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Asunto:NoticiasdelCeHu 524/07 - LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA Y SUS IMPLICANCIAS SOCIALES EN EL GOLFO SAN JORGE
Fecha:Sabado, 16 de Junio, 2007  12:40:55 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticiasdelcehu @..................ar>

NCeHu 524/07
 

LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA Y SUS IMPLICANCIAS SOCIALES

EN EL GOLFO SAN JORGE

 

Graciela Cacace

Jorge Osvaldo Morina (*)

 

A modo de introducción

El “Rodrigazo” de 1975[i][1] marcó un punto de inflexión en la evolución de la economía nacional definida hasta entonces como mercado – internista (Gejo; Morina; Velázquez, 2000). La distribución regresiva impulsada entonces, sólo pudo ser ejecutada en gran escala con la imposición del terrorismo de Estado durante la última dictadura. La apertura externa comercial y financiera, y el muy relacionado endeudamiento externo, fueron cuestiones básicas en el proceso de adaptación a las transformaciones de cuño neoliberal en el sistema internacional. Fuga de capitales, negociados a través de las llamadas “privatizaciones periféricas”[ii][2] y prebendas obtenidas mediante subsidios y créditos de la banca estatal, fueron parte de los beneficios obtenidos por la elite dominante que planificó y sostuvo el golpe cívico militar de marzo de 1976. Desde 1983, con el retorno de las instituciones de la democracia formal, las características del régimen de acumulación impuestas durante la dictadura se han consolidado en principio, y profundizado desde 1989.

La desregulación de las actividades económicas y la privatización de empresas estatales productoras de bienes y servicios constituyeron pilares de las reformas de mercado y de la reestructuración del Estado[iii][3], concretadas en la Argentina desde 1989 y aún vigentes en el segundo lustro del siglo XXI. Los raudos pasos dados en ese sentido, fueron parte esencial de los compromisos que el gobierno nacional –instalado en julio de 1989– asumió y decidió cumplir con acreedores externos, organismos “multilaterales” de financiamiento, empresas transnacionales y grandes grupos económicos locales.

El Informe "Argentina, reformas encaminadas a lograr estabilidad de precios y crecimiento" (Banco Mundial,1988), fue entregado oficialmente al gobierno argentino. Allí se planteaba cómo privatizar, cómo desregular, cómo ampliar la apertura financiera, cuál debía ser el papel de las provincias y del Estado nacional.

Los conglomerados empresariales argentinos y extranjeros, con el fuerte apoyo del gobierno justicialista encabezado por Menem, lideraron la aceleración del proceso transnacional basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y en la producción para el mercado externo. Buena parte de la población fue entendida como consumidora marginal y proveedora de mano de obra barata (Morina, 2006).

Con ese marco previo, el “plan de Convertibilidad”, puesto en marcha en abril de 1991, fue una verdadera ofensiva del capital sobre los trabajadores (Mayo, 1995). Constituyó una modalidad del ajuste estructural que provocó un explosivo crecimiento del desempleo y el subempleo, una cada vez más regresiva distribución de ingresos y la consecuente degradación social. A partir de la recesión iniciada en 1998, se agravaron los problemas económicos y sociales. En diciembre de 2001 la crisis de la Convertibilidad condujo a un marasmo sin precedentes. Desocupación, pobreza e indigencia, resultados inseparables del plan agotado, con la enorme devaluación llegaron a valores inéditos en 2002 y 2003.

En los últimos tiempos han surgido signos de reactivación en distintos sectores económicos. Estas señales, sin embargo, cubren como un manto la realidad argentina sembrada de dificultades estructurales y desequilibrios de fondo, que se han agravado en la medida en que no se ha actuado sobre ellos. La economía nacional se reprimarizó y está fundamentalmente orientada hacia la exportación. En la mayoría de los sectores productivos –agropecuario, ganadero, pesquero, hidrocarburífero y minero– la actividad está concentrada en aquellos actores reconvertidos durante la década de los ’90 y en los grandes capitales extranjeros que operan en las distintas regiones. Para Claudio Katz la política económica actual se basa en un esquema agrario como el de la época agroexportadora, con un desarrollo industrial que recuerda a la sustitución de importaciones pero con la regresividad social propia del neoliberalismo (Katz, 2007).

 

Desregulación de la actividad petrolera, privatización de YPF y después

Desde el descubrimiento de petróleo en el país en 1907 y hasta la década del ’90, todos los gobiernos (algunos más, otros bastante menos) consideraron al petróleo como un bien estratégico. Es más, durante varias décadas del siglo pasado, la Argentina era tomada como modelo energético soberano y racional.

