Acabo de pasar un cierto tiempo en un país pobre al sur de la frontera de
EE.UU., cuya principal exportación es gente. Vi de primera mano lo que impulsa a
la gente hacia el norte – y por qué soluciones políticas convencionales no van a
disuadir a salvadoreños desesperados de irse a EE.UU. Lo que falta en gran parte
en la campaña electoral de este año es alguna reevaluación seria de nuestras
políticas exterior, militar y comercial, que han obligado a millones de
latinoamericanos a desarraigarse y a buscar oportunidades para una vida mejor
lejos de sus hogares.
En la campaña presidencial, hasta los críticos del libre comercio
suministraron poca educación al público sobre la relación entre la globalización
corporativa, la desregulación del comercio, y la resultante relocalización
obligada de la gente, en ambos hemisferios. Por ejemplo, mientras hacía la corte
a los trabajadores manuales en los estados agrícolas y del cinturón de las
manufacturas (que a menudo son lo mismo en estos días), Edwards frecuentemente
denunció el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) – y su nuevo
equivalente centroamericano, CAFTA – como “leyes comerciales que mandan puestos
de trabajo estadounidenses al exterior. En Iowa, Michigan, y Ohio, el libre
comercio ha caída en desgracia porque amenaza la manufactura local en
comunidades rurales que ya están tan deprimidas económicamente que algunas se
están despoblando. Como preguntara Lorri Brouer, un propietario de mediana edad
de una tienda de regalos de Iowa Falls, a un periodista del Boston Globe en
enero: “¿Quién va a apagar las luces cuando envejezcamos y muramos, porque todos
los jóvenes se van?”
En mis recientes viajes al campo salvadoreño, escuché un eco del temeroso
refrán de Lorri Brouer en numerosas pequeñas aldeas (donde la ausencia de
personas entre 25 y 55 años es a menudo bastante obvia). En una remota comunidad
agrícola en Usulután, los campesinos que quedan luchaban por sobrevivir
pastoreando ganado y cultivando frijoles y maíz entre ciclos de inundaciones y
sequías. En su mayoría se habían establecido en la región después de haber sido
convertidos en refugiados por la guerra civil de 12 años en El Salvador. Algunos
habían luchado como combatientes contra las fuerzas del gobierno, que recibió
4.000 millones de dólares en ayuda de contrainsurgencia de EE.UU. durante los
años ochenta. Como la mayoría de los residentes siguen apoyando a la izquierda,
el gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de Elías
Antonio Saca no ha suministrado la ayuda y los servicios sociales necesarios
(que son puestos a disposición de electorados más amigos).
La madre y el padre de una familia numerosa con la que viví me mostraron
orgullosamente fotos de graduación de secundaria de sus dos hijos mayores. Pero
su orgullo estaba mezclado de tristeza y pena. Su hijo y su hija habían emigrado
ilegalmente a Houston después de completar el noveno año en la escuela,
sumándose a los 100.000 compatriotas que se van cada año. Con pocas
posibilidades de empleo local – y pocas también en la capital San Salvador – los
jóvenes del pueblo “cumplen catorce, y se van todos,” explicó la mujer. Mostró
la foto de su hija sonriendo, con su toga y birrete: “Cuando hablamos por
teléfono, dice que nos echa de menos. Llora y dice que no le gusta allá y que
quiere volver a casa.”
Esta partida obligada de gente – una tragedia humana en escala masiva – es el
núcleo de los acuerdos comerciales. Promulgado, hace quince años, el NAFTA
estableció un modelo regional que ya es familiar. Ha permitido que las compañías
de cereales de EE.UU. “vendan a precios ruinosos maíz barato en el mercado
mexicano, mientras al mismo tiempo México fue obligado a recortar sus subsidios
agrícolas.” Pobres agricultores en Oaxaca y Chiapas ya no pueden vender sus
cosechas a precios que cubran sus costes de producción. Por lo tanto se han
unido a la corriente de seis millones de mexicanos que buscan trabajo en
EE.UU.
El economista salvadoreño Alfonso Goitía ve que el mismo fenómeno ocurre en
El Salvador donde un 40% de la fuerza laboral sigue empleada en la agricultura.
