|
Mostrando mensaje 9874
|
|
< Anterior | Siguiente >
|
|
|
| Asunto: | NoticiasdelCeHu 38/08 - Una campaña pro mercantilización de la univers idad pública: ¿por qué y para qué? (Albert o Corominas y Vera Sacristán) | | Fecha: | Domingo, 13 de Abril, 2008 17:46:22 (-0300) | | Autor: | Noticias del CeHu <noticiasdelcehu @..................ar>
|
|
NCeHu 38/08
España
Una
campaña pro mercantilización de la universidad pública: ¿por qué y para
qué? |
|
Albert
Corominas y Vera Sacristán |
|
Sin
Permiso |
|
13/04/08 |
| |
|
"En el plan
estratégico de la CEOE
[Confederación Española de
Organizaciones Empresariales] para la economía española 2008-2001 nos
hemos propuesto consolidar una participación empresarial activa en el
conjunto de los sistemas y políticas de educación y formación, en todos
sus niveles, liderada por una acción coordinada de las organizaciones
empresariales.
Esto implica
también promover la colaboración empresarial en la definición de objetivos
y en la evaluación de resultados, y también en la participación de los
órganos de gobierno de las universidades."
Gerardo Díaz
Ferrán, presidente de la CEOE: "Universidad y
empresa". Dossier Econòmic de
Catalunya, 29/03 a 04/04/2008, p. 6
En un artículo
anterior ("¿Una campaña
pro mercantilización de la universidad pública?", Sin Permiso,
30/03/2008) alertábamos sobre la campaña en curso, indicábamos quiénes
eran sus agentes y describíamos sus contenidos (el sistema no funciona, la
actividad académica debe orientarse para satisfacer las necesidades de las
empresas, sobran estudiantes, que deberían pagar todo el coste;
finalmente, hay que liquidar el sistema de autogobierno colegiado). En
éste, queremos analizar por qué esta campaña tiene lugar precisamente
ahora y cuáles son sus objetivos.
¿POR QUÉ
AHORA?
Persistencia
en los objetivos
Mercantilizar o
privatizar, según el caso, los servicios públicos y reducir el papel del
estado y los impuestos directos son objetivos permanentes del
neoliberalismo. Pero hace pocos meses que el parlamento español ha
aprobado, tras escaso debate público, una modificación significativa de la
legislación universitaria, por lo que resultan poco probables, a corto y
medio plazo, nuevos cambios.
No importa. Como
han puesto de manifiesto, por ejemplo, George Lakoff y Susan George, los
agentes del conservadurismo son pacientes y capaces de trabajar
persistentemente, a veces durante décadas, para alcanzar sus objetivos
estratégicos. Uno de ellos consiste en controlar el sistema universitario,
que tiene roles muy importantes y moviliza una cantidad considerable de
recursos.
Europa
como coartada
El elemento
coyuntural que aparentemente ha servido como deflagrador de la campaña es
la implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior, lo que
también se conoce como proceso de Bolonia). Estos meses, en España, todo
el mundo habla del EEES, aunque poca gente lo ha visto y casi nadie sepa
qué es. Aprovechando este río revuelto, se atribuyen al EEES (a veces a
Europa o a la Unión
Europea) las más variadas exigencias:
desde delirios pedagógicos, cuyo sólo enunciado causaría rubor en Oxford o
en el MIT, hasta aumentos espectaculares de los precios públicos.
Una
universidad moderna, pero vulnerable
Por otra parte,
la universidad pública española es, como muchas otras, una institución
vulnerable. A pesar de que no admite comparación con la que teníamos hace
treinta años y de que en esta etapa ha sido un factor muy relevante de
progreso social, cultural y económico, ha diversificado y renovado la
docencia, ha incorporado decididamente la investigación, ha mejorado las
plantillas y las instalaciones y ha ampliado el servicio público de la
formación superior a más personas de sectores sociales más diversos. Pero
presenta diversos flancos débiles como consecuencia de algunos vicios
heredados del franquismo, de otros de aparición más reciente y,
finalmente, de los desajustes lógicos en una institución que ha cambiado
substancialmente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, desde
la reinstauración de la democracia.
No es éste el
lugar para analizar exhaustivamente los puntos débiles de la universidad
pública española, pero conviene mencionar algunos de los que vienen más a
propósito en relación con la campaña. Los agrupamos en dos bloques, a
saber, la ineficiencia en el uso de los recursos y el equilibrio entre
autonomía y rendición de cuentas. Por supuesto, lo que sigue se refiere al
conjunto de las universidades, y en cada una encontraríamos diferencias,
que pueden llegar a ser muy significativas.