Hasta fines de los años ochenta la actividad petrolera se desarrollaba bajo el sistema estatal. La única empresa integrada verticalmente era YPF, que abarcaba todos los eslabones de la cadena petrolera. En 1989 el 90 % de las reservas habían sido descubiertas por YPF. Todos los hidrocarburos producidos debían ser entregados a la empresa para su comercialización. El crudo era distribuido por la Secretaría de Energía entre las refinerías de YPF y las empresas privadas en la denominada “mesa de crudos”. Las exportaciones e importaciones de crudos y derivados debían contar con la aprobación de la Secretaría de Energía. Los precios eran fijados por el Ministerio de Economía. El predominio del Estado se justificaba ideológicamente por la necesidad de preservar los intereses nacionales, asegurar el autoabastecimiento del recurso controlando su agotamiento y la apropiación social de la renta.

Con la desregulación del mercado petrolero, las facultades del Estado nacional en cuanto a fijación de precios y destino de la producción desaparecieron, los contratos se convirtieron en concesiones a empresas privadas con derecho a la libre disponibilidad del crudo. Se produjo un profundo cambio en la participación y el poder de decisión de los agentes económicos sobre la apropiación y manejo de los recursos, en los distintos eslabones del circuito petrolero. Las privatizaciones significaron una extraordinaria transferencia de riquezas y poder a empresas multinacionales a las que no les interesa el bienestar de los argentinos sino la rentabilidad.

Ante la necesidad de "eficiencia" y "competitividad", entre 1992 y 1993, después de unos veinticinco decretos y resoluciones, YPF fue transformada en una Sociedad Anónima (Decreto 2.778/90) con participación del Estado[iv][4] y se colocaron sus acciones en la bolsa. Al mismo tiempo, se entregó a las empresas privadas la totalidad de las áreas marginales y centrales por el lapso de 25 años, lo que generó beneficios adicionales considerables. Todas las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras las que solamente podrían disponer de las mismas a partir del año 2017, quedándoles a los gobiernos provinciales para su administración concreta tan sólo el 0,2% de las áreas productivas del país. El Poder Ejecutivo dictó en octubre de 1992 la Ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y de privatización definitiva de la petrolera estatal. A fines de 1998 comenzó a llegar la última gran transformación de la empresa petrolera nacional cuando el gobierno argentino puso a la venta el 14,9 % de las acciones de YPF, del 20,3 % que todavía estaban en manos del Estado, con el fin de incrementar los ingresos fiscales. La empresa española Repsol, que ya controlaba en el país a EG3 y Astra, compró el bloque accionario en enero de 1999. Ese fue el punto de partida para llegar al control total de YPF mediante una política agresiva que se materializó en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones. Al cierre de esa oferta, en junio de 1999, Repsol se quedó con el 98,3 % de las acciones de YPF, modificando sustancialmente el mercado de hidrocarburos de Argentina con su posición dominante. Desde ese momento, Repsol-YPF es la empresa más importante del sector con un perfil tendiente a lograr la mayor rentabilidad. Hoy es la única empresa totalmente integrada ya que participa en todos los eslabones de la cadena productiva. En Argentina, Repsol es poseedora del 99% del capital de YPF S.A. pero el 1% restante pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro de los que se cuenta el Estado nacional con 1.000 acciones, equivalentes al 0,02% del mismo. Esta participación minoritaria del Estado es la acción de oro[v][5]. La venta de YPF fue la operación de privatización más importante que se realizó en el país porque era la empresa más grande de la Argentina y porque fue la primera en colocar internacionalmente acciones de una empresa nacional.

El Estado renunció y se desprendió de un recurso vital para el desarrollo, de importancia estratégica y no renovable. De esta forma, cambió radicalmente el perfil energético del país que se define como exclusivo productor de materias primas sin transformar; los esfuerzos están concentrados en las exportaciones y no en la industrialización que lleva a exportar sin valor agregado y con menor impacto en la economía regional. El aumento de las exportaciones va mucho más allá de lo que permite un manejo racional de un recurso no renovable. En el sector de los hidrocarburos se lleva a cabo una explotación depredatoria e irracional, determinada por criterios eminentemente financieros y lucrativos. La política de Repsol-YPF se caracteriza por “extraer mucho, explorar poco y exportar lo máximo posible”.

Los precios del petróleo, que en algunos momentos del año 2006 llegó a 75 dólares el barril en 2006, tienen hoy al Estado como un socio privilegiado con los derechos de exportación de petróleo crudo (las “retenciones”). El escenario parecería óptimo hasta para las provincias –que recaudan el 12% de las regalías petroleras[vi][6]– si no fuera que la recaudación de hoy puede transformarse en un grave problema dentro de poco: al actual ritmo de ventas al exterior, la Argentina dejaría de autoabastecerse en pocos años. En nuestro país, el precio de los combustibles se encuentra congelado por dos razones: un acuerdo implícito entre el Gobierno y las empresas y el hecho de que las retenciones a las exportaciones disciplinan el mercado interno.