De una población total de seis millones, 750.000 salvadoreños se convirtieron en
exiliados políticos o económicos antes de los acuerdos de paz de 1992 que
terminaron la guerra civil. Hoy en día, dos millones viven en EE.UU. porque –
bajo una serie de gobiernos de ARENA durante los últimos quince años – El
Salvador ha abrazado el libre comercio, adoptado el dólar como moneda,
privatizado los servicios públicos, ratificado el CAFTA, y consignado a un gran
porcentaje de la población a continua pobreza y explotación.
En el campo, pequeños agricultores no pueden mantener sus propias parcelas
sin apoyo gubernamental o sobrevivir con salarios como jornaleros en haciendas
más grandes. Para los que se ven obligados a buscar trabajo en áreas urbanas,
las alternativas tampoco son buenas. En el sector manufacturero, los puestos de
trabajo se concentran en fábricas en zonas de exportación de alta seguridad, con
salarios bajos, condiciones de trabajo de talleres de máxima explotación, y
empleadores multinacionales que destruyen los sindicatos. Un esfuerzo en el año
pasado de SUTTELL, el sindicato de trabajadores de la telefonía, por organizar a
mujeres ensambladoras en ABX Industries, fabricante de componentes electrónicos
en San Bartolo, llevó al despido y posterior inclusión en listas negras de 30 de
ellas, con la complicidad del Ministerio del Trabajo. Como sucede a menudo, las
víctimas de esta campaña – con quienes me reuní en noviembre – habían sido
forzadas a la economía informal, sumándose al vasto ejército de salvadoreños que
ya venden por las calles frutas, zapatillas, juguetes, bocadillos empaquetados,
y comidas hechas en casa en tambaleantes puestos callejeros y en sitios en
abarrotados mercados centrales en todo el país.
Una de las líneas de mercancías más vendidas por los vendedores callejeros –
CD y DVD piratas, los convierte ahora en objetivo especial para la policía
local, entrenada por la Academia Internacional de las Fuerzas del Orden Público
en San Salvador, financiada por EE.UU. En el país en el que EE.UU. otrora
financió e instigó a “escuadrones de la muerte,” ahora gasta millones de dólares
de ayuda para orquestar la represión contra cualesquiera presuntos infractores
de los “derechos de propiedad intelectual” protegidos por el CAFTA.
No sorprende – en vista de un “mercado laboral” urbano y rural tan
problemático – que haya visto regularmente a grandes multitudes en la Embajada
de EE.UU. en San Salvador, esperando durante horas con sus documentos en mano,
para solicitar alguna forma de ingreso legal a EE.UU. Un estudio reciente de la
Universidad de Centroamérica informó que un 42% de todos los salvadoreños que
siguen viviendo en su propio país partirían para EE.UU. si tuvieran la
oportunidad. Sean aprobados o no, el arancel no reembolsable por la entrevista
personal requerida para obtener una visa de EE.UU. es de 65 dólares – una suma
considerable en un país en el que el salario mínimo mensual es de 157 dólares.
Las filas de gente esperanzada que culebrean alrededor de los altos muros del
complejo parecido a un castillo de la embajada, son encerradas ahora en su
propia estructura adyacente, una especie de depósito de autobuses de inmigración
(con un número muy limitado de pasajes disponibles).
Cuando son frustrados sus intentos de entrar legalmente a EE.UU., los
salvadoreños que pueden vender alguna tierra o sacar préstamos personales
contratan a un coyote que cobra entre 4.000 y 6.000 dólares para la ayuda
extraoficial de inmigración. Con o sin un semejante guía “profesional,” los
emigrantes son vulnerables a asaltos, robos y violaciones a lo largo de la
prolongada ruta terrestre que pasa por Guatemala y México. En 2006, el Centro de
Recursos Centroamericanos documentó cientos de muertos y heridos entre
salvadoreños que intentaban cruzar a EE.UU. a pie. Mientras los periódicos de
EE.UU. informan sobre temores locales ante invasores de habla española, los
medios salvadoreños publican regularmente historias sobre niños que desaparecen
en el desierto de Arizona o Texas o de jóvenes mujeres que se ahogan cuando sus
botes resquebrajados zozobran ante la costa de México. Mientras tanto, dentro
del país, la desintegración de las familias es un gran problema social
salvadoreño. Madres y padres que se van dejan a sus niños a cargo de abuelos y
otros parientes; algunos niños crecen con poca supervisión, se sienten
abandonados, y terminan por contribuir al “problema de pandillas” del país,
conocido en todo el mundo. El chivo expiatorio de todos, las pandillas
callejeras salvadoreñas son ciertamente violentas y un sistema que alimenta un
sistema carcelario nacional repleto al doble de su capacidad. Y la legítima
preocupación popular por el crimen callejero – que hace que muchos residentes en
las ciudades teman salir en la oscuridad – es fácilmente manipulada por la
derecha, a fin de promover su propio programa de medidas de seguridad interiores
(que infringen las libertades civiles).