Ineficiencia
en el uso de los recursos
Aunque las
universidades, dados los recursos de que disponen, consiguen resultados
aceptables, su eficiencia deja mucho que desear. En lo que respecta al
profesorado, su selección ha carecido durante mucho tiempo de las
garantías suficientes, y la institución ejerce un control muy escaso sobre
sus tareas, lo que da lugar a bolsas más o menos importantes de
incumplimiento o incluso de incompatibilidad. Las dimensiones de las
plantillas del personal de administración y servicios han experimentado
crecimientos cuantitativos y cualitativos notables, pero su estructura y
el diseño de los procesos que les corresponden no han evolucionado de
acuerdo con las exigencias derivadas de la ampliación y renovación de las
funciones de las universidades. Por otra parte, las universidades, con la
complicidad o el impulso de las administraciones locales y autonómicas,
han llevado a cabo un proceso de proliferación de centros y títulos,
inspirado, en el fondo, en la teoría de que deben adaptarse a las
denominadas necesidades del mercado de trabajo (al diversificarse estas
necesidades deberían hacerlo también los títulos) y acercarse al
territorio. El resultado de este proceso, simultáneo en el tiempo a la
reducción del número de estudiantes asociada al descenso de la natalidad
de los años ochentas, ha sido la dispersión de la demanda y, por
consiguiente, una muy mala relación entre el coste y los resultados.
Autonomía
y rendición de cuentas
Es arduo
conseguir un equilibrio entre la amplia autonomía de que gozan las
universidades españolas, fundada en la
Constitución de 1978, y la rendición de
cuentas. Al respecto, la legislación atribuye un papel esencial a los
consejos sociales de las universidades. Estos organismos están formados,
junto a una representación minoritaria de la propia universidad, por
miembros designados por los gobiernos y los parlamentos autonómicos y
entidades tales como organizaciones empresariales, colegios profesionales
y sindicatos. Les incumbe, por una parte, la importantísima función de
autorizar presupuestos y plantillas y, por otra, la de articular la
relación de cada universidad con la sociedad en que se inserta. Esta
última la han ejercido muy insatisfactoriamente, ya que, como reflejo de
tendencias de fondo en la sociedad y en el ámbito político han ido
adoptando composiciones y estilos que, para abreviar, podríamos denominar
business oriented; es decir, no
han promovido la relación de la universidad con el conjunto de la
sociedad, sino con una parte de la misma. En cuanto a la autorización y
control de presupuestos y plantillas, los consejos sociales
mayoritariamente se han decantado por no entrar a fondo en estas
cuestiones; ello explica, en parte y sin perjuicio de una discusión más
extensa, la existencia de déficit presupuestario persistente en algunas
universidades y de desajustes en las plantillas.
¿QUÉ
PRETENDE LA CAMPAÑA?
Una síntesis
espléndida de lo que se pretende con la campaña puede encontrarse en el
documento Una Universidad al
servicio de la sociedad [Círculo de Empresarios, 2008]: pasar la
universidad del estado del bienestar al mercado. Este objetivo global se
descompone, principalmente, en los tres siguientes:
1)
Adaptación a las necesidades inmediatas de las empresas
Adaptar enseñanza
e investigación, en aras de la empleabilidad, a necesidades inmediatas de las empresas, con
menosprecio de la cultura y de una visión a medio y largo plazo.
Este objetivo no
está asumido unánimemente por los portavoces de las organizaciones
empresariales. Por ejemplo en el documento Les funcions i el govern de les
universitats públiques (Cercle d'Economia, 1999) se dice que "la formación básica o
inicial de los primeros ciclos `...] ha de ser más generalista y no
prematuramente especializada" y que "ha de cobrar importancia la idea de
la formación continua a lo largo de la vida de cada persona, más que la
adecuación a puestos de trabajo, el perfil de los cuales se modificada
cada vez más aceleradamente. Universidades, empresas y administraciones
han de concebir la formación superior más allá de los títulos de entrada
en el mercado de trabajo y con una visión a largo plazo". El sistema
educativo no puede formar personas para las necesidades específicas de
todas las empresas; si lo intenta, puede resultar, a corto plazo, un
ahorro para algunas y, a medio y largo, para las personas, la pérdida,
precisamente, de empleabilidad y para la economía de un país, la pérdida
de productividad y competitividad.
Además, por
supuesto, ningún país puede permitirse la pérdida de la dimensión cultural
de la universidad, que incluye la formación en ámbitos del conocimiento en
que las empresas no tienen interés alguno. Hay más cosas en el cielo y en
la tierra de las que sospecha la filosofía de algunas organizaciones
cortas de miras.