La euforia extractiva no estuvo acompañada por una actividad exploratoria acorde, que garantice un “horizonte de reservas”[vii][7] y que sostenga la producción al ritmo actual. Si consideramos el año 1988, previo al proceso desregulatorio del sector de hidrocarburos, se contaba con un horizonte de reservas (reservas/producción) de 14 años para el petróleo y 34 años para el gas. La enorme intensificación de la extracción en ambos casos, llevó esos valores en 1997 a 8,6 y 18,4 años respectivamente (Secretaría de Energía, 1997; Herrero, D., 1999). Según otra fuente, en 2004 la relación reservas/producción era de 9,12 años en petróleo y 10,21 en gas (García, 2005). Al comienzo de este año 2007, se estimaban unos 5 o 6 años para el petróleo y 8 para el gas (opinión de Calleja, G., citada en Kofman, 2007).

El mercado de los hidrocarburos presenta una marcada concentración de tipo oligopólico. Las cuencas pasaron a ser territorios de extracción de renta en el que compiten nuevos y viejos trust extranjeros (Shell, Esso, Total, Amoco), los grupos más concentrados de la burguesía argentina y la privatizada Repsol YPF S.A. (Mayo, op. cit.). A las regiones petroleras fluyen capitales orientados a reforzar su situación de enclave exportador de recursos naturales. En la etapa extractiva, ocho concesionarios concentran el 90% de la producción de petróleo y gas. A su vez, el 80% de la refinación y la comercialización está en manos de cuatro multinacionales. Desaparecida la empresa pública YPF, quienes detentan permisos y concesiones son libres para disponer de los hidrocarburos que extraigan (Decreto 2178/91). Como parte de esta política desintegradora, se sancionó la Constitución Nacional de 1994 que establece que la propiedad originaria de los recursos petroleros es de las provincias. El artículo 41 obliga a la utilización racional de los recursos naturales y dispone que todas las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones venideras. Hasta ahora no se ha sancionado una Ley Nacional de Hidrocarburos que se adecue a los principios provincialistas de los recursos naturales. Mientras tanto, la privatización y desregulación del sector petrolero y gasífero se mantiene gracias a tres decretos de octubre, noviembre y diciembre de 1989, que el Poder Ejecutivo podría modificar y corregir a través de otros simples decretos. Para recuperar las riquezas energéticas sólo hace falta aplicar las leyes vigentes: la de Hidrocarburos y la Constitución.

YPF es un caso emblemático de la desnacionalización estatal. “Ningún país de la Tierra eliminó su empresa estatal y al mismo tiempo dio en concesión, sin participación nacional, todo su subsuelo. La razón de este tristísimo hecho se fundaba en que era la única empresa petrolera que daba pérdidas. Pero lo que no se dice es que durante la dictadura militar (1976-1983) se obligó a tomar préstamos internacionales destinados no a su evolución, sino al tesoro nacional; que se la llevó a mantener una política de subsidios económicos a otras empresas; que otorgó subvenciones sociales y territoriales; que contribuía a financiar los regímenes jubilatorios; que invertía en rutas y hospitales regionales; fundaba pueblos; establecía infraestructuras de comunicación en zonas alejadas del país; vendía combustible en los lugares más alejados donde las empresas competidoras no tenían interés en llegar. Se la obligó a contratar obras y servicios para la extracción de crudo que pagaba 3 o 4 veces más caros que sus propios costos, debió comprar insumos y equipamientos a precios ya no de fomento, sino claramente abusivos en el contexto de lo que se conoció como patria contratista (Herrero, 2002). Este endeudamiento fue también tomado como argumento, por los gobiernos constitucionales, de escala nacional y provincial para justificar su privatización.

La Argentina está sumida en una crisis energética como consecuencia de las privatizaciones. Mientras tanto, los gobiernos nacionales que se han sucedido, permitieron que no se produzcan inversiones (Herrero; Solanas, 2005). Las empresas que conforman el oligopolio no expandieron las redes de distribución para el consumo interno en los términos que estaban obligadas; concentraron sus inversiones en el desarrollo de ductos operativos para el negocio exportador hacia Chile, Brasil y Uruguay. Este comportamiento empresario contó hasta ahora con la complicidad del Estado que no cumplió con ninguna de sus obligaciones de contralor.