Un aspecto en el que el presidente Bush y sus aliados de ARENA tienen
realmente ideas bastante contrarias, nunca es reconocido en público. En la idea
optimista del mundo de Bush, los miembros leales de la “coalición de los
dispuestos” no sólo envían tropas a Iraq (como hizo el presidente Saca) para
llevar los beneficios de los libres mercados a Oriente Próximo, también
mantienen a la gente en sus granjas en casa – en lugar de que se vaya a EE.UU. –
exponiéndola a los beneficios del capitalismo interior sin restricciones. En
realidad, El Salvador, depende considerablemente de remesas de dinero – los
ingresos de cientos de miles de sus ciudadanos que trabajan en el exterior. En
2006, los salvadoreños mandaron a casa 3.300 millones de dólares – lo que
representa cerca de un 18% del PIB de la nación. Esas remesas mantienen a flote
la economía y, al amortiguar el impacto de las políticas de austeridad impuestas
desde el exterior, operan como una inmensa válvula de escape social. Con bien
merecidos dólares de EE.UU. que fluyen a tantas familias y comunidades de bajos
ingresos, hay mucho menos presión sobre el gobierno para que grave con impuestos
a los ricos o a corporaciones para que paguen su parte correspondiente del coste
de escuelas, carreteras, eliminación de basura, atención sanitaria, y otros
servicios públicos. En otra localidad en Usulután que visité, un grupo de agricultores me
mostró orgullosamente la recién mejorada ruta que conecta sus campos con los
mercados más cercados; cansados de esperar ayuda para obras públicas del
gobierno, tomaron las cosas en sus propias manos y, con ayuda de su propio
trabajo y medios – de hijos, hermanos y otros que trabajan en EE.UU. – habían
hecho ellos mismos la construcción necesaria.
A pesar del aumento de la represión (en la forma de nuevas leyes que
convierten diversas formas de protesta política en actos “terroristas”), los
movimientos sociales salvadoreños también se mueven. Su objetivo – y, ojalá,
plataforma electoral, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) desafía a ARENA en la elección presidencial del
próximo año – reivindica la idea del desarrollo económico nacional, alimentado
por inversiones públicas muy necesarias. El otoño pasado, miles de salvadoreños,
agitando pancartas, marcharon en la capital para “Defender el Derecho al Agua” –
en una gran protesta contra la privatización orientada a impedir la amenaza de
una apropiación corporativa del sistema público de agua salvadoreño aquejado por
problemas. Sobre sus cabezas, los manifestantes equilibraban los coloridos
recipientes de plástico que mujeres y niños utilizan para llevar agua en sus
largas caminatas hacia y desde pozos, vertientes, y bombas en áreas rurales. A
los oradores locales se sumaron varios visitantes norteamericanos, incluyendo el
ex embajador de EE.UU. Robert White y la legisladora de Maryland, Ana Sol
Gutiérrez, que apoyaron el llamado a favor del aumento del acceso al agua
potable. Desgraciadamente, sólo un puñado de norteamericanos comparten
actualmente su comprensión de que el financiamiento público de la creación de
puestos de trabajo, ayuda a la agricultura, derechos de los trabajadores,
caminos y escuelas decentes, y otros servicios básicos, son precisamente lo que
se necesita para mantener a más salvadoreños en El Salvador, donde la mayoría
preferiría quedarse.
Alexandra
Early es una reciente graduada de la Universidad de Wesleyan de Estudios
Latinoamericanos, que trabajó en El Salvador para CRISPAZ, un grupo de
solidaridad a través de las fronteras y de justicia social. Para contactos,
escriba a: earlyave@gmail.com. Para más información sobre CRISPAZ, vea:
www.crispaz.org .
http://www.counterpunch.org/early06302008.html
130/08 - Informe d
Responder a este mensaje