2)
Restricción del acceso a la universidad
Restringir el
acceso a la universidad mediante un incremento substancial de los precios
públicos y una campaña de antimarketing polifacética (la
universidad es una fábrica de mileuristas, el esfuerzo necesario para
obtener un título no se ve compensado con retribuciones congruentes, hay
demasiada gente sobreeducada y,
por consiguiente, frustrada y arrepentida). Las propuestas de aumento de
precios suelen ir acompañadas de declaraciones a favor de una mejora de
las becas, a las que, a veces, se considera substituibles por créditos
bancarios. Se matarían así varios pájaros de un tiro: reducción del peso
del sector público y del acceso a la universidad, aumento de la
competitividad de las universidades privadas y potenciación de una
substanciosa línea de negocio bancario.
Todo ello
implicaría un retroceso social y cultural y la consolidación del modelo
económico, basado en personal poco cualificado y mal pagado, que se ha ido
configurando en España desde hace algunos años. Como se ha dicho [Ferran
Mañé, director del departamento de Economía de la Universidad
Rovira i Virgili, en
La
Vanguardia (Dinero), 06/04/2008, p. 28], "hay
cierta saturación de titulados universitarios en el mercado de trabajo, lo
cual no debe interpretarse como que tenemos demasiados candidatos bien
formados, sino que también debemos cuestionarnos cuántos puestos de
trabajo existen que requieran ese nivel formativo. La solución no es
reducir el número de universitarios, sino crear más empleos cualificados".
¿Cómo se compadecen las habituales monsergas sobre la sociedad del
conocimiento con las admoniciones relativas a la sobreducación?
Las
propuestas de aumento de los precios suelen partir de una denuncia sobre
la falta de equidad del sistema de financiación de las universidades
públicas para llegar a conclusiones contrarias, en nuestra opinión, a las
que se derivarían de esta premisa. Se dice que los precios públicos no son
una barrera para el acceso a la universidad de las personas con pocos
recursos económicos, y que la barrera real consiste en el hecho de no
poder renunciar a los ingresos por trabajo que podrían obtenerse como
alternativa al estudio. Estamos de acuerdo. Lo que hace falta, pues, son
medidas para ayudar a superar la barrera real, es decir, establecer un
sistema de becas-salario bien dotado que favorezca el acceso a la
universidad de los sectores infrarrepresentados. En cambio, se pone por
delante el aumento de los precios públicos, que se llega a cuantificar de
forma harto precisa, para que sufraguen los costes totales, es decir, los
de la docencia y también los de la investigación. ¿Es esto lo que
favorecerá el acceso a la universidad de los sectores excluidos?
3)
Gestión e intervención empresarial
Implantar una
gestión de tipo empresarial en la universidad y aumentar la participación
empresarial en los órganos de gobierno de las universidades, ya que el
modelo de gestión de ésta es asambleario, burocrático y rígido.
Es falso que el
sistema de gobierno de las universidades públicas españolas sea
asambleario: los órganos personales y colegiados se configuran de acuerdo
con las disposiciones legales pertinentes, en las que se precisan las
funciones de unos y otros. Los claustros universitarios suelen celebrar
una reunión cada año, mucho menos costosa que las juntas generales de
accionistas de las grandes empresas, y los consejos de gobierno, como
máximo una vez al mes. Rectoras y rectores, consejos de gobierno y
consejos sociales tienen competencias importantes y bien definidas. Muchas
universidades, la mayoría, han demostrado agilidad en la toma de
decisiones y capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.
Es decir, el
diagnóstico, y por consiguiente la terapia, son erróneos e interesados.
Todo ello no obstante, consideramos, desde premisas muy distintas, que el
sistema actual de gobierno de las universidades no es satisfactorio y que
requiere una reforma meditada, que parta de la clarificación de las
relaciones entre autonomía, autogobierno y libertad de cátedra y de un
análisis de las decisiones involucradas en el gobierno de la universidad
(de programación universitaria –qué enseñanzas hay que impartir, dónde y
quién-, académicas, relativas al personal, económicas) para concluir quién
(parlamento estatal o autonómico, gobierno español o autonómico, consejos
sociales, universidades) debe tomarlas en cada caso.
UNIVERSIDADES Y
SOCIEDAD DEBEN TOMAR LA INICIATIVA
El triunfo de la
campaña mercantilizadora que hemos analizado supondría un significativo
retroceso social, cultural y económico. Y éste es un peligro que no se
debe subestimar. Las universidades públicas deberían encabezar un proceso
de análisis crítico de su realidad, con alianzas internas y externas
sólidas que incluyan todos los sectores favorables a una universidad
pública de calidad al servicio de toda la sociedad. Un proceso que, en
colaboración con la
Administración, debería desembocar en
propuestas para extender e intensificar el servicio público de la
formación superior.
Albert
Corominas
es
profesor de organización industrial y Vera
Sacristán,
profesora de matemática aplicada de la
Universitat Politècnica
de Catalunya. Pertenecen, asimismo, a la asociación UpiC (www.upc.edu/upic).
|
|
|
Responder a este mensaje