Luego de muchas demoras el gobierno nacional decidió crear, en 2005, la Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima (ENARSA), como un instrumento público tendiente a participar de la explotación de los recursos hidrocarburíferos. En los debates estuvo presente la idea de fundar una sociedad estatal, pero la decisión oficial no llegó a tanto. ENARSA es la concesionaria de las áreas off shore en el Mar Argentino. Para la explotación se asoció, por su amplia experiencia, a Petrobras. El panorama petrolero de la Argentina obliga a orientar la exploración cada vez más hacia las áreas de alto riesgo como el mar, ya que las zonas altamente productoras están concesionadas y muy explotadas. Además, ENARSA y la petrolera estatal venezolana PdVSA –Petróleos de Venezuela SA– explotarán juntas en la franja del Orinoco, una de las reservas de hidrocarburos más importantes de América[viii][8].

Por ahora, la recuperación del control y gestión de tan importantes recursos naturales para bien del pueblo argentino no parece tan cercana. La convicción del gobierno central y los provinciales para reparar los daños causados por la enajenación delictiva del patrimonio nacional no se verifica en los hechos y conductas[ix][9]. El gran negocio petrolero sigue siendo de las multinacionales y sobre todo de Repsol.[x][10]

 

Implicancias sociales de la privatización de YPF en el Golfo San Jorge[xi][11]

Desde el descubrimiento de petróleo, la cuenca del Golfo de San Jorge[xii][12] basó su actividad económica en la extracción primaria con explotación intensiva de los recursos hidrocarburíferos. Este proceso estuvo contenido por la empresa estatal YPF bajo el eje estructurado del papel asumido por el Estado como agente productivo preponderante y como sostén y dinamizador. Esta situación se mantuvo vigente hasta finales de la década del ’80 cuando la reestructuración económica nacional tuvo gran influencia en el Golfo.

La Cuenca del Golfo San Jorge es la más antigua en explotación del país y la segunda (33%) en orden de importancia en producción de petróleo, después de la Cuenca Neuquina (49%)[xiii][13]. El complejo San Jorge es, desde siempre, una subregión con economía de enclave (Salvia, 1997) y funcionamiento propio pues el excedente generado se filtra fuera de la región. En los ’90, se produjo el paso del enclave estatal al enclave privado con el mantenimiento de la monoactividad y de la especialización productiva pero con fuerte dependencia del mercado mundial de capitales privados. En el Golfo se evidencia una “interdependencia” funcional entre las tendencias globales y las respuestas locales-regionales. El Estado ha desdibujado sus funciones en resguardo de los trabajadores mientras acentúa su papel de garante de la acumulación de capital de los consorcios empresariales concentrados (de Jong, 2001). Con el nuevo régimen de acumulación "flexible"[xiv][14], el capital financiero adquiere cada vez mayor relevancia en los procesos de dominación y explotación.

El Golfo de San Jorge es un espacio social cada vez menos exclusivo de la gente que lo habita pues en ese espacio se evidencia el alcance de la globalización capitalista con su dominación. “Nunca la sociedad local ha sido tan penetrada por los mecanismos de manejo de los excedentes a escala mundial.... Nunca se ha controlado de la manera presente la circulación de bienes a escala mundial, regulado el consumo y por ende el funcionamiento de los mercados hasta el punto que un supuesto “libre” comportamiento de los mismos les asegura a una buena parte de los países del ex tercer mundo su condición de “emergentes” (de Jong, op. cit.). Quien controla los excedentes, controla la tecnología y su innovación, monopoliza la extracción de los recursos naturales (en este caso petróleo) y la organización territorial.

Hoy, el Golfo San Jorge es un área estratégica para el desarrollo regional que reúne conflictos sociales profundos. El proceso de privatización y transformación de la empresa estatal YPF impactó en las condiciones socio-laborales. La empresa, históricamente, había organizado la vida económica y social de la Cuenca del Golfo San Jorge bajo un modelo típico de Estado Benefactor. YPF no sólo era una gran compañía si no que era la articuladora de las relaciones sociales, la que daba vivienda, financiaba los clubes deportivos y la vida cultural. Al finalizar los ochenta, los aglomerados de la cuenca del Golfo presentaban un esquema de funcionamiento económico y ocupacional que permitía el desarrollo de un mercado laboral con escasos desajustes entre oferta y demanda. No se presentaban graves problemas de desocupación urbana e incluso las tasas de desempleo y subempleo eran en general inferiores a las de los restantes aglomerados (menos del 5%). Pero desde los ’90 todo cambió. Los procesos de internacionalización económica producen una división jerárquica del trabajo entre regiones geográficas, semejantes a la división vertical del trabajo dentro de la empresa[xv][15]. Así se explica el desempleo estructural pues, el principal indicador en el espacio de un desarrollo desigual es el subempleo del factor trabajo y el empleo de medios de producción de alta tecnología (Amín, 1988). La fuerte caída del empleo en el Golfo fue ocasionada por el propio Estado nacional (parte del “trabajo sucio”) en los años previos a la privatización de YPF, pero continuada con la gestión privada del recurso. “Desde 1989 se observan profundas transformaciones en la organización productiva y social. Si en el pasado la función del Estado era de articulación nacional, en el presente se constituye en desintegrador de aquellas configuraciones productivas, antes funcionales al desarrollo nacional y ahora obsoletas y transformadas en estructuras vacías de contenido con el objetivo de justificar su desguace” (Cicciari; Prado; Romero, 1997).

