEGAMINERÍA (2012). [Consulta: 30/12/12]. Disponible en redacción@anred.org 

QUIROGA, H. (1985). Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981). Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

SECRETARÍA de MINERÍA de la NACIÓN (2012). Minería en números, 2011. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación. Buenos Aires, Argentina.

 

 

 

 [1] Se utiliza el concepto de conflicto en coincidencia con lo expresado por Porto Goncalvez, 2016.

 

[2] Se producen en la Naturaleza relaciones complejas entre la extracción creciente de recursos y el desecho de grandes cantidades de residuos como nunca antes se había registrado en la historia, alterándose los ecosistemas de manera casi irreversible.

[3]  En la Alumbrera se usan 100 millones de litros de agua diarios. Pueblos pastores y agricultores ven como mueren sus animales y cultivos por falta de agua y por derrames tóxicos.

 

[4] Una breve y acertada caracterización del gobierno impulsado y sostenido por grandes corporaciones nacionales y extranjeras, junto a la Casa Blanca de EEUU, se puede leer en Beinstein, 2017.

 

 



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