La nueva configuración productiva trajo una nueva configuración laboral desbaratando el tejido social. Se pasó del tradicional trabajador de YPF al actual, que tercerización mediante, asume la figura de socio, patrón y/ o trabajador por cuenta propia y que, en ocasiones, trabaja en condición de inestabilidad y de creciente fragilidad en su inserción en el mercado de trabajo.

La estabilidad, los salarios dignos y los beneficios sociales de los trabajadores han desaparecido, reemplazados por nuevas formas de organización productiva que llevan a la inestabilidad y precariedad laboral con altos índices de desocupación y su consecuente movilidad social descendente. Las políticas nacionales y sociales ceden frente a las reglas del mercado: la legislación laboral ha sido modificada a favor de las compañías y en desmedro de los trabajadores. La calidad del empleo empeoró de manera significativa en la Argentina:

l        l       la subocupación (empleos temporarios o de menos de 35 horas semanales) pasó del 6% en 1990 al 20% en el 2002;

l        l       el empleo no registrado o en negro (trabajos fuera de la ley, con jornadas prolongadas, sin obras sociales, sin días libres ni vacaciones, sin aportes jubilatorios dejando al trabajador totalmente desprotegido), pasó del 28 % a casi el 45 % en el mismo lapso; muchos asalariados informales son los llamados precarizados pobres;

l        l       la caída del salario real ha sido una tendencia[xvi][16];

l        l       el empleo múltiple (trabajadores con más de un empleo) y la sobreocupación incidieron en el incremento del número de desocupados;

l        l       la incorporación de niños y mujeres al mercado laboral por necesidades económicas facilitó a los capitalistas el pago de menores salarios;

l        l       en el trabajo por cuenta propia predominó el precario.

En este nuevo escenario, la precariedad laboral implica que los trabajadores sufren una situación de inestabilidad y desprotección con profundización de los mecanismos de exclusión y pobreza. Lo más preocupante es que la centralidad del trabajo desapareció del análisis económico y político (Lindenboim; González, 2001).

Los despidos de los empleados de YPF producidos desde 1991 fueron deteriorando las economías individuales y familiares. YPF SA expulsó en el lapso de cuatro años a un total de 30.000 empleados (de los 39.000 trabajadores que quedaban luego del inicio de la reducción de personal desde 1989) a los que se indemnizó con importantes sumas de dinero que inmediatamente pasaron a engrosar el cuentapropismo en diferentes puntos del país. Tras haber sido uno de los pocos lugares del país donde históricamente los ingresos se mantenían en un nivel elevado, Comodoro Rivadavia ocupó lamentablemente el lugar más alto de la desocupación nacional en cuatro mediciones del INDEC. En Mayo de 1991 los trabajadores desplazados alcanzaron el 13,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), la otras tres fueron consecutivas y se produjeron en Mayo de 1992 (12,9%), en Octubre de ese mismo año (13,9%) y en Mayo de 1993 (14,8%) con el pico histórico de desocupación en aquella época. En esos mismos períodos mencionados la desocupación nacional había sido de 8,6% en 1991, de 7,3 y 7,6% en el '92 y de 8,8% en 1993. Después de un máximo histórico de 20,4 en el año 2003, hoy la desocupación nacional volvió a ser de un dígito[xvii][17] al igual que en Comodoro Rivadavia que alcanzó en el cuarto trimestre de 2006 el 8 % de la PEA incluyendo los planes sociales. El esquema económico actual convalida la informalidad laboral, estimula la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y traslada a los trabajadores precarizados la pobreza que golpeó inicialmente a los desocupados (Katz, op. cit.)

La realidad actual demuestra que la región continúa su expansión al amparo de la actividad petrolera, mientras sobrevuela el fantasma de lo que podría pasar el día en que las principales operadoras elijan otros destinos. Los salarios de los petroleros están por encima de la media nacional[xviii][18]. Pero no todos se benefician con la bonanza petrolera. Aquellos que no ganan sueldos petroleros les resulta extremadamente costoso vivir. El crecimiento económico deja una sociedad cada vez más dual, porque el que avanza en este circuito accede a un nivel de vida medio y alto, pero el que se queda afuera sufre cada vez más restricciones presupuestarias. La desocupación baja pero la pobreza persiste. Los conflictos sociales se multiplican no sólo en Comodoro sino también en Caleta Olivia y Pico Truncado, porque los empleados públicos y del sector privado no petrolero exigen aumentos salariales para equipararse con lo que ganan los trabajadores de Repsol o Panamerican Energy.

La estructura laboral cambió radicalmente. La tercerización juega un papel relevante en la estrategia de acumulación de las petroleras, con claros perjuicios para los ingresos y las condiciones laborales de los operarios. Se reemplazó la relación de dependencia asalariada (forma típica de inserción laboral en el Golfo con YPF estatal) por la estacionalidad, irregularidad en términos de cobertura social y previsional, y el deterioro de la calidad de vida de los hogares. Se incrementaron nuevas formas de contratación por obra, o por tiempo determinado y el autoempleo. Los trabajadores con amplia trayectoria fueron reemplazados por operarios más jóvenes y con mayor calificación técnica. Hoy la nueva YPF SA requiere un determinado perfil de trabajadores: exige personal con mayor calificación debido a la incorporación de tecnología de punta (sistemas informáticos y monitoreos electrónicos de la producción).

Las políticas de contratación de personal son con rigurosas selecciones atendiendo a la jerarquización y calificación de su planta permanente. Se exige la capacitación permanente del personal técnico y jerárquico con personal externo. La capacitación de alto nivel se resuelve fuera del marco local con contratación de expertos internacionales. También se impulsa la capacitación del personal en temas de seguridad, y la capacitación técnica en puestos específicos (maquinistas, enganchadores, soldadores, electricistas, herramentistas). La relación laboral más difundida es la contratación de personal masculino por tiempo determinado en un rango de edad entre 25 y 40 años. Esto implica una creciente precarización laboral como efecto del reemplazo de los trabajadores tradicionales por operarios más jóvenes y con mayor calificación bajo relaciones de trabajo con mayor flexibilización. La realidad es que el personal calificado del Golfo ya fue ocupado, en la medida de las necesidades del capital. Los que pese a sus calificaciones relativamente altas no hallaron empleo, se suman a los desocupados que “no se encuentran capacitados” según los requerimientos actuales. En algunos casos, ante la necesidad de incorporar nuevo personal, se recurre a la búsqueda fuera de la región. En este contexto la participación de la mujer es esencial, las tasas de empleo femeninas son las únicas que tienen un incremento continuo y los valores de desocupación, aunque en los primeros años fueron muy altos, a partir de 1996 disminuyeron para situarse por debajo de los correspondientes a los varones.

El proceso desregulador y privatizador en el área de la energía, por las características infraestructurales que posee, ha sido determinante en la consolidación del Estado de Malestar vigente. Las empresas que en manos estatales eran sinónimo de civilización y desarrollo, han sido convertidas en generadoras de desaparecidos sociales y factores de desintegración geoeconómica.

Además, la monoproducción genera un sistema inestable en términos de reproducción del empleo por su vulnerabilidad frente a la crisis. El sistema capitalista genera una sociedad que cada vez está más fragmentada en un espacio también fragmentado. “Hoy diferentes grupos sociales coexisten en el espacio pero no conviven en el territorio” (de Jong, op. cit.). Las implicancias sociales de la privatización petrolera ejemplifican con claridad que se transita por una fase de capitalismo senil (Amín, 2002) que no tiene respuestas a los graves problemas que genera.

 

Consideraciones finales

Llegamos al 2007, el Centenario del inicio de la actividad petrolera argentina, con serios problemas: reservas de petróleo en seria declinación; una explotación depredatoria, con exportación de recursos que el país necesita imperiosamente y que transgreden claramente las disposiciones constitucionales y legales que obligan a explotarlo racionalmente, contemplando las necesidades actuales y futuras y priorizando el abastecimiento interno. Existe preocupación por la situación energética a mediano y largo plazo. Este es el resultado de la política de privatización, desregulación, desnacionalización del sector energético y de destrucción de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Resulta imprescindible otorgar a los hidrocarburos el carácter de bienes estratégicos, recuperar la propiedad y disposición de las riquezas hidrocarburíferas para la Nación y la totalidad de la renta para volcarla al desarrollo de la infraestructura y la industrialización. Se debe interrumpir la exportación de recursos que el país necesita y así, afrontar la crisis energética de nuestra Nación.

La contrarreforma social de escala internacional, se orientó a la obtención de niveles inéditos de concentración económica y tuvo su correlato en la exclusión y pérdida de derechos para las amplias mayorías subordinadas. Se reestructuraron los mercados de trabajo extendiendo los “ejércitos de reserva” y haciendo permanentes las “masas marginales”. El modelo condujo a la exclusión, al incremento de la explotación del trabajo y a la depredación de la periferia.

La desaceleración de la productividad del trabajo en los países ricos pudo ser compensada con transferencias de riquezas desde los países de la periferia que se fueron empobreciendo. Entre 1985 y 1995 los cien países más pobres vieron reducir su PBI – producto bruto interno– por habitante casi un 15% al tiempo que en los países del G7 –Grupo de los siete países más desarrollados– subió un 26% (Diercksens, 2002).

El desarrollo nacional debería ser un proceso integral, en el que las condiciones de vida de gran parte de la sociedad mejoran tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político. Pero esto sólo es posible cuando el proceso de desarrollo contempla el reparto equilibrado de la toma de decisiones y, por lo tanto, de los resultados de la producción. El pleno empleo, la capacidad de compra de los salarios de trabajadores activos y pasivos, el acceso a la salud y a la educación, la vivienda digna, el esparcimiento, deben ser cuestiones de Estado y de carácter irrenunciable. Pero un Estado que no tiene soberanía energética, como tampoco la tiene en la explotación minera, forestal, pesquera y agropecuaria, no puede resolver esos temas. Pero las políticas de apariencia absurda no hacen más que responder a las funciones económicas, ideológicas y de administración y coerción que le son propias al Estado capitalista, que asegura las condiciones para la acumulación del capital y las regenera luego de cada crisis.

 

Referencias Bibliográficas

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(*) División Geografía y Programa de Estudios Geográficos, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. guigra@ciudad.com.ar; morina@sinectis.com.ar

[i][1] Conjunto de medidas puestas en marcha por el Ministerio de Economía a cargo de Celestino Rodrigo durante la presidencia de M. E. Martínez de Perón tendientes al deterioro del salario real.

[ii][2] Privatización de los segmentos más rentables de empresas estatales productoras de bienes y servicios a través de contratos de altos niveles de corrupción a favor de grupos económicos nacionales y extranjeros.

[iii][3] Ley de Reforma del Estado (23.696/89)

[iv][4] Se planteaba que el 51 % quedaría en manos del Estado nacional. El resto de las acciones sería controlado por los Estados provinciales, los trabajadores y accionistas privados. Esto se fue modificando en sucesivos tratamientos legislativos.

[v][5] “La acción de oro es la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades privatizadas -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptativa en determinadas e importantes decisiones empresariales, y así es que la Ley 24.145 y su modificatoria Nº 24.474 (artículo 1, apéndice 8) establecen que 'mientras el Estado nacional conserve al menos una (1) acción de la clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para: 1) decidir su fusión con otras sociedades; 2) aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51% del capital social; 3) transferir a terceros la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley 17.319 de modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA; 4) la disolución voluntaria de YPF SA. Se requerirá, además del voto afirmativo de las acciones clase A, la previa aprobación por ley”. Calleja, (2005). En ese trabajo, el autor reafirma que Argentina retiene esa “acción de oro”, desmintiendo una versión oficial que sostiene que ha sido renunciada a fines de los años noventa, evitando asumir responsabilidades soberanas que le competen. Consultar también: Calleja, 1999.

[vi][6] Las regalías hidrocarburíferas son el importe que pagan las operadoras petroleras al Estado provincial por el derecho a la extracción de petróleo y gas. Al deducir costos de traslado y concretarse a partir de declaraciones juradas de las empresas, en muchos casos no supera el 8 %.

[vii][7] Este horizonte, o años de satisfacción de la demanda, o reservas/producción, supone un consumo constante (sobreestima) y la inexistencia de nuevos descubrimientos (subestima). Es una tasa algo conservadora.

[viii][8] ENARSA, con todas las facilidades otorgadas por el gobierno de Venezuela, se va sumando a proyectos de PdVSA que incluye el contrato de alquiler de los activos de Rhasa en Argentina, la instalación de una nueva refinería en nuestro país y otra serie de acuerdos conjuntos.

[ix][9] Con respecto a las características del proceso de desregulación y privatización de la gestión y explotación del petróleo es bueno consultar el trabajo de Kosulj y Bravo, 1993. Acerca del enorme hecho de corrupción que significó y significa se pueden leer las consideraciones de Gavaldá, 2004.

[x][10] De la renta petrolera obtenida en Argentina en 2004 las multinacionales se quedaron con U$S 4.564 millones (60 %) y el Estado con U$S 2.568 millones (40%) a través de regalías, retenciones e impuestos (García, op. cit.). En 2005, Repsol YPF embolsó $ 5.337 millones, 10 % más que en 2004. El monto es la mitad de las utilidades de la empresa a nivel global. El sólido balance se dio a pesar de las retenciones y el congelamiento en los precios de los combustibles en el mercado local. Se trata de un caso paradigmático de lo que ocurre en Argentina con las compañías que se benefician del crecimiento económico y del contexto internacional. Es también un buen espejo para observar la estrategia del gobierno nacional frente a los grandes grupos económicos: coexisten las retenciones con las enormes concesiones (Zlotnik, 2006). En 2006, y a pedido del PEN, el Parlamento aprobó subsidios por 15 años para “incentivar” a las “sufridas” petroleras.

[xi][11] Esta sección del trabajo toma como referencia principal el trabajo de Cacace, 2006.

[xii][12] Esta cuenca abarca territorios de dos provincias: Santa Cruz Norte y Chubut Sur. En esta área estratégica para el desarrollo regional, la ciudad de Comodoro Rivadavia es la más importante pues actúa como polo estableciendo vínculos de interacción entre las localidades más pequeñas de los alrededores: Caleta Olivia, Las Heras, Cañadón Seco y Pico Truncado.

[xiii][13] Alrededor de las dos terceras partes de la producción de la cuenca se exporta. El resto se procesa en destilerías fuera de la provincia, principalmente en Campana y Dock Sud. El crudo es transportado por oleoductos hasta la terminal de embarque en Caleta Córdova, sobre la costa del Océano Atlántico, operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A (Termap).

[xiv][14] Acumulación flexible: aumento de las exportaciones, mayor fluidez para la circulación de fondos a través del mundo, la insistencia en un cambio tecnológico muy rápido, y la desregulación en el mercado laboral. Harvey 1989.

[xv][15] “Las regiones constituyen un elemento complejo de la estructura espacial de la sociedad humana, en la que el proceso de división del trabajo ha ido imponiendo ciertos rasgos que las diferencian de otras regiones, tanto por las especiales condiciones en su génesis y en lo desigual de su desarrollo, como por modalidades que asume en ellas la actividad productiva caracterizada por las relaciones sociales imperantes y por el nivel logrado por las fuerzas productivas” (Sormani, 1977).

[xvi][16] En un reciente Informe (2006) del CEPED (Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo), Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, titulado "La Distribución funcional del ingreso en Argentina. Ayer y hoy", se lee que la participación de los trabajadores en la economía tuvo una caída casi ininterrumpida: bajó del 40,14% del PBI en 1980, a apenas el 22,9% en 2003, cuando tocó fondo. Pero en 2004 tuvo una leve recuperación, al subir a 23,87%. En el 2005 se mantuvo el porcentaje. El PBI mejora pero no mejoran los indicadores sociales pues crecimiento no es desarrollo.

[xvii][17] El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que en el cuarto trimestre de 2006 la tasa de desocupación se ubicó en el 8,7% de la PEA - población económicamente activa - en los principales centros urbanos, lo que permite estimar que hay 1,37 millones de personas sin empleo, a las que se suman 1,71 millones que, por tener una ocupación de menos de 35 horas semanales, se consideran subocupadas. La suma da 3,08 millones de habitantes urbanos de la Argentina con problemas laborales. No se consideran desocupados aquellas personas que reciben planes sociales. La evolución del mercado laboral informada por el INDEC cuenta que la tasa de desocupación nacional en porcentaje sobre la PEA pasó de 20,4 en el primer trimestre de 2003 a 12,1 en el cuarto trimestre de 2004, el 10,1 en el mismo trimestre de 2005 y hasta llegar a 8,7 % en el cuarto trimestre de 2006.

[xviii][18] Aún así, es bueno recordar que entre 2003 y 2006, varias localidades de esta cuenca petrolera fueron escenario de reclamos de los operarios del sector, tanto en relación de dependencia directa con las grandes empresas como en relación indirecta cuando su trabajo está tercerizado, por mejores salarios, eliminación del impuesto a las ganancias y por condiciones dignas de trabajo. En casi todos los casos fueron reprimidos y perseguidos, llegándose en varias oportunidades al encarcelamiento y tortura de trabajadores en conflicto. Estado y capitalistas se mostraron sin disimulo como una fuerza monolítica en su lucha contra los obreros.

 


Ponencia presentada en el Primer Congreso de Geografía de Universidades Nacionales. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 5 al 8 de junio de 2007.